Resumen: Auto estimando incidente de nulidad de providencia. Se admite el recurso de casacion. La cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste en: "Determinar la fecha a la que ha de estarse para comprobar si la potestad de la Administración para determinar la deuda tributaria ha prescrito una vez constatada la inexistencia de interrupción de la prescripción por el exceso del plazo legalmente previsto para la tramitación del procedimiento inspector. En particular, ha de discernirse si ha de fijarse ese momento en la notificación de la liquidación o en la ulterior interposición de un recurso o reclamación frente a este acto por parte del interesado".
Resumen: El auto de admisión propone análisis sobre la forma en que debe aplicarse el instituto de la prescripción extintiva en aquellos casos en ha sido formulada por el contratista reclamación de intereses de demora por retraso en el pago de certificaciones de obra ya liquidada dentro del plazo de prescripción fijado por el artículo 25 de la LG, y la administración omite dictar y notificar resolución sobre aquella reclamación; más concretamente, si puede considerarse que el plazo de prescripción interrumpido con la citada reclamación se reinicia de nuevo, y puede considerarse transcurrido definitivamente si no se acude a la vía jurisdiccional hasta una fecha posterior a los 4 años desde la citada reclamación
Resumen: El auto de transformación es equivalente para el procedimiento abreviado al auto de procesamiento en el ordinario. A él corresponde delimitar los hechos punibles y posibles partícipes. No concurre la exigencia de que haya recaído imputación judicial equivalente al procesamiento contra persona determinada, y, por ello, la falta de concurrencia de los requisitos para recurrir en casación. El derecho a conocer la verdad histórica no forma parte del proceso penal y solo tangencialmente puede ser satisfecho. Las exigencias de contradicción efectiva, de publicidad, de igualdad de partes, de oralidad, la disciplina de garantía de la prueba, el contenido esencial del derecho a la presunción de inocencia, etc., como notas características del sistema penal de enjuiciamiento, se compaginan mal con la declaración de la verdad histórica de un hecho tan poliédrico como el de la guerra civil y la subsiguiente posguerra. En nuestro sistema de enjuiciamiento penal es preciso tener en consideración las causas de extinción de la responsabilidad penal. Pese a la posible existencia de un hecho que reviste caracteres de delito, la responsabilidad penal no puede ser declarada. Son en lo que ahora interesa, la muerte del reo y la prescripción del delito; también la amnistía, según estaba previsto en el Código penal de 1973. Se trata de supuestos en los que el Estado, a través de la ley, dispone limitaciones a la actuación jurisdiccional por extinción de la responsabilidad penal.
Resumen: Fijar el dies a quo del cómputo del plazo de prescripción para solicitar la devolución de ingresos indebidos del ICIO. La sentencia razona que el recurrente confunde la determinación del dies a quo para el nacimiento de la acción, tesis de la actio nata, con la ejecutividad del acto de declaración de caducidad de la licencia, que indica precisamente el inicio de la accio nata, pues es evidente que siendo el acto ejecutivo, hubiera precisado de la suspensión de la ejecutividad para entender no nacido el plazo de prescripción para el ejercicio de la devolución, pues aunque pudiera resultar ilógico con el mantenimiento del recurso para impugnar la declaración de caducidad, lo cierto es que, no suspendida esta declaración la recurrente no podía haber ejecutado la licencia concedida en su día y declarada caducada, por lo que la acción para la solicitud de devolución de un acto ejecutivo, aunque no firme, había comenzado. En consecuencia, procede desestimar el recurso de casación, pues cuando se produce la declaración de caducidad del plazo concedido para la ejecución de la obra, que se recurre, pero no consta la suspensión de su ejecutividad, comienza el plazo para solicitar la devolución.
Resumen: Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. Devolución de ingresos indebidos. Intereses de demora: nulidad de la licencia de obras declarada judicialmente siete años después de su otorgamiento. Dies a quo. Relevancia, a estos efectos, de la imposibilidad de ejecutar las obras amparadas en la licencia por impedirlo un auto de medidas cautelares que suspendía la ejecutividad de la licencia. Ha de reputarse indebido el ingreso efectuado en la liquidación provisional del ICIO, a efectos de su devolución, en aquellos supuestos en que las obras no se pueden realizar porque la licencia de edificación ha sido anulada judicialmente y se acordó la suspensión cautelar de su ejecutividad en el seno del proceso en el que se dictó la sentencia anulatoria correspondiente, de manera que deben computarse los intereses de demora en favor del contribuyente desde el ingreso del importe de dicha liquidación. Principio de buena administración.
Resumen: Colocación de una valla metálica impidiendo a unas personas el único acceso posible a su vivienda. Se formula un único motivo de recurso por indebida inaplicación de la prescripción en la redacción existente al tiempo de los hechos, antes de la reforma introducida por la Ley Orgánica 1/2015. Se alega que se fue finalmente condenado por una falta de coacciones. Naturaleza de orden público del instituto de la prescripción. Tiene su fundamento en el principio general de la necesidad de la pena. De conformidad con el Acuerdo del Pleno no jurisdiccional de 26 de octubre de 2010, los plazos de prescripción a tomar en consideración han de ser los que correspondan a los hechos definitivamente declarados probados. Como la condena fue por una falta, el plazo es de seis meses. La redacción anterior a la reforma introducida por la Ley 1/2015 es más beneficiosa que la posterior. Existencia de cuatro periodos de paralización. Actos que interrumpen la prescripción. Los actos que producen la interrupción del plazo de prescripción han de ser de auténtico contenido material o sustancial. No son diligencias banales las que ordenan el procedimiento y mucho menos las que tratan de configurar el derecho de defensa del imputado. Las actuaciones de ordenación del procedimiento son actos de prosecución. La expendición de testimonios no es idónea para interrumpir la prescripción.
Resumen: El derecho a la tutela judicial efectiva, en el caso de la quaestio facti, se concreta en el derecho a saber del tratamiento dado por el tribunal al material probatorio y del porqué del mismo. Consecuencia de la acumulación accesoria de la acción civil a la acción penal es que mientras no prescriba el delito, no prescribe la acción civil dimanante del mismo
Resumen: Voto por correo. Derecho a un Juez o Magistrado imparcial. El derecho a un proceso con todas las garantías.
Resumen: Prescripción: la investigación patrimonial implica supone actos de naturaleza incriminatoria y de investigación que tienen la potencialidad suficiente para interrumpir la prescripción en la medida en que tales actos concretan la investigación y los indicios y sospechas referidos a la participación en los hechos. Requisitos que debe cumplir el auto por el que se autoriza la intervención de las comunicaciones: se trata de una resolución judicial, como tal afectada por el art. 120 CE, siendo una diligencia que requiere la existencia de indicios que se investigan, pero su exigencia no puede equipararse a la de otras resoluciones que requiera la fundamentación de una imputación objetiva y subjetiva. La resolución judicial que autorice la injerencia debe motivar su adopción, comprobando que los hechos para cuya investigación se solicita revisten caracteres de hecho delictivo y que la solicitud y la adopción guardan la debida proporcionalidad y la gravedad del hecho delictivo investigado.
Resumen: El objeto del proceso constituye una sanción tipificada en el art. 79.3 e) ley 18/2014, al no haberse presentado un plazo los datos de venta de energía correspondientes a 2012 y 2013. La cuestión se constriñe a determinar si la infracción leve constituye una infracción instantánea o una infracción permanente, a los efectos de concretar el dies a quo para el cómputo del plazo de prescripción. En el presente asunto, la Sala considera que, transcurrido ya el plazo límite de remisión, cesa el deber jurídico de remitir la información, dado que la Administración puede acudir a otros medios para determinar el importe de la obligación. Sin embargo, una cosa es que la Ley haya arbitrado mecanismos para subvenir tal defecto de comunicación, y otra que no se produzca perjuicio alguno al bien jurídico protegido. La Sala a quo considera que, solo si no pudiera determinarse la obligación en base a tales mecanismos subsidiarios se lesionaría el bien jurídico protegido, pero la Sala Tercera TS corrige tal interpretación. La obligación de adaptarse permanece en el tiempo hasta tanto dicha adaptación se produzca. El art 79-3-e) Ley 18/2014 tipifica una infracción permanente, de modo que el plazo de prescripción comienza cuando finalice el incumplimiento. El TS considera que la Administración sancionadora no ha empleado, en la práctica de las diligencias de notificación examinadas en este recurso, la diligencia mínima que imponen las garantías del art. 24 CE, por lo que anula las sanciones.
