• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JESUS CUDERO BLAS
  • Nº Recurso: 106/2020
  • Fecha: 28/01/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Resolución de la Junta Arbitral del Convenio Económico con la Comunidad Foral de Navarra sobre el conflicto planteado tras el cambio de domicilio de un contribuyente a territorio común. Carecen de eficacia interruptiva de la prescripción de los créditos interadministrativos de derecho público no tributarios (como el que aquí ostentaba la Agencia estatal frente a la Hacienda navarra) las actuaciones del contribuyente con cada una de las dos Administraciones, dado que actuaban separadamente y con desconocimiento cada una de lo actuado por la otra. Ha prescrito el derecho de la AEAT a reclamar de la Hacienda Foral Navarra la remesa de los pagos a cuenta ingresados por el contribuyente por el transcurso de cuatro años, sin que la autoliquidación del IRPF tenga efectos interruptivos de la prescripción. Los pagos a cuenta constituyen una obligación autónoma y el pago del tributo, a través de la autoliquidación, no constituye una novación de aquella obligación.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: EDUARDO DE PORRES ORTIZ DE URBINA
  • Nº Recurso: 10537/2020
  • Fecha: 28/01/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala II desde mucho antes del año 2004 venía declarando que en casos de conexidad el cómputo de la prescripción debía establecerse tomando como referencia el delito más grave, siempre que se tratara de conexidad material, esto es, cuando se tratara de delitos en que uno de los delitos constituya un instrumento para la consumación o la ocultación de otro, situación que puede predicarse del caso aquí enjuiciado en que el robo violento fue el contexto y el motivo por el que se causaron las lesiones de una de las víctimas y la muerte de la otra. Por tanto, la reforma introducida por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, no hizo sino incorporar al Código un criterio interpretativo que ya había sido establecido previamente por la jurisprudencia de esta Sala. La Sala viene admitiendo la aptitud de la declaración del coimputado (añadimos ahora, coacusado) puede ser prueba apta para enervar la presunción de inocencia, aun cuando sea prueba única, siempre que su contenido esté corroborado por hechos, datos o circunstancias externos que avalen de manera genérica la veracidad de la declaración y la intervención del acusado en el hecho concernido. El hecho de que por diversas vicisitudes la investigación tardara en dirigirse hacia los acusados varios años no origina una lesión del derecho a un juicio en plazo razonable. Ese derecho surge una vez que la acción penal se dirige contra una persona determinada, no antes.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: RAFAEL FERNANDEZ VALVERDE
  • Nº Recurso: 4942/2019
  • Fecha: 28/01/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala desestima el recurso. La similitud que se pretende por la Diputación recurrente entre el artículo 32.4 de la LSP ---requiriendo haber obtenido, previamente, una "sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño"-- no resulta de aplicación a los supuestos de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas, derivada de la anulación de una norma reglamentaria (prevista en el artículo 67), debiendo insistirse en que lo determinante de la responsabilidad patrimonial prevista en el artículo 67.1, párrafo segundo, es la anulación de un acto o disposición de carácter general; y nada más. Por ello, si el recurrente ha formulado una acción de nulidad frente a la Administración tributaria y todavía pende ---en relación con la desestimación de la misma--- un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, no puede iniciarse el cómputo correspondiente a la exigencia de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas hasta la conclusión y resolución del citado recurso de casación, pues la finalidad de este es comprobar la legalidad de la doctrina establecida por la sentencia de instancia ---en los términos expresados--- y en la que, a través de la acción de nulidad (revisión de oficio), se comprobaba, a su vez, la legalidad de la liquidación en su día practicada; liquidación que se fundaba en una norma foral sobre cuya legalidad podían existir dudas, como luego se confirmaría.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO
  • Nº Recurso: 101/2019
  • Fecha: 27/01/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se confirma la sentencia de instancia que desestimó la demanda de tutela de derechos fundamentales, en que se solicitaba se declarara vulnerado el derecho a la libertad sindical y negociación colectiva, al quedar excluido el sindicato -que no obtuvo tras las elecciones sindicales representación en ADIF Alta Velocidad, y tan solo el 7,80 % de representantes en ADIF-, de las comisiones y mesas emanadas del I Convenio Colectivo de ADIF y ADIF Alta Velocidad, incluida la comisión paritaria, apreciando la sentencia de instancia la excepción de prescripción por haber transcurrido más de 1 año desde que se constituyeron la comisión negociadora y el resto de comisiones. Argumenta la sentencia que conforme al art. 179.2 LRJS, la demanda deberá interponerse dentro del plazo general de prescripción o caducidad de la acción previsto para las conductas o actos sobre los que se concrete la lesión del derecho fundamental, sin que el hecho de que los derechos fundamentales sean imprescriptibles, pueda conllevar que no pueda operar la prescripción, siendo la regla general del plazo de prescripción el de 1 año del art. 59 ET, cuyo dies a quo debe fijarse en el día en que la acción pudo ejercitarse, no siendo imprescriptibles los actos anulables sino sólo los nulos.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: PABLO MARIA LUCAS MURILLO DE LA CUEVA
  • Nº Recurso: 335/2019
  • Fecha: 27/01/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Archivo de denuncia por prescripción de la infracción. La sentencia, tras entender que el recurrente está legitimado para combatir la razón que se le ha dado para proceder al archivo de la denuncia, desestima el recurso contencioso-administrativo, al no ser de carácter permanente la infracción imputada, pues aunque los efectos perjudiciales para el recurrente hayan permanecido, según el mismo dice, desde el 14 de diciembre de 2015 hasta el 7 de noviembre de 2019, ello se debió a un acto efectuado de una sola vez y sobre cuyas consecuencias quien lo realizó perdió todo dominio una vez producido: la comunicación de la sentencia sin disociar los datos personales que no debían hacerse públicos. Por otra parte, no tiene sentido declarar una vulneración del derecho fundamental que ha sido admitida y corregida por el Consejo General del Poder Judicial, pues el recurrente ejerció sus derechos de oposición y de supresión y solicitó la adopción de dirigidas a poner término a la vulneración, que han sido aplicadas.
  • Tipo Órgano: Audiencia Provincial
  • Municipio: Barcelona
  • Ponente: ANTONIO GOMEZ CANAL
  • Nº Recurso: 968/2018
  • Fecha: 26/01/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sentencia de apelación confirma la de instancia que estima la demanda y condena a la parte demandada al pago del precio aplazado de la compraventa de una tienda destinada al negocio de frutas y verduras. Argumenta la Sala que el hecho de que el pago de una parte del precio de la compraventa hubiera quedado diferido en varios plazos mensuales no altera la genuina naturaleza jurídica de la relación controvertida que es de tracto único con un precio unitario perfectamente definido desde su nacimiento. Se trata de una prestación cuya satisfacción no obstante fue fraccionada para facilitar el cumplimiento al comprador. Escapa por ello de la prescripción trienal de los articulo 121-21.a) CCCat. y se somete al plazo general de 10 años del articulo 121-20 CCCat. Según lo pactado la resolución del contrato no operaba automáticamente por lo que ante el incumplimiento de la compradora, la vendedora tenia acción para reclamar el pago del precio pendiente.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL
  • Nº Recurso: 234/2019
  • Fecha: 26/01/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se discute sobre la proyección temporal de la STC 164/2016, de 3 de octubre que declara inconstitucionales los apartados 1 y 2 de la Disp. Adic. 1ª de la Ley 4/2010, de la CAM, de medidas urgentes por la que se modifica la Ley 9/2009, de 23 de diciembre de Presupuestos Generales de dicha Comunidad, y que imponía una reducción salarial del 5% al personal laboral no directivo de las sociedades mercantiles autonómicas. Se debe decidir si cabe aplicar dicha nulidad con efectos retroactivos desde que se aplicó la medida por la empresa o si la sentencia solo surte sus efectos una vez publicada en el BOE. La virtualidad temporal de la sentencia del TC es lo que se debate en el recurso de casación. La sentencia de contraste del TS 3-11-2016 (rc 48/13), una vez resuelta la cuestión de inconstitucionalidad, acogió la demanda de conflicto colectivo y condenó a la empresa al reintegro a los trabajadores de las cantidades detraídas desde el mes de julio de 2010, como consecuencia de la aplicación de aquella reducción salarial del 5% sin haberla negociado previamente. No concurre la contradicción entre las sentencias comparadas a pesar de las similitudes y una posible contradicción doctrinal, y ello porque la recurrida resuelve una reclamación individual presentada solo tras dictarse la STC cuyos efectos se discuten. La referencial aborda un conflicto colectivo no solo anterior a la citada STC sino que, precisamente propicia que se dicte la misma. La sentencia cuenta con Voto Particular.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Social
  • Municipio: Valladolid
  • Ponente: EMILIO ALVAREZ ANLLO
  • Nº Recurso: 2055/2020
  • Fecha: 25/01/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: No estamos aquí ante el problema resuelto tanto a nivel del TJUE como por el TS relativo a la posibilidad tras largos períodos de IT de reclamar las vacaciones no disfrutadas sino ante la fijación del "dies a quo" para el cómputo del plazo prescriptivo de unas vacaciones no disfrutadas cuando a un trabajador se le declara en incapacidad total con reserva del puesto de trabajo y en fecha posterior se produce la extinción de la relación laboral, por denegarse la revisión. Aunque la sentencia en que se basa la recurrida es desestimatoria por falta de contradicción, al acercarse a ella lo que hay que ver es cual es la causa de la ausencia de contradicción y la ausencia consiste en que la situación de IT es distinta a la de la incapacidad total revisable dentro de los dos años. Ciertamente esta última situación suspende el contrato de trabajo, pero durante la misma no se devengan vacaciones a diferencia de la IT. Partiendo de ello, en el momento en que se declara la incapacidad total ya existe una situación definitiva en la que la actora necesariamente habría de conocer cual era su situación como acreedoras, no existiendo ningún obstáculo legal para su reclamación. Coincidiendo esta Sala con la sentencia de instancia en que en ese momento ha de fijarse el "dies a quo".
  • Tipo Órgano: Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JAVIER EUGENIO LOPEZ CANDELA
  • Nº Recurso: 627/2017
  • Fecha: 22/01/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El primer motivo invocado por la sociedad es la prescripción del derecho a liquidar, al haberse incumplido el plazo de doce meses de duración del procedimiento inspector. En la sentencia se declara que no se produce, dada la existencia de períodos de interrupción justificada, sin que haya transcurrido el plazo de 4 años. Sobre el carácter que tenía que tener la liquidación, definitiva o provisional, al entender que sería, en todo caso, una mera irregularidad, que no produce indefensión, se desestima, teniendo la liquidación carácter provisional, como así se refleja en lo actuado. Sobre la aplicación del art. 134 TRLIS, sobre la presunción de obtención de una renta, tras citar los criterios jurisprudenciales que lo interpretan, analiza lo recogido en la liquidación, y declara que al no contabillizarse las aportaciones de los socios como tales, y no fueron declaradas, se aplica la presunción de obtención de una renta por el importe de las mismas. Por último, en relación con la falta de motivación del acuerdo sancionador, se desestima, pues del contenido de dicho acuerdo se aprecian los hechos imputados, los preceptos infringidos y los criterios de la imposición de la correspondiente sanción; todo ello, conforme a los criterios jurisprudenciales que cita.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: CESAR TOLOSA TRIBIÑO
  • Nº Recurso: 1705/2020
  • Fecha: 22/01/2021
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: Comprobación realizada en un procedimiento foral distinto al previsto en la norma. Criterio de la Sala de instancia que se aparta deliberadamente de la jurisprudencia establecida por este Tribunal Supremo en sentencia de 2 de julio de 2018 (rec. cas. 696/2017; ES:TS:2018:2770). Aplicabilidad del artículo 88.3.b) LJCA como presunción iuris et de iure de interés casacional. Informe favorable a la admisión del tribunal de instancia. Auto similar a los asuntos admitidos RRCA 2504/2019, 2494/2019 y 2994/2019.Admisión del recurso por coincidir las pretensiones de la parte recurrente con la doctrina fijada por las sentencias de 19 y 30 de noviembre de 2020 (RRCA/2996/2019; ECLI:ES:TS:2020:3954 y 2994/2019; ECLI:ES:TS:2020:4129).

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