Resumen: Demanda de reclamación de indemnización por las lesiones producidas con ocasión de una caída en la entrada de un supermercado, cuyo suelo tenía acumulación de agua que no estaba debidamente señalizada. La sentencia de primera instancia desestimó la demanda, al entender que no se había acreditado la forma en que se produjo el accidente y, por tanto, si el supermercado actuó o no con diligencia. La audiencia consideró acreditado que la caída en el hall del supermercado se produjo por la acumulación de agua de lluvia, pero rechaza la pretensión de la demandante, al considerar prescrita la acción. Recurre en casación la demandante y la sala estima su recurso. En primer lugar, considera que la fecha que debe tenerse en cuenta a efectos del art. 1969 CC es el del fin del tratamiento médico, con independencia de que un perito fijase una fecha anterior como de estabilización de las lesiones. En segundo lugar, considera que la incapacidad temporal se extendió hasta el 31 de agosto de 2013 y que el plazo de prescripción se interrumpió en dos ocasiones, el 24 de junio de 2014 (reclamación por burofax) y el 23 de junio de 2015 (papeleta de conciliación), por lo que el 15 de septiembre de 2016 (fecha de la demanda), no había transcurrido un año y la acción no estaba prescrita. La casación de la sentencia comporta la asunción de la instancia y la devolución de las actuaciones a la audiencia a fin de que dicte sentencia sobre el fondo del asunto, para no privar de una instancia a la actora.
Resumen: El actor recurre en suplicación la sentencia del Juzgado de lo Social, que tras estimar prescrita parte de la reclamación salarial efectuada, condena a la empresa al abono de las diferencias por la categoría de Oficial de Primera en el Convenio Colectivo del sector de oficinas y despachos de Burgos extendido a Cantabria. La Sala de lo Social rechaza, en primer lugar, la solicitud de modificación del relato fáctico, al no darse los requisitos jurisprudenciales para acceder a la misma; en segundo lugar, admite que no están prescritas las cantidades reclamada ya que la demanda de conflicto colectivo interrumpe el plazo hasta que recae sentencia firme; en tercer lugar, deniega la atribución de las categorías de Jefe de Primera o Jefe de Segunda, dado que la llevanza de funciones de supervisión y dinamización no es óbice para que el actor se encuentre sometido jerárquicamente a un jefe. Finalmente, acepta la compensación de las mejoras salariales superpuestas, por lo que únicamente se estima el recurso respecto al adeudo del periodo no prescrito por la aplicación del citado convenio, en su condición de Oficial de Primera.
Resumen: Ha lugar al recurso de casación, afirmando la Sala que la paralización del procedimiento sancionador durante un plazo superior a un mes, reinicia el plazo de prescripción de la infracción, en cuyo cómputo queda excluido el mencionado plazo mensual de paralización, pues para que opere la prescripción de las infracciones -una vez transcurrido más de un mes de paralización del procedimiento sancionador no imputable al responsable- ha de reiniciarse el cómputo del plazo en su total extensión. La Sala razona que la obligada suspensión de la prescripción por la iniciación del procedimiento sancionador, no puede comportar, como sucedía normativamente antes de la Ley de 1992, que una vez iniciado el procedimiento sancionador, la Administración, en cuanto que ostenta la potestad sancionadora, pueda demorar de manera arbitraria la tramitación del procedimiento, dejando en suspenso el plazo de prescripción de la infracción, sino que ha de asignársele un plazo para dicha tramitación. Esto es, si el reinicio de la prescripción se produce por la paralización de un mes, una primera interpretación lógica del precepto examinado comporta que dicho mes debe quedar excluido del nuevo cómputo del plazo, porque lo que constituye la causa --la paralización--, no puede integrar el efecto ocasionado, es decir, el reinicio de la prescripción: la paralización del procedimiento hace volver a correr el plazo de prescripción en su integridad.
Resumen: La cuestión suscitada consiste en determinar si la acción de reclamación de indemnización de daños y perjuicios derivados de accidente de trabajo está prescrita respecto de la empresa comitente, a la que no se reclamó inicialmente, en un supuesto en el que el accidente se produjo en el marco de una contrata de obras y servicios, siendo el trabajador empleado de la contratista y si la inicial reclamación contra la empresa empleadora interrumpe o no la prescripción respecto de la empresa contratante. La Sala IV, en Pleno y con votos particulares, casa y anula parcialmente la sentencia recurrida, en el sentido de absolver a Viesgo Distribución Eléctrica SL, manteniendo la condena de la contratista y de la Cia. Aseguradora al abono de la indemnización. Se descarta la nulidad de actuaciones pues es posible modificar el fallo sin modificar los hechos probados. En cuanto al fondo del asunto, tras una profusa labor argumental, se aprecia la prescripción respecto de la empresa comitente no empleadora. Se trata de un supuesto de solidaridad impropia entre los sujetos a quienes alcanza la responsabilidad por el ilícito culposo, con pluralidad de agentes y concurrencia de causa única que no tiene su origen en la ley ni en pacto expreso o implícito entre las partes, sino que nace con la sentencia de condena. La consecuencia es que la reclamación efectuada ante el empresario empleador no interrumpe la prescripción respecto de la acción ejercitada contra el empresario principal.
Resumen: La Fundación demandante reclama al sindicato demandado las cuantías que concedió a este último en convocatoria de subvenciones para el apoyo de acciones de fortalecimiento de medidas de seguridad en el trabajo, con fundamento en el requerimiento realizado por el tribunal de cuentas al acreditarse un incumplimiento de las actuaciones de esta última, por lo que revoca la donación de las subvenciones entregadas considerando estas como una donación modal, apreciándose en la primera instancia la caducidad de cuatro años conforme a las previsiones de la convocatoria de las subvenciones, resolviendo la audiencia que la excepción a ese cómputo, a saber cuando así se derive de una resolución judicial o administrativa o de las actuaciones de los órganos de fiscalización y control financiero, siempre que no haya transcurrido el plazo de prescripción civil de quince años no es aplicable al no existir una resolución de esa naturaleza.
Resumen: Se plantea en casación para la unificación de la doctrina la cuestión de resolver si se ha vulnerado o no el derecho de huelga en un supuesto en el que diversos mandos intermedios sustituyeron el trabajo de los empleados huelguistas por iniciativa propia, sin autorización del empresario, pero sin que éste se opusiese o impidiese tal sustitución. En la sentencia recurrida consta que, al menos cuatro trabajadores que ostentan la cualidad de jefes de área o responsables de un departamento o servicio de la empresa demandada BSH Electrodomésticos España SA, realizaron durante la jornada de huelga legal iniciada el 9 de enero de 2017 tareas que no tenían ordinariamente encomendadas, tareas que de ordinario realizan los técnicos de laboratorio (como la recuperación de lavavajillas o ensayos de laboratorio), que los trabajadores encargados de ellas no estaban efectuando por estar ejercitando el derecho de huelga. Así lo documentó la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social que ese día realizó una visita a las instalaciones de la empresa y emitió informe. La doctrina correcta se encuentra en la sentencia de contraste. La sustitución interna de trabajadores huelguistas puede constituir un ejercicio abusivo de las facultades directivas empresariales. Así ocurrirá cuando, sea de forma intencional, o sea de forma objetiva, dicha sustitución produzca un vaciamiento del contenido del derecho de huelga, o una desactivación o aminoración de la presión asociada a su ejercicio.
Resumen: La sentencia recurrida en casación unificadora estimó la demanda de los trabajadores, médicos, de reclamación de diferencias retributivas por prestación de servicios llevados a cabo en guardias de presencia física que suponían un total de horas por encima del límite de jornada anual prevista en el Convenio de la XHUP. Pero, la Sala IV no entra a conocer del recurso deducido por la empresa -Corporatió Sanitaria Parc Taulí- al no concurrir la necesaria contradicción con ninguna de las sentencias ofrecidas de contraste, en relación a la determinación de la normativa aplicable a las horas de jornada complementaria de atención continuada, la fijación del dies a quo para el cómputo del plazo de prescripción, y los intereses por mora. Suerte adversa corrió el recurso deducido por el Sindicato de Metges de Catalunya, procediendo a la sentencia anotada a imponer las costas a la demandada, porque no es una entidad gestora de la Seguridad Social que goce del beneficio de justifica gratuita de la L 1/1996, art. 2-b, de acuerdo con doctrina reiterada, según la cual no tienen dicha condición las entidades públicas de derecho privado y demás organismos administrativos creados por las CCAA para cumplir con las obligaciones que su pertenencia al sistema nacional de salud les impone en orden al deber de prestar asistencia sanitaria exigido por la L 16/2003, por cuanto tienen una naturaleza jurídica distinta.
Resumen: La recurrente, concejal de Ayuntamiento, resultó condenada por la sentencia dictada en la instancia, como autora de un delito leve de apropiación indebida, al haberse apoderado de un teléfono móvil que el Ayuntamiento le había facilitado para su uso como Concejal, no procediendo a su devolución tras el cese en el cargo de dicho Ayuntamiento, y se confirma, en la sentencia, tal condena ya que la entrega se llevó a cabo por el Ayuntamiento, que es el receptor de los aparatos, a los concejales que corresponde, por razón del cargo y para un mejor desempeño de sus funciones, por lo que cuando dejan de prestarlas porque se ha producido un cambio de gobierno o han abandonado el puesto, surge la obligación de devolver el terminal, como el resto de aparatos electrónicos entregados en que abandonan los cargos y es preciso devolver lo entregado por razón de su desempeño. Al haber abandonado su cargo la recurrente con anterioridad al 1 de julio de 2015, los hechos se deben calificar como constitutivos de una falta de apropiación indebida tipificada en el artículo 623.4 CP, en lugar de un delito leve, sin que se haya producido ni al inicio del procedimiento ni una vez incoada la causa y tramitada, paralización superior a seis meses, por lo que la falta no habría prescrito. Se reduce el valor del terminal a 250 euros y no en 376 euros al ser una inferencia lógica que cuando se entregan varios terminales para su uso en una Corporación, el precio del mismo puede disminuir.
Resumen: Comprobación realizada en un procedimiento foral distinto al previsto en la norma. Criterio de la Sala de instancia que se aparta deliberadamente de la jurisprudencia establecida de la por este Tribunal Supremo en sentencia de 2 de julio de 2018 (rec. cas. 696/2017; ES:TS:2018:2770). Aplicabilidad del artículo 88.3.b) LJCA como presunción iuris et de iure de interés casacional. Informe favorable a la admisión del tribunal de instancia. Auto similar a los asuntos admitidos RRCA 2504/2019, 2494/2019, 2994/2019 y 2996/2019.
Resumen: Las cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadido soportadas en el alquiler de viviendas no son deducibles porque se trata de operaciones sujetas y exentas de este Impuesto. Se pretende que la crisis del sector y la obtención de recursos justifiquen el cambio de actividad y el destino de los bienes lo que es muy distinto y no tiene cobijo en la norma. La actora no ha probado la realización de operaciones que generen el derecho a la deducción del IVA soportado mediante el empleo de los bienes adquiridos en operaciones sujetas y no exentas y no puede admitirse la deducción pretendida. El plazo de prescripción del cuarto trimestre se computa de a desde el día siguiente al vencimiento del plazo de declaración, esto es desde el día siguiente al 30 o 31 de enero. Antes del transcurso de cuatro años se notificaron a la recurrente la caducidad del procedimiento de comprobación limitada, q y en la misma fecha se notificó la propuesta de liquidación provisional por la que se inició el nuevo procedimiento de comprobación limitada y se notificó la liquidación provisional resultante sin que se hubiera producido la prescripción.
