Resumen: Demanda de desahucio por falta de pago de cantidades asimiladas a la renta (IBI correspondiente a cuatro anualidades). La sentencia de primera instancia desestimó la demanda al entender que se trataba de una cuestión compleja que excedía del ámbito del juicio de desahucio. La audiencia revocó la sentencia y estimó la demanda, declarando resuelto el contrato de arrendamiento. recurre en casación la parte demandante y la sala desestima el recurso; declara, en primer lugar, que el impago del IBI supone motivo legítimo de la acción resolutoria del contrato de arrendamiento por impago de cantidades asimiladas a la renta; en segundo lugar, declara que, en este caso, la reclamación del IBI es previa a la reconvención formulada en otro juicio entre las partes, en cuyo caso operaría la litispendencia, pudiendo la demandada haber pagado la suma reclamada. También declara que no nos encontramos ante abuso de derecho o prohibición de ir contra los propios actos pues la reclamación del IBI no fue abordada en el anterior procedimiento entre las partes. Por último, considera que la reclamación del IBI no está prescrita, pues resulta de aplicación el plazo de 5 años del art. 1966.3 CC y, en este caso, no ha transcurrido dicho plazo. Se desestima el recurso de casación y se confirma la sentencia recurrida.
Resumen: Se estima el recurso de casación interpuesto frente a una sentencia que, sobre una reclamación de los anticipos realizados por dos cooperativistas, fijó el devengo de intereses en la fecha de la reclamación extrajudicial. La sentencia recurrida se opone a la jurisprudencia según la cual los intereses a que se refieren la Ley 57/1968 y la D. Adicional 1ª de la Ley de Ordenación de la Edificación se devengan desde la fecha de cada anticipo, dado que se trata de intereses remuneratorios y no moratorios. No es aplicable la doctrina del retraso desleal. Los demandantes, junto con otros cooperativistas, habían obtenido en un proceso anterior la declaración de responsabilidad de los bancos depositarios de las anticipos. Tanto la demanda en ejercicio de la acción merodeclarativa, como la de este litigio, 5 años más tarde, se formularon contra las entidades bancarias receptoras de las cantidades, que no exigieron las garantías legales, antes de que la acción prescribiera. Aplicación de la doctrina de la STS 491/2022: el que se ejercitara tan solo una acción merodeclarativa contra la cooperativa y los bancos receptores no acarrea las consecuencias establecidas en la sentencia, al existir un interés legítimo ante la situación de incertidumbre y falta de garantías de que pudieran obtener de la cooperativa el reintegro de sus aportaciones.
Resumen: Se recurre por el trabajador la sentencia de instancia que habiendo estimado parcialmente la demanda declara que la extinción de la relación laboral debe de calificarse como despido improcedente , desestimado la declaración de nulidad . La Sala desestima el recurso interpuesto por el trabajador y confirma la sentencia recurrida. En primer lugar analiza los requisitos que tanto por la doctrina como por la jurisprudencia se vienen exigiendo para apreciar la existencia de acoso laboral diferenciándolo de las situaciones de conflicto que se pueden presentar en el trabajo. Para concluir que el trabajador no ha venido sufriendo actos de hostigamiento , persecución o violencia sicológica, sin que exista un nexo causal entre la ansiedad causante de la Incapacidad Temporal y la situación laboral. En cuanto a la garantía de indemnidad, también se desestima pues el trabajador no ha aportado indicio alguno para que opere la inversión en la carga de la prueba y que la extinción de la relación laboral sea una represalia.
Resumen: La Sala desestima el recurso y confirma la sentencia de instancia que estimó la demanda de reclamación de reintegro de gastos médicos o farmacéuticos, pues el paciente tiene derecho en determinados supuestos al reembolso del precio del medicamento a cuya adquisición ha hecho frente, sin perjuicio de la aportación que a él le pueda corresponder en la financiación, si queda acreditado que debió ser prescrito y dispensado dentro de la prestación farmacéutica de la Seguridad Social y no lo fue por causa imputable a la Administración sanitaria.
Resumen: RCO de Servicios Socio Sanitarios Generales, SL (transporte sanitario). Conflicto colectivo. Dos temas: 1º Si los demandantes (CGT y UGT) debieron acudir a la Comisión Paritaria del convenio colectivo aplicable antes de la promoción del conflicto colectivo; No era exigible someter el litigio a la comisión paritaria del convenio, porque su resolución no exige necesariamente la interpretación o aplicación del convenio. 2º Si la empresa está obligada o no al lavado y desinfección de la ropa de trabajo de los trabajadores, así como a adoptar las medidas necesarias para que, al salir de la zona de trabajo puedan quitarse la ropa de trabajo y los equipos de protección personal, depositándoles en los contenedores destinados a esta finalidad, sin que sean llevados a su domicilio. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES: interpretación del art. 7.1 d), 3 y 4 del Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo obliga a la empresa a la limpieza y desinfección de la ropa de trabajo, así como a establecer un procedimiento para que, al salir del trabajo, los trabajadores puedan dejar las prendas utilizadas sin mezclarlas con su ropa de calle.
Resumen: INCAPACIDAD TEMPORAL: infracotización. En este recurso las cuestiones a resolver son dos: a. Si los efectos económicos de la revisión de la prestación de incapacidad temporal, reconocida previamente por otro importe, deben retrotraerse a los tres meses anteriores a la solicitud de revisión, o se deben retrotraer a la fecha del reconocimiento de la prestación. y b. Si cabe alegar que, los efectos económicos deben retrotraerse a los tres meses anteriores a la solicitud, cuando no se alegó dicho extremo, ni en la resolución inicial de la Entidad Gestora, ni tampoco en la desestimación de la reclamación previa. La Sala resuelve con respecto a la primera cuestiones, cuando la solicitud de revisión de prestaciones reconocidas previamente se haya presentado después del 1 de enero de 2007, y por tanto es de aplicación el artículo 43.1 de la Ley General de la Seguridad Social, en redacción dada por la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, sus efectos económicos se retrotraen necesariamente a los tres meses anteriores a la solicitud. El segundo es desestimado por falta de contradicción.
Resumen: La sección de Admisión considera que el escrito de preparación cumple con las exigencias del artículo 89. 2 LJCA, habiéndose realizado el imprescindible esfuerzo argumental, con singular referencia al caso, en relación a la concurrencia del interés casacional objetivo enunciado en los supuestos invocados en el escrito de preparación. Admite a trámite el recurso de casación, precisando que la cuestión sobre la que se entiende existe interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en determinar cómo debe computarse el plazo de prescripción de una sanción, impuesta con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 40/2015, cuando se ha interpuesto recurso de reposición contra la misma y la resolución de éste tiene lugar tras la entrada en vigor de dicha ley y transcurrido el plazo legal previsto para la resolución de dicho recurso. Las normas que, en principio, habrán de ser objeto de interpretación, son las siguientes: artículos 26.2 y 30.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en relación este último con el artículo 98 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Pública, así como los artículos 14 y 24 de la Constitución Española.
Resumen: la cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste en determinar si, en la reclamación del abono por la Administración de las cantidades correspondientes a los servicios prestados por los centros de educación infantil, en la determinación inicial del plazo prescriptivo, es preciso que resulte acreditada la fecha de la notificación del reconocimiento o liquidación de la respectiva obligación o si por el contrario el díes a quo se sitúa en la fecha en la que concluyó el servicio o la prestación, o en otra fecha, y si la acción emprendida por una entidad interrumpe el plazo prescriptivo para el caso de considerarse que ostenta representación institucional de los sujetos colectivos
Resumen: la cuestión planteada en el recurso que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste en determinar si, en la reclamación del abono por la Administración de las cantidades correspondientes a los servicios prestados por los centros de educación infantil, en la determinación inicial del plazo prescriptivo, es preciso que resulte acreditada la fecha de la notificación del reconocimiento o liquidación de la respectiva obligación o si por el contrario el díes a quo se sitúa en la fecha en la que concluyó el servicio o la prestación, o en otra fecha, y si la acción emprendida por una entidad interrumpe el plazo prescriptivo para el caso de considerarse que ostenta representación institucional de los sujetos colectivos.
Resumen: Reforzar, completar o matizar la jurisprudencia de esta Sala en lo concerniente al alcance de la facultad de comprobación inspectora cuando se declara la prescripción del derecho a liquidar del primero de los ejercicios que es objeto de regularización, determinando, a estos efectos, si las actuaciones de comprobación realizadas respecto de ese ejercicio que se declara prescrito pueden servir de base para regularizar los efectos que se producen en ejercicios no prescritos. Vid. RCA/8006/2021
