Resumen: Ejecución de sentencia firme. Plazo para llevar a debido efecto la ejecución. El plazo y modo de ejecución es el establecido en el art. 103 y siguientes de la LJCA. No son aplicables, en principio, a la ejecución judicial, los plazos y efectos previstos en las normas que regulan los procedimientos tributarios. En caso de retroacción de actuaciones, no queda ejecutada la sentencia con el simple inicio del procedimiento destinado a dar cumplimiento al fallo, ni corresponde decidir sobre la adecuación al órgano de ejecución, sino al Tribunal sentenciador. Cabe aplicar al caso el artículo 70 y, por remisión, el 66 del Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa -RGRVA- para limitar los plazos de ejecución de las sentencias, por voluntad de la propia Administración. No cabe ordenar, en vía económico-administrativa, una segunda retroacción de actuaciones para subsanar defectos formales, fuera del ámbito judicial de la ejecución de sentencia.
Resumen: Recurso de casación: planteamiento de cuestiones relativas a la prescripción; se da, junto a un aspecto fáctico, una dimensión jurídica que hace posible revisar la decisión de la sentencia de instancia por razones de correcta aplicación e interpretación de la normativa y jurisprudencia aplicables. Fundamento de la prescripción extintiva y determinación del día inicial del cómputo del plazo: al tratarse de una institución que no está fundada en términos de estricta justicia, los supuestos dudosos de aplicación de las reglas que la disciplinan deber ser objeto de una interpretación restrictiva; el día inicial para el ejercicio de la acción es aquel en que puede ejercitarse según el principio "actio nondum nata non praescribitur". Cuando se ha seguido expediente administrativo para fijar el riesgo cubierto o en casos de impugnación de la resolución dictada sobre el grado de incapacidad, el día inicial del plazo de prescripción se computa a partir del momento en que quedó definitivamente resuelta la impugnación del perjudicado contra dicha decisión, pues sólo entonces podrá detallar en su demanda civil el definitivo daño sufrido. En el caso: comportamiento claramente contradictorio de la compañía aseguradora; fijación del día inicial en el de la firmeza de la resolución administrativa. Estimación del recurso de casación con devolución de las actuaciones al tribunal de apelación para que dicte sentencia sobre el fondo y el asunto no se vea privado de una instancia.
Resumen: La sala desestima el recurso de casación interpuesto frente a una sentencia que confirmó la nulidad de tres marcas españolas que infringían derechos prioritarios sobre el gráfico en que consistían, pues el reseñado dibujo constituía una obra de propiedad intelectual de los demandantes registrada en México. Se rechaza el recurso de casación de la entidad demandada porque la norma que se denuncia infringida, el art. 10.1 LPI , no ha sido aplicada para reconocer a los demandantes el derecho de propiedad intelectual sobre el dibujo controvertido. La sentencia recurrida reconoció que el dibujo de los demandantes se encontraba protegido legalmente por la ley de propiedad intelectual mexicana, al confirmar que resultaba de aplicación el Convenio de propiedad literaria, artística y científica entre España y México de 1924, cuyo art. 1 reconoce que los autores de obras literarias, artísticas o científicas de cualquiera de las dos naciones que aseguren con los requisitos legales su derecho de propiedad en uno de los países contratantes, lo tendrán asegurado en el otro. La Audiencia, a la vista de la justificación del derecho mexicano en relación a los requisitos que una obra artística debe reunir para merecer su protección como propiedad intelectual, concluye que esos requisitos concurren en el dibujo de los demandantes por lo que resulta irrelevante la infracción denunciada, al referirse a una norma que no se aplicó para atribuir derechos de propiedad intelectual sobre dicha obra.
Resumen: Se admite a trámite el recurso de casación interpuesto debiendo interpretarse los artículos 26 y 30 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y 118 del Texto Refundido de la Ley de Aguas de cara a determinar cómo y cuándo debe computarse el plazo de prescripción de la sanción impuesta cuando se ha interpuesto recurso de reposición y no de alzada, que es la hipótesis a la que se refiere el art. 30 Ley 40/15. Y sí apreciada la prescripción de la sanción impuesta, cuál debe ser el alcance de la anulación, y si puede extenderse dicha anulación a las demás obligaciones impuestas por el art. 118 del Texto Refundido de la Ley de Aguas que no fueron objeto de la prescripción. Sobre las cuestiones aquí suscitadas, se han admitido ya los recursos de casación 6120/19 y 7337/19, en sendos autos de 16 de enero de 2020, así como 383/20, auto de 13 de mayo de 2020, también preparados por la Abogacía del Estado, habiendo recaído sentencias estimatorias de 15 de octubre de 2020 (recurso de casación 7337/19) y de 30 de noviembre de 2020 (recurso de casación 6120/19).
Resumen: La ejecución de sentencia se rige por lo dispuesto en los arts. 103 y ss de la LJCA. Tratándose de un vicio formal identificado en un procedimiento de inspección, atinente a la práctica de la tasación pericial contradictoria, dados los términos de la sentencia a ejecutar que nada dispone al efecto más que la retroacción, es de aplicación el art. 150.5 de la LGT, aplicable por motivos temporales. Prescripción de la potestad liquidatoria de la administración.
Resumen: Anulación por sentencia judicial firme de una liquidación obtenida tras un procedimiento de comprobación de valores. Orden de retroacción de actuaciones para que se reinicie la tramitación de la tasación pericial contradictoria. Tramitación conforme a lo dispuesto por el órgano judicial en cumplimiento de la sentencia. En ausencia de disposición al efecto, aplicación de los artículos 135 de la LGT y 161 y ss del Real Decreto 1065/2007. Plazo de seis meses para la terminación del procedimiento. Suspensión del procedimiento principal por la promoción de la tasación pericial contradictoria. El transcurso del plazo de seis meses sin la finalización de la tasación comporta el levantamiento de la suspensión.
Resumen: Se discute el alcance de la retroactividad en el abono de las cantidades reconocidas en sentencia de conflicto colectivo, cuando la acción individual se ejercita con posterioridad a dicha sentencia. La cuestión sustantiva versa sobre el derecho a percibir un complemento retributivo. La Sala resolvió el procedimiento de conflicto colectivo y reconoció el derecho del Profesorado de Religión a percibir el complemento. La actora reclama las cantidades correspondientes. Se debate si tiene derecho a cobrar solo con efectos retroactivos de un año desde que reclama (tras ser firme la sentencia de conflicto colectivo) o desde un año antes de que se formalizara el conflicto (lo que rechaza la sentencia recurrida). Es doctrina consolidada que la tramitación de procedimiento de conflicto colectivo interrumpe la prescripción de las acciones individuales que se hubieran ejercitado o pudieran ejercitarse hasta que finaliza con resolución firme. Este efecto (art. 160.6 de la LRJS) obedece a la especial naturaleza del proceso de conflicto colectivo. Los trabajadores individuales no intervienen en el proceso colectivo, pero resultan afectados por sus consecuencias, y con la sentencia firme se inicia el plazo de prescripción para el ejercicio de las acciones individuales. La acción individual para reclamar, interrumpido su plazo por la presentación del conf. col. está sujeta a un renovado periodo anual (art 59.2 ET), que comienza cuando alcanza firmeza la sentencia de conflicto colectivo.
Resumen: Se discute el alcance interruptivo de un conflicto colectivo respecto de las acciones individuales con idéntico objeto. La cuestión sustantiva versa sobre el derecho a percibir un complemento retributivo. La Sala de lo Social resolvió el procedimiento de conflicto colectivo y reconoció el derecho del Profesorado de Religión a percibir el complemento. La demandante reclama las cantidades correspondientes. Se trata de precisar si la demandante tiene derecho a cobrar solo con efectos retroactivos de un año desde que reclama (tras ser firme la sentencia de conflicto colectivo) o desde un año antes de que se formalizara el conflicto (lo que rechaza la sentencia recurrida). Es doctrina consolidada que la tramitación de procedimiento de conflicto colectivo interrumpe la prescripción de las acciones individuales que se hubieran ejercitado o pudieran ejercitarse con el mismo objeto hasta que finaliza con resolución firme. Este efecto (art. 160.5 de la LRJS) obedece a la especial naturaleza del proceso de conflicto colectivo. Los trabajadores individuales no intervienen en el proceso colectivo, pero ello no impide que resulten afectados por sus consecuencias, y con la sentencia firme se inicia el plazo de prescripción para el ejercicio de las acciones individuales. La acción individual para reclamar, interrumpido su plazo por la presentación del conflicto col. está sujeta a un renovado periodo anual (art 59.2 ET), que comienza cuando alcanza firmeza la sentencia de conflicto colectivo.
Resumen: Se discute el alcance interruptivo de un conflicto colectivo respecto de las acciones individuales con idéntico objeto. La cuestión sustantiva versa sobre el derecho a percibir un complemento retributivo. La Sala de lo Social resolvió el procedimiento de conflicto colectivo y reconoció el derecho del Profesorado de Religión a percibir el complemento. La demandante reclama las cantidades correspondientes. Se trata de precisar si la demandante tiene derecho a cobrar solo con efectos retroactivos de un año desde que reclama (tras ser firme la sentencia de conflicto colectivo) o desde un año antes de que se formalizara el conflicto (lo que rechaza la sentencia recurrida). Es doctrina consolidada que la tramitación de procedimiento de conflicto colectivo interrumpe la prescripción de las acciones individuales que se hubieran ejercitado o pudieran ejercitarse con el mismo objeto hasta que finaliza con resolución firme. Este efecto (art. 160.5 de la LRJS) obedece a la especial naturaleza del proceso de conflicto colectivo. Los trabajadores individuales no intervienen en el proceso colectivo, pero ello no impide que resulten afectados por sus consecuencias, y con la sentencia firme se inicia el plazo de prescripción para el ejercicio de las acciones individuales. La acción individual para reclamar, interrumpido su plazo por la presentación del conflicto col. está sujeta a un renovado periodo anual (art 59.2 ET), que comienza cuando alcanza firmeza la sentencia de conflicto colectivo.
Resumen: Principio de buena administración. Es exigible que las dilaciones del procedimiento por causa no imputable a la Administración Tributaria consten expresamente motivadas en el acuerdo de derivación de responsabilidad. La exigencia de motivación no se satisface cuando las dilaciones se justifican en vía revisora por el órgano económico administrativo, ya que corresponde hacerla al órgano que dicta la resolución que finaliza el procedimiento e impone el gravamen al obligado tributario.
