• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: DIMITRY TEODORO BERBEROFF AYUDA
  • Nº Recurso: 8207/2019
  • Fecha: 04/02/2021
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: a) Determinar, si una determinada Administración (en el caso, la autonómica), puede derivar la responsabilidad subsidiaria cuando la declaración de fallido del deudor principal, ha sido efectuada por otra Administración (en el caso, la estatal). b) En caso de respuesta afirmativa al anterior planteamiento, determinar en qué momento se inicia el plazo de prescripción para exigir la obligación de pago a los responsables subsidiarios, si desde la declaración de fallido del deudor principal (efectuada por una determinada Administración) o desde la notificación de la última actuación recaudatoria practicada al deudor principal (efectuada por una Administración distinta). c) En caso de respuesta afirmativa al primer planteamiento, precisar, en interpretación del artículo 67.2, párrafo tercero, LGT, si el plazo de prescripción para exigir la obligación de pago a los responsables subsidiarios se interrumpe por la emisión de la providencia de apremio notificada al deudor principal con posterioridad a su declaración de fallido.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: FRANCISCO JOSE NAVARRO SANCHIS
  • Nº Recurso: 3816/2019
  • Fecha: 04/02/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Le es posible al contribuyente solicitar una segunda vez -y obtener respuesta de fondo por parte de la Administración, que es obligada-, la rectificación de la autoliquidación formulada y la devolución de ingresos indebidos derivados de tal acto, en tanto no se consume el plazo de prescripción del derecho establecido en el artículo 66.c) de la LGT.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANTONIO JESUS FONSECA-HERRERO RAIMUNDO
  • Nº Recurso: 1302/2018
  • Fecha: 04/02/2021
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: Se admite a trámite el recurso de casación preparado contra sentencia que reconoció la indemnización de 20 días por año trabajado así como los intereses legales correspondientes por el cese. Las cuestiones que presentan interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia son: 1º- si de conformidad con la STJUE 14 de septiembre de 2016, asunto C-596/14 , el cese de un funcionario interino tiene o no derecho a indemnización: 2º- En el caso de ser aplicable el plazo de un año para el ejercicio de la acción de responsabilidad patrimonial, la determinación del computo del plazo de prescripción en los casos de ceses no impugnados.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANGELES HUET DE SANDE
  • Nº Recurso: 4749/2019
  • Fecha: 03/02/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Para resolver la cuestión suscitada, el TS señala la necesidad de precisar nítidamente la diferencia entre los conceptos de resolución definitiva en vía administrativa y de resolución firme, pues concurriendo en el caso examinado solo el primero, se ha de reformular la cuestión en el sentido de si puede la Administración declarar tal caducidad en el curso de la ejecución de una resolución firme que ordena el restablecimiento de la legalidad, este título, lejos de ser firme, estaba jurisdiccionalmente impugnado en un proceso en el que, precisamente, se le reprochaba su caducidad. La doctrina que se fija declara que la Administración, en ejecución de una resolución que acuerda el restablecimiento de la legalidad, resolución que tiene carácter definitivo, pero no firme por estar jurisdiccionalmente impugnada, puede dar satisfacción extraprocesal a una pretensión de declaración de caducidad de la misma ejercitada en el proceso, en tanto este proceso se encuentra pendiente y aunque dicha resolución se encuentre en fase de ejecución. Se confirma así la resolución administrativa objeto de impugnación jurisdiccional porque la Administración se ha limitado a reconocer una pretensión de caducidad jurisdiccionalmente articulada frente a la misma, dándole así satisfacción extraprocesal antes de que dicho proceso jurisdiccional concluyera.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: SEGUNDO MENENDEZ PEREZ
  • Nº Recurso: 1750/2019
  • Fecha: 03/02/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala estima el recurso y el contencioso- administrativo. Atendiendo al cómputo del término inicial del plazo y la fecha de publicación de la sentencia que declaró la inconstitucionalidad de la norma foral, ha de entenderse que la reclamación recurrente cumple también el requisito temporal establecido en el referido art. 34.1, párrafo segundo, por lo que procede estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra el acuerdo del Consejo de Gobierno Foral de la Diputación Foral de Guipúzcoa de 3 de octubre de 2017 [de 5 de septiembre de 2017 en este recurso 1750/2019] que desestimó reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado Legislador por la anulación del art. 30.2 de la Norma Foral 10/2006, de 29 de diciembre por sentencia del Tribunal Constitucional 203/2016 de 1 de diciembre, que se anula por ser contrario al ordenamiento jurídico, y declarar el derecho del recurrente a la indemnización, en tal concepto de responsabilidad patrimonial del Estado legislador.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Social
  • Municipio: Oviedo
  • Ponente: LAURA GARCIA-MONGE PIZARRO
  • Nº Recurso: 7/2020
  • Fecha: 02/02/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: En respuesta a la pretensión deducida por los promoventes del conflicto planteado (por el personal investigador predoctoral en formación con anterioridad entrada en vigor del RD que aprueba el Estatuto Personal de Investigador en Formación) para que declare su derecho a percibir las retribuciones previstas en el mismo (legitimidad crediticia que sustentan tanto en la Resolución que citan de la propia Universidad como en el hecho de no existir precepto alguno que los excluya su aplicación) concluye la Sala (en aplicación de lo previsto en el RD por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad como institución de derecho público; en relación a la naturaleza y la presunción de validez de las resoluciones dictadas por el Rector) a favor de lo decidido en la instancia sobre el vinculante efecto a derivar de lo resuelto por éste a favor del derecho de litis. Respecto al recargo de intereses moratorios sobre la cantidad reconocida se remite la Sala al criterio sustentado por la STS que cita para concluir en favor de su naturaleza claramente indemnizatoria, que la moderna doctrina jurisprudencial considera bajo un criterio objetivo y automático de devengo; esto es, desde el momento en que se hubiese producido el impago de las cantidades salariales adeudadas podrán ser estas ser reclamadas. De tal manera que, aunque la oposición de la demandada a su pago pudiese considerarse razonable, ello no excluye la condena al interés reclamado de contrario.
  • Tipo Órgano: Audiencia Provincial
  • Municipio: Barcelona
  • Ponente: JOSE MARIA FERNANDEZ SEIJO
  • Nº Recurso: 1438/2020
  • Fecha: 29/01/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Audiencia estudia el instituto de la prescripción en relación a las acciones ejercitadas en el contexto de la nulidad de condiciones generales de contratación: acción de nulidad propiamente dicha y la consecuente acción reclamatoria de las concretas consecuencias de dicha nulidad. Los fundamentos de la prescripción son dos: la seguridad jurídica y la presunción de abandono de la acción. Estos principios alcanzan a todas las acciones, salvo aquellas expresamente declaradas imprescriptibles. Algunas por el C. civil y en la LCGC sólo las colectivas de cesación y retractación; también aquellas que infringen normas imperativas. Por tanto, según la doctrina clásica, las de remoción de los efectos de una nulidad no serían imprescriptibles. La Audiencia ha mantenido que el día inicial del cómputo de la acción de reclamación de los concretos gastos correspondientes a una cláusula anulada por abusiva, sería el del pago de los mismos. Pues no estamos ante una nulidad del contrato, sino de una cláusula del mismo. Esta tesis entiende que es compatible con la STJUE 16-7-2020. Porque dicho tribunal admite la prescriptibilidad de esas acciones; porque el consumidor ha de tener un plazo razonable para ejercitar la acción (5 años le parece razonable), pues parte de la idea de que cuanto mayor sea el plazo más posibilidades para detectar el carácter abusivo. Y la legislación actual es la misma que cuando se pagaron los gastos. Por tanto, el día será inicial será el de dichos pagos.
  • Tipo Órgano: Audiencia Provincial
  • Municipio: Barcelona
  • Ponente: MANUEL DIAZ MUYOR
  • Nº Recurso: 1440/2020
  • Fecha: 29/01/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Audiencia estudia el instituto de la prescripción en relación a las acciones ejercitadas en el contexto de la nulidad de condiciones generales de contratación: acción de nulidad propiamente dicha y la consecuente acción reclamatoria de las concretas consecuencias de dicha nulidad. Los fundamentos de la prescripción son dos: la seguridad jurídica y la presunción de abandono de la acción. Estos principios alcanzan a todas las acciones, salvo aquellas expresamente declaradas imprescriptibles. Algunas por el C. civil y en la LCGC sólo las colectivas de cesación y retractación; también aquellas que infringen normas imperativas. Por tanto, según la doctrina clásica, las de remoción de los efectos de una nulidad no serían imprescriptibles. La Audiencia ha mantenido que el día inicial del cómputo de la acción de reclamación de los concretos gastos correspondientes a una cláusula anulada por abusiva, sería el del pago de los mismos. Pues no estamos ante una nulidad del contrato, sino de una cláusula del mismo. Esta tesis entiende que es compatible con la STJUE 16-7-2020. Porque dicho tribunal admite la prescriptibilidad de esas acciones; porque el consumidor ha de tener un plazo razonable para ejercitar la acción (5 años le parece razonable), pues parte de la idea de que cuanto mayor sea el plazo más posibilidades para detectar el carácter abusivo. Y la legislación actual es la misma que cuando se pagaron los gastos. Por tanto, el día será inicial será el de dichos pagos.
  • Tipo Órgano: Audiencia Provincial
  • Municipio: Barcelona
  • Ponente: MARIA DEL MAR ALONSO MARTINEZ
  • Nº Recurso: 699/2019
  • Fecha: 28/01/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sentencia de apelación confirma la de instancia que desestima la demanda en ejercicio de una acción ex articulo 1902 C. Civil y reclamación de daños y perjuicios por un vehículo que le fue la vendido por la demandada y que resultó intervenido y decomisado por la Policía. Argumenta la Sala que habiendo opuesto la parte demandada la prescripción de la acción y siendo el plazo prescriptivo de un año ex articulo 1968 del Código Civil debe considerarse prescrita la acción ejercitada, al no constar la existencia de acto alguno de interrupción de la prescripción y haber trascurrido sobradamente el plazo de un año fijado legalmente teniendo en cuenta la fecha en que se presentó la demanda y la fecha en que se produjo la segunda venta y se llevó a cabo el pacto entre comprador y apelante por el que se acciona en autos.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANGEL AGUALLO AVILÉS
  • Nº Recurso: 7397/2019
  • Fecha: 28/01/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Impuesto sobre el Valor Añadido. Alcance, a efectos de la interrupción de la prescripción, de la presentación del modelo 390, declaración-resumen anual del IVA. La falta de contenido liquidatorio de la declaración-resumen anual, el discutible carácter ratificador de las liquidaciones previas y el cambio de régimen jurídico en cuanto no deben acompañarse al modelo las liquidaciones trimestrales conducen a afirmar que el modelo 390 carece de eficacia interruptiva del derecho de la Administración a determinar la deuda tributaria de los períodos mensuales o trimestrales del período anual correspondiente. Se modifica la doctrina jurisprudencial que, en relación con la Ley General Tributaria de 1963, había otorgado eficacia interruptiva a la presentación de dicha declaración.

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