Resumen: Para resolver la cuestión suscitada, el TS señala la necesidad de precisar nítidamente la diferencia entre los conceptos de resolución definitiva en vía administrativa y de resolución firme, pues concurriendo en el caso examinado solo el primero, se ha de reformular la cuestión en el sentido de si puede la Administración declarar tal caducidad en el curso de la ejecución de una resolución firme que ordena el restablecimiento de la legalidad, este título, lejos de ser firme, estaba jurisdiccionalmente impugnado en un proceso en el que, precisamente, se le reprochaba su caducidad. La doctrina que se fija declara que la Administración, en ejecución de una resolución que acuerda el restablecimiento de la legalidad, resolución que tiene carácter definitivo, pero no firme por estar jurisdiccionalmente impugnada, puede dar satisfacción extraprocesal a una pretensión de declaración de caducidad de la misma ejercitada en el proceso, en tanto este proceso se encuentra pendiente y aunque dicha resolución se encuentre en fase de ejecución. Se confirma así la resolución administrativa objeto de impugnación jurisdiccional porque la Administración se ha limitado a reconocer una pretensión de caducidad jurisdiccionalmente articulada frente a la misma, dándole así satisfacción extraprocesal antes de que dicho proceso jurisdiccional concluyera.
Resumen: La Sala estima el recurso y el contencioso- administrativo. Atendiendo al cómputo del término inicial del plazo y la fecha de publicación de la sentencia que declaró la inconstitucionalidad de la norma foral, ha de entenderse que la reclamación recurrente cumple también el requisito temporal establecido en el referido art. 34.1, párrafo segundo, por lo que procede estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra el acuerdo del Consejo de Gobierno Foral de la Diputación Foral de Guipúzcoa de 3 de octubre de 2017 [de 5 de septiembre de 2017 en este recurso 1750/2019] que desestimó reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado Legislador por la anulación del art. 30.2 de la Norma Foral 10/2006, de 29 de diciembre por sentencia del Tribunal Constitucional 203/2016 de 1 de diciembre, que se anula por ser contrario al ordenamiento jurídico, y declarar el derecho del recurrente a la indemnización, en tal concepto de responsabilidad patrimonial del Estado legislador.
Resumen: La Sala desestima el recurso. La similitud que se pretende por la Diputación recurrente entre el artículo 32.4 de la LSP ---requiriendo haber obtenido, previamente, una "sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño"-- no resulta de aplicación a los supuestos de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas, derivada de la anulación de una norma reglamentaria (prevista en el artículo 67), debiendo insistirse en que lo determinante de la responsabilidad patrimonial prevista en el artículo 67.1, párrafo segundo, es la anulación de un acto o disposición de carácter general; y nada más. Por ello, si el recurrente ha formulado una acción de nulidad frente a la Administración tributaria y todavía pende ---en relación con la desestimación de la misma--- un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, no puede iniciarse el cómputo correspondiente a la exigencia de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas hasta la conclusión y resolución del citado recurso de casación, pues la finalidad de este es comprobar la legalidad de la doctrina establecida por la sentencia de instancia ---en los términos expresados--- y en la que, a través de la acción de nulidad (revisión de oficio), se comprobaba, a su vez, la legalidad de la liquidación en su día practicada; liquidación que se fundaba en una norma foral sobre cuya legalidad podían existir dudas, como luego se confirmaría.
Resumen: Se confirma la sentencia de instancia que desestimó la demanda de tutela de derechos fundamentales, en que se solicitaba se declarara vulnerado el derecho a la libertad sindical y negociación colectiva, al quedar excluido el sindicato -que no obtuvo tras las elecciones sindicales representación en ADIF Alta Velocidad, y tan solo el 7,80 % de representantes en ADIF-, de las comisiones y mesas emanadas del I Convenio Colectivo de ADIF y ADIF Alta Velocidad, incluida la comisión paritaria, apreciando la sentencia de instancia la excepción de prescripción por haber transcurrido más de 1 año desde que se constituyeron la comisión negociadora y el resto de comisiones. Argumenta la sentencia que conforme al art. 179.2 LRJS, la demanda deberá interponerse dentro del plazo general de prescripción o caducidad de la acción previsto para las conductas o actos sobre los que se concrete la lesión del derecho fundamental, sin que el hecho de que los derechos fundamentales sean imprescriptibles, pueda conllevar que no pueda operar la prescripción, siendo la regla general del plazo de prescripción el de 1 año del art. 59 ET, cuyo dies a quo debe fijarse en el día en que la acción pudo ejercitarse, no siendo imprescriptibles los actos anulables sino sólo los nulos.
Resumen: Se discute sobre la proyección temporal de la STC 164/2016, de 3 de octubre que declara inconstitucionales los apartados 1 y 2 de la Disp. Adic. 1ª de la Ley 4/2010, de la CAM, de medidas urgentes por la que se modifica la Ley 9/2009, de 23 de diciembre de Presupuestos Generales de dicha Comunidad, y que imponía una reducción salarial del 5% al personal laboral no directivo de las sociedades mercantiles autonómicas. Se debe decidir si cabe aplicar dicha nulidad con efectos retroactivos desde que se aplicó la medida por la empresa o si la sentencia solo surte sus efectos una vez publicada en el BOE. La virtualidad temporal de la sentencia del TC es lo que se debate en el recurso de casación. La sentencia de contraste del TS 3-11-2016 (rc 48/13), una vez resuelta la cuestión de inconstitucionalidad, acogió la demanda de conflicto colectivo y condenó a la empresa al reintegro a los trabajadores de las cantidades detraídas desde el mes de julio de 2010, como consecuencia de la aplicación de aquella reducción salarial del 5% sin haberla negociado previamente. No concurre la contradicción entre las sentencias comparadas a pesar de las similitudes y una posible contradicción doctrinal, y ello porque la recurrida resuelve una reclamación individual presentada solo tras dictarse la STC cuyos efectos se discuten. La referencial aborda un conflicto colectivo no solo anterior a la citada STC sino que, precisamente propicia que se dicte la misma. La sentencia cuenta con Voto Particular.
Resumen: El artículo 874 LECRIM exige una exposición ordenada, individualizada, concisa y clara de los motivos del recurso, lo que desde luego conlleva la prohibición de que se aleguen de forma conjunta, amalgamada y genérica las infracciones imputadas a la sentencia. La sentencia debe anularse cuando se aprecie en el relato fáctico una insuficiencia descriptiva que lo haga incomprensible o difícilmente inteligible, bien por una omisión total de versión fáctica, bien por omisiones parciales que impidan su comprensión o también por el empleo de frases ininteligibles o dubitativas que impiden saber lo que el tribunal declara efectivamente probado. El principio in dubio pro reo solo entra en juego cuando el Tribunal albergue duda respecto de la responsabilidad del acusado, sin que pueda revisarse en casación, salvo en aquellos supuestos en los que el Tribunal haya planteado o reconocido la existencia de dudas en la valoración de la prueba sobre los hechos y las haya resuelto en contra del acusado. En lo tocante a la declaración de la víctima, la jurisprudencia de este Tribunal y la doctrina del Tribunal Constitucional, entienden que puede ser considerada prueba de cargo suficiente para enervar la presunción de inocencia, incluso aunque fuese la única prueba disponible, lo que es frecuente que suceda en casos de delitos contra la libertad sexual, porque al producirse generalmente con absoluta clandestinidad, se dificulta la concurrencia de otra prueba diferenciada
Resumen: El Consejo de Ministros impuso a la empresa demandante sanción administrativa de 147971,93 € por la comisión de 2 infracciones, una grave y otra muy grave, por falta de ingreso en tiempo y forma las cuotas a la seguridad social y por falta de ingreso de las cuotas y de aportación de la documentación preceptiva. La Sala IV examina la alegada incompetencia de jurisdicción por razón de la materia para concluir, ratificando el criterio fijado en TS 20-11-18 (R. 2/18), entre otras, según el cual no se impugna una resolución administrativa recaída en procedimiento de liquidación de cuotas, sino en procedimiento sancionador, por lo que no es un supuesto del art. 3 f) sino del art. 2 de la LRJS, por lo que es competente el orden social. Se descarta la alegada prescripción de las infracciones, por resultar de aplicación el plazo de 9 meses del art. 21.4 de la LOITSS. Se rechaza que el impago se debiera a causas de fuerza mayor, pues no acredita la empresa que en el momento de levantarse acta de infracción se encontrara en situación de concurso y consta que el acuerdo de aplazamiento de pago de las cuotas fue revocado por causas imputables a la actora. Se desestima la alegación de inexistencia de ánimo defraudatorio y la aplicación del principio de presunción de inocencia, al ser éste último inaplicable en las infracciones administrativas y haberse acreditado la conducta infractora tipificada en la LISOS. Se declara correctamente graduada la sanción impuesta. Se desestima la demanda.
Resumen: La cuestión planteada se centra en determinar los efectos temporales de la sentencia del Tribunal Constitucional 164/2016, de 3 de octubre de 2016, (BOE 16/11/2016), que anuló por inconstitucional los apartados 1 y 2 de la Disposición Adicional primera de la Ley 4/2010, de la Comunidad de Madrid, que imponían la reducción salarial del 5% de todos los conceptos retributivos al personal laboral no directivo de las sociedades mercantiles autonómicas. Particularmente, si cabe aplicar dicha nulidad con efectos retroactivos desde que se impuso la medida por la empresa o si la sentencia solo surte sus efectos una vez publicada en el BOE. La Sala IV, con voto particular, no entra a conocer del fondo de la cuestión, por falta de contradicción entre las sentencias comparadas, al no concurrir la identidad de hechos y pretensiones. En la sentencia recurrida no se produce ninguna reclamación ni extrajudicial ni judicial a partir del momento de la entrada en vigor de la norma autonómica (luego declarada inconstitucional) por virtud de la cual pudiere considerarse interrumpido el plazo de prescripción o reclamadas unas diferencias retributivas que, al cabo, son consideradas ilícitas. Sin embargo, en el supuesto examinado en la sentencia referencial existe una reclamación colectiva oportunamente judicializada mediante la formulación de un conflicto colectivo en el año 2011 y a raíz precisamente de la entrada en vigor de la Ley autonómica,
Resumen: Formulada demanda en la que se ejercitan acciones acumuladas negatoria de servidumbre y daños, con la pretensión de condena a los demandados al derribo de obra consistente en la construcción de una nueva planta, reposición de la finca de su propiedad al estado anterior y la reparación de los daños causados, la sentencia de primer grado desestima la demanda por prescripción de la acción de responsabilidad extracontractual, al entender que el daño por el que se reclama es permanente. La sentencia de apelación, que la revoca, considera que los daños, que provienen de filtraciones, son continuados por agravarse con el paso del tiempo hasta la subsanación de los defectos que los causan, por lo que la acción no esta prescrita; que no consta acreditado que la finca de los demandados estuviese gravada con una servidumbre de luces y vistas en favor de la finca de la actora, por lo que podían construir una nueva planta, sin limitación en cuanto a las luces y vistas; que la nueva de construcción debe examinarse desde la perspectiva de la responsabilidad civil extracontractual como posible causa de los daños y que el ajuste de la construcción a la normativa urbanística no impide examinar la cuestión en el ámbito de la responsabilidad civil y concluye que las prueba acreditan la relación causal entre el daño y la acción negligente atribuida a los demandados consistente en la construcción de una terraza sobre zona antes tejada que afecta a elementos constructivos de la actora
Resumen: Los actos dictados por la Administración tributaria en ejecución de una resolución judicial que se limita a anular una liquidación tributaria por falta de motivación, sin abordar el fondo del asunto, suponen una retroacción de actuaciones -al margen de que se ordene ésta formalmente en el fallo-, formando parte del mismo procedimiento de gestión en el que tuvo su origen el acto administrativo anulado por aquélla. En función del alcance del fallo y el contenido de la sentencia anulatoria, pueden producirse diversas situaciones en la ejecución. VOTO PARTICULAR que considera que los actos dictados por la Administración tributaria en ejecución de una resolución judicial que se limita a anular una liquidación tributaria por falta de motivación, sin abordar el fondo del asunto, no suponen una retroacción de actuaciones -si no se ordena ésta formalmente en el fallo- y si se ordena forman parte del mismo procedimiento de gestión en el que tuvo su origen el acto administrativo anulado por aquélla, de manera que la Administración no ostenta en cumplimiento de lo ordenado en la sentencia una potestad propia, debiendo limitarse a observar lo mandado por los Tribunales de Justicia (artículo 117.3 CE), en relación con los artículos 103 y siguientes de la LJCA.
