• Tipo Órgano: Audiencia Provincial
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JESUS MIGUEL ALEMANY EGUIDAZU
  • Nº Recurso: 864/2020
  • Fecha: 07/05/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se estima en parte el recurso y se revoca la sentencia apelada, estimando en parte la demanda y condenando a la demandada al pago de la cantidad que se fija, sin costas en ambas instancias. De modo previo, rechaza la Sala el cambio de demanda en el recurso, al introducirse una petición subsidiaria no formulada en la petición inicial. Considera probado que la demandada firmó la solicitud de crédito objeto de autos. Sobre la duración indefinida, no aprecia abusividad, por recogerse esta posibilidad en la LCC. Respecto a la usura, aplica la doctrina jurisprudencial y destaca que el porcentaje a tener en cuenta para determinar si el interés es notablemente superior al normal del dinero es la TAE (aquí, 22,95%), sin que en el cálculo del coste total del crédito se incluya el seguro, no obligatorio; y para saber cuál es el interés normal del dinero, puede acudirse a las estadísticas del Banco de España. En este caso, las disposiciones podían efectuarse mediante solicitud de transferencia o por tarjeta de crédito. No consta la emisión de tarjeta y, en el extracto, solo peticiones de transferencia de la acreditada; se acude al tipo de las tarjetas "revolving", situándose el tipo medio de tarjetas en torno al 20%; concluye que el crédito no es usurario. Sobre la comisión de devolución, deduce su importe, por abusiva. No declara abusiva la penalización por incumplimiento de obligaciones y vencimiento anticipado porque perjudicaría al consumidor. Respecto al seguro, aprecia abusividad.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA ISABEL PERELLO DOMENECH
  • Nº Recurso: 2227/2020
  • Fecha: 06/05/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La controversia casacional se centra en determinar si el intercambio de la aludida información entre empresas fabricantes y distribuidoras de automóviles constituye una restricción por objeto o si, en atención a la naturaleza de la información intercambiada, no existen elementos suficientes para poder apreciar la existencia de una infracción por objeto. La apreciación de los efectos anticompetitivos de un acuerdo de intercambio de información entre empresas competidoras exige tomar en consideración las condiciones y circunstancias en las que se producen las prácticas, singularmente, el marco concreto en el que se producen los acuerdos, el contexto económico y jurídico en el que operan las empresas, la naturaleza de los bienes y servicios contemplados, así como la estructura y condiciones reales de funcionamiento de los mercados afectados. Los intercambios de información sobre elementos que condicionan, integran o afectan de manera relevante a los precios, aunque no se refieren directamente a precios finales, constituyen una infracción por objeto y pueden ser considerados como cártel. La información intercambiada es apta para reducir la incertidumbre en el proceso de determinación de los precios y en la conducta futura de las competidoras, que afecta gravemente la independencia con la que cada operador debe actuar en el mercado. De hecho, gran parte se refiere a los márgenes comerciales que afectan a precio. No procede la aplicación del programa la clemencia (art 65 LDC).
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: EDUARDO CALVO ROJAS
  • Nº Recurso: 2193/2020
  • Fecha: 06/05/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La controversia casacional se centra en determinar si el intercambio de la aludida información entre empresas fabricantes y distribuidoras de automóviles constituye una restricción por objeto o si, en atención a la naturaleza de la información intercambiada, no existen elementos suficientes para poder apreciar la existencia de una infracción por objeto. Se ha de partir de una interpretación restrictiva de la infracción por objeto. En el presente caso se trató de intercambios de información comercialmente sensible que tenía lugar en tres tipologías de foros de intercambio: El Club de Marcas o club de socios, con la colaboración de la consultora Urban en el año 2010 y el denominados Foro de Directores de Postventa. La información intercambiada comprende una gran cantidad de datos que recaen sobre: los márgenes comerciales y la organización de los distribuidores de automóviles, así como a las condiciones de venta y posventa. La información intercambiada es apta para reducir la incertidumbre en el proceso de determinación de los precios y en la conducta futura de las competidoras, que afecta gravemente la independencia con la que cada operador debe actuar en el mercado. De hecho, gran parte se refiere a los márgenes comerciales que afectan al precio. La información intercambiada responde al designio de permitir el conocimiento de las estrategias comerciales que tenía como objetivo restringir la incertidumbre y la competencia en el mercado relevante afectado.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANGEL LUIS HURTADO ADRIAN
  • Nº Recurso: 10024/2021
  • Fecha: 06/05/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se aplica la Doctrina general, con cita del Acuerdo de Pleno no jurisdiccional de la Sala II del Tribunal Supremo de 29 de noviembre 2005.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES
  • Nº Recurso: 2330/2019
  • Fecha: 06/05/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: DESPIDO COLECTIVO CONCURSAL:se rechaza el recurso de casación para la unificación de la doctrina por falta de contradicción. Entiende la Sala de lo Social que el supuesto fáctico de la sentencia de contraste nada tiene que ver con el sustenta estos autos, y ello a pesar de que en los dos la extinción colectiva fue acordada por el Juez del concurso, pero mientras que en este se impugna el despido del actor por existencia de grupo de empresas de efectos laborales, en el que recoge la sentencia de contraste se impugna el despido por sucesión empresarial. No existiendo, por tanto, la necesaria identidad, se inadmite el recurso, señalando que en estos casos el único que es competente para resolver este tipo de cuestiones es el Juez de lo mercantil, y es allí, a través del procedimiento incidental en materia laboral donde se debió resolverse el conflicto, y no ante los Juzgados y Tribunales de este orden social.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: SUSANA POLO GARCIA
  • Nº Recurso: 10665/2020
  • Fecha: 06/05/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: En las acumulación de condenas la sentencia recuerda el criterio favorable al reo en la interpretación del requisito de la conexidad que se exige en los artículos 988 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y art. 76 del Código Penal, al estimar que, más que la analogía o relación entre sí, lo relevante es la conexidad "temporal". Una vez comprobada la posibilidad de acumulación conforme a este criterio general, habrá de determinarse si el límite máximo de cumplimiento, fijado conforme al artículo 76 Código Penal , es superior o inferior a la suma aritmética de todas las condenas impuestas. Cabe elegir la sentencia inicial, base de la acumulación, también la última, siempre que todo el bloque cumpla el requisito cronológico exigido; pero no es dable excluir una condena intermedia del bloque que cumpla el requisito cronológico elegido.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: SUSANA POLO GARCIA
  • Nº Recurso: 10621/2020
  • Fecha: 06/05/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La aplicación en la acumulación de condenas de los Acuerdos de Pleno no jurisdiccional de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 29 de noviembre de 2005, de 3 de febrero de 2016 y de 27 de junio de 2018.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Social
  • Municipio: Santander
  • Ponente: RUBEN LOPEZ-TAMES IGLESIAS
  • Nº Recurso: 235/2021
  • Fecha: 06/05/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: En la presente demanda, las diez trabajadoras de la plantilla impugnan la suspensión de los contratos de trabajo por fuerza mayor, decidida al amparo del artículo 22 del Real Decreto-Ley 8/2020. Según el recurso, impugna cada una su propia suspensión, y por dicha razón, como la autorización de la suspensión se entendió concedida por silencio administrativo, también se demandó a la Dirección General de Trabajo del Gobierno de Cantabria. Según el recurso, el hecho de que se hayan hecho todas las impugnaciones individuales en una única demanda no es óbice para concluir que la competencia corresponde a la jurisdicción social. Es decir, que las trabajadoras "colectivicen" su acción en el sentido de demandar todos en una única demanda no supone que estén impugnando la suspensión colectiva, sino que están impugnando todas en una única demanda su suspensión individual. Aunque las demandantes no han acudido a la vía del de Conflicto Colectivo conforme a los arts. 6 Real Decreto ley 16/2020, de 28 de abril, ya que no están legitimadas sino que ejercitan la acción individual/plural de impugnación, la colectivizan al mismo tiempo acumulando en la misma demanda las impugnaciones de todos los trabajadores de la plantilla. Pero, como matiza la Sala, la suspensión es colectiva y la empresa está en concurso, de manera que le es aplicable el artículo 53.2 TRLC, de conformidad con el anterior art. 8 de la Ley Concursal, y la competencia no es del orden social sino del juez delo mercantil.
  • Tipo Órgano: Audiencia Provincial
  • Municipio: Oviedo
  • Ponente: FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ LUENGOS
  • Nº Recurso: 116/2021
  • Fecha: 05/05/2021
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: Se confirma la resolución dictada en la instancia por la que se acuerda la inhibición en favor de los juzgados de Madrid Recuerda la Sala que la competencia territorial en orden a la instrucción de las causas y para el conocimiento y fallo de las mismas, viene determinada preferentemente por el del lugar de la comisión del delito, siendo reiterada la jurisprudencia que proclama que, por norma general, el delito se comete en el lugar donde se consuma, donde se alcanza el objeto amenazado y que en este caso es Madrid, también ya que es a donde la perjudicada ha trasferido el dinero y donde los denunciados lo han incorporado a su patrimonio, logrando el desplazamiento patrimonial, siendo indiferente que la denunciante resida en Asturias o que los envíos del dinero se hayan hecho desde Asturias, en tanto que no resulta relevante para configurar los elementos del tipo. Por lo tanto, dicha decisión se estima ajustada a Derecho, y ello sin perjuicio, claro está, de lo que proceda acordar en virtud de lo previsto en l
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: WENCESLAO FRANCISCO OLEA GODOY
  • Nº Recurso: 286/2019
  • Fecha: 05/05/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala reitera, transcribiendo su sentencia de 27 de julio de 2020 (rec. 268/2018) su competencia para conocer de la impugnación de disposiciones reglamentarias -como ésta- dictadas por el Gobierno del Estado en sustitución de las instituciones de Cataluña, al amparo de lo autorizado por el Senado conforme al art. 155 CE. Tras ello, examina la pretensión de la recurrente de declararse la nulidad del Real Decreto 210/2018, de 6 de abril, por el que se aprueba el Programa de Prevención y Gestión de Residuos y Recursos de Cataluña "PRECAT20", o, subsidiariamente, las letras c) y d) de su artículo 6.3.5 y los objetivos 4b.9, 5b.2 y 6b.24, 6b.25 y 6b.26 del PRECAT20. Para ello, transcribe nuevamente lo dicho en la referida sentencia 1120/20 y concluye declarando la nulidad de pleno derecho del art. 6.3º.5ª.c) y d) del Real Decreto y los objetivos que se contienen en el PRECAT20, apartados 4b-9, 5b-2, 6b-24, 25 y 26, pues argumenta que las disposiciones impugnadas fijaban objetivos que excedían de los fijados para el conjunto del Estado, sin que estuviera autorizado ex art.31.3º de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados, pues el Consejo de Ministros actuaba potestades autonómicas. Sin embargo, y siempre de acuerdo con lo resuelto en aquella sentencia, rechaza la nulidad del Real Decreto por las aducidas omisión de un segundo trámite de información pública, arbitrariedad y no respetar el contenido mínimo de estos Planes autonómicos.

Parece que no tiene configurado el plugin para ver el pdf embebido... puede descargar la resolución aquí.