Resumen: La Sala desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por una mercantil contra el Acuerdo del Consejo de Ministros que inadmitió su solicitud de indemnización por responsabilidad patrimonial en relación con el IIVTNU. De la simple declaración de la nulidad de los preceptos contrarios a la Constitución, declarada en la STC 182/2021 no emerge imperativamente un daño antijurídico que pueda ser cuantificado por equivalencia a la cantidad satisfecha. El Tribunal Constitucional no considera ilegítimo el impuesto, ni siquiera el método de estimación objetiva de la base imponible hasta ahora utilizado. Lo que sí considera contrario a la Constitución es la exclusividad de ese método, pero tal exclusividad había sido ya eliminada por nuestra jurisprudencia al aplicar la doctrina contenida en las SSTC 59/2017, de 11 de mayo de 2017 , y 126/2019, de 31 de octubre de 2019 que abrieron la puerta a la posibilidad de utilizar métodos de estimación directa de los bases imponibles dirigidos a acreditar la existencia y cuantía de los incrementos o decrementos patrimoniales. De una declaración de inconstitucionalidad puede extraerse la presunción de la antijuricidad de los daños derivados de los actos de aplicación, lo cierto es que tal presunción no es absoluta y puede ser desvirtuada por las circunstancias que concurren en el caso concreto, como aquí acontece. No existe, pues, el automatismo que deduce su derecho a la indemnización del simple hecho de haber abonado el tributo.
Resumen: La cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste en precisar en qué momento se inicia el plazo de prescripción de la acción para derivar la responsabilidad solidaria a partir de la que corresponde al responsable subsidiario, si desde que finalizó para el deudor principal el periodo de pago voluntario para la presentación de la autoliquidación del impuesto que origina la deuda que se derivó subsidiariamente o desde que finalizó para los responsables subsidiarios el periodo de pago voluntario que siguió a la declaración de dicha responsabilidad subsidiaria.
Resumen: Se desestima el recurso del trabajador y se confirma la sentencia de instancia que, sin entrar en el conocimiento del fondo de la litis, estima la prescripción alegada respectó de la acción de responsabilidad civil, desestimando además la acción de vulneración de derechos fundamentales. La cuestión suscitada radica en determinar si la sentencia recurrida incurrió en incongruencia omisiva porque no se pronunció sobre uno de los argumentos vertidos en el tercer motivo del recurso de suplicación relativo a que la prescripción de la acción de responsabilidad civil se había interrumpido por la tramitación de un procedimiento administrativo sancionador. Tras reproducir la doctrina de la Sala sobre el requisito de contradicción cuando la controversia casacional se limita a aspectos procesales, no entra a conocer del fondo de la cuestión por falta de identidad. La recurrida responde expresamente a cada uno de los tres motivos del recurso de suplicación, - infracción procesal, revisión fáctica e infracción de normas sustantivas- aunque en el ultimo, no da una respuesta expresa a uno de los argumentos vertidos en ella, explica por qué la acción está prescrita y confirma la sentencia de instancia. Por el contrario, en la referencial el TSJ no da respuesta a ninguna de las peticiones de revisiones fácticas formuladas en el escrito de impugnación del recurso de suplicación, soslaya el contenido esencial de dicho escrito y revoca la sentencia de instancia.
Resumen: Procesal. Falta de contradicción. Se interpone una demanda en reclamación de indemnización por daños y perjuicios derivados de enfermedad profesional. La trabajadora prestó servicios como teleoperadora, fue declarada en incapacidad permanente total contando la empleadora con una póliza de seguro que excluía la responsabilidad por enfermedades profesionales. La sentencia de instancia estimó la excepción de prescripción. Recurrida en suplicación, el Tribunal Superior no apreció prescripción, no devolvió los autos y resolvió. Se acude entonces en casación para unificación de doctrina invocando una sentencia de contraste donde el Tribunal Superior tampoco apreció prescripción, pero devolvió los autos al Juzgado para que resolviera sobre el fondo. La Sala, sin embargo, no aprecia contradicción. Por un lado, considera que no existe la identidad necesaria para apreciar contradicción ya que se llegaron a soluciones distintas en función de la suficiencia o insuficiencia de los datos fácticos lo cual fue fruto de la apreciación subjetiva del ponente así como de la propia actuación de la parte a la hora de plantear el debate de suplicación ya que la sentencia referencial solo se recurrió por la prescripción, pero en la recurrida no solo se impugnó la prescripción, sino que se planteó varios motivos de revisión fáctica. Por otro lado, en cuanto a la infracción de la tutela judicial efectiva tampoco concurre la necesaria identidad entre la sentencia del TC citada como referencial y la recurrida y ello dejando al margen que se habría incurrido en una descomposición artificial de la controversia. En la de contraste se denunciaba vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva por un excesivo formalismo a la hora de interpretar los requisitos del recurso, por el contrario en la recurrida se dio una respuesta en cuanto a que no procedía la devolución de autos al existir elementos fácticos suficientes que no habían sido cuestionados ni completados por la parte. Desestima el recurso.
Resumen: Acción de nulidad de la cláusula de gastos en préstamo hipotecario y de restitución de cantidades, esta última declarada prescrita en apelación por considerarse sujeta al plazo de las acciones personales y computable desde el último pago. Allanamiento del banco recurrido. La Sala reitera: i) que el allanamiento de la parte recurrida también tiene efectos en casación y debe dar lugar a la estimación de la demanda, en aplicación del principio dispositivo que rige en el proceso civil; y ii) que el allanamiento es una manifestación de conformidad con la petición contenida en la demanda, hecha por el demandado al contestar a ella, o en otro momento procesal, y constitutivo de un medio de extinción del proceso. En consecuencia, la Sala, con estimación del recurso de casación, al asumir la instancia, desestima el recurso de apelación formulado por el banco, confirmando la sentencia de primera instancia.
Resumen: Préstamo hipotecario. Cláusulas de gastos. Allanamiento en casación de la parte recurrida (demandada y apelante en la instancia). La sala estima el recurso. Recuerda que el allanamiento de la parte recurrida/demandada también tiene efectos en casación y debe dar lugar a la estimación de la demanda en aplicación del principio dispositivo que rige en el proceso civil. El allanamiento es una manifestación de conformidad con la demanda hecha por el demandado al contestar o en otro momento procesal, y constituye un medio de extinción del proceso que puede comprender todas las materias de carácter privado que sean objeto de pretensión por las partes y que sean disponibles por ellas, porque no es lícito, dentro del orden jurídico, oponerse a que los interesados hagan de lo suyo lo que a bien tengan.
Resumen: Prescripción de la acción de reclamación de las cantidades abonadas por gastos. La parte recurrida se allana al recurso de casación. El allanamiento de la parte recurrida/demandada también tiene efectos en casación y debe dar lugar a la estimación de la demanda, en aplicación del principio dispositivo que rige en el proceso civil. El art. 21.1 LEC establece que cuando el demandado se allane a todas las pretensiones del actor, el tribunal dictará sentencia condenatoria de acuerdo con lo solicitado por éste. Conforme a reiterada jurisprudencia, el allanamiento es una manifestación de conformidad con la petición contenida en la demanda, hecha por el demandado al contestar a ella, o en otro momento procesal, y constitutivo de un medio de extinción del proceso a virtud del reconocimiento y conformidad del demandado, que puede comprender todas las materias de carácter privado que sean objeto de pretensión por las partes y que sean disponibles por ellas, porque no es lícito, dentro del orden jurídico, oponerse a que los interesados hagan de lo suyo lo que a bien tengan. En consecuencia, se estima el recurso de casación y, al asumir la instancia, se confirma la restitución acordada en la sentencia del juzgado de primera instancia por la nulidad de la cláusula de gastos, manteniendo la desestimación de la restitución parcial del impuesto derivada de la nulidad de la cláusula de intereses moratorios. Se imponen las costas de primera instancia al banco demandado.
Resumen: El allanamiento también tiene efectos en casación, así STS 397/2018, de 26 de junio, con cita de otras varias de esta sala. Conforme a reiterada jurisprudencia, el allanamiento es una manifestación de conformidad con la petición contenida en la demanda, hecha por el demandado al contestar a ella, o en otro momento procesal, y constitutivo de un medio de extinción del proceso a virtud del reconocimiento y conformidad del demandado, que puede comprender todas las materias de carácter privado que sean objeto de pretensión por las partes y que sean disponibles por ellas, porque no es lícito, dentro del orden jurídico, oponerse a que los interesados hagan de lo suyo lo que a bien tengan. En consecuencia, debe estimarse el recurso de casación y, al asumir la instancia, debe confirmarse la sentencia de primera instancia, desestimando el recurso de apelación, ya que, por otra parte, estimada la acción de nulidad por ser abusiva una determinada cláusula, aunque no se hayan estimado todas las pretensiones de la demanda, procede imponer las costas de primera instancia al banco demandado.
Resumen: Préstamo hipotecario. Cláusulas de gastos. Allanamiento de la parte recurrida en casación. El allanamiento de la parte recurrida/demandada también tiene efectos en casación y debe dar lugar a la estimación de la demanda, en aplicación del principio dispositivo que rige en el proceso civil. El allanamiento es una manifestación de conformidad con la petición contenida en la demanda, hecha por el demandado al contestar a ella, o en otro momento procesal, y constitutivo de un medio de extinción del proceso a virtud del reconocimiento y conformidad del demandado, que puede comprender todas las materias de carácter privado que sean objeto de pretensión por las partes y que sean disponibles por ellas, porque no es lícito, dentro del orden jurídico, oponerse a que los interesados hagan de lo suyo lo que a bien tengan. En consecuencia, se estima el recurso de casación y, al asumir la instancia, se desestima el recurso de apelación formulado por el banco y confirma la sentencia de primera instancia.
Resumen: Acción de nulidad de la cláusula de gastos en préstamo hipotecario y de restitución de cantidades, esta última declarada prescrita en apelación por considerarse sujeta al plazo de las acciones personales y computable desde el último pago. La Sala, con estimación del recurso, reitera la jurisprudencia que viene a acoger la doctrina del TJUE, en respuesta a la cuestión prejudicial formulada por la propia Sala, que determina que, salvo en aquellos casos en que la entidad prestamista pruebe que, en el marco de sus relaciones contractuales, el concreto consumidor pudo conocer en una fecha anterior que esa estipulación (cláusula de gastos) era abusiva, el día inicial del plazo de prescripción de la acción de restitución de gastos hipotecarios indebidamente pagados por un consumidor será el de la firmeza de la sentencia que declara la nulidad de la cláusula que obligaba a tales pagos. En consecuencia, en el caso examinado, la Sala concluye que al no haber probado la parte demandada que los consumidores tuvieran conocimiento de la abusividad de la cláusula de gastos en el marco de sus relaciones contractuales, antes de la firmeza de la sentencia que declaró su nulidad, no cabe considerar que la acción de restitución estuviera prescrita. De acuerdo con la doctrina del TJUE, aunque no se hayan estimado todas las pretensiones de la demanda, procede imponer las costas de primera instancia al banco demandado.
