Resumen: La sentencia analizada resuelve recurso de apelación interpuesto contra la dictada en primera instancia, que estimó la demanda presentada para reclamar indemnización por daños causados por infracción del Derecho a la Competencia. El tribunal de apelación desestimó el recurso de apelación y confirmó la sentencia recurrida: A) Establece el tribunal, en primer lugar, el régimen jurídico aplicable y, en atención a él, resuelve sobre la alegación de prescripción: el artículo 1902 CC es el precepto aplicable y la acción se ejercitó en el plazo de un año computado desde la fecha de publicación de la Decisión de la Comisión Europea en el DOUE. B) El tribunal considera que la demandante tiene legitimación activa: la tienen tanto los adquirentes de camiones, tanto por compra directa como en la modalidad de pago aplazado. C) Conducta ilícita: en las acciones de indemnización de daños y perjuicios derivados de una conducta ilícita declarada por la autoridad competente, se facilita la prueba de la conducta ilícita dada la preexistencia de una resolución previa. D) Valoración del daño: la dificultad de demostración del daño en cada caso concreto permite optar por un criterio presuntivo, considerando un porcentaje sobre el precio de adquisición de camión, en una horquilla que oscila generalmente entre el 5% y el 10%. E) Perjuicio del pass-on (repercusión del perjuicio sufrido por la actora sobre terceros) para reducir indemnización: la demandada no lo acredita y tiene la carga de la prueba.
Resumen: Fecha de referencia para determinar el régimen jurídico aplicable a la potestad de comprobación de la Administración sobre ejercicios prescritos: consideración de la fecha en que tuvieron lugar los actos, operaciones y circunstancias que se comprueban para determinar la legislación aplicable. Determinación de la fecha de prescripción e incidencia de que algunos de los negocios comprobados estén documentados en contratos privados.
Resumen: La cantidad que se devuelve en virtud de la rectificación de una autoliquidación - corolario de unas actuaciones inspectoras que finalización con la suscripción de un acto con acuerdo en el que se reconoce una deducción no aplicada por el contribuyente-, devenga intereses de demora desde el fin del plazo de presentación de la autoliquidación. Existencia de una devolución de un ingreso indebido
Resumen: La Sala desestima el recurso. La interpretación que, en respuesta a la cuestión planteada en el auto de admisión, ha de fijarse en relación con el art. 67.1, párrafo segundo, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, es que el plazo de prescripción establecido en dicho precepto para las reclamaciones de responsabilidad patrimonial derivadas de la anulación por sentencia firme de una disposición de carácter general, de un año desde la notificación de la sentencia definitiva, no ha de considerarse interrumpido, o no iniciado, por la pendencia de un recurso de amparo interpuesto por el reclamante contra la sentencia desestimatoria de una previa solicitud de revisión de oficio de un acto de aplicación de la disposición anulada. Con arreglo a la interpretación que defendemos el recurso de casación ha de ser desestimado y confirmada la sentencia recurrida, porque la acción de responsabilidad estaba prescrita cuando fue ejercida por el recurrente. En efecto, la publicación de la sentencia que declaró la nulidad del art. 26.2 de la Norma Foral 8/1998 tuvo lugar en el Boletín Oficial de Gipuzkoa de 3 de febrero de 2015, de modo que el cómputo del plazo de un año para reclamar la responsabilidad patrimonial se iniciaba al día siguiente y expiraba el 3 de febrero de 2016.
Resumen: La sentencia de suplicación declaró prescrita la acción de indemnización de daños y perjuicios reclamada por los herederos por la incapacidad permanente derivada de enfermedad profesional y lucro cesante del causante, al entender que la misma se pudo ejercitar desde el fallecimiento del causante el 5/10/14, habiéndose presentado la papeleta de conciliación el 20/12/15. Recurre en casación unificadora la parte actora a efectos de impugnar la excepción de prescripción. Pero la Sala IV desestima el recurso por considerar que no concurre la necesaria contradicción entre sentencias pues los debates son dispares: en el caso de autos se trata de determinar si el procedimiento previo instado por quien carecía de legitimación activa tiene efectos interruptivos de la prescripción, mientras que en el de contraste se aborda el efecto que, sobre el plazo de prescripción, tienen las solicitudes de actos preparatorios procesales a los que siguió el desistimiento de la demanda. El motivo de inadmisión del recurso de casación unificadora se transforma en causa de desestimación del mismo.
Resumen: En un caso como el litigioso, en que se incumplió el compromiso de reinversión de la ganancia patrimonial obtenida en la transmisión de vivienda habitual, el plazo de prescripción del ejercicio de la acción de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación, se inicia el día siguiente a aquel en que termina el plazo reglamentario para presentar la autoliquidación del ejercicio en el que se consumó el incumplimiento, que es de dos años a contar desde la fecha de la transmisión de la vivienda habitual en que se obtuvo la ganancia patrimonial.
Resumen: La cantidad cuya devolución se acuerda como consecuencia de una regularización con origen en unas actuaciones inspectoras en las que se reconoce una deducción no aplicada por el contribuyente, devenga intereses de demora desde la fecha del ingreso, dado que nos encontramos con una devolución de un ingreso indebido.
Resumen: Intereses devengados por el retraso en la fijación del justiprecio. imputación al ejercicio en que adquiere firmeza el auto que precisa los parámetros que se han de tener en cuenta para la determinación (dies a quo, dies ad quem y base de cálculo) -o que los cuantifica- de los mismos.
Resumen: Imposibilidad de no puede ampliar el alcance de sus actuaciones de comprobación e investigación con la notificación de una segunda propuesta de liquidación y apertura de un nuevo trámite de alegaciones, antes de que hubiera concluido el procedimiento de comprobación limitada abierto para otro objeto.
Resumen: Intereses de demora. Mecanismos de reembolso de las cantidades satisfechas indebidamente, regulados en los artículos 31 y 32 Ley General Tributaria. Devolución de ingresos indebidos y devolución derivada de la normativa del tributo. La cantidad cuya devolución se acuerda como consecuencia de una regularización con origen en unas actuaciones inspectoras en las que se reconoce una deducción no aplicada por el contribuyente, devenga intereses de demora desde la fecha del ingreso, dado que nos encontramos con una devolución de un ingreso indebido. Solicitud de que se devenguen nuevos intereses de demora sobre los intereses de demora una vez reconocidos y hasta la fecha de su pago. No resulta procedente toda vez que el reconocimiento que hace líquida, vencida y exigible la deuda y de la que arranca el deber de cumplimiento por la Administración tributaria, susceptible de fiscalización en vía de ejecución judicial, es esta sentencia, por lo que no hay, en tales condiciones, ni deuda vencida, líquida y exigible con anterioridad, ni mora de la Administración.
