• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANDRES PALOMO DEL ARCO
  • Nº Recurso: 1279/2019
  • Fecha: 21/01/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La prescripción penal supone "una renuncia o autolimitación del Estado al ius puniendi" motivada por el mero transcurso de un periodo de tiempo. Será únicamente el Juez quien puede llevar a cabo la actuación de dirección procesal del procedimiento contra el culpable que requiere el artículo 132.2 del CP para considerar interrumpido el plazo de prescripción del delito en cuestión; consecuentemente, recuerda la sentencia, los escritos de parte que menciona, ya provengan de la propia acusación particular o del Ministerio Fiscal, carecen de entidad para interrumpir la prescripción. Las resoluciones o diligencias que se practiquen en una causa, para tener virtualidad interruptiva, han de poseer un contenido sustancial propio de la puesta en marcha y prosecución del procedimiento demostrativas de que la investigación o tramitación avanza. La ODE es una actuación procesal eficaz para interrumpir la prescripción al margen de la localización ulterior o no de la persona sobre la que recae y de que fuere o no entregada. Constituye una resolución autónoma, que determina una efectiva prosecución del procedimiento e interrumpe la prescripción, con ella se activa la persecución y refuerza la imputación de la persona sobre la que recae; y en relación a su importancia, sistemática o naturaleza, son predicables ad maiorem ratio, los criterios jurisprudenciales en virtud de los cuales se concluye que la solicitud de extradición, interrumpe la prescripción.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: CARMEN LAMELA DIAZ
  • Nº Recurso: 1167/2019
  • Fecha: 21/01/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Régimen del recurso de casación tras la introducción y generalización de la segunda instancia penal. La sentencia contra la que se plantea el recurso es la de apelación. Presunción de inocencia: se alega la toma en consideración de delitos ya prescritos en contra de los recurrentes. Se trataba de hechos por los que se elevaba acusación y que el Tribunal tenía que anallizar. La apreciación como cuestión previa del instituto de la prescripción sólo es posible si los requisitos concurren de manera diáfana. Para medir la prescripición el delito a tener en cuenta es aquél por el que ha sido condenado. Fundamento de la prescripción. Cuestión introducida per saltum. Desestimación a limine. Dos excepciones al tratamientoe de cuestiones nuevas. Apreciación de oficio de la prescripción. Denegación de diligencia de prueba propuesta en tiempo y forma. Coacciones: infracción de ley. Elementos de este tipo penal. Diferencia entre el delito menos grave y el leve: radica en la diferente gravedad de la fuerza empleada y en la mayor o menor incidencia. Consumación y tentativa. La inhabilitación para una profesión o actividad depende la la relación directa del delito con su comisión. Los acusados actuaron como miembros de la Policía Local. Requisito de procedibilidad en el delito de denuncia falsa. Error en la apreciación de la prueba: el documento señalado carece de la condición de literosuficiencia. Falso testimonio y denuncia falsa: progresión delictiva. Concurso. Proporcionalidad de la pena
  • Tipo Órgano: Audiencia Provincial
  • Municipio: Valencia
  • Ponente: CONCEPCION CERES MONTES
  • Nº Recurso: 33/2021
  • Fecha: 20/01/2021
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: Se plantea la prescripción del delito contra los derechos de los trabajadores con carácter previo a la celebración del juicio; la cuestión ha sido rechazada por el Juzgado de lo Penal. Concluye la Sala, siguiendo la última jurisprudencia sobre la cuestión, que la cuestión de la prescripción puede plantearse y resolverse en cualquier momento. El plazo de prescripción se interrumpió por la resolución que acuerda ordenar la averiguación de datos del recurrente, que no es de mero trámite, sino diligencia necesaria para recibirle declaración como investigado, aunque su declaración no se llevara a cabo hasta un año después.
  • Tipo Órgano: Audiencia Provincial
  • Municipio: Barcelona
  • Ponente: CARLES VILA I CRUELLS
  • Nº Recurso: 391/2019
  • Fecha: 20/01/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sentencia de apelación confirma la de instancia que desestima la demanda en ejercicio de una acción de responsabilidad extracontractual por daños y desperfectos originados por la demandada ex pareja del actor , en una vivienda propiedad de este cuyo uso le había sido conferido en un proceso de modificación de medidas. Argumenta la Sala que el derecho de uso de la vivienda familiar conferido en los procesos matrimoniales o sobre parejas de hecho no es un derecho real de uso, y menos un usufructo sino de naturaleza personal que no impide la inscripción en el Registro de la Propiedad a efectos de terceros y a fin de garantizar el derecho del progenitor e hijos beneficiarios del mismo. Si en su momento no se hizo un inventario del ajuar existente en la vivienda ni se hizo constar su concreto estado, esa omisión es imputable a ambos progenitores, y no existe ninguna presunción en favor del demandante de la que inferir que el estado de la vivienda era óptimo. El plazo de prescripción no es el propio de las acciones por responsabilidad extracontractual (que por definición excluye relación jurídica entre las partes),sino el general de diez años aplicado por la sentencia apelada. El beneficiario del uso de la vivienda debe responder por los daños causados intencionadamente o por negligencia, pero no por desperfectos o menoscabos inherentes al uso normal y al paso del tiempo. Los conceptos que detallan y reclaman no pueden calificarse de daños.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: PABLO LLARENA CONDE
  • Nº Recurso: 1273/2019
  • Fecha: 20/01/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El artículo 874 LECRIM exige una exposición ordenada, individualizada, concisa y clara de los motivos del recurso, lo que desde luego conlleva la prohibición de que se aleguen de forma conjunta, amalgamada y genérica las infracciones imputadas a la sentencia. La sentencia debe anularse cuando se aprecie en el relato fáctico una insuficiencia descriptiva que lo haga incomprensible o difícilmente inteligible, bien por una omisión total de versión fáctica, bien por omisiones parciales que impidan su comprensión o también por el empleo de frases ininteligibles o dubitativas que impiden saber lo que el tribunal declara efectivamente probado. El principio in dubio pro reo solo entra en juego cuando el Tribunal albergue duda respecto de la responsabilidad del acusado, sin que pueda revisarse en casación, salvo en aquellos supuestos en los que el Tribunal haya planteado o reconocido la existencia de dudas en la valoración de la prueba sobre los hechos y las haya resuelto en contra del acusado. En lo tocante a la declaración de la víctima, la jurisprudencia de este Tribunal y la doctrina del Tribunal Constitucional, entienden que puede ser considerada prueba de cargo suficiente para enervar la presunción de inocencia, incluso aunque fuese la única prueba disponible, lo que es frecuente que suceda en casos de delitos contra la libertad sexual, porque al producirse generalmente con absoluta clandestinidad, se dificulta la concurrencia de otra prueba diferenciada
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER
  • Nº Recurso: 4637/2018
  • Fecha: 19/01/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Lla acción revisoria prevista en el art. 146.1 LRJS permite a la Seguridad Social obtener la tutela judicial cuando pretende revocar sus actos firmes declarativos de derechos, en perjuicio de sus beneficiarios, habida cuenta de que la ley le impide la revisión de oficio y le obliga a acudir a la vía judicial para conseguirlo; para lo cual se establece un plazo de prescripción de 4 años, que es distinto al previsto art. 45.3 (actual 55.3) LGSS, que se refiere a la obligación reintegro que pueda tener el beneficiario por haber percibido indebidamente una prestación, y que puede estar precedida o no de una revisión de un acto declarativo de derecho. La sentencia aprecia la prescripción porque transcurrieron más de 4 años desde la fecha de la resolución que reconoció el incremento de pensión, hasta que la entidad gestora acordó iniciar expediente de revisión de actos declarativos de derechos.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO
  • Nº Recurso: 3/2020
  • Fecha: 19/01/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El Consejo de Ministros impuso a la empresa demandante sanción administrativa de 147971,93 € por la comisión de 2 infracciones, una grave y otra muy grave, por falta de ingreso en tiempo y forma las cuotas a la seguridad social y por falta de ingreso de las cuotas y de aportación de la documentación preceptiva. La Sala IV examina la alegada incompetencia de jurisdicción por razón de la materia para concluir, ratificando el criterio fijado en TS 20-11-18 (R. 2/18), entre otras, según el cual no se impugna una resolución administrativa recaída en procedimiento de liquidación de cuotas, sino en procedimiento sancionador, por lo que no es un supuesto del art. 3 f) sino del art. 2 de la LRJS, por lo que es competente el orden social. Se descarta la alegada prescripción de las infracciones, por resultar de aplicación el plazo de 9 meses del art. 21.4 de la LOITSS. Se rechaza que el impago se debiera a causas de fuerza mayor, pues no acredita la empresa que en el momento de levantarse acta de infracción se encontrara en situación de concurso y consta que el acuerdo de aplazamiento de pago de las cuotas fue revocado por causas imputables a la actora. Se desestima la alegación de inexistencia de ánimo defraudatorio y la aplicación del principio de presunción de inocencia, al ser éste último inaplicable en las infracciones administrativas y haberse acreditado la conducta infractora tipificada en la LISOS. Se declara correctamente graduada la sanción impuesta. Se desestima la demanda.
  • Tipo Órgano: Audiencia Nacional. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: FERMIN JAVIER ECHARRI CASI
  • Nº Recurso: 11/2019
  • Fecha: 18/01/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Vulneración de derechos fundamentales no producida durante la instrucción: ausencia de indefensión ni desigualdad para los investigados. Prescripción del delito desestimada: en caso de continuidad delictiva el plazo de la prescripción empieza a correr desde el último de los actos típicos, y el momento de la interrupción del plazo prescriptivo no es el de la toma de declaración en calidad de investigados, sino la incoación de las diligencias previas. Elementos típicos del delito de administración desleal y distinción con el delito de apropiación indebida. Falta de acreditación de la tesis acusatoria en relación a la operaciones para la reestructuración de la deuda de una inmobiliaria: sobrevaloración de terrenos inexistente, al basarse en tasaciones ajustadas a derecho y razonables, basadas en la obtención de todo tipo de licencias necesarias para la explotación de dicho suelo. Falta de constancia de que los acusados (Directores Generales de la CAM y de TIP) l, se excedieran en el ejercicio de las funciones que desempeñaban, teniendo las facultades de aprobación, rechazo o modificación en órganos de la Caja de Ahorros del Mediterráneo. Ausencia de connivencia de otros acusados. Absolución como responsable civil de aseguradora. Ausencia de los elementos del tipo de apropiación indebida: no se ha acreditado que los contratos de gestión fuesen simulados, y ninguna "apropiación" o "distracción", ha podido ser acreditada.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JOSE ANTONIO MONTERO FERNANDEZ
  • Nº Recurso: 7006/2019
  • Fecha: 17/01/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Exención ITP por adquisición de terrenos de VPO, antes de la reforma por Ley 4/2008 del art. 45.I.B.12.a) del TRITPAJD. El dies a quo para el cómputo del plazo de prescripción cuando se incumple el requisito a cumplimentar de futuro, coincide con el día siguiente al transcurso del plazo de tres años del que disponía el obligado tributario para presentar la cédula de calificación provisional de VPO, más el plazo voluntario de pago, excepto que el obligado tributario cumpla su deber de presentar autoliquidación complementaria en el plazo de un mes desde que se produce la imposibilidad de su cumplimiento.
  • Tipo Órgano: Audiencia Provincial
  • Municipio: Barcelona
  • Ponente: CARLES VILA I CRUELLS
  • Nº Recurso: 388/2019
  • Fecha: 15/01/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sentencia de apelación confirma la de instancia que estima la demanda y condena a los demandados a abonar a la actora las cuotas comunitarias reclamadas. Argumenta la Sala que no habiéndose impugnado ni un solo acuerdo de la junta, los demandados han de contribuir al pago de los gastos correspondientes. No es admisible que, tras años de pertinaz incumplimiento de sus obligaciones, sin haber impugnado ningún acuerdo, pretendan ahora alegar cuestiones referidas a la legalidad de estos acuerdos, cuestión que es ajena al presente proceso, salvo que se hubiere reconvenido, que no es el caso. En cuanto a la prescripción de este tipo de reclamaciones, es cierto que existen resoluciones contradictoria pero la tesis mayoritaria en el ámbito de esta Audiencia Provincial es que el plazo de prescripción aplicable en la reclamación de cuotas comunitarias (ya sean de naturaleza ordinaria o extraordinaria, estas últimas con mayor motivo), es el general de las acciones personales que, en el ámbito de aplicación del Código Civil de Catalunya, viene establecido en 10 años. El plazo de prescripción previsto para reclamaciones de pagos periódicos no puede ser aplicado a los supuestos en que la prestación debida es única, de tal modo que el fraccionamiento del pago no es sino una posibilidad establecida en beneficio del deudor a fin de facilitar el cumplimiento de su obligación, pero sin alterar con ello la naturaleza de la deuda y el derecho del acreedor a su cobro íntegro.

Parece que no tiene configurado el plugin para ver el pdf embebido... puede descargar la resolución aquí.