Resumen: El demandante, al amparo del art. 1079 CC, ejercitó acción para que se completara y rectificara la partición de la herencia de su madre realizada por los contadores, por entender que se habían omitido bienes y que la valoración de los incluidos había sido incorrecta. La demanda fue desestimada en primera instancia por considerar la juzgadora que ninguna de las pretensiones quedaba amparada por la acción ejercitada: la de omisión, por la importancia de los bienes que se decían omitidos; la de rectificación, por no ser aplicable el art. 1079 CC a una errónea valoración de los bienes. La Audiencia estima el recurso de apelación del actor, limitado a la solicitud de rectificación de la partición en una concreta cuestión, y declara que la partición debe ser adicionada. Interpone recurso de casación una de las hermanas demandadas por entender que la valoración de los contadores fue correcta y porque, además, el art. 1079 CC no se refiere a la rectificación de la partición por haberse producido una valoración incorrecta de los bienes. La sala estima este motivo pues la sentencia recurrida contradice su doctrina cuando afirma que la acción de adición o complemento ejercitada al amparo de lo dispuesto en el art. 1079 CC permite no sólo la adición de bienes o valores, sino también la revisión de valoraciones pues las discrepancias en la valoración del activo no pueden dar lugar a la acción de complemento o adición de la partición regulada en el citado precepto.
Resumen: El actor, en situación de excedencia voluntaria en la empresa solicitó el reingreso en dos ocasiones contestando la empresa que tomaba nota de su petición. Interpuso entonces demanda de despido, que fue desestimada por inadecuación de procedimiento. Efectuada nueva solicitud a la empresa que respondió en el sentido de no haber plaza vacante. Presentó dos demandas más de despido, también desestimadas por la misma causa. Por otra parte la empresa pactó con los trabajadores la transformación en fijos de al menos 35 trabajadores eventuales. De la misma categoría profesional que el actor la empresa viene contratando nuevos trabajadores. Presentada nueva demanda fue estimada condenando a la empresa a reingresar al trabajador y abonarle una cantidad en concepto de indemnización. La Sala desestima el recurso de la empresa pues después d ela solicitud del trbajador de reingresar la empresa ha contratado otros trabajadores de su categoría, aunque se trate de trabajadores temporales de la propia empresa. También rechaza la prescripción alegada por la empresa.
Resumen: Se desestima el recurso interpuesto contra la sanción por daños al dominio público hidráulico. La sanción se impone por regar parcelas no amparadas por la inscripción en el catálogo, desestimando la alegación de la actora de que era una infracción leve, por cuanto que la Ley de Aguas establece que la modificación de las condiciones o régimen de aprovechamiento requieren la oportuna concesión de aguas, considerándose como modificación la variación de la superficie sobre la que se aplica el recurso en el caso de aprovechamientos de regadío. Por tanto, lo que se imputa es el incumplimiento de las condiciones de la autorización para riego, y entre tales condiciones está la de la concreta superficie para la que se permite el riego; si no se atiene a ella el regante, la infracción queda cometida. En cuanto a los daños, la sentencia considera que los daños existen cuando el volumen de extracción es utilizado en el riego de superficie no comprendida en el aprovechamiento. Finalmente, en cuanto a los motivos introducidos en conclusiones, se descarta que en este trámite se pueda introducir de forma novedosa la nulidad de la resolución por vicios formales; sin embargo, sí analiza la prescripción de la infracción, pues se trata de una cuestión apreciable de oficio, y siendo puesta de manifiesto directamente por la actora, resulta procedente abordarla, si bien se concluye que no había transcurrido el plazo.
Resumen: Debe admitirse la solicitud de extradición formulada por el Fiscal del Rey de Marruecos, al formar parte del poder judicial. Además, consta en la documentación aportada que el resto de las personas investigadas han sido puestas a disposición judicial en virtud de las actuaciones de la Policía Judicial que han dado lugar a las sucesivas detenciones, por lo que no es ilusorio afirmar que existe ya un procedimiento judicial en investigación de los hechos, y todos los documentos están avalados por un juzgado de primera instancia. No resulta preceptivo la unión de la busca y captura nacional, máxime teniendo en cuenta que las autoridades reclamantes tenían ya conocimiento de la presencia en España del reclamado.
Resumen: Se desestima el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del Juzgado, que desestimó el recurso contencioso planteado contra el acuerdo municipal que desestimó la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por los actores por indebida ocupación por el Ayuntamiento de parte de la finca, de titularidad de aquéllos, para la ejecución de dos viales, y en cuya virtud interesaron una indemnización. La sentencia desestima el recurso con fundamento, en esencia, en la prescripción de la acción de reclamación de responsabilidad patrimonial, pues ya habían pasado casi 40 años desde la ocupación, por lo que la acción de reclamación estaría prescrita por haber transcurrido con creces el plazo de un año. No hay determinación concreta por los actores, ni tan siquiera aproximada, del momento en que se produjo la ocupación del terreno por el Ayuntamiento, pareciendo lógico situarla con ocasión del otorgamiento de licencia de edificación a un anterior propietario de los terrenos afectados. La propia sentencia determina la aplicación de la doctrina en ella recogida en los supuestos en que se ejercita una acción contra las vías de hecho, pues lo determinante es la ausencia de actos externos manifestables de oposición a que los terrenos afectados fueran destinados a las dotaciones públicas para las que fueron ocupados.
Resumen: Confirma la sentencia que desestimó, por prescripción, la acción de responsabilidad civil extracontractual planteada frente a la concursada y la AC por daños en la producción agrícola imputados a plagas por el abandono fitosanitario de la finca colindante propiedad de la concursada. Discutido el día inicial de cómputo en el recurso, recuerda que es doctrina pacífica que el dies a quo de la acción de reclamación por responsabilidad extracontractual se identifica con el momento en que el actor tiene - o puede tener empleando la diligencia debida- conocimiento de los daños, que en este caso es la fecha de elaboración del dictamen pericial pues la actora ya conocía el daño que reclama, pues en ese informe se identifica y cuantifica con precisión, y más habiendo hecho uso la sentencia apelada de una adecuada aplicación del principio de interpretación restrictiva de la prescripción a la hora de fijar el dies a quo, al optar por la tesis más conservadora de los derechos, sin que en ningún momento dijese la actora que el dictamen pericial era una estimación de daños no definitiva, sino que la tesis principal sostenida era que la declaración del concurso interrumpía la prescripción, lo cual es insostenible, pues dicha regla no es de aplicación a los créditos contra la masa el art 60 LC ya que no hay obstáculo alguno para su reclamación tras el concurso, que es lo explica la interrupción ex lege.
Resumen: El recurrente cuestiona la suficiencia de la totalidad de la prueba, haciendo expresa mención a la declaración de los testigos que, previamente, en la instrucción tuvieron la condición de investigados y que fueron tenidos en cuenta por la Sala como elemento de cargo. La actuación es conforme con el Acuerdo de Pleno de 16/12/2008 y las declaraciones de los testigos que inicialmente prestaron declaración como imputados contaron con corroboraciones periféricas. El recurso se estima en lo concerniente a la apreciación de la atenuante de dilaciones indebidas cualificadas, pues el Tribunal de instancia no motivó la rebaja de la pena en un solo grado. Por el contrario, puede afirmarse que la causa ha sufrido una injustificada demora de extremada intensidad, ya que la denuncia se interpone en el 2005 y se juzgan los hechos en el 2020, casi 15 años de duración de la causa que no se compadece con la complejidad de la misma, demora que supera lo que podría entenderse como extraordinaria, con periodos de paralización importantes, algunos superiores a los tres años, que dieron lugar al archivo de las actuaciones para el resto de imputados. En consecuencia, existen datos objetivos en la causa conectados con la excesiva duración del proceso y las paralizaciones del mismo, que imponen la rebaja en dos grados de la pena correspondiente, desde las exigencias del principio de proporcionalidad de la misma
Resumen: En la demanda rectora de las actuaciones impugna la Asociación empresarial actora por ilegalidad y lesividad el último párrafo del art. 35 del convenio colectivo de limpieza de edificios y locales de Coruña, en el que se excluye la suscripción de contrato eventual con trabajadores de ETT. La sentencia recurrida en casación declara la falta de legitimación de la actora para impugnar dicha norma por ilegalidad y desestima la acción de nulidad por lesividad. La sala IV, tras rechazar las alegaciones de defectuosa articulación del recurso, confirma la decisión de instancia relativa a la falta de legitimación de la recurrente por no acreditarse por no acreditar su condición de "interesada" en los términos exigidos por el art. 165.1.a de la LRJS y tratarse de una Asociación de ETT que no está incluida en el ámbito de aplicación del convenio impugnado. Sin embargo, en la sentencia anotada se estima la acción de impugnación de la norma por lesividad, admitiendo a estos efectos la legitimación activa, por considerar que la norma impugnada causa daño grave a la ETT, a las que se impide concertar contratos de puesta a disposición con empresas usuarias de limpieza cuando los trabajadores vayan a ser contratados eventualmente. Sin que a ello obste que la norma impugnada derive de la autonomía colectiva o porque la autoridad laboral no haya impugnado el convenio. Por todo ello, se estima parcialmente el recurso, declarando la nulidad de la norma impugnada.
Resumen: El procedimiento de extradición no permite valorar los indicios de comisión de los hechos por los que se solicita la entrega. No se hace constar por el recurrente riesgos ni amenazas concretas frente él, y el Estado reclamante ha dado formales garantías de no someter al extraditado a tortura o a otros tratamientos o penas crueles, inhumanos o degradantes. La petición de suspensión de la ejecución de la entrega en virtud del procedimiento penal que el reclamado tiene pendiente en España es cuestión a resolver en el periodo de ejecución de la entrega.
Resumen: La sentencia analiza los mecanismos que permiten dar por cumplido el requisito previsto en el artículo 32.4 de la Ley 40/15, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, a efectos de instar válidamente la acción de responsabilidad patrimonial prevista en dicho precepto. En este sentido, estima el TS que este precepto comprende todas aquellas formas de impugnación que, de una parte, pongan de manifiesto la disconformidad del interesado con el acto administrativo cuestionando la constitucionalidad de la norma aplicada y, de otra, den lugar al control jurisdiccional plasmado en una sentencia firme en la que se valore la constitucionalidad de la norma que después es objeto de pronunciamiento por el Tribunal Constitucional. Incluye el TS, entre estas formas de impugnación, y dando solución a la cuestión de interés casacional formulada, la solicitud de revisión de oficio de los actos nulos de pleno derecho por responder a la aplicación de una norma que resulta inconstitucional y el correspondiente recurso jurisdiccional, interpuesto contra la resolución administrativa que desestimó un procedimiento de revisión por nulidad de pleno derecho, promovido contra la actuación que ocasionó el daño. El TS examina, también, la concurrencia del requisito temporal establecido en el art. 34.1 párrafo segundo de la Ley 40/2015, referido a la prescripción del daño en cuanto integra el derecho indemnizable, precisando el dies ad quo y dies ad quem de dicho plazo.
