• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: CARMEN LAMELA DIAZ
  • Nº Recurso: 2177/2019
  • Fecha: 03/03/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala II solo admite la apreciación de la prescripción en el trámite de resolución de las cuestiones previas, al inicio de la vista oral y sin celebración del juicio, cuando concurren de forma diáfana los presupuestos fácticos y jurídicos de la prescripción delictiva, es decir cuando de forma clara y manifiesta no existe justificación para celebrar el juicio oral porque: a) desde el punto de vista fáctico no resulte necesaria la práctica de prueba alguna para adoptar una decisión sobre la cuestión previa planteada y b) desde el punto de vista jurídico no resulte necesario realizar una argumentación o motivación específica para rechazar en el auto preliminar la calificación jurídica sostenida por las partes acusadoras que impide la prescripción, pues en caso de ser necesario este análisis jurídico previo las partes deben tener la oportunidad de defender su calificación de forma contradictoria en el acto del juicio oral. La decisión de pronunciarse sobre uno de los aspectos relevantes del hecho objeto de acusación, que repercute en la calificación legal según se afirme o niegue su existencia, al recaer sobre un aspecto esencial del "thema decidendi", solamente puede adoptarse en sentencia tras la valoración de las pruebas practicadas en el juicio oral, por lo que constituye motivo de casación por vulneración del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva, resolver esta cuestión fáctica anticipadamente en una fase inicial del procedimiento, sin celebrar el juicio.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: DIMITRY TEODORO BERBEROFF AYUDA
  • Nº Recurso: 5236/2020
  • Fecha: 25/02/2021
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: Determinar si la tramitación de un procedimiento de regularización catastral, que conlleva la modificación del valor catastral en virtud del cual se fija la base liquidable del impuesto sobre bienes inmuebles, interrumpe o no el plazo de prescripción del Derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación de las cuotas de ese tributo. vid RCA 684/2020 y 1137/2020
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: RAFAEL FERNANDEZ VALVERDE
  • Nº Recurso: 53/2020
  • Fecha: 25/02/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: De conformidad con los principios de unidad de doctrina, igualdad y seguridad jurídica, la Sala reitera lo declarado, entre otras, en la STS de 29/10/2020 (RCA 431/2019) que desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra el Acuerdo del Consejo de Ministros que inadmitió la reclamación de indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado Legislador, consecuencia de la aplicación de una norma declarada contraria al Derecho de la Unión Europea, con sustento en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 3 de septiembre de 2014 (asunto C- 127/2012), al considerar extemporáneo el ejercicio de la acción de responsabilidad conforme al art. 67.1 de la Ley 39/2015, que señala que "[...]el derecho a reclamar prescribirá al año de su publicación [...] en el "Diario Oficial de la Unión Europea" [...] de la sentencia que declare su carácter contrario al Derecho de la Unión Europea", tal y como también se señaló en STS de 19 de febrero de 2018 (rec. 62/2017), y se reiteró en las posteriores sentencias de 21 y 22 de marzo de 2018 (rec. 2893/2016 y 125/2016). Ahora bien, en el presente caso el TS estima el recurso considerando las peculiaridades del supuesto, singularmente porque la acción de responsabilidad no ha incurrido en extemporaneidad teniendo en cuenta que lo reclamado eran los importes no devueltos al recurrente una vez solicitada la devolución de los recargos en tiempo y forma.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: RAFAEL FERNANDEZ VALVERDE
  • Nº Recurso: 139/2020
  • Fecha: 25/02/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se pronuncia sobre la cuestión relativa a la legalidad de la decisión, adoptada en el Acuerdo del Consejo de Ministros impugnado, según la cual la presentación de la reclamación patrimonial por responsabilidad patrimonial del Estado legislador (por aplicación de norma contraria al Derecho de la Unión Europea), no tuvo lugar dentro del plazo del año establecido en el actual art. 67.1, párrafo tercero, de la LPAC. Para ello, ratifica el criterio establecido por la Sala en las SSTS 1421/2020, de 29 de octubre (RCA 431/19) y 1473/2020, de 10 de noviembre de 2020 (RC 443/19), cuyo contenido esencial reproduce; criterio según el cual el dies a quo para el ejercicio de la acción es el de la fecha de la publicación de la STUE de 3/9/14, y no el de la publicación de la STS 242/18, de 19 de febrero, tanto por la claridad del art. 67.1 de la Ley 39/15, como porque la STS 242/18, de 19 de febrero no estableció ninguna "doctrina general" por la que la doctrina establecida en la STJUE de 3/9/14, se extienda, no sólo a los ciudadanos residentes en el ámbito de la UE o del Espacio Económico Europeo, sino también a los residentes de terceros países -ámbito que ya quedaba abarcado por la propia STJUE referida-, esto es, la STS 242/18, de 19 de febrero ni amplió, ni extendió ni formuló declaración alguna respecto de la doctrina contenida en la citada STJUE, así como tampoco moduló, matizó, perfiló o adaptó la doctrina allí establecida -y así se concluyó en la STS de 19/11/20, RC 6314/18-.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: RAFAEL FERNANDEZ VALVERDE
  • Nº Recurso: 54/2020
  • Fecha: 25/02/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Estima el recurso interpuesto contra el Acuerdo que inadmitió (por extemporánea) la solicitud de indemnización por responsabilidad patrimonial al Estado Legislador (por aplicación de norma contraria al Derecho de la UE), formulada por el recurrente, con sustento en la STJUE de 3/9/14 (asunto C-127/2012). Inicialmente, ratifica el criterio establecido en diversas SSTS, como la de 10/11/20, RC 443/2019, según el cual el dies a quo para el ejercicio de la acción es el de la fecha de la publicación de la STUE de 3/9/14, y no el de la publicación de la STS 242/18, de 19 de febrero, pues, en esencia, esta última ni amplió ni formuló declaración alguna respecto de la doctrina contenida en la citada STJUE -y así se concluyó p.ej. en la STS 1546/20, de 19 de noviembre, RC 6314/18-. Sin embargo, posteriormente, estima el recurso, iura novit curia, con base en otras circunstancias, respecto de las que las partes se pronunciaron, sin afectación, por tanto, del principio de contradicción, y sin indefensión alguna. Así, la sala -teniendo en cuenta la STS de 16/7/19, RC 810/19- no acepta el distinto trato dado a la solicitud (en plazo) del recurrente de rectificación de la autoliquidación con devolución de ingresos indebidos por el ISD, pues se accedió respecto de la cuota y sus intereses, mas no respecto de los recargos asimismo abonados, a los que se refería la reclamación de responsabilidad patrimonial, considerando que esa solicitud posibilitó que esta reclamación no fuera extemporánea.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ISAAC MERINO JARA
  • Nº Recurso: 1246/2018
  • Fecha: 25/02/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Conforme a lo dispuesto en el artículo 11.1.a) de la Directiva 90/434/CEE, del Consejo , de 23 de julio, relativa al régimen fiscal común aplicable a las fusiones, escisiones, escisiones parciales, aportaciones de activos y canjes de valores realizados entre sociedades de los distintos Estados miembros, y en el artículo 96 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, cuando se haya comunicado a la Administración tributaria la opción por el régimen fiscal de diferimiento, la presentación de la autoliquidación por el Impuesto sobre Sociedades de la mercantil escindida no es una condición para su aplicación, pero su no presentación, posibilita la imposición de sanciones, conforme a los artículos 178, 179 y 184.2 de Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, particularmente la prevista en el artículo 191 de la misma Ley, cuando la Administración tributaria no aprecie motivos económicos válidos en la operación de reestructuración empresarial.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: PABLO LLARENA CONDE
  • Nº Recurso: 1951/2019
  • Fecha: 24/02/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Nada indican los documentos sobre la simulación o realidad de la venta, ni sobre la intencionalidad que estaba detrás de la supuesta transmisión. El artículo 136 del Código Penal exige para la cancelación de los antecedentes derivados de delitos que hayan sido sancionados con penas de hasta doce meses de prisión, que hayan transcurrido dos años desde el día siguiente a aquel en que quedara extinguida la pena, lo cual, no resulta incompatible con el supuesto enjuiciado, no solo en atención a cuando pudo haberse dado inicio a la ejecución de la pena privativa de libertad o a su periodo de suspensión, sino en consideración a la fecha en la que se pagara o prescribiera la multa a la que fue también condenado. Los testaferros o hombres de paja, es decir, aquellas personas que se prestan conscientemente a aparecer en sociedades pantallas como meros elementos instrumentales para facilitar la actuación de los verdaderos actores, deben de ser considerados también como autores del delito pues su colaboración es decisiva. Si bien es cierto que el recurrente no formaba parte del espacio subjetivo de investigación delimitado con ocasión de la admisión a trámite de la querella, debe resaltarse que a petición fundada de la Abogacía del Estado que el instructor hizo suyas, se dictó providencia ampliando el ámbito personal de responsabilidad y llamándose a declarar al recurrente en calidad de investigado, momento en el que no había culminado el tiempo extintivo que el Código Penal contempla.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: CARMEN LAMELA DIAZ
  • Nº Recurso: 4602/2019
  • Fecha: 24/02/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El delito de fraude de subvenciones patentiza el interés del legislador por proteger la Hacienda Pública, no sólo desde la perspectiva de los ingresos vía delito fiscal sino también desde la vertiente de los gastos públicos. Entre las garantías que incluye el principio acusatorio se encuentra la de que nadie puede ser condenado por cosa distinta de la que se le ha acusado y de la que, por lo tanto, haya podido defenderse, habiendo precisado a este respecto que por "cosa" no puede entenderse únicamente un concreto devenir de acontecimientos, un factum, sino también la perspectiva jurídica que delimita de un cierto modo ese devenir y selecciona algunos de sus rasgos, pues el debate contradictorio recae no sólo sobre los hechos, sino también sobre su calificación jurídica. La atenuante de dilaciones indebidas ha de acogerse (más como resumen empírico que como norma de seguimiento) atendiendo al dato concreto de que el plazo de duración total del proceso se extendiera durante más de cinco años, plazo que de por sí se consideraba, en principio, irrazonable.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JOSE LUIS SEOANE SPIEGELBERG
  • Nº Recurso: 3135/2018
  • Fecha: 22/02/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Responsabilidad extracontractual. Prescripción de la acción. Proceso penal seguido por los mismos hechos. El plazo de un año no se inicia hasta la notificación del archivo de las diligencias penales. El día inicial para el ejercicio de la acción es aquel en que puede ejercitarse. Este principio exige que la parte que propone el ejercicio de la acción disponga de los elementos fácticos y jurídicos idóneos para fundar una situación de aptitud plena para litigar. La tramitación de un proceso penal sobre los mismos hechos retrasa el inicio del cómputo del plazo de prescripción extintiva de la acción civil, al constituir un impedimento u obstáculo legal a su ejercicio. En estos casos, el plazo de prescripción de las acciones, cuando las partes están personadas en el procedimiento, empezará a contarse el día en que pudieron ejercitarse lo que lleva a situar ese día en el momento en que la sentencia recaída o el auto de sobreseimiento o archivo, notificados correctamente, han adquirido firmeza, puesto que en ese instante se conoce el punto final de la paralización operada por la tramitación de la vía penal preferente. La circunstancia de que las actuaciones penales se hubieren dirigido contra personas indeterminadas e incluso distintas de aquella contra quien se esgrime la acción civil no puede ser obstáculo al efecto interruptivo de la prescripción. Se estima el recurso de casación y se devuelven las actuaciones para que la Audiencia se pronuncie sobre el resto de cuestiones.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: RAFAEL TOLEDANO CANTERO
  • Nº Recurso: 231/2019
  • Fecha: 22/02/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: No ha lugar al recurso interpuesto por formación política Nos Pobra contra la resolución sancionadora del Pleno del Tribunal de Cuentas, que impuso una sanción por infracción a la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos. Se acordó declarar la caducidad del procedimiento sancionador inicial, y dispuso la incoación de otro procedimiento con posterioridad y en los casos en los que sea posible la iniciación de un nuevo procedimiento por no haberse producido la prescripción, podrán incorporarse a éste los actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse producido la caducidad. El Tribunal de Cuentas concluyó que la agrupación demandante superó el limite de gasto en un 448,36% y para el TS no cabe apreciar desproporción alguna en la sanción impuesta, que es la prevista al tiempo de la comisión de la infracción, sin que, por aplicación del principio de retroactividad de la norma posterior más favorable, se produzca una sanción menos grave. Las agrupaciones de electores no se extingan con la proclamación de electos, sino que sólo se agotan cuando se extinguen los efectos del propio mandato electoral al que concurren no subsistiendo para ulteriores procesos electorales.

Parece que no tiene configurado el plugin para ver el pdf embebido... puede descargar la resolución aquí.