Resumen: Admisión. Reclamaciones frente a resoluciones expresas o presuntas de los entes locales de la Región de Murcia en materia de acceso a la información pública. Determinación de si existen fundadas dudas sobre la constitucionalidad del artículo 5 de la Ley de Transparencia y Participación Ciudadana de la Región de Murcia, por contradicción insalvable con la Ley 9/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, que obliguen a plantear cuestión de inconstitucionalidad.
Resumen: La empresa promovió dos despidos colectivos por causas productivas y organizativas fundados en la pérdida de dos contratas en Sevilla y Barcelona. El sindicato impugnó los despidos colectivos ante la AN por entender que la empresa debió promover un único despido colectivo basado en causa económica y no dos fundados en causas productivas y organizativas. La sentencia confirma la de la Audiencia Nacional que estimó la excepción de falta de competencia objetiva y se desestimó la demanda, por entender que la Audiencia Nacional no es competente para conocer de la pretensión, ya que conforme al art. 8.1 LRJS, conocerá de los despidos colectivos cuando extiendan sus efectos a un ámbito territorial superior al de una Comunidad Autónoma, y en el supuesto a la empresa se le extinguieron dos contratas distintas, en Sevilla, la que tenía con una empresa, y en Barcelona, la que tenía con otra, cada una de ellas operando en el respectivo ámbito territorial ,por lo que no es irrazonable ni puede considerarse fraudulento que la empresa promoviera dos despidos colectivos con causas productiva y organizativa justificadas en la pérdida de dos contratas distintas, sin que estuviera obligada a promover un único despido colectivo basado en causas económicas. Añade que debe ser el empresario el que acredite la concurrencia de la causa legal esgrimida, por lo que no es razonable que se le exija que el despido colectivo se ampare en una causa económica que no puede acreditar.
Resumen: Aunque con el fin de facilitar la labor acumulativa se comience el cálculo por la sentencia más antigua y ello nos lleve a ir formando distintos bloques, esa primera labor debe ser complementada con los ajustes necesarios para ir comprobando que los intercambios de sentencias incluibles en distintos bloques permitan llegar a un resultado punitivo que sea el más favorable. Para llevar a cabo la acumulación solicitada, deben relacionarse, una por una, numeradas por orden cronológico, todas las Ejecutorias. Se especificarán por columnas, los siguientes datos: el órgano judicial que dicta la Sentencia, el número de la ejecutoria, la fecha de la Sentencia condenatoria (la cual será firme), la fecha de los hechos, el delito por el que ha sido juzgado, y la pena impuesta. El Auto recurrido ni en sus Antecedentes ni en sus Fundamentos jurídicos contiene mención alguna a los datos referidos anteriormente. Se limita la resolución judicial a referirse a una hoja de cálculo de fecha 13 de mayo de 2019 remitida por el Centro Penitenciario Puerto III, en la que se establecen las causas a acumular, sin otros datos necesarios para la correcta operación de acumulación penológica, a los efectos de la aplicación del art. 76 del Código Penal. El Auto carece de los datos mínimos necesarios para poder realizar una correcta acumulación de penas, datos que, en su caso, son imprescindibles para su control a través del recurso de casación por infracción de Ley. Procede declarar la nulidad del Auto.
Resumen: En la demanda rectora de las actuaciones reclama el trabajador la suma de 499,34 € en concepto de diferencias en la indemnización percibida al extinguirse válidamente los contratos eventuales que le unían con la demandada Correos y Telégrafos SA. Estimada la demanda en la instancia, la sala de suplicación declara la irrecurribilidad de la sentencia dictada, por no superar la suma reclamada los 3.000 € que la LRJS establece como límite de acceso al recurso. Recurre en casación unificadora Correos planteando en primer lugar que la sentencia de instancia era recurrible en suplicación al existir afectación general. La sala IV razona que, a pesar de ser contradictorias las sentencias comparadas, tal requisito no sería exigible al debatirse una materia que afecta al orden público procesal y a su propia competencia funcional y que, por lo tanto, puede examinarse de oficio aunque no concurra la contradicción. Y en el caso de autos la afectación general es notoria pues se debate la aplicación de la doctrina Diego Porras I del TJUE y, adicionalmente, han sido presentados ante el TS un importante número de recursos de casación unificadora en la que debate idéntica cuestión y en los que la cuantía reclamada no supera el límite de los 3000 €. En consecuencia, se declara la recurribilidad en suplicación de la sentencia de instancia, con anulación de la recurrida y reposición de las actuaciones al momento anterior de ser dictada, para la resolución de las cuestiones de fondo debatidas.
Resumen: Reclama la actora que se le abonen los complementos salariales de horas de sábado productividad y horas nocturnas productividad que se perciben de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos SA a mes vencido y en cantidad variable en función de la asignación de servicios, salvo en los meses de marzo y septiembre en que no se percibió cantidad alguno, ascendiendo el promedio anual a 260,16 euros. La sentencia de instancia desestimó la demanda, sentencia confirma en suplicación. La Sala 4 declara la nulidad de las actuaciones posteriores a la notificación de la sentencia de instancia, por entender que contra la misma no cabía recurso de suplicación, ya que la cuantía de lo reclamado no alcanza los 3.000 euros exigidos por el art. 191.2 LRJS, sin que pueda apreciarse la existencia de afectación general, porque la misma no existe por la concurrencia de un nivel de conflictividad potencial o futuro
Resumen: Sanción en materia de defensa de la competencia. Desestimación del recurso de casación. La apreciación de los efectos anticompetitivos de un acuerdo de intercambio de información entre empresas competidoras exige tomar en consideración las condiciones y circunstancias en las que se producen las prácticas, singularmente, el marco concreto en el que se producen los acuerdos, el contexto económico y jurídico en el que operan las empresas, la naturaleza de los bienes y servicios contemplados, así como la estructura y condiciones reales de funcionamiento de los mercados afectados. La calificación de un acuerdo de intercambio de información como infracción "por objeto" exige que resulte debidamente acreditado que tiene un grado suficiente de nocividad para la competencia mediante el examen de aspectos relevantes. Los intercambios de información sobre elementos que condicionan, integran o afectan de manera relevante a los precios, aunque no se refieren directamente a precios finales, constituyen una infracción por objeto y pueden ser considerados como cártel.
Resumen: Las condiciones contractuales en ciernes afectaban al establecimiento para determinados clientes (personas jurídicas con actividad comercial y empresarial con potencia contratada superior a 15Kw y consumo superior a 200.000 Kwh/año) de penalizaciones por la rescisión anticipada del contrato de suministro y el plazo de preaviso de 2 meses para no prorrogar el contrato. No existe vulneración del principio de tipicidad (lex certa). La previsión del art 65.25 de la LSE se completa con la contenida en el art 44 de dicha norma, que bajo el epígrafe "derechos y obligaciones de los consumidores en relación con el suministro" contiene un largo listado de derechos en el que se incluye el de "realizar el cambio de suministrador sin coste alguno y en los plazos legal y reglamentariamente establecidos". La previsión legal de remisión al desarrollo reglamentario para precisar los detalles del ejercicio del derecho del consumidor a cambiar de suministrador, es lícita y no contraviene el principio de legalidad (art.25). La Sala no alberga dudas sobre la constitucionalidad. En lo tocante al art 4.5 RD 1435/2002, ha de resaltarse que este RD ya establecía previsiones en relación con el proceso de liberalización durante el periodo transitorio anterior a la Ley 24/2013. Estas previsiones no requieren tener la condición de medida de protección del consumidor. La pretendida diferencia entre el cambio de contrato y rescisión carece de sustento. Finalmente, no solo se aplica al consumidor doméstico.
Resumen: La Administración instructora es la que lleva a cabo los actos necesarios para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales deba pronunciarse la resolución, debiendo ser realizados tales actos de oficio por el órgano que tramite el procedimiento, sin perjuicio del derecho de los interesados a proponer la realización de otras actuaciones (art. 78.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, actual art. 75.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre). Las oficinas de Correos, representaciones diplomáticas u oficinas consulares y demás lugares donde pueden presentarse escritos y documentos dirigidos a la Administración no se convierten por ello en Administración instructora del procedimiento, pues su actuación es meramente instrumental. Del mismo modo, la posibilidad que se contempla en el art. 11 de la Ley 17/2001, de Marcas, de que las solicitudes dirigidas a la Oficina Española de Patentes y Marcas se presenten en el órgano competente de la Comunidad Autónoma -en este caso, la Oficina de Gestión Empresarial (OGE) de la Generalitat de Cataluña- no convierte a ésta en Administración instructora, pues su cometido se limita a la recepción de documento y su remisión a la Oficina Española de Patentes y Marcas. No cabe hacer recaer sobre OGE la carga de traducir al castellano los escritos. No cabe oponer normas de derecho internacional alegadas pues otorgan un amplio margen de discrecionalidad a los Estados en lo que atañe a la adopción de medidas.
Resumen: Se plantea la cuestión de si es recurrible en suplicación la sentencia de instancia que resolvió una demanda en cuantía inferior a 3.000 €, cuando dicha reclamación dimana de una demanda en concepto de diferencias de la indemnización abonada por la empresa al extinguir el contrato de trabajo eventual por circunstancias de la producción que las unía y que se apoyaba en la STJUE de 14/9/2016, De Diego Porras I, C-596/14, solicitando que la indemnización se calculara con arreglo a 20 días por año de servicio. La Sala IV, siguiendo criterio previo, declara la recurribilidad en suplicación de la sentencia de instancia al entender que la afectación general es "notoria". Argumenta que la cuestión de fondo es la aplicación de la citada STJUE 14/9/2016 , o de su rectificación por las SSTJUE 5 de junio de 2018, siendo notoria la afectación que ha tenido la interpretación de dicha sentencia y su posterior rectificación. Y tal incidencia se aprecia en el elevado número de recursos de casación para la unificación de doctrina resueltos, además de los que se encuentran pendientes de resolución procedentes de diversos TSJ. También lo es la expansión del debate a otros contratos temporales. Además, Sala IV ha registrado numerosos recursos respecto de la misma empresa y con la misma cuestión controvertida. En consecuencia, existe una significativa litigiosidad real -y no meramente potencial- sobre la materia.
Resumen: La Sala IV declara la nulidad de la sentencia recurrida tras apreciar de oficio la falta de competencia funcional de la Sala de lo Social del TSJ para conocer del recurso de suplicación interpuesto. En el caso se trata de una reclamación contra la resolución del SPEE que declara la extinción del subsidio y ordena un reintegro en cuantía inferior a 3.000 €. Se reitera doctrina que establece, respecto a la recurribilidad relativa a la impugnación de una resolución sancionadora de la entidad gestora de las prestaciones por desempleo, que hay que estar a los efectos del recurso, al contenido económico de la prestación o del acto objeto del proceso, en su caso, en cómputo anual y al contenido económico del acto cuya anulación se pretende, incluidos los actos de carácter sancionador, como el que nos ocupa, ex art 192.4 LRJS. Pues bien, se cuestiona la extinción de un subsidio por importe de 1.817,60 €, por lo que la cuantía reclamada no alcanza el límite de acceso al recurso de suplicación y, la cuestión debatida no tiene el alcance general exigido, pues dicha circunstancia, ni es notoria ni ha sido tampoco alegada y probada en juicio ni se aprecia dato alguno que permita deducir que posee claramente un contenido de generalidad no puesto en duda por ninguna de las partes, toda vez que lo debatido es la extinción del subsidio por desempleo de un beneficiario en atención a sus concretas circunstancias personales.
