Resumen: La sentencia suscita la cuestión de si la anulación de una liquidación tributaria practicada como desenlace de un procedimiento de verificación de datos, cuando debió serlo en uno de comprobación limitada, integra un supuesto de mera anulabilidad o uno de nulidad de pleno Derecho, con la consecuencia en este segundo caso, conforme a la jurisprudencia, de la incapacidad de las actuaciones desarrolladas en el procedimiento de verificación de datos para interrumpir el plazo de prescripción del derecho de la Administración a determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación. Y la conclusión a la que llega es que nos encontramos ante un supuesto de nulidad de pleno derecho
Resumen: La sentencia suscita la cuestión de si la anulación de una liquidación tributaria practicada como desenlace de un procedimiento de verificación de datos, cuando debió serlo en uno de comprobación limitada, integra un supuesto de mera anulabilidad o uno de nulidad de pleno Derecho, con la consecuencia en este segundo caso, conforme a la jurisprudencia, de la incapacidad de las actuaciones desarrolladas en el procedimiento de verificación de datos para interrumpir el plazo de prescripción del derecho de la Administración a determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación. Y la conclusión a la que llega es que nos encontramos ante un supuesto de nulidad de pleno derecho
Resumen: No existe incongruencia omisiva por no pronunciarse la sentencia sobre la prescripción del delito alegada por el recurrente, ya que la decisión implícita resulta admisible siempre que el conjunto de la resolución permita conocer sin dificultad la motivación de tal decisión, incumbiendo además a la parte haber solicitado, por vía de aclaración de sentencia, la incongruencia omisiva prevista en el art. 851.3º de la LECrim. Inexistencia de prescripción del delito de insolvencia punible, toda vez que el cómputo debe realizarse desde que se produce el hecho por parte del recurrente que dificulta o frustra el pago del crédito declarado a favor del querellante con el patrimonio del mismo mediante disposiciones de activos patrimoniales con tal objetivo, hasta la interposición de la querella, sin que haya transcurrido el plazo de cinco años previsto legalmente. La sentencia, respecto a la cuestión relativa al momento desde el que han de computarse los intereses moratorios previstos en el art. 576 de la LEC en el caso enjuiciado, y en aplicación de la jurisprudencia del TS que cita, acuerda que la cantidad indemnizatoria fijada a favor de la entidad perjudicada devengará intereses moratorios desde la fecha de la incoación de las Diligencias Previas hasta la fecha de la sentencia dictada por la Audiencia Provincial.
Resumen: Formulada demanda en la que se ejercitan acciones acumuladas negatoria de servidumbre y daños, con la pretensión de condena a los demandados al derribo de obra consistente en la construcción de una nueva planta, reposición de la finca de su propiedad al estado anterior y la reparación de los daños causados, la sentencia de primer grado desestima la demanda por prescripción de la acción de responsabilidad extracontractual, al entender que el daño por el que se reclama es permanente. La sentencia de apelación, que la revoca, considera que los daños, que provienen de filtraciones, son continuados por agravarse con el paso del tiempo hasta la subsanación de los defectos que los causan, por lo que la acción no esta prescrita; que no consta acreditado que la finca de los demandados estuviese gravada con una servidumbre de luces y vistas en favor de la finca de la actora, por lo que podían construir una nueva planta, sin limitación en cuanto a las luces y vistas; que la nueva de construcción debe examinarse desde la perspectiva de la responsabilidad civil extracontractual como posible causa de los daños y que el ajuste de la construcción a la normativa urbanística no impide examinar la cuestión en el ámbito de la responsabilidad civil y concluye que las prueba acreditan la relación causal entre el daño y la acción negligente atribuida a los demandados consistente en la construcción de una terraza sobre zona antes tejada que afecta a elementos constructivos de la actora
Resumen: A la Comunidad Autónoma, como órgano contratante, le correspondía liquidar el convenio una vez ejecutada la obra. Hasta que la obra no se liquida definitivamente, se desconoce cuál es el importe final de la misma y, en consecuencia, cuando se reclama al Ayuntamiento el pago de la cantidad que a él le corresponde, la deuda no está prescrita.
Resumen: La acción para pedir la nulidad de la cláusula de gastos no se halla sujeta a plazo alguno para su ejercicio, pero sí lo está la acción de reclamación de cantidad para obtener el reembolso de lo pagado en exceso por el prestatario por consecuencia de su aplicación, a la que es de aplicación el plazo general de prescripción establecido en la legislación catalana, cuyo cómputo comenzará desde el momento en que el pago fuera hecho efectivo. No procede la inscripción de la cláusula impugnada en el Registro de Condiciones Generales porque una acción individual ejercitada en la demanda no puede producir efectos en un contrato distinto ya que su carácter de abusiva por falta de transparencia se ha apreciado atendiendo a las concretas circunstancias concurrentes en el momento de la celebración del contrato suscrito con la actora- consumidora y la demandada, no acomodándose la inscripción a la finalidad de la publicidad de las sentencias en el Registro.
Resumen: Los actos dictados por la Administración tributaria en ejecución de una resolución judicial que se limita a anular una liquidación tributaria por falta de motivación, sin abordar el fondo del asunto, suponen una retroacción de actuaciones -al margen de que se ordene ésta formalmente en el fallo-, formando parte del mismo procedimiento de gestión en el que tuvo su origen el acto administrativo anulado por aquélla. En función del alcance del fallo y el contenido de la sentencia anulatoria, pueden producirse diversas situaciones en la ejecución. VOTO PARTICULAR que considera que los actos dictados por la Administración tributaria en ejecución de una resolución judicial que se limita a anular una liquidación tributaria por falta de motivación, sin abordar el fondo del asunto, no suponen una retroacción de actuaciones -si no se ordena ésta formalmente en el fallo- y si se ordena forman parte del mismo procedimiento de gestión en el que tuvo su origen el acto administrativo anulado por aquélla, de manera que la Administración no ostenta en cumplimiento de lo ordenado en la sentencia una potestad propia, debiendo limitarse a observar lo mandado por los Tribunales de Justicia (artículo 117.3 CE), en relación con los artículos 103 y siguientes de la LJCA.
Resumen: Es posible la resolución de contrato de préstamo por la vía del declarativo ordinario por incumplimiento grave del prestatario, gravedad que ha de ser valorada de acuerdo con los criterios establecidos en la LCI. No es abusiva la cláusula por la que se establece el IRPH como índice de referencia de un préstamo hipotecario a interés variable, sin que sea exigible al banco la información de los mecanismos los que se elabora tal índice, ni de la evolución del mismo en los años anteriores inmediatos. La acción de reclamación de cantidad acumulada ala acción de nulidad de la cláusula de gastos se halla sujeta al plazo de prescripción general establecido en la legislación civil catalana. La declaración de nulidad de la cláusula de gastos comporta que el tribunal haya de determinar a cuál de las partes corresponde el pago de los mismos. Los de notaría y gestoría por mitad, los del registro son de cargo del prestamista, y las copias de las escritura por quien las solicite.
Resumen: La Sala estima el recurso, revoca la sentencia de instancia, y estima la demanda, en cuanto a la pretensión articulada de manera subsidiaria, declarando al demandante afecto de una incapacidad permanente total para su profesión habitual de hostelero autónomo, derivada de la contingencia de enfermedad común.
Resumen: Se desestima el recurso interpuesto y con ello la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por la defectuosa asistencia sanitaria recibida con ocasión del nacimiento de su hija,nacida por parto natural instrumentado con ventosa en lugar de realizarse una cesárea pese al tamaño y peso del feto de casi 5 kg,causándosele a la neonata cianosis y parálisis braquial derecha y a su madre, como consecuencia de ello, un agravamiento de sus padecimientos psiquiátricos. Con caracter previo se estima la falta de legitimación del recurrente para ejercitar acciones en nombre de su esposa,al ser esta mayor de edad y no encontrarse incapacitada judicialmente y no constar tampoco que haya otorgado poderes a favor de su esposo. Se examina, en segundo lugar la prescripción de la acción para reclamar al haber transcurrido el plazo de un año para el ejercicio de la acción, todo ello a la vista de las fechas que obran en el expediente administrativo concluyendo con la estimación, de dicha causa de inadmisibilidad declarando extemporánea la acción para reclamar habida cuenta que si atendemos a la fecha en la que se realizó la última prueba médica, fecha en la que la menor cumplió 8 meses de edad, o la fecha en la que se emitió informe por parte del Servicio de Rehabilitación del Hospital solo cabe concluir que en el momento en el que se realizó la reclamación ya había transcurrido,con creces, el plazo de un año previsto por el art. 142.5 de la ley 30/92.
