• Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Civil y Penal
  • Municipio: Santander
  • Ponente: MARIA RIVAS DIAZ DE ANTOÑANA
  • Nº Recurso: 2/2021
  • Fecha: 31/05/2021
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: En el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria tuvo entrada la querella interpuesta por la Asociación Protección Ambiental y Minera, frente al Alcalde de Valderredible. Dado traslado al Ministerio Fiscal éste informó en el sentido de estimar que la Sala Civil y Penal no era competente para la instrucción y enjuiciamiento, en su caso, de la querella presentada, al no regir en la actualidad el aforamiento de los diputados autonómicos en los Tribunales de Cantabria. El TSJ dicta Auto por el que inadmite la querella presentada, por cuanto la L.O 2 / 2021 de 23 de marzo, publicada en el BOE de 24 de marzo de 2021, que entró en vigor al día siguiente de su publicación, reforma los artículos 11 y 20 del Estatuto de Autonomía para Cantabria en relación con el fuero procesal especial del presidente de Cantabria, de los restantes miembros del Gobierno y de todos los diputados del Parlamento de Cantabria, eliminando la prerrogativa del fuero procesal especial para que todos los ciudadanos de Cantabria sean juzgados por los jueces o tribunales predeterminados por la ley. En consecuencia, al carecer de competencia dicho Tribunal para el conocimiento de los hechos a que se refiere la querella interpuesta, siendo el competente el Juzgado de Instrucción de Reinosa, el TSJ acuerda remítir las actuaciones a dicho juzgado de Instrucción en donde deberá personarse la querellante.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: DIEGO CORDOBA CASTROVERDE
  • Nº Recurso: 2181/2020
  • Fecha: 31/05/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La controversia casacional se centra en determinar si el intercambio de la aludida información entre empresas fabricantes y distribuidoras de automóviles constituye una restricción por objeto o si, en atención a la naturaleza de la información intercambiada, no existen elementos suficientes para poder apreciar la existencia de una infracción por objeto. Se ha de partir de una interpretación restrictiva de la infracción por objeto. En el presente caso se trató de intercambios de información comercialmente sensible que tenía lugar en tres tipologías de foros de intercambio: El Club de Marcas o club de socios, con la colaboración de la consultora Urban en el año 2010 y el denominados Foro de Directores de Postventa. La información intercambiada comprende una gran cantidad de datos que recaen sobre: la rentabilidad y facturación de las redes de concesionarios en total y desglosada por venta de automóviles (nuevos y usados) y actividades de postventa (taller y venta de recambios); márgenes comerciales y política de remuneración ofrecida por las marcas a sus redes de concesionarios; estructuras, características y organización de las redes de concesionarios... La información intercambiada es apta para reducir la incertidumbre en el proceso de determinación de los precios y en la conducta futura de las competidoras, que afecta gravemente la independencia con la que cada operador debe actuar en el mercado, y por ello es constitutiva de cártel.
  • Tipo Órgano: Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: FERNANDO DE MATEO MENENDEZ
  • Nº Recurso: 725/2019
  • Fecha: 28/05/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Dominio Püblico Hidráulico. Infracción por contaminación de aguas. Vertido autorizado, en que se excedes los límites impuestos. Artículo 116 Texto Refundido Ley de Aguas. Límites cuantitativos y cualitativos impuestos en la autorización de vertidos. El Ayuntamiento recurrente es titular de la autorización de vertido y, por tanto, responsable de cumplir sus condiciones. Derecho administrativo sancionador y pluralidad de acciones u omisiones, infracción continuada al ser tres vertidos en lapso temporal corto, realizados por el mismo sujeto activo. No se aprecia vulneración del principio de proporcionalidad, existencia de circunstancias agravantes, falta de prueba en contra.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANTONIO DEL MORAL GARCIA
  • Nº Recurso: 3122/2019
  • Fecha: 27/05/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El recurso se desestima. No es momento de plantear un debate sobre la razonabilidad de la acusación, tan solo de discutir cuál es el órgano competente para conocer de los hechos que han motivado la apertura del juicio oral. En este momento se trata, no de valorar hechos y pruebas (que no se han producido), sino tan solo de constatar, ateniéndonos en exclusiva a los hechos tal y como han sido delimitados por las acusaciones superando el filtro del juicio de acusación, a quién corresponde la competencia para enjuiciarlos. El recurso ataca resoluciones todavía no producidas y que quizás no lleguen a producirse. Y, sin embargo, no aduce nada contra lo único que contiene la parte dispositiva del auto: una inhibición a un Juzgado de lo Penal. La casación se interpone frente al auto dictado por una Audiencia Provincial acogiendo la excepción de declinatoria (art. 666.1º LECrim) promovida por varios de los acusados. Es un procedimiento incoado antes de diciembre de 2015, lo que nos sitúa en el régimen de recursos inmediatamente anterior a la reforma de 2015, por virtud de su disposición transitoria. En la actualidad tal auto debiera antes haber sido llevado al Tribunal Superior de Justicia con carácter previo a través de una apelación. Antes, no obstante, y pese a la dicción del art. 676 LECrim, la Sala II venía entendiendo que era la casación el recurso directo procedente.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANGELES HUET DE SANDE
  • Nº Recurso: 1412/2020
  • Fecha: 27/05/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Planteada la cuestión que presenta interés casacional referida a la posibilidad de declarar la nulidad de un PGOU por su falta de integridad dada su aprobación mediante actos sucesivos, cuyo resultado final difiere radicalmente del inicialmente propuesto y afectando a aspecto sustanciales y estructurales, el TS, partiendo de la jurisprudencia sobre la posibilidad de aprobación definitiva parcial de los instrumentos de planeamiento urbanístico (competencia básica del Estado en materia de procedimiento), resuelve la cuestión suscitada declarando que procede declarar la nulidad de pleno derecho del Plan general así aprobado en la medida en que -como es el caso- ni se mantiene el modelo de ciudad decidido por el Ayuntamiento en el ejercicio de su autonomía municipal (arts. 137 y 140 CE y art. 25 LBRL). ni los ciudadanos pudieron pronunciarse (art. 4 TRLS 2008, y art. 5 del TRLS 2015) sobre el distinto modelo de ciudad que resulta de dicho proceso de aprobación sucesiva y fragmentaria, que no puede entenderse suplido por los también sucesivos y fragmentarios trámites de información pública que se produjeron, tras la aprobación definitiva parcial, en el curso del mismo. Se recuerda que la aprobación parcial del instrumento de planeamiento general no puede alterar los principios sustanciales ni las directrices básicas del plan mismo, que deben mantenerse, formando un todo armónico y coherente. Se rechazan la denuncia de incongruencia y falta de motivación de la sentencia recurrida.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Social
  • Municipio: Valencia
  • Ponente: ISABEL MORENO DE VIANA-CARDENAS
  • Nº Recurso: 1845/2020
  • Fecha: 27/05/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El trabajador cesó voluntariamente en la empresa para pasar a prestar servicios en empresa de la competencia, por lo que se la empresa le deduce de la liquidación el importe de la compensación percibida en virtud del pacto de no competencia suscrito entre las partes. La sentencia del juzgado entendió que la cantidad fijada no era adecuada al compromiso asumido por el trabajadora, por lo que reduce el importe a reintegrar por este. La Sala estima parcialmente el recurso de la empresa pues si el pacto es valido en cuanto se ha acreditado el interés comercial de la empresa, y no se discute su incumplimiento, éste supone, a tenor del mismo, la devolución de las cantidades percibidas, sin aplicación proporcional alguna solo a considerar para determinar el alcance de la indemnización de daños que no es lo reclamado, indemnización que debe señalarse, ya si, atendiendo a las circunstancias del caso concreto, pero sin afectar a la devolución pactada de las cantidades percibidas.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: CARMEN LAMELA DIAZ
  • Nº Recurso: 3153/2019
  • Fecha: 26/05/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Las discrepancias interpretativas relativas a la competencia entre órganos de jurisdicción penal ordinaria no pueden dar lugar a la infracción del derecho constitucional al juez predeterminado por la Ley. (...) El derecho al Juez predeterminado por la ley únicamente puede quedar en entredicho cuando un asunto se sustraiga indebida o injustificadamente al Órgano al que la Ley lo atribuye para su conocimiento, manipulando el texto de las reglas de distribución de competencias con manifiesta arbitrariedad. La competencia objetiva para el enjuiciamiento de unos hechos que revisten indicios racionales de criminalidad viene determinada por la más grave de las acusaciones formuladas y, en consecuencia, de las pretensiones que han de ser resueltas. La competencia ante la Audiencia Provincial, cuando así se acuerde, ha de ser mantenida por más que se modifique la situación jurídico procesal con posterioridad a la apertura del juicio oral (perpetuatio jurisdictionis). En el caso de autos se acuerda la competencia del Juzgado de lo Penal porque conforme a la redacción del artículo 305 del Código Penal al tiempo de la comisión de los hechos no podría imponer pena superior a los 4 ó 5 años de prisión por los tres delitos contra la Hacienda Pública por los que se formulaba acusación.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: SUSANA POLO GARCIA
  • Nº Recurso: 10747/2020
  • Fecha: 26/05/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La regla general de cumplimiento es la del artículo 75 del Código Penal: cumplimiento sucesivo por orden de gravedad cuando no sea posible el cumplimiento simultáneo. Cuando no sea posible, procede la acumulación de condenas y ejecutorias pendientes. Criterio favorable del Tribunal Supremo a los condenados en los expedientes de acumulación. En la fijación del límite máximo de cumplimiento las sentencias cuya acumulación se pretenda deben computarse hechos que pudieran haber sido objeto de enjuiciamiento conjunto en un único proceso. Esto sólo es posible cuando los hechos sobre los que recayeron las sentencias cuya acumulación se pretende se hayan cometido antes de la fecha de la sentencia que sirve de referencia al grupo de acumulación. Una vez comprobada la posibilidad de acumulación, en atención a la valoración conjunta de la fecha de los hechos y la de la sentencia que sirve de referencia, se debe estudir si el límite máximo de cumplimiento procede a tenor de la suma arimética de las condenas impuestas. La refundición sólo procede cuando sea más favorable al reo. Es imprescindible que en el expediente figuren los testimonios de de las sentencias cuyas condenas se pretenden acumular. No es exigible el dato de la firmeza. Doctrina de la Sala IIª sobre la acumulación. Son datos estrictamente necesarios los de las fechas de la sentencia y los hechos, por lo que no concurriendo en el presente caso, se acuerda estimar el recurso y devolver las actuaciones al Juzgado de origen.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JUAN RAMON BERDUGO GOMEZ DE LA TORRE
  • Nº Recurso: 10696/2020
  • Fecha: 26/05/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El único requisito de la acumulación es el elemento cronológico, en el sentido de que las penas que se acumulen lo sean por hechos perpetrados antes de la fecha de la sentencia de aquellos que -siendo objeto de acumulación- lo hubiera sido en primer lugar (sin ninguna otra exigencia a cómo debe formarse ese bloque). Modificación en el criterio jurisprudencial hasta entonces seguido, permitiéndose hoy la elección de la ejecutoria más antigua que sirva de base a la acumulación. Ello supone que la ejecutoria más antigua, cuya fecha de sentencia operará como acotación cronológica de los hechos anteriores que se le agrupen, podrá ser aquella de la que se derive la refundición de menor gravamen o más favorable para el penado.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANGEL RAMON AROZAMENA LASO
  • Nº Recurso: 8195/2020
  • Fecha: 26/05/2021
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: Admisión. Sanción por realizar emisiones radioeléctricas no autorizadas. Interpretación del artículo 40.4 Ley 7/2010 en relación con el artículo 62 de la Ley 9/2014. Precedentes: SSTS de 3 de diciembre de 2020 y 22 de marzo de 2021 (RRCA 205/2020 y 3068/2020). La cuestión planteada en el recurso que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste en completar la jurisprudencia sentada, entre otras, en la SSTS de 3 de diciembre de 2020 (RCA 205/2020) y de 22 de marzo de 2021 (RCA 3068/2020) a fin de precisar si la emisión del servicio público audiovisual de una Comunidad Autónoma en otra limítrofe puede realizarse a través del multiplex (o canal del multiplex) autonómico que la planificación estatal ha asignado a la Comunidad Autónoma, en virtud de lo previsto en los apartados 2 y 4 del artículo 40 LGCA; y, asimismo, si la posibilidad de elección prevista en el artículo 40.2 LGCA se extiende a los canales del multiplex local (de forma tal que la emisión del servicio público de comunicación audiovisual de la Comunidad Autónoma limítrofe pueda realizarse a través de canales locales o queda limitada a canales de ámbito autonómico).

Parece que no tiene configurado el plugin para ver el pdf embebido... puede descargar la resolución aquí.