Resumen: Precisar si las rentas obtenidas por el contribuyente como consecuencia del pago de intereses de demora por retraso en la fijación del justiprecio han de imputarse al ejercicio en que se dicta el auto que precisa los parámetros que se han de tener en cuenta para su determinación ( dies a quo, dies ad quem y base de cálculo), auto que adquiere firmeza, o al ejercicio en que se dicta el auto por el que se practica su liquidación y se fija la cantidad exacta a pagar por tal concepto. Han de imputarse al ejercicio en que adquiere firmeza el auto que precisa los parámetros que se han de tener en cuenta para la determinación (dies a quo, dies ad quem y base de cálculo) -o que los cuantifica- de los intereses de demora por retraso en la fijación del justiprecio
Resumen: Respecta a la caducidad del procedimiento y su consecuencia de la prescripción del derecho a liquidar la deuda tributaria, en contra de lo que indica el actor en la demanda, consta en el expediente administrativo un certificado de remisión de la Dependencia Regional de Recaudación, de 30 de mayo de 2016, en el que se certifica que en esa fecha se remitió a la Dependencia Regional de Inspección la resolución del TEAR de 24 de noviembre de 2015. Se ha producido un retraso en la ejecución de la resolución pero que no produce caducidad alguna del procedimiento por lo que tampoco se produciría la prescripción del derecho a liquidar la deuda tributaria. El earn out se devengó en diferentes ejercicios, con posterioridad a la venta de las participaciones, al tratarse de una cantidad variable del precio de las mismas, supeditada al cumplimiento de determinadas condiciones y no era posible, por ello, la aplicación a esos ingresos de las reglas de valoración de los ingresos procedentes de las actividades económicas. Están bien calculados los intereses de demora, por cuanto el periodo que el actor entiende que no debió no debieron de imputarse intereses de sin embargo, como hemos visto más arriba, esa fecha que coincide con la del día del mes siguiente al de la recepción de la resolución por el TEAR, el 30 de mayo de 2016
Resumen: La sentencia reconoce la prestación. El hecho de que el menor esté escolarizado, recibiendo los tratamientos y educación, no impide que se aprecie que concurren las circunstancias exigidas para la concesión de la prestación solicitada. En primer lugar, en ninguno de los preceptos aplicables, se exige que esta necesidad de cuidar de manera, directa, continua y permanente al menor, suponga la atención al mismo durante las 24 horas del día. Los preceptos requieren que el cuidado sea directo, continuo y permanente pero, en modo alguno tal exigencia es equiparable a cuidado durante el día entero. En segundo lugar, al establecerse el subsidio a favor del progenitor, adoptante o acogedor, siempre que la jornada se reduzca, al menos en un 50%, supone que el solicitante del subsidio no va a dedicar la totalidad de su tiempo al cuidado del menor, ya que una parte del mismo la dedica a la realización de su trabajo. En tercer lugar, el que el menor esté escolarizado en un colegio, donde recibe atención de fisioterapeuta, profesora de audición y lenguaje, profesora de pedagogía terapéutica y auxiliar técnico educativa, no supone, dada la gravedad de sus dolencias y las severas limitaciones que comportan, que durante el tiempo en el que permanece en su domicilio no tenga que ser objeto de intensos cuidados por parte de su madre, de manera, directa, continua y permanente. Y, en cuarto lugar no está prevista, como causa de extinción de la prestación, el que el menor esté escolarizado
Resumen: La Sala desestima el recurso y confirma la sentencia de instancia que desestimó la petición de indemnización, por incapacidad permanente total causada en accidente de trabajo, contra las Aseguradoras codemandadas, estimándola frente a la empresa, según lo dispuesto en Convenio Colectivo respecto a mejoras voluntarias de Seguridad Social.
Resumen: El Tribunal Superior de Justicia desestima el recurso empresarial frente a la calificación que hace el Juzgado de improcedencia del despido disciplinario que actuó contra un trabajador imputándole transgresión de la buena fe contractual, abuso de confianza, desobediencia, inasistencia injustificada al trabajo y retrasos u olvidos en el fichaje al entrar y salir de la empresa. Como quiera que la empresa sólo discute la calificación de los hechos, la Sala considera que se ha de partir de que todo se reduce a la problemática de ausencias y retrasos u omisiones de fichaje del trabajador y en esta tesitura, hace ver que no se discute en el recurso que esté prescrita alguna falta que así considera el Juzgado, que consta que la empresa sabía que faltaba los fines de semana y que por ello se interesó ante sus compañeros y ante los representantes legales de los trabajadores, siendo que la empresa recibió aviso de ausencia previo del trabajador en alguno de los días imputados en la carta, manifestando que se encontraba enfermo, que otras veces el aviso fue previo o se indispuso durante la jornada, que en otros casos consta que trabajó pero no fichó. Como quiera que no se llega a tres días completos de ausencia injustificada, ni constan especiales y graves perjuicios para la empresa por tales ausencias, pues se acordaba de inmediato la sustitución en sus funciones por otra persona, considera la Sala que no existe falta disciplinaria muy grave, considerando desproporcionada la sanción.
Resumen: Los hechos están debidamente acreditados al recogerse en la denuncia inicial los hechos mencionados y la comprobación posterior de los mismos en la tramitación del procedimiento administrativo. Inicialmente había una toma de agua para la finca matriz que fue abandonada y se instaló una nueva toma de riego con su motor para regar la finca segregada y que la parte demandante continúa regando con dicha toma de agua. La finca está debidamente identificada. Era al demandante a quien correspondía probar la fecha de la nueva toma, al tratarse de un hecho en el que apoyaba la falta de responsabilidad. Inexistencia de prescripción al ser infracción continuada.
Resumen: Impugna el trabajador su despido por ofensas verbales a un trabajador de un empresa que prestaba también sus servicios en colaboración con la del actor. Por el Juzgado de lo Social se estima el recurso al entender prescrita la falta imputada. Interpone recurso de Suplicación por la empresa que es estimado. Así en cuento a la prescripción entiende la Sala que el palazo de 60 dias empezara a contar desde que el empresario tiene conocimiento cierto de los hechos y en este caso empezaría computarse el plazo desde que la empresa después de haber realizado las averiguaciones de los hechos que se le imputaban al trabajador y una vez que tiene certeza de los mismos es cuando comenzaría a computarse el plazo de 60 días , que en este caso no habría transcurrido. Entrando en el fondo entiende la Sala que los hechos imputados al trabajador y declarados probados en la sentencia de instancia revisten la gravedad suficiente como para ser merecedores de la sanción de despido y ello aunque el trabajador ofendido sea de otra empresa.
Resumen: La Junta de Extremadura dictó dos resoluciones: en la primera declaraba la caducidad del procedimiento y en la segunda la incoación de nuevo procedimiento y trámite de audiencia que concluyó por la Liquidación impugnada. La declaración de caducidad estaba motivada y no era necesario un mayor desarrollo al comprobarse el transcurso del plazo para resolver el primer procedimiento de gestión tributaria, siendo indiferente que no se ofreciera pie de recurso, pues la parte actora recurrió contra la misma, de modo que no cabe hablar de indefensión. En cuanto a la Liquidación del Impuesto sobre Sucesiones, la sentencia analiza las fechas relevantes de las actuaciones administrativas que sirvieron para interrumpir la prescripción, por lo que la acción para liquidar la deuda tributaria no ha prescrito.
Resumen: Condena a los acusados por delito de lesiones leves y los absuelve por delitos de detención ilegal, torturas y lesiones sostenidos por la acusación particular. Los acusados, agentes de Policía, golpearon en dependencias policiales al detenido, causándole lesiones que no precisaron más que primera asistencia no seguida de tratamiento médico o quirúrgico. El delito de detención ilegal requiere: a) medio comisivo, encerrar, detener o privar de libertad a otro; b) elemento normativo, que no medie causa por delito; c) que el funcionario actúe fuera de los casos permitidos por la Ley; y d) dolo específico, que el sujeto activo obre con conocimiento de la concurrencia de los elementos objetivos de la infracción penal. Se acredita que los acusados estaban de servicio, por tanto, legitimados para detener, y que el detenido empujó y forcejeó con uno de los agentes cuando iba a ser identificado para ser sancionado por tenencia de estupefacientes en la vía pública, no existe detención ilegal. Tampoco se estima delito de torturas que requiere la determinación de los hechos que integran el trato humillante o vejatorio que conforma el atentado contra la integridad moral que castiga, sin que por la acusación particular se hayan concretado qué hechos ha considerado tortura, no suponiendo la simple causación de lesiones que las mismas sean vejatorias, degradantes o humillantes. No se aprecia la agravante de abuso de superioridad ni la atenuante de dilaciones indebidas. No existe prescripción.
Resumen: El Tribunal Superior de Justicia confirma la sentencia recurrida, desestimando el recurso del trabajador contra la sentencia que declaró procedente el despido disciplinario del demandante, a quien se le imputaba el uso del ordenador que le había facilitado la empresa para visitar páginas de uso personal y recepción instantánea de correo electrónico de carácter personal, en contra de la prohibición expresa acordada en cláusula especial del contrato de trabajo, donde se advertía de la sanción empresarial por esa grave conducta y se concedía expresa autorización para el control empresarial aleatorio de esa herramienta informática. La Sala resuelve dos cuestiones previas, acerca de la indicación de domicilio de la abogada del recurrente y sobre si el escrito de impugnación del recurso fue planteado en forma, desestimando los argumentos relativos a la inadmisión del recurso o de su impugnación. Desecha dos reformas fácticas sobre datos incluidos en los fundamentos de derecho de la sentencia, al no evidenciarse error de forma patente por medio de prueba legal. Considera que son cuestiones nuevas plantear la legalidad del control del ordenador y si está prescrita la falta, desestimando también en cuanto al fondo tales argumentos. Finalmente considera que se respeta la doctrina gradualista en sede de despido disciplinario, examinando el convenio colectivo aplicable, considerando las previsiones del pacto especial aludido y valorando el sector económico de actividad de la demandada.
