Resumen: La Sala IV declara la nulidad de la sentencia recurrida tras apreciar de oficio la falta de competencia funcional de la Sala de lo Social del TSJ para conocer del recurso de suplicación interpuesto. En el caso se trata de una reclamación contra la resolución del SPEE que declara la extinción del subsidio y ordena un reintegro en cuantía inferior a 3.000 €. Se reitera doctrina que establece, respecto a la recurribilidad relativa a la impugnación de una resolución sancionadora de la entidad gestora de las prestaciones por desempleo, que hay que estar a los efectos del recurso, al contenido económico de la prestación o del acto objeto del proceso, en su caso, en cómputo anual y al contenido económico del acto cuya anulación se pretende, incluidos los actos de carácter sancionador, como el que nos ocupa, ex art 192.4 LRJS. Pues bien, se cuestiona la extinción de un subsidio por importe de 1.817,60 €, por lo que la cuantía reclamada no alcanza el límite de acceso al recurso de suplicación y, la cuestión debatida no tiene el alcance general exigido, pues dicha circunstancia, ni es notoria ni ha sido tampoco alegada y probada en juicio ni se aprecia dato alguno que permita deducir que posee claramente un contenido de generalidad no puesto en duda por ninguna de las partes, toda vez que lo debatido es la extinción del subsidio por desempleo de un beneficiario en atención a sus concretas circunstancias personales.
Resumen: Demanda motivada por la negligencia profesional en la que habría incurrido la letrada al reclamar una pensión periódica y compensación económica, como consecuencia de haber dejado caducar la acción. La sentencia de primera instancia estimó en parte la demanda, pero la audiencia la revocó y absolvió a la demandada. La sala desestima el recurso extraordinario por infracción procesal de la demandante, pero estima su recurso de casación al apreciar actuación negligente de la letrada que permanece inactiva ante la audiencia ofrecida por el Juzgado. Declara la sala que la demandante gozaba de una expectativa razonable a obtener a su favor una compensación pecuniaria y una pensión periódica como consecuencia de la fractura de una convivencia more uxorio, fruto de la cual nació una niña, al amparo de la Ley de Uniones Estables de Pareja, vigente al desarrollarse los hechos; señala que la letrada demandada era consciente o debería serlo de que contaba con un plazo de un año para el ejercicio de tal pretensión pecuniaria y que el mismo vencía en septiembre de 2007; tras diversos avatares procesales, el juzgado competente declaró caducada la acción, concluyendo la sala que la letrada no actuó conforme a las reglas de la lex artis por evidente pasividad, lo que determina su responsabilidad. Se confirma la sentencia de instancia
Resumen: El trabajador, que prestaba servicios para Correos presentó reclamación de cantidad en que solicitaba se le incluyera en la retribución de las vacaciones las horas nocturnas productividad, horas sábado productividad y horas festivo productividad, por importe de 77,67 euros. Por sentencia de instancia se desestimó la demanda, sentencia confirmada de suplicación. La Sala 4 del TS declara la nulidad de la sentencia de suplicación por entender que contra la sentencia de instancia no cabe recurso de suplicación, ya que no alcanza la cuantía de 3.000 euros exigida por el art. 191.2 g) LRJS, sin que quepa apreciar la existencia de afectación general teniendo en cuenta que sólo a la vista de las circunstancias de cada caso puede decidirse si la persona que disfruta vacaciones debe percibir o no determinado complemento.
Resumen: La controversia casacional se centra en determinar si el intercambio de la aludida información entre empresas fabricantes y distribuidoras de automóviles constituye una restricción por objeto o si, en atención a la naturaleza de la información intercambiada, no existen elementos suficientes para poder apreciar la existencia de una infracción por objeto. Se ha de partir de una interpretación restrictiva de la infracción por objeto. En el presente caso se trató de intercambios de información comercialmente sensible que tenía lugar en tres tipologías de foros de intercambio: El Club de Marcas o club de socios, con la colaboración de la consultora Urban en el año 2010 y el denominados Foro de Directores de Postventa. La información intercambiada comprende una gran cantidad de datos que recaen sobre: la rentabilidad y facturación de las redes de concesionarios en total y desglosada por venta de automóviles (nuevos y usados) y actividades de postventa (taller y venta de recambios); márgenes comerciales y política de remuneración ofrecida por las marcas a sus redes de concesionarios; estructuras, características y organización de las redes de concesionarios... La información intercambiada es apta para reducir la incertidumbre en el proceso de determinación de los precios y en la conducta futura de las competidoras, que afecta gravemente la independencia con la que cada operador debe actuar en el mercado, y por ello es constitutiva de cártel.
Resumen: El recurso se desestima. No es momento de plantear un debate sobre la razonabilidad de la acusación, tan solo de discutir cuál es el órgano competente para conocer de los hechos que han motivado la apertura del juicio oral. En este momento se trata, no de valorar hechos y pruebas (que no se han producido), sino tan solo de constatar, ateniéndonos en exclusiva a los hechos tal y como han sido delimitados por las acusaciones superando el filtro del juicio de acusación, a quién corresponde la competencia para enjuiciarlos. El recurso ataca resoluciones todavía no producidas y que quizás no lleguen a producirse. Y, sin embargo, no aduce nada contra lo único que contiene la parte dispositiva del auto: una inhibición a un Juzgado de lo Penal. La casación se interpone frente al auto dictado por una Audiencia Provincial acogiendo la excepción de declinatoria (art. 666.1º LECrim) promovida por varios de los acusados. Es un procedimiento incoado antes de diciembre de 2015, lo que nos sitúa en el régimen de recursos inmediatamente anterior a la reforma de 2015, por virtud de su disposición transitoria. En la actualidad tal auto debiera antes haber sido llevado al Tribunal Superior de Justicia con carácter previo a través de una apelación. Antes, no obstante, y pese a la dicción del art. 676 LECrim, la Sala II venía entendiendo que era la casación el recurso directo procedente.
Resumen: Planteada la cuestión que presenta interés casacional referida a la posibilidad de declarar la nulidad de un PGOU por su falta de integridad dada su aprobación mediante actos sucesivos, cuyo resultado final difiere radicalmente del inicialmente propuesto y afectando a aspecto sustanciales y estructurales, el TS, partiendo de la jurisprudencia sobre la posibilidad de aprobación definitiva parcial de los instrumentos de planeamiento urbanístico (competencia básica del Estado en materia de procedimiento), resuelve la cuestión suscitada declarando que procede declarar la nulidad de pleno derecho del Plan general así aprobado en la medida en que -como es el caso- ni se mantiene el modelo de ciudad decidido por el Ayuntamiento en el ejercicio de su autonomía municipal (arts. 137 y 140 CE y art. 25 LBRL). ni los ciudadanos pudieron pronunciarse (art. 4 TRLS 2008, y art. 5 del TRLS 2015) sobre el distinto modelo de ciudad que resulta de dicho proceso de aprobación sucesiva y fragmentaria, que no puede entenderse suplido por los también sucesivos y fragmentarios trámites de información pública que se produjeron, tras la aprobación definitiva parcial, en el curso del mismo. Se recuerda que la aprobación parcial del instrumento de planeamiento general no puede alterar los principios sustanciales ni las directrices básicas del plan mismo, que deben mantenerse, formando un todo armónico y coherente. Se rechazan la denuncia de incongruencia y falta de motivación de la sentencia recurrida.
Resumen: Las discrepancias interpretativas relativas a la competencia entre órganos de jurisdicción penal ordinaria no pueden dar lugar a la infracción del derecho constitucional al juez predeterminado por la Ley. (...) El derecho al Juez predeterminado por la ley únicamente puede quedar en entredicho cuando un asunto se sustraiga indebida o injustificadamente al Órgano al que la Ley lo atribuye para su conocimiento, manipulando el texto de las reglas de distribución de competencias con manifiesta arbitrariedad. La competencia objetiva para el enjuiciamiento de unos hechos que revisten indicios racionales de criminalidad viene determinada por la más grave de las acusaciones formuladas y, en consecuencia, de las pretensiones que han de ser resueltas. La competencia ante la Audiencia Provincial, cuando así se acuerde, ha de ser mantenida por más que se modifique la situación jurídico procesal con posterioridad a la apertura del juicio oral (perpetuatio jurisdictionis). En el caso de autos se acuerda la competencia del Juzgado de lo Penal porque conforme a la redacción del artículo 305 del Código Penal al tiempo de la comisión de los hechos no podría imponer pena superior a los 4 ó 5 años de prisión por los tres delitos contra la Hacienda Pública por los que se formulaba acusación.
Resumen: La regla general de cumplimiento es la del artículo 75 del Código Penal: cumplimiento sucesivo por orden de gravedad cuando no sea posible el cumplimiento simultáneo. Cuando no sea posible, procede la acumulación de condenas y ejecutorias pendientes. Criterio favorable del Tribunal Supremo a los condenados en los expedientes de acumulación. En la fijación del límite máximo de cumplimiento las sentencias cuya acumulación se pretenda deben computarse hechos que pudieran haber sido objeto de enjuiciamiento conjunto en un único proceso. Esto sólo es posible cuando los hechos sobre los que recayeron las sentencias cuya acumulación se pretende se hayan cometido antes de la fecha de la sentencia que sirve de referencia al grupo de acumulación. Una vez comprobada la posibilidad de acumulación, en atención a la valoración conjunta de la fecha de los hechos y la de la sentencia que sirve de referencia, se debe estudir si el límite máximo de cumplimiento procede a tenor de la suma arimética de las condenas impuestas. La refundición sólo procede cuando sea más favorable al reo. Es imprescindible que en el expediente figuren los testimonios de de las sentencias cuyas condenas se pretenden acumular. No es exigible el dato de la firmeza. Doctrina de la Sala IIª sobre la acumulación. Son datos estrictamente necesarios los de las fechas de la sentencia y los hechos, por lo que no concurriendo en el presente caso, se acuerda estimar el recurso y devolver las actuaciones al Juzgado de origen.
Resumen: El único requisito de la acumulación es el elemento cronológico, en el sentido de que las penas que se acumulen lo sean por hechos perpetrados antes de la fecha de la sentencia de aquellos que -siendo objeto de acumulación- lo hubiera sido en primer lugar (sin ninguna otra exigencia a cómo debe formarse ese bloque). Modificación en el criterio jurisprudencial hasta entonces seguido, permitiéndose hoy la elección de la ejecutoria más antigua que sirva de base a la acumulación. Ello supone que la ejecutoria más antigua, cuya fecha de sentencia operará como acotación cronológica de los hechos anteriores que se le agrupen, podrá ser aquella de la que se derive la refundición de menor gravamen o más favorable para el penado.
Resumen: Admisión. Sanción por realizar emisiones radioeléctricas no autorizadas. Interpretación del artículo 40.4 Ley 7/2010 en relación con el artículo 62 de la Ley 9/2014. Precedentes: SSTS de 3 de diciembre de 2020 y 22 de marzo de 2021 (RRCA 205/2020 y 3068/2020). La cuestión planteada en el recurso que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste en completar la jurisprudencia sentada, entre otras, en la SSTS de 3 de diciembre de 2020 (RCA 205/2020) y de 22 de marzo de 2021 (RCA 3068/2020) a fin de precisar si la emisión del servicio público audiovisual de una Comunidad Autónoma en otra limítrofe puede realizarse a través del multiplex (o canal del multiplex) autonómico que la planificación estatal ha asignado a la Comunidad Autónoma, en virtud de lo previsto en los apartados 2 y 4 del artículo 40 LGCA; y, asimismo, si la posibilidad de elección prevista en el artículo 40.2 LGCA se extiende a los canales del multiplex local (de forma tal que la emisión del servicio público de comunicación audiovisual de la Comunidad Autónoma limítrofe pueda realizarse a través de canales locales o queda limitada a canales de ámbito autonómico).
