• Tipo Órgano: Audiencia Nacional. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: EMILIA RUIZ-JARABO QUEMADA
  • Nº Recurso: 483/2020
  • Fecha: 14/06/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Conflicto colectivo. Renfe. En la demanda se solicita se declare el derecho de los trabajadores del Grupo Renfe, a un incremento salarial del 0,8 por ciento a todos los conceptos salariales vigentes a 31 de diciembre de 2019 con efectos de 1 de julio de 2020 en los términos previstos en la cláusula 4ª del II Convenio Colectivo de Grupo Renfe. La AN, previa desestimación de la excepción de incompetencia de Jurisdicción, concluye que, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto-Ley 2/2020 de 21 de enero, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones del sector público, los incrementos no deberán superar los establecidos en el mismo y, en consecuencia, cuando se trate de acuerdos o Convenios colectivos en vigor, tanto de empresa como de carácter sectorial, devendrán inaplicables las cláusulas contenidas en los mismos que establezcan cualquier tipo de incremento de las retribuciones o de la masa salarial superiores a los fijados y deberán experimentar la oportuna adecuación, siendo dicha norma de aplicación preferente a las previsiones del Convenio colectivo con lo que se desestima la demanda.
  • Tipo Órgano: Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MIGUEL DE LOS SANTOS GANDARILLAS MARTOS
  • Nº Recurso: 464/2014
  • Fecha: 11/06/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La entidad recurrente, empresa cuyo objeto social es la fabricación y comercialización de palés de madera de calidad europea controlada EUROPAL, impugna la resolución de la CNMC por la cual se le impuso una sanción de multa al considerar acreditada la comisión de una infracción prevista en el artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia. La Sala analiza las alegaciones exculpatorias de la sociedad actora que finalmente rechaza al considerar acreditada la comisión de una infracción muy grave consistente en la participación en un cártel en el que se llevaron a cabo intercambios de información comercial sensible. Recuerda la jurisprudencia europea sobre el alcance de la prueba de presunciones en esta materia y examina las pruebas justificativas de la conducta colusoria de la actora aportadas al expediente, entre las que destaca la denuncia formulada ante la entidad europea licenciadora de la fabricación y comercialización de palés de calidad controlada EUROPAL. Además, destaca las diferencias entre las infracciones por objeto y por efectos, y su relevancia en el asunto enjuiciado. Entiende acreditada la culpabilidad de la infractora si bien estima el recurso en el solo particular de la cuantificación de la multa, y ello en aplicación del criterio adoptado por el Tribunal Supremo en sentencia de 29 de enero de 2015 y en otras posteriores que mantienen la doctrina fijada en esta, acordando se recalcule su importe con arreglo a dicho criterio
  • Tipo Órgano: Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: FRANCISCO DE LA PEÑA ELIAS
  • Nº Recurso: 499/2016
  • Fecha: 09/06/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La entidad recurrente, empresa que interviene en el mercado de mudanzas internacionales, impugna la resolución de la CNMC por la cual se le impuso una sanción de multa al considerar acreditada la comisión de una infracción prevista en el artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia. La Sala analiza las alegaciones exculpatorias de la sociedad actora que finalmente rechaza al considerar acreditada la comisión de una infracción muy grave consistente en la participación en un cártel en el que se llevaron a cabo acuerdos de reparto de mercado mediante la participación pactada en licitaciones públicas de mudanzas internacionales de funcionarios, así como acuerdos sobre precios de dichos servicios. Recuerda la jurisprudencia europea sobre el alcance de la prueba de presunciones en esta materia y examina las pruebas justificativas de la conducta colusoria de la actora aportadas al expediente para concluir que la conducta se encuentra suficientemente acreditada. Además, analiza las diferencias entre las infracciones por objeto y por efectos, y su relevancia en el asunto enjuiciado. Entiende probada la culpabilidad de la infractora, y ratifica el criterio de la CNMC en cuanto a la cuantificación de la multa.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JULIAN ARTEMIO SANCHEZ MELGAR
  • Nº Recurso: 10079/2021
  • Fecha: 09/06/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Aunque con el fin de facilitar la labor acumulativa se comience el cálculo por la sentencia más antigua y ello nos lleve a ir formando distintos bloques, esa primera labor debe ser complementada con los ajustes necesarios para ir comprobando que los intercambios de sentencias incluibles en distintos bloques permitan llegar a un resultado punitivo que sea el más favorable. Para llevar a cabo la acumulación solicitada, deben relacionarse, una por una, numeradas por orden cronológico, todas las Ejecutorias. Se especificarán por columnas, los siguientes datos: el órgano judicial que dicta la Sentencia, el número de la ejecutoria, la fecha de la Sentencia condenatoria (la cual será firme), la fecha de los hechos, el delito por el que ha sido juzgado, y la pena impuesta. El Auto recurrido ni en sus Antecedentes ni en sus Fundamentos jurídicos contiene mención alguna a los datos referidos anteriormente. Se limita la resolución judicial a referirse a una hoja de cálculo de fecha 13 de mayo de 2019 remitida por el Centro Penitenciario Puerto III, en la que se establecen las causas a acumular, sin otros datos necesarios para la correcta operación de acumulación penológica, a los efectos de la aplicación del art. 76 del Código Penal. El Auto carece de los datos mínimos necesarios para poder realizar una correcta acumulación de penas, datos que, en su caso, son imprescindibles para su control a través del recurso de casación por infracción de Ley. Procede declarar la nulidad del Auto.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: RICARDO BODAS MARTIN
  • Nº Recurso: 3126/2018
  • Fecha: 09/06/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: CANTIDADES:Se discute en aplicación del Decreto 4/2012 de la Junta de Andalucía de medidas extraordinarias y urgentes en materia de prestación socio-laboral a ex trabajadores andaluces afectados por procesos de reestructuración de empresas y sectores en crisis, quien debe abonar la indemnización (60 días/año, 42 mensualidades) pactada entre Astilleros de Sevilla y la RLT, en el procedimiento concursal, íntegramente la Junta de Andalucía o el Fogasa hasta el límite legal de su responsabilidad (20 días/año 12 meses), y el resto por la Junta, a pesar de que concurre silencio administrativo positivo. Se resuelve el recurso en el sentido de que es la Junta de Andalucía la que debe hacer frente a la totalidad de la indemnización sin que proceda disminuirla por una hipotética entrada del FOGASA, toda vez que se trata de una cantidad íntegra y previamente pactada que tiende, por un lado, a garantizar la percepción de la misma por cada trabajador y, por otro, a aliviar los créditos contra la masa de la empresa concursada.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: IGNACIO GARCIA-PERROTE ESCARTIN
  • Nº Recurso: 24/2020
  • Fecha: 09/06/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La empresa promovió dos despidos colectivos por causas productivas y organizativas fundados en la pérdida de dos contratas en Sevilla y Barcelona. El sindicato impugnó los despidos colectivos ante la AN por entender que la empresa debió promover un único despido colectivo basado en causa económica y no dos fundados en causas productivas y organizativas. La sentencia confirma la de la Audiencia Nacional que estimó la excepción de falta de competencia objetiva y se desestimó la demanda, por entender que la Audiencia Nacional no es competente para conocer de la pretensión, ya que conforme al art. 8.1 LRJS, conocerá de los despidos colectivos cuando extiendan sus efectos a un ámbito territorial superior al de una Comunidad Autónoma, y en el supuesto a la empresa se le extinguieron dos contratas distintas, en Sevilla, la que tenía con una empresa, y en Barcelona, la que tenía con otra, cada una de ellas operando en el respectivo ámbito territorial ,por lo que no es irrazonable ni puede considerarse fraudulento que la empresa promoviera dos despidos colectivos con causas productiva y organizativa justificadas en la pérdida de dos contratas distintas, sin que estuviera obligada a promover un único despido colectivo basado en causas económicas. Añade que debe ser el empresario el que acredite la concurrencia de la causa legal esgrimida, por lo que no es razonable que se le exija que el despido colectivo se ampare en una causa económica que no puede acreditar.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA
  • Nº Recurso: 2725/2019
  • Fecha: 08/06/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: En la demanda rectora de las actuaciones reclama el trabajador la suma de 499,34 € en concepto de diferencias en la indemnización percibida al extinguirse válidamente los contratos eventuales que le unían con la demandada Correos y Telégrafos SA. Estimada la demanda en la instancia, la sala de suplicación declara la irrecurribilidad de la sentencia dictada, por no superar la suma reclamada los 3.000 € que la LRJS establece como límite de acceso al recurso. Recurre en casación unificadora Correos planteando en primer lugar que la sentencia de instancia era recurrible en suplicación al existir afectación general. La sala IV razona que, a pesar de ser contradictorias las sentencias comparadas, tal requisito no sería exigible al debatirse una materia que afecta al orden público procesal y a su propia competencia funcional y que, por lo tanto, puede examinarse de oficio aunque no concurra la contradicción. Y en el caso de autos la afectación general es notoria pues se debate la aplicación de la doctrina Diego Porras I del TJUE y, adicionalmente, han sido presentados ante el TS un importante número de recursos de casación unificadora en la que debate idéntica cuestión y en los que la cuantía reclamada no supera el límite de los 3000 €. En consecuencia, se declara la recurribilidad en suplicación de la sentencia de instancia, con anulación de la recurrida y reposición de las actuaciones al momento anterior de ser dictada, para la resolución de las cuestiones de fondo debatidas.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA
  • Nº Recurso: 1796/2020
  • Fecha: 08/06/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Reclama la actora que se le abonen los complementos salariales de horas de sábado productividad y horas nocturnas productividad que se perciben de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos SA a mes vencido y en cantidad variable en función de la asignación de servicios, salvo en los meses de marzo y septiembre en que no se percibió cantidad alguno, ascendiendo el promedio anual a 260,16 euros. La sentencia de instancia desestimó la demanda, sentencia confirma en suplicación. La Sala 4 declara la nulidad de las actuaciones posteriores a la notificación de la sentencia de instancia, por entender que contra la misma no cabía recurso de suplicación, ya que la cuantía de lo reclamado no alcanza los 3.000 euros exigidos por el art. 191.2 LRJS, sin que pueda apreciarse la existencia de afectación general, porque la misma no existe por la concurrencia de un nivel de conflictividad potencial o futuro
  • Tipo Órgano: Audiencia Provincial
  • Municipio: Barcelona
  • Ponente: MIREIA RIOS ENRICH
  • Nº Recurso: 5/2021
  • Fecha: 07/06/2021
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: Presentada demanda por la aseguradora del perjudicado en la que ejercita acción de repetición de gastos de asistencia sanitaria de su asegurado frente a la del responsable del accidente en juzgado del domicilio del demandado, se dictó auto que declara la falta de competencia territorial al considerar que la competencia corresponde al Juez partido judicial de la demarcación donde tuvo lugar el accidente y le remite el asunto; el Juez del lugar del accidente declara así mismo su falta de competencia al considerar que la competencia correspondía al lugar del domicilio del demandado. El auto que resuelve el conflicto de competencia considera que, al no presentar especialidad la acción ejercitada, son de aplicación las reglas generales de competencia territorial que solo sólo se aplican en defecto de sumisión expresa o tácita de las partes a los tribunales de una determinada circunscripción, salvo concurrencia de alguno de los supuestos que relaciona la LEC y que en los casos en los que la competencia territorial no viene fijada por la ley en virtud de reglas imperativas la falta de competencia territorial solamente podrá ser apreciada cuando el demandado o quienes puedan ser parte legítima en el juicio propongan en tiempo y forma la declinatoria, por lo que no siendo incluible la acción ejercitada incluible en ninguno de los fueros imperativos, la falta de competencia territorial no podía ser apreciada de oficio y declara competente al Juzgado en el que se presentó la demanda
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JOSE MANUEL BANDRES SANCHEZ-CRUZAT
  • Nº Recurso: 5428/2020
  • Fecha: 07/06/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Sanción en materia de defensa de la competencia. Desestimación del recurso de casación. La apreciación de los efectos anticompetitivos de un acuerdo de intercambio de información entre empresas competidoras exige tomar en consideración las condiciones y circunstancias en las que se producen las prácticas, singularmente, el marco concreto en el que se producen los acuerdos, el contexto económico y jurídico en el que operan las empresas, la naturaleza de los bienes y servicios contemplados, así como la estructura y condiciones reales de funcionamiento de los mercados afectados. La calificación de un acuerdo de intercambio de información como infracción "por objeto" exige que resulte debidamente acreditado que tiene un grado suficiente de nocividad para la competencia mediante el examen de aspectos relevantes. Los intercambios de información sobre elementos que condicionan, integran o afectan de manera relevante a los precios, aunque no se refieren directamente a precios finales, constituyen una infracción por objeto y pueden ser considerados como cártel.

Parece que no tiene configurado el plugin para ver el pdf embebido... puede descargar la resolución aquí.