Resumen: La argumentación que el auto recurrido ofrece para estimar el artículo de previo y especial pronunciamiento de prescripción del delito no incurre en error, irrazonabilidad o arbitrariedad ni vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva por falta de motivación, pues da respuesta razonada y bastante sobre la cuestión planteada. El plazo de prescripción del delito no se interrumpió en el momento de interposición de la denuncia, sino que solo tuvo lugar tal interrupción a partir del momento en que se dictó una resolución judicial motivada en la que se atribuía a una persona en concreto -el hoy recurrido- su presunta participación en unos hechos que podían ser constitutivos de delito. En consecuencia, cuando se incoó y dirigió el procedimiento judicial contra una persona concreta, habían transcurrido, con exceso y sin interrupción, desde el momento de comisión de los hechos, los 5 años determinados en el art. 131.1, en relación con el art. 130.1.6.º, CP, para la prescripción de los delitos que tienen señalada pena de prisión comprendida entre 1 y 6 años, como ocurre en el tipo básico del delito militar del párrafo segundo del art. 182 CPM, en relación con el art. 465.2 CP.
Resumen: La sentencia anotada, recaída en casación ordinaria, confirma el fallo combatido que declaró contraria a derecho la huelga convocada a nivel nacional el 19-12-2012 en Correos y Telégrafos por la CGT. La sentencia hace suyas las argumentaciones de la Sala de origen y declara que la huelga es ilegal porque la considera abusiva por la forma en la que se ha desarrollado, al convocarse de manera indefinida y prolongarse durante más de cinco años, durante los que la organización convocante incita a los trabajadores a secundar la huelga de forma intermitente para fines distintos de los que fue convocada, y ha causado trastornos organizativos y daños materiales a la empresa, de especial relevancia y trascendencia. Asimismo, es fraudulenta, porque el sindicato convocante ha promovido que los trabajadores y funcionarios afectados por la convocatoria eludiesen el cumplimiento de sus obligaciones derivadas del contrato de trabajo, y se tiene por acreditado que el sindicato favorece que los trabajadores la utilicen estratégicamente los sábados, vísperas de festivos, puentes, al regreso de vacaciones, tras la finalización periodos de IT.
Resumen: En el cómputo del plazo de prescripción de la potestad de la Administración para determinar la deuda tributaria, una vez devueltas las actuaciones, previamente remitidas por la Administración tributaria, por la jurisdicción penal, producido de forma ulterior un incumplimiento del plazo de duración de las actuaciones inspectoras, no se ha de tomar en consideración el periodo de tiempo en que el expediente permaneció en aquella jurisdicción (cuando se superó el plazo máximo del procedimiento inspector una vez devueltas las actuaciones) puesto que ello determina que se pierda ese efecto interruptor.
Resumen: Impuesto de Sucesiones. Comunidad Autónoma competente para liquidar el impuesto, habiéndose dictado liquidaciones tanto por la Comunidad de Cantabria como por la Comunidad de Madrid. En las concretas condiciones concurrentes en el presente caso, la sentencia firme que remite a la Administración a alguno de los procedimientos que permiten revisar una liquidación firme con la finalidad de acordar la devolución de unos ingresos tributarios, que la propia sentencia firme considera indebidos por la falta de competencia territorial del órgano liquidador, no impide a otro tribunal enjuiciar la liquidación efectuada por la administración territorialmente competente, sobre la base de interpretar, a efectos del examen y justificación argumental de la propia competencia, la realidad de lo declarado por el tribunal que revisa el acto tributario firme dictado por un órgano incompetente por razón del territorio.
Resumen: Denuncian las entidades recurrentes la infracción del art. 53 de la LGSS, en relación con el art. 60.6 del mismo texto legal. Se cuestiona si el complemento por maternidad ha prescrito, ya que entre el hecho causante de la prestación de base (posterior al 1 de enero de 2016) y la solicitud del complemento han transcurrido más de cinco años. El examen del motivo de recurso debe partir de la naturaleza que tiene el complemento de maternidad. Aunque se trata de prestación de Seguridad Social, parece claro que su régimen jurídico, esto es, tanto el nacimiento, duración, suspensión, extinción como, en su caso, actualización, es el mismo que el de la pensión a la que complementa, tal como dispone el artículo 60.6 LGSS, en la redacción previa al Real Decreto Ley 3/2021, de 2 de febrero. Esta es la normativa que consideramos aplicable al caso, dada la fecha del hecho causante de la prestación, que fue introducida por la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016. Por tanto, es clara la existencia de una conexión entre el complemento que se reclama y la pensión de jubilación sobre la que este se proyecta, en materia de reconocimiento y dinámica del derecho a su percepción. Por tanto, partiendo de la referida conexión, es obligado acudir a lo dispuesto en el artículo 212 LGSS, que regula la imprescriptibilidad del derecho al reconocimiento de la pensión de jubilación. La proclamada imprescriptibilidad afecta, a su vez, al propio complemento.
Resumen: La Sala estima el recurso, revoca la sentencia de instancia, y declara prescrita la acción, dado que la primera vez que se reclaman las aportaciones ordinarias correspondientes al periodo 1/01/2014, hasta junio 2016, fecha de la jubilación, cuya aportación al plan de pensiones integra la acción, se produjo el 30 de octubre de 2017, por lo que, desde que pudo llevarla a cabo, al momento de su jubilación en junio de 2016, hasta dicha fecha, se sobrepasó el plazo de prescripción de un año, lo que impide apreciar su interrupción, circunstancia que determina la necesaria estimación del motivo analizado y la subsiguiente apreciación de la excepción de prescripción, con desestimación de la demanda.
Resumen: La cesionaria de un crédito respaldado por tarjeta de crédito reclama el resultado de la liquidación practicada. Como ya hizo en la instancia, el demandado reproduce la excepción de prescripción tomando como referencia para fijar el día del inicio del plazo la del último movimiento, al margen de la existencia de un requerimiento de pago extrajudicial y de la fecha de la liquidación practicada. La Audiencia entiende que se trata de un contrato de tracto sucesivo. El plazo comienza a contarse desde la fecha de la última disposición (9 de marzo del 2014). La carta remitida por la demandante no interrumpe ese plazo porque no se ha acreditado su recepción. Interpuesta la demanda en junio del 2021, incluso descontando el periodo de pandemia, han transcurrido más de cinco años y, por ello, la acción está prescrita. Estima el recurso del demandado.
Resumen: La trabajadora, que obtuvo sentencia de despido improcedente, reclamó al Estado, ante la insolvencia de la empresa condenada, l importe de los que excedían el límite legal. Su solicitud fue rechazada por apreciar prescripción, al haber transcurrido entre el auto de insolvencia y la solicitud al Estado más de un año. El juzgado desestimó la demanda y la Sala estima el recurso en aplicación del período de suspensión de plazos de prescripción derivado del decreto de estado de alarma por Covid-19. También rechaza la Sala la excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa, pues al presentarse la demanda había transcurrido un mes desde la solicitud sin que la misma fuera resuelta y por tanto se tenía por agotada dicha vía previa.
Resumen: En la vivienda del demandante se vienen produciendo de forma continuada y persistente daños por filtraciones de agua y humedades provenientes de la vivienda sita en la planta baja. Prescripción: distinción entre daño permanente y daño continuado. Los desperfectos generados por capilaridad tienen la consideración de daños continuados, por lo que el día inicial para el cómputo del plazo de prescripción es, según la doctrina del Tribunal Supremo, el de la estabilización del daño y no el de su primera o inicial manifestación. En el supuesto enjuiciado ni hay posibilidad de fraccionar en etapas o hechos diferenciados la serie proseguida de daño, ni se puede dar por estabilizadas las humedades en una fecha determinada, que pudiera servir como día inicial para el cómputo del plazo de prescripción, por lo que la excepción de prescripción no debió ser acogida por el Juzgado. Responsabilidad del propietario de la vivienda de la planta baja: cabe atribuirle responsabilidad por no mantener su propiedad en perfectas condiciones para que no produzca daño a otros propietarios.
Resumen: Se analiza el delito de estafa agravada por abuso de relaciones personales: el elemento del engaño bastante y el deber de autoprotección; ponderación de las relaciones personales en el engaño y también, ulteriormente, en la apreciación de la agravante. Reforma peyorativa en apelación, exclusivamente en la aplicación de una regla de aplicación de la pena, a instancia de parte acusadora. Se descarta la prescripción solicitada.
