• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA
  • Nº Recurso: 4329/2018
  • Fecha: 25/05/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Recuerda esta sentencia que la competencia funcional para conocer del recurso de suplicación es revisable de oficio, sin que la Sala quede vinculada por la decisión que se haya adoptado al respecto en el propio trámite de suplicación, porque la recurribilidad en casación, depende a su vez, de que la sentencia de instancia sea recurrible en suplicación. La aplicación de esta doctrina al supuesto litigioso, determina el acceso al recurso de la sentencia recurrida, toda vez que en el se trataba de decidir sobre el carácter compensable y absorbible de los pluses de transporte y vestuario previstos en el convenio colectivo de la empresa SAGITAL, S.A., por tratarse de una cuestión que afecta a un gran número de trabajadores, habiéndose presentado al menos unas treinta demandas en el juzgado de procedencia, además de en otros Juzgados de lo Social de Madrid, de manera que existe una significativa litigiosidad real - y no meramente potencial - sobre la materia, habiendo sido además admitidos por la Sala otros recursos con el mismo objeto y la misma empresa demandada. Se debate el carácter salarial o extrasalarial de los pluses de transporte y vestuario, concluyendo la Sala IV que tienen carácter extrasalarial, al margen de su denominación convencional, pues los mismos tienen por objeto la compensación de gastos, sin que obste a tal conclusión el que se perciban en cuantía fija, durante las vacaciones o en 14 pagas, lo que determina que no son compensables ni absorbibles.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: RICARDO BODAS MARTIN
  • Nº Recurso: 2337/2018
  • Fecha: 25/05/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La cuestión a dilucidar consiste en decidir si es aplicable el convenio colectivo estatal de jardinería a un jardinero, contratado por un Ayuntamiento sin convenio propio, al amparo del RDl 6/2014, de 29 de abril, para el programa Empleo@Joven, a los efectos de la reclamación de diferencias salariales. La Sala IV, tras declarar que la sentencia de instancia era recurrible en suplicación al darse el requisito de la afectación general, reitera, en cuanto al 1er motivo, que cuando una Administración Pública que no tiene convenio colectivo u otro específicamente aplicable, no puede quedar afectada por lo dispuesto en el convenio sectorial del que no ha formado parte ni está representada por las asociaciones empresariales firmantes del mismo. Además, los Ayuntamientos no tienen como actividad principal o específica la de quien ahora reclama las condiciones de un convenio que es ajeno a los mismos y no se encuentran por lo tanto comprendidos dentro del sector cuyo ámbito de aplicación delimita dicho convenio. Respecto del 2º motivo en el que se plantea la alegación de discriminación de los trabajadores temporales que fueron contratados en el marco de las subvenciones, no se aprecia la existencia de contradicción.
  • Tipo Órgano: Audiencia Nacional. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: FRANCISCO JAVIER VIEIRA MORANTE
  • Nº Recurso: 15/2018
  • Fecha: 25/05/2021
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: Extradición solicitada para enjuiciamiento de hechos calificados de delito contra la salud pública. Ni el tratado de extradición ni la legislación española requieren que, previamente a solicitarse la extradición, se hubiera comunicado el procedimiento al reclamado. La exigencia de tal requisito frustraría la entrega. El supuesto arraigo en España del reclamado tampoco puede obstaculizar la entrega, ni es uno de los motivos contemplados en el Tratado para denegar la entrega.
  • Tipo Órgano: Audiencia Nacional. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JOSE RICARDO JUAN DE PRADA SOLAESA
  • Nº Recurso: 63/2020
  • Fecha: 24/05/2021
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: Control judicial llevado cabo respecto de la emisión de la petición de extradición. Resulta innegable la jurisdicción sobre los hechos del Estado reclamante. El reclamado, aunque afirma residir en España, es de nacionalidad brasileña.
  • Tipo Órgano: Audiencia Provincial
  • Municipio: Oviedo
  • Ponente: FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ LUENGOS
  • Nº Recurso: 392/2021
  • Fecha: 21/05/2021
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: Recuerda la Sala que la regla general es la de la instrucción única por delito cometido, pues, a pesar de reconocerse la posibilidad de la conexidad como excepción, se limita para los casos en que la acumulación en una sola causa de la investigación de varios delitos conlleve una utilidad a efectos de esclarecimiento de los hechos y de los responsables, como en aquellos casos en que de investigar varios delitos por separado será mucho más difícil esclarecerlos y determinar sus responsables, siempre que no suponga una excesiva complejidad o dilación para el proceso. En el presente caso no solo se está ante delitos de robo con fuerza en las cosas o de uso de vehículo de motor o daños, sino que también se investiga un delito de pertenencia a organización criminal, y por ello considera que resulta, no solo conveniente para la averiguación de este delito, sino casi necesario, para determinar si concurre esta figura delictiva, que todos los delitos cometidos por los investigados se instruyan y juzguen en la misma causa. Por lo tanto, y al estimar que ello no ha de suponer una excesiva complejidad ni que haya de provocar una excesiva dilación en la conclusión de la causa, acoge el recurso interpuesto, dejando sin efecto las inhibiciones acordadas, sin perjuicio de lo que pudiera decidirse por el Juzgado instructor en aplicación de lo preceptuado en el art. 18.2 de la lecrim, cuyos criterios de atribución de competencia son de aplicación preferente a los del art. 18.1 de la misma
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: PEDRO JOSE VELA TORRES
  • Nº Recurso: 5268/2017
  • Fecha: 20/05/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Demanda sobre nulidad de la cláusula que atribuye todos los gastos hipotecarios al prestatario. La sentencia recurrida estimo el recurso de apelación del prestatario y condenó a la entidad bancaria demandada al pago íntegro de los gastos de notaría, registro e IAJD. Recurre en casación y extraordinario por infracción procesal la entidad bancaria demandada. Se desestima el recurso extraordinario por infracción procesal, relativo a la competencia funcional de la sección de la Audiencia que resolvió la apelación, porque la recurrente no cumplió con la exigencia del art. 469.2 LEC, de denuncia previa de la infracción en la instancia. El recurso de casación se estima parcialmente. Se reitera la doctrina sobre la distribución de los gastos hipotecarios, según la cual y por lo que respecta al IAJD, por ley, el sujeto pasivo del impuesto respecto de la constitución de la hipoteca en garantía de un préstamo es el prestatario, por lo que a él le corresponde su pago. En relación a los gastos de notaría, conforme a la normativa notarial, deben ser abonados por los interesados, que en el caso del préstamo hipotecario son ambas partes, por lo que deben abonarse por mitad, criterio que vale tanto para la escritura de otorgamiento como para la de modificación del préstamo hipotecario. Ello conlleva que el recurso de casación se estime únicamente en lo relativo al importe del IAJD y a los gastos de notaría, que han de distribuirse por mitad.
  • Tipo Órgano: Audiencia Nacional. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: EMILIA RUIZ-JARABO QUEMADA
  • Nº Recurso: 493/2020
  • Fecha: 20/05/2021
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: En la demanda se solicita que: I) Se declare la condición de excluidos de convenio de los trabajadores cuya relación con las empresas del grupo Endesa estuviera establecida hasta diciembre de 2018 por su carta de excluido de empresa, y la vigencia de los derechos reconocidos en las correspondientes cartas de excluidos, sin perjuicio de la modificación sustancial, en su caso, de la tarifa eléctrica, e incluido el derecho a la tarifa eléctrica que venían disfrutando para el caso de no haber sido afectados por el procedimiento de modificación sustancial referido a dicha tarifa eléctrica; incluyendo dicha declaración el derecho al resto de beneficios sociales, todos ellos, hayan sido negados o todavía no lo hayan sido, así como el derecho a percibir la totalidad de las cuantías derivadas de la promoción horizontal establecida en dichas cartas. II) Y se condene a las empresas demandadas a estar y pasar por dicha declaración. La AN declara la falta de competencia de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, por considerar que la competencia objetiva y territorial para conocer del objeto de autos, corresponde a los Juzgados de lo Social del lugar de prestación de servicio o el del domicilio del demandado, a elección del demandante.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MIGUEL COLMENERO MENENDEZ DE LUARCA
  • Nº Recurso: 10767/2020
  • Fecha: 20/05/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La doctrina de la Sala II había venido estableciendo que para que proceda la acumulación de condenas sólo se requiere que entre los hechos exista una determinada conexión cronológica, la cual se apreciará siempre que los delitos sancionados hubieran podido ser enjuiciados en un solo proceso, teniendo en cuenta las fechas de las sentencias dictadas y las de comisión de los hechos enjuiciados en las mismas. De esta manera los únicos supuestos excluidos de la acumulación son los hechos que ya estuviesen sentenciados cuando se inicia el período de acumulación contemplado, es decir, cuando se comete el delito enjuiciado en esa sentencia que determina la acumulación; y los cometidos con posterioridad a tal sentencia. En consecuencia, se debe excluir de la acumulación cualquier sentencia cuando los hechos por los que la misma ha recaído ocurrieron con posterioridad al dictado de las anteriores. De esta forma no podrán acumularse entre sí varias condenas cuando los hechos por los que ha recaído alguna de ellas sea posterior al dictado de cualquiera de las sentencias.
  • Tipo Órgano: Audiencia Provincial
  • Municipio: Barcelona
  • Ponente: LUIS RODRIGUEZ VEGA
  • Nº Recurso: 1056/2021
  • Fecha: 20/05/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sentencia de instancia estima parcialmente la demanda interpuesta contra la empresa concesionaria y fabricante del vehiculo comprado ; absuelve a la primera y condena a la segunda a indemnizar al actor por publicidad engañosa. Apela la entidad condenada y la Sala estima el recurso y desestima íntegramente la demanda. Argumenta que la parte actora funda su demanda contraponiendo las condiciones del contrato de compraventa del vehículo a las contenidas en una campaña publicitaria que es posterior a la operación de compraventa.Afirma que el precio ofertado es sencillamente falso y por lo tanto, la publicidad es engañosa, sin embargo se basa en una campaña de un mes ,junio, mientras que la compra es de mayo. Sencillamente las condiciones de la compra no pueden acreditar que una campaña posterior sea falsa. y aún aceptando que el precio publicitado fuera inferior, lo cierto es que el demandante no compró el coche engañado por esa publicidad, puesto que el error quedó disipado por las explicaciones sobre el precio de venta que le dió el concesionario.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: EDUARDO ESPIN TEMPLADO
  • Nº Recurso: 3019/2020
  • Fecha: 19/05/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Estimación del recurso de casación para casar sentencia, con retroacción de actuaciones para examinar la alegaciones relativas a la participación de la recurrente en los hechos. Determinación de la participación en un cártel de intercambio de información confidencial, futura y estratégica en áreas de postventa y marketing. Criterio sostenido por el TS en relación con la caducidad del expediente sancionador, rechazo de la caducidad alegada justificada sobre la aplicación de doctrina rectificada. Posibilidad de sancionar a una empresa por su participación en un cártel, incluso sin haber operado en el mercado principal de referencia, es decir, sin haber participado en porcentaje alguno en la infracción colusoria cometida en dicho mercado, siempre que su participación en los hechos haya facilitado y contribuido la comisión de la infracción y pese a que su participación en el cártel no le haya supuesto un beneficio en el principal mercado de referencia. Consideración de la intervención en un cártel como conducta típica (art.61.1, y 1 LDC)aun cuando la empresa no comercie en el mercado principal de referencia-si en vinculados al mismo-. El hecho de que la cuota de participación resulte en un 0,0 por ciento no supone una nula venta de vehículos, sino que es lo que resulta en porcentaje al reducir a un solo decimal su baja cuota de participación en relación con la de otros fabricantes.

Parece que no tiene configurado el plugin para ver el pdf embebido... puede descargar la resolución aquí.