Resumen: Se desestima el recurso del sindicato, confirmando la de instancia que estimó las excepciones de incompetencia funcional y la de inadecuación de procedimiento. En la demanda de conflicto colectivo se pretende que se condene a las demandadas a reconocer el derecho de subrogación de la plantilla de la contratista de limpieza que presta servicios en el Servicio Vasco de Salud si por parte de este se produce una internalización del servicio de limpieza. La incompetencia funcional se fundamenta en que los efectos de una eventual sentencia revertirían, exclusivamente, sobre el territorio de la circunscripción de un Juzgado de lo Social -en el caso de Álava- por lo que la competencia radicaría en tales Juzgados. La única reversión producida afecta a dos centros de salud de Álava. En el resto de Hospitales o centros no consta que se haya producido ni la finalización de las contratas de limpieza que pudiera desarrollar Garbialdi SA, ni que se haya producido reversión algún alguna de los respectivos servicios de limpieza; en consecuencia, el conflicto afecta a tres trabajadoras y su ámbito de afectación se limita a dos centros de salud de Álava. La inadecuación de procedimiento de conflicto colectivo se estimó porque estamos en presencia de un conflicto que no es actual ni real, sino una mera consulta de futuro que se funda en la hipótesis consistente en que Osakidetza decida en un futuro internalizar el servicio de limpieza, situación que a día de la fecha no se ha producido.
Resumen: La sentencia analizada examina la validez del pacto de no competencia suscrito por el actor y la empleadora. La sentencia de instancia consideró valido el pacto a pesar de la generalidad de los términos en los que se había concretado, por entender que la empleadora si abonó al trabajador una cantidad compensatoria adecuada. La sala de suplicación considera que la citada clausula ya ha sido enjuiciada en pleitos anteriores y declarada nula, por lo que aplica el efecto de cosa juzgada positiva y declara la nulidad del pacto, condenando al trabajador a devolver las cantidades que se declaran percibidas a cuenta de dicho pacto.
Resumen: La Audiencia Nacional desestima la demanda de conflicto colectivo interpuesta por CCOO frente a la empresa IMPERIAL TOBACCO por afectar la misma al único centro de trabajo de la misma en la ciudad de Madrid, resultando irrelevante a efectos de competencia que haya trabajadores desplazados eventualmente a prestar servicios en otras provincias y Comunidades Autónomas.
Resumen: La demanda de juicio verbal, promovida por una aseguradora subrogada por pago en los derechos de su asegurado, se dirige conta la plataforma de distribución eléctrica a la que se imputan las irregularidades del servicio que ocasionaron los daños. Dirigida la demanda a los tribunales de primera instancia del lugar en el que se produjeron los daños, el tribunal al que correspondió en reparto acordó su inhibición en favor de los de la capital de la provincia, al entender que en dicho partido estaba ubicado el domicilio de la demandada. Rechazada la inhibición por el segundo juzgado, la Audiencia Provincial resuelve el conflicto negativo declarando la competencia del primer tribunal, puesto que es el del lugar en el que se produjeron los hechos y en su territorio cuenta la entidad demandada con un establecimiento abierto al público.
Resumen: Siempre que está en juego el acceso a la jurisdicción, los Tribunales vienen obligados a no realizar una interpretación rigorista o formalista de las exigencias legales, por ello se obvian los defectos de que adolece la interposicon del presente RCUD. Tampoco es necesaria la apreciación de contradicción entre las resoluciones consideradas, precisamente por la posibilidad de apreciar de oficio la falta de competencia funcional de esta Sala. Respecto del fondo, nos encontramos ante un caso en el que el importe de la diferencia que resultaría, en su caso, de la estimación de la pretensión, no alcanza los 3.000 € por lo que, inicialmente, no cabría el acceso al recurso de suplicación . Que la sentencia de instancia fuera recurrible, depende enteramente de que pudiera apreciarse en el caso la afectación genérica. Se advierte que se ha producido una variación de criterio por parte de este Tribunal, coherentecon el hecho de que la apreciación de existencia de afectación general puede variar con el paso del tiempo. Y en este caso, reiteración de asuntos iguales al presente se ha mantenido hasta el momento actual, razón por la cual se ha reiterado el antedicho criterio en resoluciones más reciente y, entre ellas, la STS 694/2024 de 14 de mayo de 2024 -rcud. 972/2023-. Por ello, la sentencia recurrida se ha apartado de la doctrina de este Tribunal procediendo por ellocasar y anular la misma para que se dicte otra en la que la Sala madrileña entre al fondo del asunto.
Resumen: Se desestima el recurso interpuesto por la empresa y se confirma la de instancia que reconoce el derecho de la trabajadora a percibir prestaciones de desempleo en los 3 meses que se señalan en importe total de 1.948,80 euros, y declara la responsabilidad de la empresa por no haber tramitado adecuadamente la prórroga del ERTE Covid que afectaba a la demandante. Ante la Sala IV se trata de determinar si cabe recurso de suplicación, cuando el objeto del litigio es la impugnación de una resolución del SEPE que reconoce el derecho a percibir desempleo a la trabajadora demandante durante un periodo de tiempo inferior al pretendido por la misma, y la diferencia en la cuantía de la prestación reconocida no alcanza la suma de 3.000 euros. Se trata de una cuestión de orden público procesal. En el caso, se reitera, que no se da la afectación general en ninguna de sus modalidades. Así, no consta acreditación, alegación o notoriedad de la existencia de numerosos litigios similares al presente. Tampoco consta que exista la abundante litigiosidad que legitima el acceso a la suplicación. Por tanto, en base a las normas sobre el ámbito de la suplicación y el alcance del concepto de litigiosidad masiva se declara que la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social no era susceptible de recurso de suplicación ni por la materia, ni por la cuantía, ni por el cauce de la litigiosidad masiva.
Resumen: La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en la demanda presentada por UGT promoviendo conflicto colectivo contra la empresa PROSEGUR aprecia su falta de competencia ya que el personal afectado por el referido conflicto presta servicios en todo el territorio nacional y no solo en la Comunidad Autónoma de Cataluña lo que hace que sea la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional el órgano competente para conocer de la demanda planteada.
Resumen: RCUD. La cuestión objeto de controversia reside en determinar si el orden social es competente para conocer de una demanda en la que se pedía la fijeza de la relación laboral por fraude en la contratación al encadenarse sucesivos contratos temporales de carácter administrativo cuando en realidad se estaba encubriendo una relación laboral. La sentencia de instancia desestimó la excepción de incompetencia de jurisdicción, estimó la demanda y declaró la relación laboral fija. Recurrida en suplicación, el Tribunal Superior apreció incompetencia del orden social por entender competente la jurisdicción contencioso administrativa. Interpuesto recurso de casación para unificación de doctrina, la Sala reitera sus pronunciamientos anteriores en el sentido de que el orden social es competente cuando se aprecia una grave irregularidad en la contratación administrativa de modo que a través de normas administrativas se eluden disposiciones laborales y se enmascara u oculta la verdadera naturaleza del vínculo contractual. Caso distinto al de la STS 49/2024, de 11 de enero (rcud. 1673/2022) donde lo único que se denunciaba era la duración excesivamente larga de la relación de interinidad a la luz de la normativa comunitaria en cuyo caso al no quedar alterada la naturaleza del contrato, el orden competente era el contencioso administrativo. Estima el recurso y declara la firmeza de la sentencia de instancia. Reitera doctrina.
Resumen: La STSJ declaró la incompetencia del orden jurisdiccional social . El actor ha suscrito una serie de contratos administrativos temporales "por necesidades de Personal Docente", conforme al art. 88.c) Estatuto del Personal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra. Esta cuestión ya ha sido objeto de numerosos pronunciamientos por parte de esta Sala IV, SSTS 278/2025, de 2 de abril (rcud. 2453/2024), entre otras. En atencion a dicha doctrina se casa y anula la sentencia recurrida, declarando la competencia del orden social, puesto que el criterio diferenciador se halla en la normativa reguladora de la relación, y no en la naturaleza del servicio prestado y, en este caso, se discute el carácter fraudulento de la contratación, lo que implica que la jurisdicción competente es la social.
Resumen: La cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en determinar si basta que concurran los requisitos recogidos en el artículo 38.3 del Real Decreto 35/2023, de 24 de enero, por el que se aprueba la revisión de los planes hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y de la parte española de las demarcaciones hidrográficas, del Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro (PH Tajo) para autorizar alguna de las actividades permitidas por el precepto o si ello por sí solo es insuficiente, debiendo ponderarse además el impacto que tales actividades puedan suponer para la protección del dominio público hidráulico.
