Resumen: La cuestión planteada se centra en determinar los efectos temporales de la sentencia del Tribunal Constitucional 164/2016, de 3 de octubre de 2016, (BOE 16/11/2016), que anuló por inconstitucional los apartados 1 y 2 de la Disposición Adicional primera de la Ley 4/2010, de la Comunidad de Madrid, que imponían la reducción salarial del 5% de todos los conceptos retributivos al personal laboral no directivo de las sociedades mercantiles autonómicas. Particularmente, si cabe aplicar dicha nulidad con efectos retroactivos desde que se impuso la medida por la empresa o si la sentencia solo surte sus efectos una vez publicada en el BOE. La Sala IV, con voto particular, no entra a conocer del fondo de la cuestión, por falta de contradicción entre las sentencias comparadas, al no concurrir la identidad de hechos y pretensiones. En la sentencia recurrida no se produce ninguna reclamación ni extrajudicial ni judicial a partir del momento de la entrada en vigor de la norma autonómica (luego declarada inconstitucional) por virtud de la cual pudiere considerarse interrumpido el plazo de prescripción o reclamadas unas diferencias retributivas que, al cabo, son consideradas ilícitas. Sin embargo, en el supuesto examinado en la sentencia referencial existe una reclamación colectiva oportunamente judicializada mediante la formulación de un conflicto colectivo en el año 2011 y a raíz precisamente de la entrada en vigor de la Ley autonómica,
Resumen: La sentencia de instancia estima parcialmente y la Sala confirma, tras rechazar la revisión de los hechos por intrascendentes, razonando que el juez a quo ha entendido que, dados los padecimientos derivados de enfermedad común, que el difunto trabajador presentaba en el momento del fallecimiento, concretados en EPOC Severa de tipo enfisema, miocardiopatía dilatada grave, disfunción ventricular severa y neumonía lobar bilateral e intenso edema pulmonar, los mismos tenían muy superior incidencia en su óbito, que la asbestosis que padecía, que no había sido diagnosticada en momento alguno y que sólo se pudo encontrar tras la realización de autopsia por el Servicio de Anatomía Patológica del Hospital Arquitecto Marcide de Ferrol y el estudio de fibras de asbesto de ambos pulmones, realizado en el Servicio de Neumología del Hospital Vall de Hebrón de Barcelona, lo que determina que no pueda apreciarse, a criterio de la Sala, que el juzgador ha errado, al fijar el porcentaje imputable a la asbestosis en el fallecimiento del trabajador, en un 10%, ni tampoco que haya incurrido en arbitrariedad, ya que justifica debidamente por qué fija el porcentaje en el 10%, procediendo, en consecuencia, desestimar el recurso y confirmar la resolución recurrida.
Resumen: La sentencia desestima y la Sala revoca, tras admitir la revisión de los hechos, para precisar la fecha de inicio del procedimiento de determinación de contingencia, razonando que es posible concluir, a la vista de tales hechos, que la contingencia de los sucesivos procesos de IT que obran en los hechos probados tras el alta de 12 de mayo de 2017 derivan de accidente de trabajo. Y ello, en definitiva, visto que existe coincidencia de diagnósticos (lumbalgia, lumbago) entre los sucesivos procesos de IT posteriores al alta de 12 de mayo de 2017 -extremo no controvertido, de hecho esos procesos se acumularon por la administración, hecho probado cuarto-; y, asimismo, proximidad temporal entre los mismos, considerándose que existe recaída en un mismo proceso cuando se produzca una nueva baja médica por la misma o similar patología dentro de los ciento ochenta días naturales siguientes a la fecha de efectos del alta médica anterior y se debe considerar accidente de trabajo la enfermedad degenerativa que padece la parte en la zona lumbar, y que se vio agravada tras el accidente de trabajo que figura en el hecho probado tercero, en tanto desde ese momento encadenó, con proximidad temporal entre los mismos, sucesivos procesos de IT por similar diagnóstico.
Resumen: La Sala desestima el recurso y confirma la sentencia de instancia, que estimó la demanda declarando el derecho de la demandante a percibir la prestación de maternidad puesto que la magistrada de instancia ha estimado que concurrían datos objetivos suficientes para entender que la actora desarrolló realmente la actividad de hostelería para la que se dio de alta en el RETA y desde su fecha, y que el negocio funcionó efectivamente, no existiendo fraude de ley.
Resumen: Formulada demanda en la que se ejercitan acciones acumuladas negatoria de servidumbre y daños, con la pretensión de condena a los demandados al derribo de obra consistente en la construcción de una nueva planta, reposición de la finca de su propiedad al estado anterior y la reparación de los daños causados, la sentencia de primer grado desestima la demanda por prescripción de la acción de responsabilidad extracontractual, al entender que el daño por el que se reclama es permanente. La sentencia de apelación, que la revoca, considera que los daños, que provienen de filtraciones, son continuados por agravarse con el paso del tiempo hasta la subsanación de los defectos que los causan, por lo que la acción no esta prescrita; que no consta acreditado que la finca de los demandados estuviese gravada con una servidumbre de luces y vistas en favor de la finca de la actora, por lo que podían construir una nueva planta, sin limitación en cuanto a las luces y vistas; que la nueva de construcción debe examinarse desde la perspectiva de la responsabilidad civil extracontractual como posible causa de los daños y que el ajuste de la construcción a la normativa urbanística no impide examinar la cuestión en el ámbito de la responsabilidad civil y concluye que las prueba acreditan la relación causal entre el daño y la acción negligente atribuida a los demandados consistente en la construcción de una terraza sobre zona antes tejada que afecta a elementos constructivos de la actora
Resumen: La sentencia analizada resuelve recurso de apelación interpuesto contra la dictada en primera instancia, que desestimó la demanda presentada por prescripción de la acción ejercitada para reclamar indemnización por daños sufridos en la estructura de una nave y en un mecanismo de sujeción de puerta propiedad de la demandante al colisionar contra ellos el camión con semirremolque asegurado por las codemandadas, en virtud del seguro de responsabilidad civil contratado para camión y semirremolque por cada una de las codemandadas. El tribunal de apelación estimó el recurso de apelación, revocó la sentencia recurrida y estimó la demandada con condena de ambas codemandadas al pago de la suma reclamada. En primer lugar, el tribunal considera el accidente como hecho de la circulación, aunque se produjera cuando el camión se encontrara en una zona destinada a la realización de tareas industriales. En segundo lugar, considera interrumpida la prescripción por reclamaciones extrajudiciales. En tercer lugar, rechaza la aplicación de cláusula limitativa de los derechos del asegurado, como cláusula sorpresiva de exclusión de cobertura. Por último, considera que del hecho de la circulación han de responder tanto la aseguradora del camión como la aseguradora del semirremolque, con responsabilidad solidaria.
Resumen: Es posible la resolución de contrato de préstamo por la vía del declarativo ordinario por incumplimiento grave del prestatario, gravedad que ha de ser valorada de acuerdo con los criterios establecidos en la LCI. No es abusiva la cláusula por la que se establece el IRPH como índice de referencia de un préstamo hipotecario a interés variable, sin que sea exigible al banco la información de los mecanismos los que se elabora tal índice, ni de la evolución del mismo en los años anteriores inmediatos. La acción de reclamación de cantidad acumulada ala acción de nulidad de la cláusula de gastos se halla sujeta al plazo de prescripción general establecido en la legislación civil catalana. La declaración de nulidad de la cláusula de gastos comporta que el tribunal haya de determinar a cuál de las partes corresponde el pago de los mismos. Los de notaría y gestoría por mitad, los del registro son de cargo del prestamista, y las copias de las escritura por quien las solicite.
Resumen: Es posible acumular en una misma demanda la acción de resolución del contrato de préstamo por incumplimiento y las de reclamación del capital, y de los intereses remuneratorios y moratorios vencidos y no satisfechos. Es posible el ejercicio de la acción de resolución contractual de un préstamo hipotecario por la vía del declarativo ordinario, sin acudir al procedimiento privilegiado de ejecución para esta clase de garantía. Procede la resolución del contrato de préstamo por incumplimiento del prestatario cuando éste incumple de manera grave sus obligaciones. Tal gravedad es de apreciar en el presente caso en el que el prestatario incumplió el pago de 730 cuotas, resultando que la deuda vencida se eleva a la cantidad de 49.590,78 €, lo que representa un 20,66% del capital concedido mediante el crédito pactado en su día. La prescripción de la deuda por intereses del préstamo, una vez realizada la liquidación por el banco y reclamado el importe total de lo debido se rige por el plazo de prescripción general de la ley catalana. Procede reducir de la reclamación formulada por el banco las cantidades que se corresponden con el exceso por la aplicación de la cláusula suelo y de gastos que se consideran abusivas.
Resumen: Los actos dictados por la Administración tributaria en ejecución de una resolución judicial que se limita a anular una liquidación tributaria por falta de motivación, sin abordar el fondo del asunto, suponen una retroacción de actuaciones -al margen de que se ordene ésta formalmente en el fallo-, formando parte del mismo procedimiento de gestión en el que tuvo su origen el acto administrativo anulado por aquélla. En función del alcance del fallo y el contenido de la sentencia anulatoria, pueden producirse diversas situaciones en la ejecución. VOTO PARTICULAR que considera que los actos dictados por la Administración tributaria en ejecución de una resolución judicial que se limita a anular una liquidación tributaria por falta de motivación, sin abordar el fondo del asunto, no suponen una retroacción de actuaciones -si no se ordena ésta formalmente en el fallo- y si se ordena forman parte del mismo procedimiento de gestión en el que tuvo su origen el acto administrativo anulado por aquélla, de manera que la Administración no ostenta en cumplimiento de lo ordenado en la sentencia una potestad propia, debiendo limitarse a observar lo mandado por los Tribunales de Justicia (artículo 117.3 CE), en relación con los artículos 103 y siguientes de la LJCA.
Resumen: Se cuestiona la nulidad de una cláusula suelo inserta en un contrato de préstamo que ha sido objeto de pacto novatorio. La sala rechaza la pretensión de nulidad por cuanto que el momento en que produjo la novación en el que la cláusula novada ya le había sido de aplicación al consumidor, atendida asimismo la propia existencia del pacto novatorio y el negocio de transacción del que es consecuencia, debe concluirse que un consumidor medio estaba perfectamente al corriente acerca de las consecuencias económicas asociadas al pacto, así como de la evolución pasada del índice, al menos en los aspectos sustanciales. Declara en primera instancia la nulidad de la cláusula que impone el pago de la totalidad de los gastos al prestatario, se plantea la prescripción de la acción de reclamación de cantidad en la que se pretende el reintegro de los pagados indebidamente. La sala hace una extensa exposición de la jurisprudencia al respecto, y entiende que la acción de reclamación de cantidad se halla prescrita porque ha transcurrido el tiempo legal desde la fecha en que los pagos han sido realizados.
