• Tipo Órgano: Audiencia Provincial
  • Municipio: Pamplona/Iruña
  • Ponente: ILDEFONSO PRIETO GARCIA-NIETO
  • Nº Recurso: 131/2019
  • Fecha: 07/01/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Los consumidores demandantes suscribieron en escritura pública un contrato de compraventa de inmueble con entidad promotora, con subrogación de los adquirentes en el préstamo hipotecario que los gravaba, pactando además una ampliación y modificación del préstamo. En la demanda se interesa la declaración de nulidad, por abusiva, de la cláusula sobre gastos derivados de la constitución del préstamo. La entidad financiera alega la improcedencia de la declaración de nulidad por considerar que el préstamo ya estaba inscrito. La cláusula examinada no viene referida exclusivamente a los gastos de la compraventa y no discrimina entre éstos y los gastos inherentes a la subrogación y novación del préstamo hipotecario, sino que se refiere tanto a unos como a otros. El TS dice, si la cláusula de gastos cuestionada se insertó en un contrato de compraventa con cláusula de subrogación en el préstamo hipotecario, en el que no intervino la entidad prestataria, ésta carece de legitimación pasiva para soportar la acción de nulidad de dicha cláusula. Lo mismo sucede en el caso de que la prestataria intervenga en el otorgamiento de la escritura a los solos efectos de consentir la novación por cambio de deudor sin convenir ningún otro cambio objetivo en las condiciones pactadas. Si se formaliza una novación modificativa del contrato, con modificación del plazo de amortización, de la garantía hipotecaria, o de otras condiciones financieras, la cuestión cambia, y esto es lo sucedido en este caso.
  • Tipo Órgano: Audiencia Provincial
  • Municipio: Barcelona
  • Ponente: JORGE OBACH MARTINEZ
  • Nº Recurso: 205/2020
  • Fecha: 07/01/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El Tribunal analiza si en el delito de abandono de familia por impago de pensiones es posible apreciar la prescripción de la responsabilidad civil y considera que siempre que se reclamen pensiones sobre las que se haya acreditado la voluntariedad en el incumplimiento y los mismos se encuentren incluidas en el relato fáctico, considerando que el delito no ha prescrito, deberán considerarse responsabilidad civil derivada de delito, criterio que es igualmente acogido en la Consulta 1/2007 de 22 de febrero emitida por la Fiscalía General del Estado , sin olvidar que este delito tiende a conceder derechos familiares de peculiar naturaleza que se acercan más a los públicos que a los privados, tratándose de una pretensión civil diferenciada de la que sería la ejercitada en la jurisdicción de dicho orden.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO
  • Nº Recurso: 1875/2019
  • Fecha: 07/01/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La cuestión planteada se centra en determinar los efectos temporales de la sentencia del Tribunal Constitucional 164/2016, de 3 de octubre de 2016, (BOE 16/11/2016), que anuló por inconstitucional los apartados 1 y 2 de la Disposición Adicional primera de la Ley 4/2010, de la Comunidad de Madrid, que imponían la reducción salarial del 5% de todos los conceptos retributivos al personal laboral no directivo de las sociedades mercantiles autonómicas. Particularmente, si cabe aplicar dicha nulidad con efectos retroactivos desde que se impuso la medida por la empresa o si la sentencia solo surte sus efectos una vez publicada en el BOE. La Sala IV, con voto particular, no entra a conocer del fondo de la cuestión, por falta de contradicción entre las sentencias comparadas, al no concurrir la identidad de hechos y pretensiones. En la sentencia recurrida no se produce ninguna reclamación ni extrajudicial ni judicial a partir del momento de la entrada en vigor de la norma autonómica (luego declarada inconstitucional) por virtud de la cual pudiere considerarse interrumpido el plazo de prescripción o reclamadas unas diferencias retributivas que, al cabo, son consideradas ilícitas. Sin embargo, en el supuesto examinado en la sentencia referencial existe una reclamación colectiva oportunamente judicializada mediante la formulación de un conflicto colectivo en el año 2011 y a raíz precisamente de la entrada en vigor de la Ley autonómica,
  • Tipo Órgano: Audiencia Provincial
  • Municipio: Alicante/Alacant
  • Ponente: CARLOS JAVIER GUADALUPE FORES
  • Nº Recurso: 625/2020
  • Fecha: 30/12/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Nulidad de una cláusula contractual abusiva que impone al consumidor el pago de la totalidad de los gastos de constitución y cancelación de hipoteca. El pago por el prestatario de los gastos indebidos es el dies a quo del plazo de prescripción si atendemos a la naturaleza de la acción ejercitada que tiene por objeto la condena de la entidad prestamista a restituir la totalidad o parte de los gastos que el prestatario indebidamente abonó a un tercero (Notario, Registro de la Propiedad y Gestoría) en el momento de la formalización del préstamo cuando era la entidad prestamista a quien correspondía su pago.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Social
  • Municipio: Coruña (A)
  • Ponente: EMILIO FERNANDEZ DE MATA
  • Nº Recurso: 1025/2020
  • Fecha: 30/12/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sentencia de instancia estima parcialmente y la Sala confirma, tras rechazar la revisión de los hechos por intrascendentes, razonando que el juez a quo ha entendido que, dados los padecimientos derivados de enfermedad común, que el difunto trabajador presentaba en el momento del fallecimiento, concretados en EPOC Severa de tipo enfisema, miocardiopatía dilatada grave, disfunción ventricular severa y neumonía lobar bilateral e intenso edema pulmonar, los mismos tenían muy superior incidencia en su óbito, que la asbestosis que padecía, que no había sido diagnosticada en momento alguno y que sólo se pudo encontrar tras la realización de autopsia por el Servicio de Anatomía Patológica del Hospital Arquitecto Marcide de Ferrol y el estudio de fibras de asbesto de ambos pulmones, realizado en el Servicio de Neumología del Hospital Vall de Hebrón de Barcelona, lo que determina que no pueda apreciarse, a criterio de la Sala, que el juzgador ha errado, al fijar el porcentaje imputable a la asbestosis en el fallecimiento del trabajador, en un 10%, ni tampoco que haya incurrido en arbitrariedad, ya que justifica debidamente por qué fija el porcentaje en el 10%, procediendo, en consecuencia, desestimar el recurso y confirmar la resolución recurrida.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Civil y Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: FRANCISCO JOSE GOYENA SALGADO
  • Nº Recurso: 2/2020
  • Fecha: 29/12/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Examina la Sala las excepciones opuestas por la demandada y desestima, en primer lugar, la relativa al defecto legal en el modo de proponer la demanda, por ser esta clara, permitiendo conocer los hechos, fundamentos en que se basa la pretensión de anulación y el objeto de esta pretensión. Tampoco hay cosa juzgada, en relación con lo resuelto en el Laudo parcial (desestimación de la caducidad); y ello porque la causa por la que se impugna ante la Sala (ser contrario al orden público) es distinta de las alegadas al contestar a la demanda y que analizó el árbitro, lo que es lógico, dada la distinta naturaleza y alcance del procedimiento arbitral y el de anulación del laudo. Entra a examinar la demanda, poniendo de relieve previamente el alcance de la acción de anulación del laudo arbitral, que no permite reexaminar las cuestiones debatidas en el procedimiento arbitral. Siguiendo la jurisprudencia que reseña, indica que la intervención judicial en este ámbito se ciñe a determinar si en el procedimiento y la resolución arbitrales se cumplieron las debidas garantías procesales, si el laudo se ajustó a los límites marcados en el convenio arbitral, si éste carece de validez o si la decisión arbitral invade cuestiones no susceptibles de arbitraje. Sigue el criterio jurisprudencial sobre la caducidad y su relación con el orden público y concluye que la decisión arbitral no lo contraría y, sobre el Laudo final, señala que el pronunciamiento del árbitro se ajusta a lo pretendido.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Valencia
  • Ponente: DIEGO GONZALEZ ORTIZ
  • Nº Recurso: 141/2019
  • Fecha: 29/12/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se estima parcialmente el recurso contencioso planteado frente a la desestimación municipal de la solicitud de iniciación de procedimiento de expropiación y abono de justiprecio, que se anula. Sobre la ocupación coactiva de los terrenos propiedad de la demandante, se ha demostrado que la mercantil recurrente es propietaria de unos terrenos que se encuentran ocupados por una obra pública, sin haber sido expropiada e indemnizada.Por tanto, existe una ocupación por la vía de hecho, y el demandante tiene derecho a la iniciación de un expediente expropiatorio por esa razón. Acreditada en el proceso la imposibilidad de reponer el terreno a su estado anterior a la ocupación, procede la incoación de un expediente expropiatorio, el Tribunal a quo viene a sustituir la restitución in natura por una indemnización equivalente al justiprecio del terreno ocupado con sus correspondientes intereses de demora y las demás consecuencias inherentes. Sobre la prescripción de la acción de indemnización por vía de hecho, la posibilidad de formular el requerimiento indemnizatorio se mantiene en tanto perdure la ocupación ilegal.
  • Tipo Órgano: Audiencia Provincial
  • Municipio: Valencia
  • Ponente: ANA CANTO CEBALLOS
  • Nº Recurso: 1277/2020
  • Fecha: 28/12/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Consecuentemente se mantiene la doctrina jurisprudencial sobre el inicio del cómputo de la prescripción de un delito fiscal en el mes siguiente al de la anualidad correspondiente, coincidente con la elaboración del resumen anual, por lo que, admitida judicialmente la querella incoada una causa penal contra el querellado por su participación en los hechos que se le imputan en la misma, la prescripción queda interrumpida y no requiere un auto adicional de imputación formal; lo exigible es un juicio de verosimilitud sobre la apariencia delictiva de los hechos denunciados y su presunta atribución al querellado o denunciado, pues no es posible que en tal momento procesal puedan llevarse a cabo mayores explicaciones ni probanzas en tanto dicha resolución judicial es precisamente en la que abre la investigación judicial careciendo de sentido, en consecuencia, exigir mayor motivación a la expuesta. Aunque puede acudirse a la prueba de indicios en relación a los hechos que constituyen la base fáctica del delito fiscal, las presunciones que contiene la legislación tributaria no resultan trasladables directamente al ámbito penal, en el que no puede prescindirse de la presunción de inocencia y de sus efectos, teniendo en cuenta que el acusado no está obligado a demostrar su inocencia siendo suficiente para la absolución con la constatación de la existencia de una duda razonable. En lo que se refiere a las cuestiones de hecho el Tribunal penal debe atenerse a las normas del proceso penal.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Social
  • Municipio: Coruña (A)
  • Ponente: CARLOS VILLARINO MOURE
  • Nº Recurso: 1593/2020
  • Fecha: 28/12/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sentencia desestima y la Sala revoca, tras admitir la revisión de los hechos, para precisar la fecha de inicio del procedimiento de determinación de contingencia, razonando que es posible concluir, a la vista de tales hechos, que la contingencia de los sucesivos procesos de IT que obran en los hechos probados tras el alta de 12 de mayo de 2017 derivan de accidente de trabajo. Y ello, en definitiva, visto que existe coincidencia de diagnósticos (lumbalgia, lumbago) entre los sucesivos procesos de IT posteriores al alta de 12 de mayo de 2017 -extremo no controvertido, de hecho esos procesos se acumularon por la administración, hecho probado cuarto-; y, asimismo, proximidad temporal entre los mismos, considerándose que existe recaída en un mismo proceso cuando se produzca una nueva baja médica por la misma o similar patología dentro de los ciento ochenta días naturales siguientes a la fecha de efectos del alta médica anterior y se debe considerar accidente de trabajo la enfermedad degenerativa que padece la parte en la zona lumbar, y que se vio agravada tras el accidente de trabajo que figura en el hecho probado tercero, en tanto desde ese momento encadenó, con proximidad temporal entre los mismos, sucesivos procesos de IT por similar diagnóstico.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Social
  • Municipio: Zaragoza
  • Ponente: ELENA LUMBRERAS LACARRA
  • Nº Recurso: 614/2020
  • Fecha: 28/12/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala desestima el recurso y confirma la sentencia de instancia, que estimó la demanda declarando el derecho de la demandante a percibir la prestación de maternidad puesto que la magistrada de instancia ha estimado que concurrían datos objetivos suficientes para entender que la actora desarrolló realmente la actividad de hostelería para la que se dio de alta en el RETA y desde su fecha, y que el negocio funcionó efectivamente, no existiendo fraude de ley.

Parece que no tiene configurado el plugin para ver el pdf embebido... puede descargar la resolución aquí.