Resumen: La Sala Cuarta anula la sentencia recurrida por falta de competencia funcional de la sala de suplicación, de acuerdo con pronunciamientos emitidos en varios recursos de contenido similar. Se reclama el plus de radioscopia por parte un vigilante de seguridad del Aeropuerto de Tenerife Norte y la cuantía de lo reclamado no rebasaba la suma de 3.000 euros que establece el art. 191.2.g) LRJS. La sentencia dictada por el Juzgado de lo Social señala que la cuestión litigiosa afecta a gran número de trabajadores, pero sin especificar si incide únicamente en los vigilantes adscritos al control de acceso a la zona de embarque del aeropuerto, o también a los destinados en otros aeropuertos en los que la demandada pudiese tener adjudicado el servicio. Tampoco detalla los vigilantes que atienden esa tarea, y en los autos no existe ninguna prueba al respecto. No existe ningún dato que permita afirmar que la reclamación tiene trascendencia general o apreciar la notoriedad de la afectación múltiple teniendo en cuenta su intrínseca naturaleza y el colectivo implicado. Dicha notoriedad no puede derivar del hecho de que ante este Tribunal pendan 12 recursos de casación formulados contra sentencias dictadas por la misma sala de suplicación que versan sobre idéntica cuestión. Ello implica litigiosidad plural, pero no en masa, o situación de conflicto generalizada en la que se ponen en discusión los derechos de todos o un gran número de trabajadores de la empresa.
Resumen: La Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, S.A. plantea en casación para la unificación de doctrina la determinación del derecho de la parte actora a dos días hábiles adicionales de permiso retribuido en caso de desplazamiento por hospitalización de un familiar de segundo grado, cuando dicho desplazamiento lo es a un término municipal diferente del de su residencia. La sentencia de instancia estimó la demanda, declarando el derecho de la parte actora a disfrutar de cinco días laborales de permiso retribuido con ocasión de la hospitalización de un familiar. El Tribunal Superior de Justicia desestimó el recurso de suplicación interpuesto por la empleadora y atendiendo a la sentencia de esta Sala IV de 30 de mayo de 2019, RCUD 1359/2017, acepta la concurrencia en el caso de autos de la afectación general indicada en la instancia. La Sala IV declara la nulidad de las actuaciones posteriores a la notificación de la sentencia de instancia, por entender que contra la misma no cabía recurso de suplicación, ya que la cuantía de lo reclamado no alcanza los 3.000 euros exigidos por el art. 191.2 LRJS, ni consta prueba alguna respecto a que el litigio afecte a un gran número de trabajadores: nada se dice en sede fáctica, ni menciona cuál es el número de trabajadores que se encuentran en dichas circunstancias, ni cuántos de ellos han efectuado una reclamación similar.
Resumen: La controversia suscitada en la sentencia anotada versa sobre la competencia judicial internacional en materia de contrato de trabajo. En el caso, ni se ha acreditado que el verdadero empresario fuera el grupo mercantil, ni que las empresas codemandadas domiciliadas en España tuvieran la condición de empresarios del demandante. En el momento del despido, el verdadero empleador era la mercantil Pacific World Singapore PTE LTD, quien tiene oficinas en Singapur, desde donde sus empleados realizan sus funciones. No consta que dicha mercantil posea una sucursal, agencia o cualquier otro establecimiento en un Estado miembro de la Unión Europea. El demandante nunca ha prestado servicios laborales en España. El TS confirma la sentencia recurrida que declaró la competencia de los Tribunales Españoles. Se funda esta decisión en el hecho de que el Foreign Assignement Agreement suscrito por el actor el 21-1-2011 en Palma de Mallorca se trata de un contrato de trabajo sujeto a condición: la obtención de la autorización legal para trabajar en Singapur. Dicho contrato laboral se suscribió en territorio español, lo que, por aplicación de lo dispuesto en el citado art. 25.1 de la LOPJ, al no aplicarse el Reglamento 1215/2012, sin que exista un tratado internacional regulador de la materia, obliga a declarar la competencia judicial internacional de los tribunales españoles para conocer del despido.
Resumen: Recurso de casación contra auto que acuerda suspender la ejecución de la resolución de la CNMC recurrida, incluida la prohibición de contratar. Desestimación. La prohibición de contratar acordada por la CNMC al amparo del art. 71.1. b) de la LCSP es una limitación anudada a la imposición de una sanción firme por una infracción grave en determinadas materias. Los efectos de la prohibición de contratar solo se producen, y la limitación solo es ejecutiva, desde el momento en el que se concreta el alcance y duración de la prohibición, bien en la propia resolución sancionadora bien a través del procedimiento correspondiente y, en este último caso, una vez inscrita en el registro, pero ello no impide que el órgano judicial, por vía cautelar, pueda suspender la remisión a la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado cuando, entre otros supuestos, haya considerado necesario suspender cautelarmente la sanción a la que va anudada.
Resumen: La sala estima en parte el recurso de casación interpuesto frente a una sentencia que acogió la pretensión de reintegro de los gastos de la comunidad y las tasas de basuras correspondiente a una vivienda, propiedad del actor, cuyo uso se atribuyó a su exconyuge en el divorcio. La demanda se interpone en un juzgado de primera instancia. Las resoluciones dictadas en el previo proceso de divorcio no se refirieron al abono de estos gastos. En el recurso por infracción procesal se cuestiona la competencia del juzgado de 1ª instancia. La sala considera que aunque la cuestión sobre si esta reclamación debía ser conocida por el juzgado de familia pueda ser discutible, como la demandada (ahora recurrente) no impugnó la competencia del Juzgado de 1ª Instancia mediante declinatoria, el planteamiento de la cuestión resulta extemporáneo. Además, la reclamación de cantidad no afectaba a la integridad de las medidas adoptadas, al no haberse resuelto expresamente en el proceso matrimonial sobre el pago de los conceptos reclamados. Se reitera la doctrina jurisprudencial: el obligado al pago de las cuotas de comunidad es el propietario de la vivienda, y el excónyuge usuario debe pagar los suministros, a salvo de lo que se pudiera acordar en el proceso de familia. En el caso, no hay pronunciamiento del juzgado de familia atribuyendo el pago a la hoy recurrente. Se estima en parte el recurso y únicamente se mantiene la obligación de reintegro del gasto referido a las tasas de basura.
Resumen: Auto de admisión en el que la cuestión de interés casacional objeto a interpretar en la sentencia que en su día se dicte, consistirá en determinar si cabe impugnar ante la jurisdicción contencioso-administrativa un acto o disposición que disciplinan el reparto de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas o, por el contrario, lo que procede indefectiblemente es el planteamiento de un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional. En este caso respecto de la competencia sobre el mar territorial, posibilidad que sostiene el Abogado del Estado pero, en cambio, rechaza la sentencia recurrida por entender que un litigio como el aquí planteado ha de residenciarse directamente ante el Tribunal Constitucional. La Sala ya se ha pronunciado señalando que cabe plantear ante la jurisdicción contenciosa, por terceros, sean personas jurídicas públicas o privadas o particulares, la impugnación de un acto o disposición reglamentaria que vulnere las reglas de reparto de competencias contenidas en las normas del bloque de constitucionalidad. Aunque no es el caso que nos ocupa, ya que no es un tercero, que no puede comparecer ante el Tribunal Constitucional, el que acude a la jurisdicción para impugnar un acto o disposición por razones de titularidad de la competencia que se ejercita, sino que el conflicto positivo de competencia se plantea entre el Estado y la Comunidad Autónoma de Cataluña.
Resumen: En la demanda rectora de las actuaciones reclama la trabajadora la suma de 81,50€ en concepto de diferencias en la indemnización percibida al extinguirse válidamente los contratos eventuales que le unían con la demandada Correos y Telégrafos SA. Estimada la demanda en la instancia, la sala de suplicación declara la irrecurribilidad de la sentencia dictada, por no superar la suma reclamada los 3.000 € que la LRJS establece como límite de acceso al recurso. Recurre en casación unificadora Correos planteando en primer lugar que la sentencia de instancia era recurrible en suplicación al existir afectación general. La sala IV razona que, a pesar de ser contradictorias las sentencias comparadas, tal requisito no sería exigible al debatirse una materia que afecta al orden público procesal y a su propia competencia funcional y que, por lo tanto, puede examinarse de oficio aunque no concurra la contradicción. Y en el caso de autos la afectación general es notoria pues se debate la aplicación de la doctrina Diego Porras I del TJUE y, adicionalmente, han sido presentados ante el TS un importante número de recursos de casación unificadora en la que debate idéntica cuestión y en los que la cuantía reclamada no supera el límite de los 3000 €. En consecuencia, se declara la recurribilidad en suplicación de la sentencia de instancia, con anulación de la recurrida y reposición de las actuaciones al momento anterior de ser dictada, para la resolución de las cuestiones de fondo debatida
Resumen: La cuestión traída a casación unificadora versa sobre el derecho en la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., a percibir durante el mes de vacaciones los mismos complementos salariales que se abonan el resto del año, concretamente, los denominados "horas sábado productividad" y "plus de automatización", por entender que los mismos forman parte de su remuneración normal o media. La sentencia recoge como cifra reclamada la de 77,67 € correspondientes al mes de agosto de 2017, pero alcanza la precedente conclusión de fondo tras afirmar que la cuestión afecta a un gran número de trabajadores, y que así ha sido admitido por los litigantes. Por su parte, la instancia dio recurso por apreciar igualmente afectación general. La cifra promediada que se peticiona se aleja notablemente del umbral del art. 191.2. g) de la LRJS, por lo que se examina el acceso al recurso (art. 191.3. b) atinente a la concurrencia de una litigiosidad o afectación masiva. En el mismo recurso unificador recientemente deliberado sobre pretensión similar se concluyó que no cabía considerar que las reclamaciones sobre determinados complementos son similares, sin más, puesto que han de individualizarse las respuestas. La cuestión carece de contenido de generalidad, al tener que valorar las particulares y concretas circunstancias de cada demandante además de la falta de constancia de un nivel de litigiosidad real, siendo insuficiente convenir la concurrencia de un nivel de conflictividad potencial o futuro.
Resumen: La Sala recuerda que la cuestión de acceso a la suplicación por razón de la cuantía o de la materia, puede ser examinada de oficio aunque no concurra la contradicción, puesto que afecta al orden público procesal y a la propia competencia funcional, pero en los casos en que se cuestione la competencia funcional es necesario que la parte recurrente cite y aporte la sentencia de contraste, aunque no sea precisa la contradicción, concurriendo en caso contrario causa de inadmisión,con arreglo al Acuerdo no jurisdiccional de la Sala de 22/06/2011. En la senda de la STS -Pleno- 4 diciembre de 2018, R. 611/2016, considera que la pretensión de reconocimiento de derecho y reclamación de cantidades tiene acceso al recurso cuando la primera, en cómputo anual, o la segunda, en el total de lo reclamado hasta el acto de juicio, o ambas, superen los 3.000 euros. Como la cuantía reclamada supera holgadamente los tres mil euros, casa y anula la sentencia recurrida, ordenando la devolución de las actuaciones a la sala de procedencia para que, partiendo de su competencia funcional, con libertad de criterio, resuelva sobre el recurso de suplicación en su día planteado por la trabajadora respecto de la inclusión de la cuantía del complemento por comida en el complemento de homologación, con la aclaración, frente a la solicitud de la recurrente, de que no cabe instar a un pronunciamiento sobre el fondo sin sobre cualesquiera otros aspectos que considere pertinente, sean o no relativos al mismo.
Resumen: Régimen de provisión de apoyos judiciales introducido por la Ley 8/2021. Aplicación transitoria de este nuevo régimen en un recurso de casación interpuesto frente a una sentencia que modifica la capacidad y establece determinadas medidas de apoyo bajo el régimen anterior. La DT 6ª De la Ley 8/2021 exige que se acomode a ella el contenido de las sentencias que se dicten con posterioridad a su entrada en vigor. Interpretación de la nueva normativa. Se suprime el pronunciamiento de la sentencia recurrida, relativo a la modificación de la capacidad, ya que en la nueva normativa desaparece cualquier declaración judicial de modificación de capacidad. Sobre las medidas de apoyo, el juez no puede dejar de recabar y tener en cuenta (siempre que sea posible) la voluntad de la persona con discapacidad, pero no determina que haya que seguir siempre el dictado de esa voluntad manifestada por el afectado. En los casos que existe una clara necesidad asistencial cuya ausencia está provocando un grave deterioro personal que le impide el ejercicio de sus derechos y las necesarias relaciones con las personas de su entorno, principalmente sus vecinos, (síndrome de Diógenes) está justificada la adopción de las medidas asistenciales (proporcionadas y respetando la máxima autonomía de la persona), aun en contra de la voluntad del interesado, porque el trastorno que provoca la situación de necesidad le impide tener una conciencia clara de su situación. Se sustituye la tutela por curatela.
