• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: EDUARDO DE PORRES ORTIZ DE URBINA
  • Nº Recurso: 10775/2020
  • Fecha: 05/05/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Deben únicamente excluirse: 1°) Los hechos que ya estuviesen sentenciados cuando se inicia el período de acumulación contemplado, es decir, cuando se comete el delito enjuiciado en la sentencia que determina la acumulación. 2°) Los hechos posteriores a la sentencia que determina la acumulación. Ello porque ni unos ni otros podrían haber sido enjuiciados en el mismo proceso. Una vez observadas las reglas anteriores, toda la mecánica o la metodología de acumulación debe ir orientada a obtener la combinación que más favorezca al reo, en el sentido de obtener una acumulación punitiva que le lleve a reducir en la mayor medida posible el remanente punitivo que tenga que cumplir. De modo que aunque, lógicamente y con el fin de facilitar la labor acumulativa, se comience el cálculo por la sentencia más antigua en el tiempo y ello nos lleve a ir formando distintos bloques, esa primera labor debe ser complementada con los ajustes necesarios para ir comprobando que los intercambios de sentencias incluibles en distintos bloques permitan llegar a un resultado punitivo que sea el más favorable para el reo.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL
  • Nº Recurso: 1634/2019
  • Fecha: 05/05/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Por auto del Juzgado, confirmado por la sala de suplicación se declaró la incompetencia de la jurisdicción social para conocer de una demanda de tutela de derechos fundamentales planteada por un funcionario del Cuerpo Nacional de Policía en la cual denuncia el incumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales, así como al honor y la propia imagen, solicitando el fin de la conducta y la reparación de daños materiales y morales. En el recurso de casación unificadora el actor insiste en la competencia de esta jurisdicción. Se estima el recurso y se declara la competencia del orden jurisdiccional social. Desde la sentencia de 14 de octubre de 2014 (RD 265/2013) la Sala viene manteniendo que en materia de prevención de riesgos laborales la competencia del orden social es plena, tanto si la acción se encauza a través de un proceso ordinario, como si se hace a través de la modalidad procesal de tutela. En este caso se reclaman daños materiales y morales derivados del acoso laboral con infracción de la normativa de prevención de riesgos laborales. Es de aplicación lo dispuesto en el art. 2-e) de la LRJS.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: RICARDO BODAS MARTIN
  • Nº Recurso: 39/2020
  • Fecha: 05/05/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala IV confirma la sentencia del TSJ que estima la excepción de incompetencia de jurisdicción invocada por la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, en el procedimiento de conflicto colectivo seguido a instancia del Sindicato Confederación General del Trabajo contra dicha demandada y los sindicatos relacionados. Declara, siguiendo la interpretación de los arts 1, 2.1 a) y 3.e LRJS examinados reiteradamente por la doctrina de la Sala IV, que la competencia para el conocimiento del litigio corresponde al orden jurisdiccional contencioso-administrativo, a tenor con lo dispuesto en el art. 3.e LRJS, toda vez que dicho precepto excluye del conocimiento de la jurisdicción social, los litigios relacionados con los pactos o acuerdos concertados por las Administraciones públicas con arreglo a lo previsto en el Estatuto Básico del Empleado Público, que sean de aplicación al personal funcionario o estatutario de los servicios de salud, ya sea de manera exclusiva o conjunta con el personal laboral. La aprobación de los calendarios en los distintos centros docentes de la Consejería de Educación tiene su base en el Acuerdo de 21 de mayo de 2019, adoptado por la Comisión de Seguimiento del Acuerdo Marco de 29 de octubre de 2015 cuyo ámbito personal afecta a todos los empleados públicos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León sea cual sea la naturaleza de su relación jurídica laboral, estatutaria o funcionarial.
  • Tipo Órgano: Juzgado de lo Mercantil
  • Municipio: Murcia
  • Ponente: MARIA DOLORES DE LAS HERAS GARCIA
  • Nº Recurso: 563/2019
  • Fecha: 04/05/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La cuestión que estudia la sentencia es si en la exoneración del pasivo insatisfecho ha de estar contemplado o no el crédito público. La sentencia parte de la interpretación de la ley concursal que hizo la STS de 2 de julio de 2019; por lo tanto, en principio los créditos públicos sí estarían comprendidos en los que pueden ser objeto de exoneración o fraccionamiento. Más concretamente en el supuesto de exoneración provisional o plan de pagos. El juez deberá de oír a las partes y decidir sobre el contenido de ese plan de pagos, en atención a las concretas circunstancias. Postura que es la que mejor se acomoda a los principios del Derecho de la Unión para facilitar el mecanismo de la segunda oportunidad y acuerdos de reestructuración preventiva. Sin embargo, esta doctrina parece contradecirse en el Texto Refundido de la ley concursal, que excedería el texto de la ley que refunde ( respecto a la exoneración directa). La sentencia considera que se trata de una manifestación ultra vires del Texto Refundido que permite directamente (doctrina de la Sala 3ª TS) no aplicarlo y seguir la interpretación que de la norma hizo la sentencia de la Sala 1ª del Supremo.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JOSE MARIA DEL RIEGO VALLEDOR
  • Nº Recurso: 3333/2020
  • Fecha: 04/05/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Recurso de casación contra sentencia que anula resolución sancionadora en materia de defensa de la competencia. Desestimación. No ha existido en realidad controversia sobre la interpretación que debe darse a los artículos 1.3 de la Ley de Defensa de la Competencia y 101.3 TFUE, ni sobre la jurisprudencia que los interpreta y aplica. Más bien al contrario, la sentencia recurrida en casación hace diversas referencias a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Supremo en relación con tales preceptos, sin que los recurrentes en casación hayan manifestado discrepancias con las nociones y categorías jurídicas a que se refiere la sentencia. Donde las recurrentes discrepan de la sentencia recurrida es en la valoración que en ella se hace de los datos y elementos de prueba disponibles, y, en definitiva, en la delimitación de las circunstancias fácticas concurrentes en el caso concreto que se examina, quedando las cuestiones de hecho excluidas del recurso de casación.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: EDUARDO CALVO ROJAS
  • Nº Recurso: 3067/2020
  • Fecha: 04/05/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Sanción por emisiones radioeléctricas no autorizadas. Desestimación. El artículo 40.4 de la Ley 7/2010, General de la Comunicación Audiovisual, no permite prescindir de la obligada obtención del correspondiente título habilitante para el uso del dominio público radioeléctrico que impone con carácter general la Ley General de Telecomunicaciones. El hecho de que el artículo 40.4 Ley 7/2010 contemple la posibilidad de la emisión del servicio público de comunicación audiovisual por ondas hertzianas terrestres de una Comunidad o Ciudad Autónoma en otra limítrofe y con afinidades lingüísticas y culturales, siempre que así lo acuerden mediante convenio y exista reciprocidad, no excluye que, en tanto que ello comporta el uso del dominio público radioeléctrico, aquella emisión requiera el otorgamiento del título habilitante que para el uso de tal dominio público exige el artículo 62 de la Ley 9/2014.
  • Tipo Órgano: Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA JESUS VEGAS TORRES
  • Nº Recurso: 666/2017
  • Fecha: 30/04/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se impugna en este caso la decisión de la CNMC por la cual, en ejecución de sentencia dictada por la Audiencia Nacional, se procedió a recalcular el importe de la sanción que correspondía imponer a la actora, empresa dedicada a la producción de películas cinematográficas, por la comisión de una infracción de la Ley 16/1989, de defensa de la Competencia. La sentencia centra el objeto del debate al señalar que el pronunciamiento debe limitarse a una nueva cuantificación de la multa, adaptándola a los criterios establecidos por la sentencia de la Audiencia Nacional citada, por lo que únicamente cabría revisar la resolución de la CNMC impugnada en lo que respecta a la aplicación de las pautas establecidas por la sentencia citada para cuantificar la sanción. En este sentido, confirma lo actuado por a CNMC y considera adecuado el límite de proporcionalidad aplicado, pero estima parcialmente el recurso por entender que se produjo un error en cuanto al cálculo de la cuota de mercado de la empresa recurrente, que produjo un trato discriminatorio respecto de las demás empresas sancionadas por la misma infracción.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Social
  • Municipio: Palma de Mallorca
  • Ponente: VICTOR MANUEL CASALEIRO RIOS
  • Nº Recurso: 427/2020
  • Fecha: 30/04/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Es objeto del recurso de Suplicación el Auto dictado por el Juzgado de lo Social para conocer de la demanda de despido formulada por la demandante frente al Consulado de la Embajada de EEUU en Mallorca, la juzgado de instancia planteo de oficio, al ser una cuestión de orden público, la incompetencia de los tribunales españoles para conocer de la demanda de despido. Consta comunicación de la Agencia Consular de EEUU al Ministerio de Asuntos Exteriores invocando el art 10.2 de la LO 16/2015 "que el proceso menoscaba sus intereses de seguridad". Se interpone recurso de Suplicación por la representante de la trabajadora alegando en primer lugar la nulidad de las actuaciones al haber desaparecido de los Autos el citado documento. El motivo es desestimado puesto que en ningún caso se le causó indefensión dado que de la citada comunicación en su día se le dio traslado al igual que al Ministerio Fiscal pudiendo hacer alegaciones. Y en cuanto al fondo entiende que tal alegación " menoscabo de los intereses de seguridad" teniendo conocimiento del mismo y que fue remitido por conducto diplomático no es necesario que se alegue como excepción en el proceso y que es suficiente la alegación para estimar la incompetencia.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO
  • Nº Recurso: 2688/2018
  • Fecha: 29/04/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Recurre en casación unificadora el Sindicato de Transportes y Comunicaciones de la Confederación General del Trabajo frente a la sentencia del TSJ que confirma la desestimación de la demanda. Se discute si la empresa transportista (Avanza Interurbanos SLU) debe asumir la tasa que sus empleados abonan para la renovación de la Tarjeta de Aptitud Profesional (CAP). La Sala IV razona que la LPRL (arts. 14.5 y 19) comporta que la formación exigida por el RD 1032/2007 para renovar el Certificado de Aptitud Profesional (CAP) en el sector de transporte por carretera deba considerarse como de tiempo de trabajo efectivo, con cargo a la jornada laboral ordinaria. Reitera doctrina explícita de la STS 11 febrero 2013 (rec. 278/2011) e implícita de la STS 12 junio 2012 (rec. 188/2011). Declara asimismo que la tasa que grava la expendición de la Tarjeta acreditativa de tal formación también debe sufragarla el empleador, con independencia del tenor del convenio colectivo aplicable. La interpretación sistemática de los preceptos cuya infracción denuncia el recurso de orden convencional, reglamentario y legal de las normas concurrentes (LPRL, ET, Ley de Tasas, RD 1032/2007, convenio colectivo) conduce a la estimación del recurso. La sentencia casa y anula la sentencia recurrida y estima la demanda en sus propios términos.
  • Tipo Órgano: Audiencia Provincial
  • Municipio: Girona
  • Ponente: MARIA ISABEL SOLER NAVARRO
  • Nº Recurso: 245/2021
  • Fecha: 29/04/2021
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: La resolución de la Audiencia reitera la necesidad de agotar los medios que la ley procesal confiere para localizar a la requerida en un proceso monitorio dentro del partido en el que se ha interpuesta la petición inicial. En todo caso, cuando la requerida sea una sociedad, el domicilio social de la misma será el que determine la competencia territorial, aunque el del administrador social con el que se entienda la citación y requerimiento esté en otro partido judicial.

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