Resumen: Aplicación del procedimiento de la OEDE: aplicación de la Ley 3/2003 a las órdenes europeas de detención y entrega que se emitan con posterioridad a su entrada en vigor, aun cuando se refieren a hechos anteriores a la misma. Las leyes que regulan la extradición y la euroorden ni son leyes penales ni leyes sancionadoras, por lo que no resulta de aplicación la prohibición constitucional de retroactividad. Quebrantamiento de condena impuesta en Portugal por hechos susceptibles de haber sido enjuiciados en España. De haberse realizado el enjuiciamiento de esos hechos en España, la pena impuesta estaría prescrita, contando el plazo de prescripción desde la fecha del quebrantamiento de la condena. Se deniega la entrega.
Resumen: Deberá entenderse por lo tanto prescrito el derecho a liquidar pagos parciales devengados desde el inicio de la vida del préstamo hasta el 25 de mayo de 2011, quedando interrumpida la prescripción desde esa fecha en cuanto a la diferencia, cuantía por la que debe tenerse por actualizado el acto administrativo impugnado, calculada en idéntico modo y conforme a iguales parámetros que han permitido el cálculo de las cuantías que figuran en la resolución impugnada, conforme a lo pactado entre las partes en el Convenio originario. El crédito reclamable, por principal e intereses remuneratorios deberá quedar liquidado en dichas sumas, procediendo en consecuencia la estimación parcial del recurso interpuesto.". En idéntico sentido habremos de concluir aquí, considerando conforme a lo pretendido subsidiariamente por la Administración recurrente, que deberá declararse prescrita la obligación de ésta por las cuotas vencidas antes del 20 de abril de 2012, de suerte que la obligación de pago debe quedar fijada en la cantidad resultante de restar el importe de las cuotas referidas a la suma reclamada, procedimiento a un recálculo de las cuantías reclamadas en tal sentido. Así pues, el recurso debe ser estimado.
Resumen: En el presente caso, la misma recurrente reconoce que el deudor principal a la Hacienda Pública lo es desde el 6/11/2009, y antes de que se produzca el embargo de la finca, procede a sacarla del patrimonio del deudor aportándola a la mercantil de la que es socio y apoderado; conociendo la mercantil perfectamente las dificultades económicas por las que atravesaba el obligado al pago al coincidir en la misma persona el obligado principal, suscriptor de las participaciones sociales, y el apoderado de la mercantil, por lo que era consciente del fin ilegitimo de la operación que llevaba a la despatrimonialización del deudor, que además no mantuvo dichas participaciones en su patrimonio sino que procedió, tiempo más tarde, a su venta, según consta en las escrituras de compra venta de participaciones que obran en el expediente de la presente reclamación.
Resumen: La norma dispone que son responsables solidarios de la deuda los que causen o colaboren activamente en la realización de una infracción tributaria, extendiéndose también su responsabilidad a la sanción. El plazo de prescripción para exigir la obligación de pago a los responsables solidarios comienza a contarse desde el día siguiente a la finalización del plazo de pago en periodo voluntario del deudor principal. En el caso de que los hechos que constituyan el presupuesto de la responsabilidad se produjeran con posterioridad a dicho plazo, el plazo de prescripción se inicia a partir del momento en que tales hechos hubieran tenido lugar. Tratándose de responsables subsidiarios, el plazo de prescripción comienza a computarse desde la notificación de la última actuación recaudatoria practicada al deudor principal o a cualquiera de los responsables solidarios. La norma distingue por tanto entre la responsabilidad tributaria solidaria y la subsidiaria a efectos del comienzo del transcurso de la prescripción de la acción respectiva, lo que combina con la naturaleza de cada una de ellas y con la doctrina de la actio nata. En esa línea, la exigencia responsabilidad solidaria tributaria no precisa de un procedimiento recaudatorio previo tendente a la efectividad de la obligación tributaria principal ni se condiciona al fracaso de la actuación recaudatoria. En el caso no se daba óbice procedimental o material que ab initio impidiera que se depurara una posible responsabilidad solidaria
Resumen: El incumplimiento del plazo de doce meses para la realización de las actuaciones inspectoras no origina la caducidad de las mismas, pero sí que dichas actuaciones no habrían interrumpido el plazo de prescripción.- Hubo 74 días de dilaciones no imputables a la administración, aceptadas por la parte actora en la demanda, con lo que el procedimiento inspector habría concluido dentro del plazo de doce meses previsto legalmente. La compatibilidad entre el requerimiento de información y la posterior actividad en un procedimiento de investigación, aunque ambos tengan el mismo objeto, tan sólo podría excluirse, con la consecuencia de entender iniciado el procedimiento de investigación en la fecha del requerimiento de información, si pudiera concluirse que a través de los requerimientos de información se pretenda incurrir en un fraude y ese mismo fraude a la limitación temporal en las actuaciones inspectoras es lo que se aprecia en este caso en el que, a partir del requerimiento de información. De ahí que deba estimarse el recurso en relación al acuerdo de liquidación, lo que conlleva la automática estimación del recurso en cuanto al acuerdo sancionador, al no existir ya soporte objetivo del mismo. En todo caso, la estimación debe de ser parcial dado que solicita en la demanda la nulidad de pleno derecho de la Resolución del TEAR y no se dan los presupuestos para la misma, siendo solo posible la anulación de la citada Resolución.
Resumen: La madre deshereda a la hija por denegación de alimentos expresando en el testamento que desde muchos meses incumple las obligaciones de alimentos que tiene atribuida por una escritura de cesión de bienes no recibiendo la cantidad en él estipulada, ni tampoco la de asistencia impuesta al no visitarla, a pesar de que su domicilio está muy cerca de la misma, haciendo constar la testadora, además, que está postrada en cama, inválida, desde hace 8 años, y necesita cuidados y atenciones continuas. En esa escritura a cambio de cesión de un apartamento y cochera la hija debía prestar elementos significativos en una prestación personal de servicios asistenciales y abono de una renta mensual. Aunque la actora admite no haber cumplido con el pago de la renta mensual, no se justifica la causa de desheredación, pues la existencia de ese contrato no integra una denegación de alimentos porque la causante ni exigió alimentos ni estaba en situación de necesidad. Las malas relaciones entre la causante su hija y nietas no es la causa fijada en el testamento siendo el maltrato psicológico causa diferente. El referido contrato se califica de renta vitalicio, no procediendo su resolución pues el impago da derecho a reclamar las rentas impagadas, no a la restitución de los bienes y tampoco lo efectuó la madre, resultando dudoso la legitimación de los herederos para esa acción reconvencional.
Resumen: La sentencia de instancia estima la demanda contra el SEPE y la Sala confirma, razonando que Se trata, en consecuencia, de un acto de gestión prestacional, y en el mismo se estaba, en definitiva, denegando el derecho de la actora a la prestación de desempleo, porque no podía considerarse a la misma en situación legal de desempleo. Con lo cual, aunque la demandante no hubiera impugnado esa resolución en los 30 días siguientes a que le fuera notificada, y su primera actuación que pudiera revelar disconformidad con ese acto no se produjo hasta la ampliación de la demanda frente al Servicio Público de Empleo Estatal el 31 de octubre de 2017, no presentando reclamación previa hasta febrero de 2019, no cabe absolver al Servicio Público de Empleo Estatal basándose en firmeza del acto administrativo o caducidad de la reclamación previa, sino que tendría que haberse planteado en su caso prescripción del derecho (excepción de fondo no deducida ni al contestar la reclamación previa ni en juicio). En definitiva, la sentencia de instancia habría aplicado el artículo 71.4 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social de manera respetuosa con la jurisprudencia, lo que determinaría en todo caso desestimar las pretensiones de la entidad gestora.
Resumen: Formulada demanda en la que se ejercita acción directa contra la aseguradora de la responsabilidad civil de un Ayuntamiento, en reclamación de los daños y perjuicios sufridos por el actor como consecuencia de una caída en la vía pública, que atribuye al mal estado de la acera, se dictó sentencia que la desestima al considerar prescrita la responsabilidad de la administración. La sentencia de apelación, que la confirma, señala que aun cuando se demande únicamente a la aseguradora, el asegurado deberá demostrar además de la cobertura del daño, que la administración es responsable, de manera que la aseguradora podrá alegar culpa de la víctima y cualquier otra circunstancia impeditiva de la responsabilidad patrimonial; que en caso de ejercicio exclusivo de acción directa, la jurisdicción civil es competente para pronunciarse sobre la responsabilidad de la Administración asegurada, pero tal pronunciamiento, que lo es únicamente a efectos prejudiciales, deber realizarse conforme a la normativa administrativa, por lo que es de aplicación el plazo de prescripción previsto en el derecho administrativo, que es de un año, que había transcurrido en la fecha de interposición de la demanda pues desde que se instó el procedimiento de diligencias preliminares contra la Administración para que aportara la póliza de seguros hasta que se presentó la demanda transcurrió más de un año sin que en el intermedio se formulara reclamación alguna contra el ente local.
Resumen: Precisar si las rentas obtenidas por el contribuyente como consecuencia del pago de intereses de demora por retraso en la fijación del justiprecio han de imputarse al ejercicio en que se dicta el auto que precisa los parámetros que se han de tener en cuenta para su determinación ( dies a quo, dies ad quem y base de cálculo), auto que adquiere firmeza, o al ejercicio en que se dicta el auto por el que se practica su liquidación y se fija la cantidad exacta a pagar por tal concepto. Han de imputarse al ejercicio en que adquiere firmeza el auto que precisa los parámetros que se han de tener en cuenta para la determinación (dies a quo, dies ad quem y base de cálculo) -o que los cuantifica- de los intereses de demora por retraso en la fijación del justiprecio
Resumen: Respecta a la caducidad del procedimiento y su consecuencia de la prescripción del derecho a liquidar la deuda tributaria, en contra de lo que indica el actor en la demanda, consta en el expediente administrativo un certificado de remisión de la Dependencia Regional de Recaudación, de 30 de mayo de 2016, en el que se certifica que en esa fecha se remitió a la Dependencia Regional de Inspección la resolución del TEAR de 24 de noviembre de 2015. Se ha producido un retraso en la ejecución de la resolución pero que no produce caducidad alguna del procedimiento por lo que tampoco se produciría la prescripción del derecho a liquidar la deuda tributaria. El earn out se devengó en diferentes ejercicios, con posterioridad a la venta de las participaciones, al tratarse de una cantidad variable del precio de las mismas, supeditada al cumplimiento de determinadas condiciones y no era posible, por ello, la aplicación a esos ingresos de las reglas de valoración de los ingresos procedentes de las actividades económicas. Están bien calculados los intereses de demora, por cuanto el periodo que el actor entiende que no debió no debieron de imputarse intereses de sin embargo, como hemos visto más arriba, esa fecha que coincide con la del día del mes siguiente al de la recepción de la resolución por el TEAR, el 30 de mayo de 2016
