Resumen: Se presenta demanda de despido colectivo tácito por un sindicato frente a la empresa entrante en la contrata la saliente y la empresa titular que ha subcontratado el servicio. La nueva empresa adjudicataria del servicio ( limpieza) no se subrogo en 21 trabajadores de los 25 que prestaban servicio limpieza en el centro de trabajo. La Sala de lo Socia desestima la excepción de inadecuación de procedimiento al ser mas de 20 los trabajadores afectado en el mismo centro de trabajo y ello indistintamente del número total de trabajadores de al empresa al tenerse que tomar como referencia no la empresa sino el centro de trabajo. Después de realizar una amplia referencia a los distintos supuestos de sucesión de empresa y los requisitos que en cada uno de ellos deben de concurrir a los efectos de la obligación en la subrogación . En este concreto supuesto al estar ante una actividad que fundamentalmente descansa en la mano de obra habría una obligación de subrogarse lo que no se ha hecho. El no haberse subrogado supone un despido tácito y al se un despido colectivo en el que se han incumplido todos los requisitos legales procede declararle nulo condenando a la nueva empresa adjudicataria y absolviendo al resto de codemandadas.
Resumen: La Sala desestima el recurso. La similitud que se pretende por la Diputación recurrente entre el artículo 32.4 de la LSP ---requiriendo haber obtenido, previamente, una "sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño"-- no resulta de aplicación a los supuestos de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas, derivada de la anulación de una norma reglamentaria (prevista en el artículo 67), debiendo insistirse en que lo determinante de la responsabilidad patrimonial prevista en el artículo 67.1, párrafo segundo, es la anulación de un acto o disposición de carácter general; y nada más. Por ello, si el recurrente ha formulado una acción de nulidad frente a la Administración tributaria y todavía pende ---en relación con la desestimación de la misma--- un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, no puede iniciarse el cómputo correspondiente a la exigencia de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas hasta la conclusión y resolución del citado recurso de casación, pues la finalidad de este es comprobar la legalidad de la doctrina establecida por la sentencia de instancia ---en los términos expresados--- y en la que, a través de la acción de nulidad (revisión de oficio), se comprobaba, a su vez, la legalidad de la liquidación en su día practicada; liquidación que se fundaba en una norma foral sobre cuya legalidad podían existir dudas, como luego se confirmaría.
Resumen: Se confirma la sentencia de instancia que desestimó la demanda de tutela de derechos fundamentales, en que se solicitaba se declarara vulnerado el derecho a la libertad sindical y negociación colectiva, al quedar excluido el sindicato -que no obtuvo tras las elecciones sindicales representación en ADIF Alta Velocidad, y tan solo el 7,80 % de representantes en ADIF-, de las comisiones y mesas emanadas del I Convenio Colectivo de ADIF y ADIF Alta Velocidad, incluida la comisión paritaria, apreciando la sentencia de instancia la excepción de prescripción por haber transcurrido más de 1 año desde que se constituyeron la comisión negociadora y el resto de comisiones. Argumenta la sentencia que conforme al art. 179.2 LRJS, la demanda deberá interponerse dentro del plazo general de prescripción o caducidad de la acción previsto para las conductas o actos sobre los que se concrete la lesión del derecho fundamental, sin que el hecho de que los derechos fundamentales sean imprescriptibles, pueda conllevar que no pueda operar la prescripción, siendo la regla general del plazo de prescripción el de 1 año del art. 59 ET, cuyo dies a quo debe fijarse en el día en que la acción pudo ejercitarse, no siendo imprescriptibles los actos anulables sino sólo los nulos.
Resumen: Al haberse interrumpido, por tratarse de una anulación del acto de liquidación y no de un supuesto de nulidad de pleno derecho, el plazo de prescripción para liquidar la deuda tributaria, con la notificación de la anterior liquidación anulada, era perfectamente posible que se dictase por la AEAT una nueva liquidación provisional por el mismo concepto. El dictamen pericial debe ser individualizado, con expresión de los elementos, criterios y datos que se han tenido en cuenta de forma expresa y concreta, porque solo de esa manera podrá el sujeto pasivo, afectado por la liquidación que deriva de tal comprobación de valores, conocer sus fundamentos y razones y podrá, en definitiva, si no está de acuerdo con ellos, combatirla por las vías de impugnación correspondiente. Esa es la auténtica finalidad de la exigencia de motivación para intentar que de esa forma se pueda evitar la indefensión que supondría tener que defenderse de algo que es genérico e inconcreto, y que por ello se desconoce, lo cual iría en contra de cualquier garantía jurídica y es necesario que en el informe pericial se haga referencia a las fuentes de procedencia de los valores de referencia aportados por el perito y que se efectúe una visita al inmueble valorado salvo que por razones, excepcionalmente motivadas, no sea necesario, a efectos del a necesaria individualización de la valoración del inmueble. Se estima que falta de motivación de la comprobación de valores y a la anulación de la resolución del TEAR,.
Resumen: Archivo de denuncia por prescripción de la infracción. La sentencia, tras entender que el recurrente está legitimado para combatir la razón que se le ha dado para proceder al archivo de la denuncia, desestima el recurso contencioso-administrativo, al no ser de carácter permanente la infracción imputada, pues aunque los efectos perjudiciales para el recurrente hayan permanecido, según el mismo dice, desde el 14 de diciembre de 2015 hasta el 7 de noviembre de 2019, ello se debió a un acto efectuado de una sola vez y sobre cuyas consecuencias quien lo realizó perdió todo dominio una vez producido: la comunicación de la sentencia sin disociar los datos personales que no debían hacerse públicos. Por otra parte, no tiene sentido declarar una vulneración del derecho fundamental que ha sido admitida y corregida por el Consejo General del Poder Judicial, pues el recurrente ejerció sus derechos de oposición y de supresión y solicitó la adopción de dirigidas a poner término a la vulneración, que han sido aplicadas.
Resumen: La trabajadora demandada siendo despedida por transgresión de la buena fe contractual, se le imputa haber copiado un USB, por el Juzgado de lo Social se estima en parte la demanda declarando el despido improcedente declara la extinción de la relación laboral al haber optado la empresa por la extinción pero condena al abono de los salarios de tramitación calculando la indemnización hasta la fecha de dictar sentencia. Se interpone recurso de Suplicación tanto por la trabadora como por al empresa. Solicita la trabajadora que se declara la nulidad, lo que es desestimado por la Sala no solo al incurrir el recurso en graves errores procesales sino porque además no se habria aportado indicio alguno de haberse vulnerado ningún derecho fundamental. Recurre también la empresa solicitando que se declare el despido improcedente, lo que se desestima partiendo de los hechos declarados probados cuya revisión no se solicita. En cuanto al segundo de los motivos cálculo de la indemnización y salarios de tramitación se estima , puesto que habiendo optado la empresa por al extinción del contrato no se generan salarios de tramitación y la antigüedad a tener en cuenta lo es hasta la fecha del despido.
Resumen: Constituye el objeto del recurso la resolución del TEAR de Illes Balears, por la cual se desestima la reclamación económico-administrativa interpuesta frente al requerimiento de pago a sucesor efectuado para el pago de la liquidación dictado por la Agencia Tributaria de Illes Balears (ATIB) y cuantía de 142.465,56 euros. En la demanda se invoca que cuando la ATIB inicia actuaciones en enero de 2007, ya había fallecido el obligado tributario (Sr. Aquilino) quien previamente había liquidado el impuesto. Por tanto, al tiempo de su fallecimiento no había deuda pendiente de liquidación, sino simplemente posibilidad de revisar la liquidación ya efectuada. Y a este supuesto no se refiere el art. 39, 2º LGT. Pues bien, con independencia de que la lectura del art. 39, 2º LGT ofrece una conclusión contraria a la expuesta por la demanda, lo relevante para el caso es, que aunque constituya un motivo de impugnación de la liquidación. La liquidación fue confirmada por el TEARIB sin que se interpusiera contencioso frente a la misma. Luego el argumento no puede prosperar. Procede así, desestimar el recurso.
Resumen: Un empleado de empresa dedicada al control y vigilancia de edificios despidió a uno de sus empleados tras recibir el atestado que se incoó como consecuencia de un aviso de bomba en el centro de trabajo donde trabajaba éste y ello porque en el mismo se determinó que fue tal empleado el que dio el aviso. Sustentada la carta de despido disciplinario en la causa de transgresión de la buena fe contractual, el Juzgado consideró el mismo procedente, al entenderse probado lo imputado en la carta de despido, luego de rechazar la excepción de prescripción de la facultad empresarial de sancionar, puesto que, si bien la empresa conoció el aviso de bomba y su falsedad el mismo día en que aconteció, no pudo conocer la autoría de los hechos hasta que recibió aquel atestado. Recurrida tal sentencia por el despedido, la Sala desestima su recurso, el cuál descansa en su mayor parte en una versión alternativa a los hechos a aquélla que considera el Juzgado. La Sala procede a desestimar todas las reformas fácticas pretendidas en el mismo, considerando correcta la calificación del despido, explicando los contornos de la causa de transgresión de la buena fe contractual y porqué considera correcta la sanción, atendida la doctrina gradualista que la jurisprudencia impone en esta materia, lo que supone que la sanción ha de ser proporcionada a la gravedad y culpabilidad de la conducta probada, lo que entiende es del caso.
Resumen: Se desestima el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del Juzgado, que estimó parcialmente el recurso contencioso planteado contra la sanción impuesta por el cambio de uso y transformación de un almacén agrícola en suelo rústico protegido. Dicha sentencia confirmó la actuación municipal, salvo que no aceptó la existencia de un supuesto de solidaridad en ese tipo de responsabilidad, como defendía el recurrente. La presunción de veracidad y legalidad de las denuncias formuladas por un agente de la autoridad, la atribución legal de certeza que en cualquier caso es de naturaleza iuris tantum pierde fuerza cuando los hechos afirmados en la denuncia, no son de apreciación directa ni se hace mención en ella a la realización de obras comprobaciones o aporte de otras pruebas. La parte actora ha obviado la aportación de cualquier medio de prueba en relación con las obras imputadas y que difieren de la construcción reflejada en la escritura. La falta de una prueba pericial sobre la antigüedad de esas construcciones permite señalar que la edificación levantada por orden y encargo de quien ahora es el actual titular de esa propiedad, y como tal, responsable de esa construcción en suelo rústico protegido, lo es de unas obras sin licencia que las autorice.
Resumen: La sentencia de la Audiencia juzga la reclamación de un adquirente de camiones de una de las fabricantes sancionadas por la Decisión de la Comisión de la UE por haber actuado como un cártel durante un largo periodo de tiempo, de tal manera que se considera que los acuerdos para compartir precios brutos o de lista entre las principales fabricantes en el espacio económico europeo ha supuesto un incremento, también, de los precios netos o de transacción cobrados al comprador final. Reitera la tesis prácticamente unánime de la jurisprudencia de las audiencias en el sentido de que la acción correspondiente es el art. 1902 C.c.; que no procede aplicar retroactivamente la Directiva de Daños ni la norma que la transpone. Pero el elemento más destacable es el de la valoración de las pruebas periciales. Parte de la afirmación de que averiguar una cuantía exacta de ese sobreprecio neto es imposible, por las características de ese mercado. Basta con la existencia de un método razonable de determinación, unido a la aplicación de los principios de efectividad y equivalencia del derecho de la Unión, el de la facilidad probatoria (de la fabricante), la parcial opacidad de aquella Decisión, el abrumador porcentaje de cárteles efectivos (93%), la duración del cártel (14 años) y la seguridad jurídica (sólo cambiar criterios con motivos sólidos), para reiterar que, ponderadamente, el incremento de los precios netos lo fue en un 5% del precio de adquisición de los camiones.
