• Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Social
  • Municipio: Santander
  • Ponente: RUBEN LOPEZ-TAMES IGLESIAS
  • Nº Recurso: 235/2021
  • Fecha: 06/05/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: En la presente demanda, las diez trabajadoras de la plantilla impugnan la suspensión de los contratos de trabajo por fuerza mayor, decidida al amparo del artículo 22 del Real Decreto-Ley 8/2020. Según el recurso, impugna cada una su propia suspensión, y por dicha razón, como la autorización de la suspensión se entendió concedida por silencio administrativo, también se demandó a la Dirección General de Trabajo del Gobierno de Cantabria. Según el recurso, el hecho de que se hayan hecho todas las impugnaciones individuales en una única demanda no es óbice para concluir que la competencia corresponde a la jurisdicción social. Es decir, que las trabajadoras "colectivicen" su acción en el sentido de demandar todos en una única demanda no supone que estén impugnando la suspensión colectiva, sino que están impugnando todas en una única demanda su suspensión individual. Aunque las demandantes no han acudido a la vía del de Conflicto Colectivo conforme a los arts. 6 Real Decreto ley 16/2020, de 28 de abril, ya que no están legitimadas sino que ejercitan la acción individual/plural de impugnación, la colectivizan al mismo tiempo acumulando en la misma demanda las impugnaciones de todos los trabajadores de la plantilla. Pero, como matiza la Sala, la suspensión es colectiva y la empresa está en concurso, de manera que le es aplicable el artículo 53.2 TRLC, de conformidad con el anterior art. 8 de la Ley Concursal, y la competencia no es del orden social sino del juez delo mercantil.
  • Tipo Órgano: Audiencia Provincial
  • Municipio: Oviedo
  • Ponente: FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ LUENGOS
  • Nº Recurso: 116/2021
  • Fecha: 05/05/2021
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: Se confirma la resolución dictada en la instancia por la que se acuerda la inhibición en favor de los juzgados de Madrid Recuerda la Sala que la competencia territorial en orden a la instrucción de las causas y para el conocimiento y fallo de las mismas, viene determinada preferentemente por el del lugar de la comisión del delito, siendo reiterada la jurisprudencia que proclama que, por norma general, el delito se comete en el lugar donde se consuma, donde se alcanza el objeto amenazado y que en este caso es Madrid, también ya que es a donde la perjudicada ha trasferido el dinero y donde los denunciados lo han incorporado a su patrimonio, logrando el desplazamiento patrimonial, siendo indiferente que la denunciante resida en Asturias o que los envíos del dinero se hayan hecho desde Asturias, en tanto que no resulta relevante para configurar los elementos del tipo. Por lo tanto, dicha decisión se estima ajustada a Derecho, y ello sin perjuicio, claro está, de lo que proceda acordar en virtud de lo previsto en l
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: WENCESLAO FRANCISCO OLEA GODOY
  • Nº Recurso: 286/2019
  • Fecha: 05/05/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala reitera, transcribiendo su sentencia de 27 de julio de 2020 (rec. 268/2018) su competencia para conocer de la impugnación de disposiciones reglamentarias -como ésta- dictadas por el Gobierno del Estado en sustitución de las instituciones de Cataluña, al amparo de lo autorizado por el Senado conforme al art. 155 CE. Tras ello, examina la pretensión de la recurrente de declararse la nulidad del Real Decreto 210/2018, de 6 de abril, por el que se aprueba el Programa de Prevención y Gestión de Residuos y Recursos de Cataluña "PRECAT20", o, subsidiariamente, las letras c) y d) de su artículo 6.3.5 y los objetivos 4b.9, 5b.2 y 6b.24, 6b.25 y 6b.26 del PRECAT20. Para ello, transcribe nuevamente lo dicho en la referida sentencia 1120/20 y concluye declarando la nulidad de pleno derecho del art. 6.3º.5ª.c) y d) del Real Decreto y los objetivos que se contienen en el PRECAT20, apartados 4b-9, 5b-2, 6b-24, 25 y 26, pues argumenta que las disposiciones impugnadas fijaban objetivos que excedían de los fijados para el conjunto del Estado, sin que estuviera autorizado ex art.31.3º de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados, pues el Consejo de Ministros actuaba potestades autonómicas. Sin embargo, y siempre de acuerdo con lo resuelto en aquella sentencia, rechaza la nulidad del Real Decreto por las aducidas omisión de un segundo trámite de información pública, arbitrariedad y no respetar el contenido mínimo de estos Planes autonómicos.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: EDUARDO DE PORRES ORTIZ DE URBINA
  • Nº Recurso: 10775/2020
  • Fecha: 05/05/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Deben únicamente excluirse: 1°) Los hechos que ya estuviesen sentenciados cuando se inicia el período de acumulación contemplado, es decir, cuando se comete el delito enjuiciado en la sentencia que determina la acumulación. 2°) Los hechos posteriores a la sentencia que determina la acumulación. Ello porque ni unos ni otros podrían haber sido enjuiciados en el mismo proceso. Una vez observadas las reglas anteriores, toda la mecánica o la metodología de acumulación debe ir orientada a obtener la combinación que más favorezca al reo, en el sentido de obtener una acumulación punitiva que le lleve a reducir en la mayor medida posible el remanente punitivo que tenga que cumplir. De modo que aunque, lógicamente y con el fin de facilitar la labor acumulativa, se comience el cálculo por la sentencia más antigua en el tiempo y ello nos lleve a ir formando distintos bloques, esa primera labor debe ser complementada con los ajustes necesarios para ir comprobando que los intercambios de sentencias incluibles en distintos bloques permitan llegar a un resultado punitivo que sea el más favorable para el reo.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL
  • Nº Recurso: 1634/2019
  • Fecha: 05/05/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Por auto del Juzgado, confirmado por la sala de suplicación se declaró la incompetencia de la jurisdicción social para conocer de una demanda de tutela de derechos fundamentales planteada por un funcionario del Cuerpo Nacional de Policía en la cual denuncia el incumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales, así como al honor y la propia imagen, solicitando el fin de la conducta y la reparación de daños materiales y morales. En el recurso de casación unificadora el actor insiste en la competencia de esta jurisdicción. Se estima el recurso y se declara la competencia del orden jurisdiccional social. Desde la sentencia de 14 de octubre de 2014 (RD 265/2013) la Sala viene manteniendo que en materia de prevención de riesgos laborales la competencia del orden social es plena, tanto si la acción se encauza a través de un proceso ordinario, como si se hace a través de la modalidad procesal de tutela. En este caso se reclaman daños materiales y morales derivados del acoso laboral con infracción de la normativa de prevención de riesgos laborales. Es de aplicación lo dispuesto en el art. 2-e) de la LRJS.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: RICARDO BODAS MARTIN
  • Nº Recurso: 39/2020
  • Fecha: 05/05/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala IV confirma la sentencia del TSJ que estima la excepción de incompetencia de jurisdicción invocada por la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, en el procedimiento de conflicto colectivo seguido a instancia del Sindicato Confederación General del Trabajo contra dicha demandada y los sindicatos relacionados. Declara, siguiendo la interpretación de los arts 1, 2.1 a) y 3.e LRJS examinados reiteradamente por la doctrina de la Sala IV, que la competencia para el conocimiento del litigio corresponde al orden jurisdiccional contencioso-administrativo, a tenor con lo dispuesto en el art. 3.e LRJS, toda vez que dicho precepto excluye del conocimiento de la jurisdicción social, los litigios relacionados con los pactos o acuerdos concertados por las Administraciones públicas con arreglo a lo previsto en el Estatuto Básico del Empleado Público, que sean de aplicación al personal funcionario o estatutario de los servicios de salud, ya sea de manera exclusiva o conjunta con el personal laboral. La aprobación de los calendarios en los distintos centros docentes de la Consejería de Educación tiene su base en el Acuerdo de 21 de mayo de 2019, adoptado por la Comisión de Seguimiento del Acuerdo Marco de 29 de octubre de 2015 cuyo ámbito personal afecta a todos los empleados públicos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León sea cual sea la naturaleza de su relación jurídica laboral, estatutaria o funcionarial.
  • Tipo Órgano: Juzgado de lo Mercantil
  • Municipio: Murcia
  • Ponente: MARIA DOLORES DE LAS HERAS GARCIA
  • Nº Recurso: 563/2019
  • Fecha: 04/05/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La cuestión que estudia la sentencia es si en la exoneración del pasivo insatisfecho ha de estar contemplado o no el crédito público. La sentencia parte de la interpretación de la ley concursal que hizo la STS de 2 de julio de 2019; por lo tanto, en principio los créditos públicos sí estarían comprendidos en los que pueden ser objeto de exoneración o fraccionamiento. Más concretamente en el supuesto de exoneración provisional o plan de pagos. El juez deberá de oír a las partes y decidir sobre el contenido de ese plan de pagos, en atención a las concretas circunstancias. Postura que es la que mejor se acomoda a los principios del Derecho de la Unión para facilitar el mecanismo de la segunda oportunidad y acuerdos de reestructuración preventiva. Sin embargo, esta doctrina parece contradecirse en el Texto Refundido de la ley concursal, que excedería el texto de la ley que refunde ( respecto a la exoneración directa). La sentencia considera que se trata de una manifestación ultra vires del Texto Refundido que permite directamente (doctrina de la Sala 3ª TS) no aplicarlo y seguir la interpretación que de la norma hizo la sentencia de la Sala 1ª del Supremo.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JOSE MARIA DEL RIEGO VALLEDOR
  • Nº Recurso: 3333/2020
  • Fecha: 04/05/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Recurso de casación contra sentencia que anula resolución sancionadora en materia de defensa de la competencia. Desestimación. No ha existido en realidad controversia sobre la interpretación que debe darse a los artículos 1.3 de la Ley de Defensa de la Competencia y 101.3 TFUE, ni sobre la jurisprudencia que los interpreta y aplica. Más bien al contrario, la sentencia recurrida en casación hace diversas referencias a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Supremo en relación con tales preceptos, sin que los recurrentes en casación hayan manifestado discrepancias con las nociones y categorías jurídicas a que se refiere la sentencia. Donde las recurrentes discrepan de la sentencia recurrida es en la valoración que en ella se hace de los datos y elementos de prueba disponibles, y, en definitiva, en la delimitación de las circunstancias fácticas concurrentes en el caso concreto que se examina, quedando las cuestiones de hecho excluidas del recurso de casación.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: EDUARDO CALVO ROJAS
  • Nº Recurso: 3067/2020
  • Fecha: 04/05/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Sanción por emisiones radioeléctricas no autorizadas. Desestimación. El artículo 40.4 de la Ley 7/2010, General de la Comunicación Audiovisual, no permite prescindir de la obligada obtención del correspondiente título habilitante para el uso del dominio público radioeléctrico que impone con carácter general la Ley General de Telecomunicaciones. El hecho de que el artículo 40.4 Ley 7/2010 contemple la posibilidad de la emisión del servicio público de comunicación audiovisual por ondas hertzianas terrestres de una Comunidad o Ciudad Autónoma en otra limítrofe y con afinidades lingüísticas y culturales, siempre que así lo acuerden mediante convenio y exista reciprocidad, no excluye que, en tanto que ello comporta el uso del dominio público radioeléctrico, aquella emisión requiera el otorgamiento del título habilitante que para el uso de tal dominio público exige el artículo 62 de la Ley 9/2014.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Social
  • Municipio: Palma de Mallorca
  • Ponente: VICTOR MANUEL CASALEIRO RIOS
  • Nº Recurso: 427/2020
  • Fecha: 30/04/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Es objeto del recurso de Suplicación el Auto dictado por el Juzgado de lo Social para conocer de la demanda de despido formulada por la demandante frente al Consulado de la Embajada de EEUU en Mallorca, la juzgado de instancia planteo de oficio, al ser una cuestión de orden público, la incompetencia de los tribunales españoles para conocer de la demanda de despido. Consta comunicación de la Agencia Consular de EEUU al Ministerio de Asuntos Exteriores invocando el art 10.2 de la LO 16/2015 "que el proceso menoscaba sus intereses de seguridad". Se interpone recurso de Suplicación por la representante de la trabajadora alegando en primer lugar la nulidad de las actuaciones al haber desaparecido de los Autos el citado documento. El motivo es desestimado puesto que en ningún caso se le causó indefensión dado que de la citada comunicación en su día se le dio traslado al igual que al Ministerio Fiscal pudiendo hacer alegaciones. Y en cuanto al fondo entiende que tal alegación " menoscabo de los intereses de seguridad" teniendo conocimiento del mismo y que fue remitido por conducto diplomático no es necesario que se alegue como excepción en el proceso y que es suficiente la alegación para estimar la incompetencia.

Parece que no tiene configurado el plugin para ver el pdf embebido... puede descargar la resolución aquí.