• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: IGNACIO SANCHO GARGALLO
  • Nº Recurso: 4387/2018
  • Fecha: 22/06/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Recurso extraordinario por infracción procesal: preclusión de alegaciones y cosa juzgada. Se desestima el recurso y se confirma la decisión de la Audiencia que rechazaba la eficacia de cosa juzgada material en sentido negativo de la sentencia firme por la que se había desestimado previamente la acción social de responsabilidad. La Audiencia entendió que no concurrían los requisitos de la eficacia de cosa juzgada, ya que en los dos pleitos no se ejercita la misma pretensión, en el primero era la declaración de responsabilidad del administrador y en el segundo la reclamación fundada en el enriquecimiento injusto; y no podía exigirse que se acumulara la segunda a la primera, de forma alternativa, con el efecto sancionatorio de generar preclusión de alegaciones, entre otras razones porque la competencia objetiva para conocer de una y otra acción correspondía a tribunales distintos. La Sala confirma la decisión de la Audiencia y mantiene que no puede apreciarse la preclusión de alegaciones y consiguientemente el efecto de cosa juzgada.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA DE LOS ANGELES PARRA LUCAN
  • Nº Recurso: 4373/2020
  • Fecha: 18/06/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Los recursos tienen su origen en un procedimiento iniciado por la vía de la tutela de los derechos fundamentales con el fin de que se declare la menor edad del demandante con apoyo en su pasaporte y carta de identidad nacional expedidos por el Consulado de Marruecos en España frente al Decreto de la Fiscalía de Menores que lo consideraba mayor de edad y por tanto fuera del sistema de protección. El Juzgado estimó la demanda y declaró la minoría de edad del demandante basándose en los documentos aportados por el actor. La Audiencia estimó el recurso de apelación interpuesto por el MF y dictó sentencia anulando la de primera instancia al entender que el juzgado carecía de competencia. Se interpone recurso extraordinario por infracción procesal y de casación que la sala estima. Considera admisible la impugnación del decreto de la Fiscalía que excluye al demandante del sistema de protección reforzada constitucionalmente garantizado a los menores y le niega el reconocimiento de los derechos del niño, pues ante la falta de impugnación de una documentación que es coincidente con la declaración del menor en lo que se refiere a la edad no es razonable considerarlo indocumentado ni dudar de la documentación, siendo adecuada la vía de los derechos fundamentales y competente la jurisdicción civil para conocer de la pretensión ejercitada en atención al contenido de los derechos invocados, en cuanto vinculados a la determinación de la edad, estado civil y la identidad del menor.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Cáceres
  • Ponente: CASIANO ROJAS POZO
  • Nº Recurso: 263/2021
  • Fecha: 17/06/2021
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: Los organismos autónomos de la Administración General del Estado pueden tener o no competencias en todo el territorio nacional, lo que determinará la competencia de distintos órganos jurisdiccionales del orden contencioso-administrativo. Sin embargo, los organismos autónomos de carácter autonómico con personalidad jurídica propia, no extienden su competencia a todo el territorio nacional. El Servicio Extremeño de Salud es un organismo autónomo dependiente de la Comunidad Autónoma de Extremadura, dotado de personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar y no extiende sus competencias a todo el territorio nacional. Por ello, con independencia de la materia y cuantía sobre la que verse el recurso, la competencia para conocer de los recursos contra su actuación siempre corresponde a los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANGEL LUIS HURTADO ADRIAN
  • Nº Recurso: 10031/2021
  • Fecha: 16/06/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El TS estima el recurso y recuerda su doctrina relativa a tal incidente al afirmar que que para que proceda la acumulación de condenas sólo se requiere que entre los hechos exista una determinada conexión cronológica, la cual se apreciará siempre que los delitos sancionados hubieran podido ser enjuiciados en un solo proceso, teniendo en cuenta las fechas de las sentencias dictadas y las de comisión de los hechos enjuiciados en las mismas, de manera que no se transforme en una exclusión de la punibilidad abierta para todo delito posterior a la acumulación o a cualquiera de las condenas. De esta manera los únicos supuestos excluidos de la acumulación son los hechos que ya estuviesen sentenciados cuando se inicia el período de acumulación contemplado.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANGEL RAMON AROZAMENA LASO
  • Nº Recurso: 3060/2020
  • Fecha: 16/06/2021
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: Admisión. Reclamaciones frente a resoluciones expresas o presuntas de los entes locales de la Región de Murcia en materia de acceso a la información pública. Determinación de si existen fundadas dudas sobre la constitucionalidad del artículo 5 de la Ley de Transparencia y Participación Ciudadana de la Región de Murcia, por contradicción insalvable con la Ley 9/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, que obliguen a plantear cuestión de inconstitucionalidad.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN
  • Nº Recurso: 3696/2018
  • Fecha: 15/06/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sentencia recurrida confirma la sentencia del Juzgado de lo Social que estima en parte la demanda formulada por el trabajador contra Cortefiel S.A. y declara injustificado el traslado, condenando a la empresa a reponer al actor al centro de trabajo en las misma categoría y funciones. Aclara la Sala IV que se está impugnando la decisión unilateral de la empresa de trasladar al actor a un centro de trabajo sito a 56 kms. de distancia del lugar en que venía prestando servicios. Pese a que se indicaba que se trataba de una acción de movilidad geográfica -a la que se anudaba la invocación de lesión de derechos fundamentales- es innegable que no existía cambio de residencia y, por ello, de acuerdo con reiterada doctrina, el procedimiento a seguir era el ordinario y no la modalidad especial del art. 138 LRJS. Y concluye que, a falta de una específica regulación en el convenio colectivo que impusiera mayores exigencias, el marco legal no permite sostener que estemos ante un supuesto de modificación sustancial de las condiciones del contrato de los previstos en el art. 40 ET, al que remite el art. 41.7 ET, y condiciona el concepto a los supuestos, definitivos o temporales, de cambio de residencia. La norma no impone a las manifestaciones del poder de dirección ninguna exigencia de motivación causal ni otorga tampoco al trabajador afectado el derecho extintivo que sí le atribuye en las modificaciones sustanciales. Casa y anula la sentencia recurrida absolviendo a la empresa.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JULIAN ARTEMIO SANCHEZ MELGAR
  • Nº Recurso: 10079/2021
  • Fecha: 09/06/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Aunque con el fin de facilitar la labor acumulativa se comience el cálculo por la sentencia más antigua y ello nos lleve a ir formando distintos bloques, esa primera labor debe ser complementada con los ajustes necesarios para ir comprobando que los intercambios de sentencias incluibles en distintos bloques permitan llegar a un resultado punitivo que sea el más favorable. Para llevar a cabo la acumulación solicitada, deben relacionarse, una por una, numeradas por orden cronológico, todas las Ejecutorias. Se especificarán por columnas, los siguientes datos: el órgano judicial que dicta la Sentencia, el número de la ejecutoria, la fecha de la Sentencia condenatoria (la cual será firme), la fecha de los hechos, el delito por el que ha sido juzgado, y la pena impuesta. El Auto recurrido ni en sus Antecedentes ni en sus Fundamentos jurídicos contiene mención alguna a los datos referidos anteriormente. Se limita la resolución judicial a referirse a una hoja de cálculo de fecha 13 de mayo de 2019 remitida por el Centro Penitenciario Puerto III, en la que se establecen las causas a acumular, sin otros datos necesarios para la correcta operación de acumulación penológica, a los efectos de la aplicación del art. 76 del Código Penal. El Auto carece de los datos mínimos necesarios para poder realizar una correcta acumulación de penas, datos que, en su caso, son imprescindibles para su control a través del recurso de casación por infracción de Ley. Procede declarar la nulidad del Auto.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: RICARDO BODAS MARTIN
  • Nº Recurso: 3126/2018
  • Fecha: 09/06/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: CANTIDADES:Se discute en aplicación del Decreto 4/2012 de la Junta de Andalucía de medidas extraordinarias y urgentes en materia de prestación socio-laboral a ex trabajadores andaluces afectados por procesos de reestructuración de empresas y sectores en crisis, quien debe abonar la indemnización (60 días/año, 42 mensualidades) pactada entre Astilleros de Sevilla y la RLT, en el procedimiento concursal, íntegramente la Junta de Andalucía o el Fogasa hasta el límite legal de su responsabilidad (20 días/año 12 meses), y el resto por la Junta, a pesar de que concurre silencio administrativo positivo. Se resuelve el recurso en el sentido de que es la Junta de Andalucía la que debe hacer frente a la totalidad de la indemnización sin que proceda disminuirla por una hipotética entrada del FOGASA, toda vez que se trata de una cantidad íntegra y previamente pactada que tiende, por un lado, a garantizar la percepción de la misma por cada trabajador y, por otro, a aliviar los créditos contra la masa de la empresa concursada.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: IGNACIO GARCIA-PERROTE ESCARTIN
  • Nº Recurso: 24/2020
  • Fecha: 09/06/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La empresa promovió dos despidos colectivos por causas productivas y organizativas fundados en la pérdida de dos contratas en Sevilla y Barcelona. El sindicato impugnó los despidos colectivos ante la AN por entender que la empresa debió promover un único despido colectivo basado en causa económica y no dos fundados en causas productivas y organizativas. La sentencia confirma la de la Audiencia Nacional que estimó la excepción de falta de competencia objetiva y se desestimó la demanda, por entender que la Audiencia Nacional no es competente para conocer de la pretensión, ya que conforme al art. 8.1 LRJS, conocerá de los despidos colectivos cuando extiendan sus efectos a un ámbito territorial superior al de una Comunidad Autónoma, y en el supuesto a la empresa se le extinguieron dos contratas distintas, en Sevilla, la que tenía con una empresa, y en Barcelona, la que tenía con otra, cada una de ellas operando en el respectivo ámbito territorial ,por lo que no es irrazonable ni puede considerarse fraudulento que la empresa promoviera dos despidos colectivos con causas productiva y organizativa justificadas en la pérdida de dos contratas distintas, sin que estuviera obligada a promover un único despido colectivo basado en causas económicas. Añade que debe ser el empresario el que acredite la concurrencia de la causa legal esgrimida, por lo que no es razonable que se le exija que el despido colectivo se ampare en una causa económica que no puede acreditar.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA
  • Nº Recurso: 2725/2019
  • Fecha: 08/06/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: En la demanda rectora de las actuaciones reclama el trabajador la suma de 499,34 € en concepto de diferencias en la indemnización percibida al extinguirse válidamente los contratos eventuales que le unían con la demandada Correos y Telégrafos SA. Estimada la demanda en la instancia, la sala de suplicación declara la irrecurribilidad de la sentencia dictada, por no superar la suma reclamada los 3.000 € que la LRJS establece como límite de acceso al recurso. Recurre en casación unificadora Correos planteando en primer lugar que la sentencia de instancia era recurrible en suplicación al existir afectación general. La sala IV razona que, a pesar de ser contradictorias las sentencias comparadas, tal requisito no sería exigible al debatirse una materia que afecta al orden público procesal y a su propia competencia funcional y que, por lo tanto, puede examinarse de oficio aunque no concurra la contradicción. Y en el caso de autos la afectación general es notoria pues se debate la aplicación de la doctrina Diego Porras I del TJUE y, adicionalmente, han sido presentados ante el TS un importante número de recursos de casación unificadora en la que debate idéntica cuestión y en los que la cuantía reclamada no supera el límite de los 3000 €. En consecuencia, se declara la recurribilidad en suplicación de la sentencia de instancia, con anulación de la recurrida y reposición de las actuaciones al momento anterior de ser dictada, para la resolución de las cuestiones de fondo debatidas.

Parece que no tiene configurado el plugin para ver el pdf embebido... puede descargar la resolución aquí.