Resumen: El Tribunal Superior de Justicia confirma la sentencia recurrida, desestimando el recurso del trabajador contra la sentencia que declaró procedente el despido disciplinario del demandante, a quien se le imputaba el uso del ordenador que le había facilitado la empresa para visitar páginas de uso personal y recepción instantánea de correo electrónico de carácter personal, en contra de la prohibición expresa acordada en cláusula especial del contrato de trabajo, donde se advertía de la sanción empresarial por esa grave conducta y se concedía expresa autorización para el control empresarial aleatorio de esa herramienta informática. La Sala resuelve dos cuestiones previas, acerca de la indicación de domicilio de la abogada del recurrente y sobre si el escrito de impugnación del recurso fue planteado en forma, desestimando los argumentos relativos a la inadmisión del recurso o de su impugnación. Desecha dos reformas fácticas sobre datos incluidos en los fundamentos de derecho de la sentencia, al no evidenciarse error de forma patente por medio de prueba legal. Considera que son cuestiones nuevas plantear la legalidad del control del ordenador y si está prescrita la falta, desestimando también en cuanto al fondo tales argumentos. Finalmente considera que se respeta la doctrina gradualista en sede de despido disciplinario, examinando el convenio colectivo aplicable, considerando las previsiones del pacto especial aludido y valorando el sector económico de actividad de la demandada.
Resumen: Formulada demanda por la Comunidad de Propietarios (CP), dos propietarios de viviendas y dos poseedores frente a la propietaria de varias viviendas, en la que postulan indemnización de daños y perjuicios (depreciación de valor y perjuicio de la convivencia) por la falta de diligencia en la conservación de las viviendas que fueron ocupadas ilegalmente, restitución del edificio y de las viviendas de la demandada a un buen estado de conservación, la sentencia de primer grado desestima la demanda. La sentencia de apelación, que la confirma, aprecia así mismo falta de legitimación activa de la CP por falta de acuerdo de la Junta que autorice expresamente al Presidente para el ejercicio de acciones judiciales y señala que la facultad del Presidente de representar a la comunidad judicialmente no es una facultad para decidir si se interpone un pleito; también considera que las acciones de responsabilidad extracontractual entabladas por los propietarios de viviendas están prescritas al entender que los daños producidos son permanentes, no continuados y que prescripción no se ha interrumpido pues la interrupción requiere que la voluntad se exteriorice por un medio hábil, de forma adecuada, que trascienda del titular del derecho, de forma que se identifique el derecho que se pretende conservar, la persona frente a la que se pretende hacerlo valer y que la voluntad conservativa llegue a conocimiento del deudor, lo que no se produce con una denuncia administrativa.
Resumen: Casación contra autos de sobreseimiento. art. 848 LECrim: interpretación. Adaptación a la nueva legislación del Acuerdo de Pleno de 9 de febrero de 2005. No cabe casación si no ha recaído una imputación judicial fundada. Se desestima el recurso de casación al no haberse producido siquiera una inicial toma de declaración en calidad de investigado. La resolución no es recurrible en casación.
Resumen: La liquidación practicada por la administración se limita a decir en relación al amplísimo escrito de alegaciones que "... una vez examinadas las alegaciones formuladas, se procede a practicar liquidación provisional..."; es decir, incumple claramente el dictado del artículo 102 LGT, en cuanto a la necesaria motivación de las liquidaciones. La resolución del TEAR, dice erróneamente que el órgano liquidador no está obligado a responder a las alegaciones y no analiza la alegación previa esencial de que dicho procedimiento estaba caducado. Si el órgano liquidador hubiera analizado las alegaciones de la parte es posible que la vía económico administrativa hubiera sido innecesaria, al igual que si lo hubiera hecho el TEAR en su integridad, el procedimiento judicial también podría haberlo sido.
Resumen: La Sala desestima el recurso de casación. Se considera producida la prescripción, al haber transcurrido el plazo de un año previsto en el artículo 67.1 de la LPAC, computado desde el 3 de febrero de 2015 (fecha en la que se publicó en el BOG la STS de 23 de octubre de 2014) hasta la fecha de la reclamación, de 23 de enero de 2017. Siendo ello así porque el citado plazo no puede considerarse interrumpido por la formulación de un recurso de amparo para ante el Tribunal Constitucional, al resultar claros los términos en los que se expresa el artículo 67.1, párrafo segundo, de la LPAC -cuya interpretación se nos reclama-, sin que resulte de aplicación --como día inicial- lo previsto en el párrafo 1 del mismo artículo, que señala que "el derecho a reclamar prescribirá al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifiesto su efecto lesivo". Y debemos ratificar la doctrina contenida en la STS 871/2020, de 24 de junio, y reiterar que el cómputo del plazo de un año, determinante de la responsabilidad patrimonial prevista en el artículo 67.1, párrafo segundo, se inicia en la fecha de la notificación de la sentencia (o, en su caso, desde su publicación, si se hubiera sido parte en el procedimiento de anulación) sin que dicho plazo pueda considerarse demorado, en su inicio, o suspendido, en su trascurso, por una solicitud de revisión de oficio de un acto de aplicación de la norma anulada, o por la formulación de un recurso de amparo.
Resumen: Formulada demanda por un consumidor contra una entidad bancaria en la que solicita la nulidad de las estipulaciones de gastos y de interés de demora, por abusivas, y reclama el rembolso de pagos realizados en cumplimiento de la cláusula de gastos, y la indemnización de las cantidades abonadas en exceso en el IAJD, por la inclusión en la base imponible integrada por la cantidad máxima de responsabilidad hipotecaria los intereses moratorios que resultan de la clausula de intereses reputada nula, la sentencia de primera instancia estima la demanda. La sentencia de apelación, que la revoca en parte, considera que no procede la indemnización por el Banco por el incremento de la cuota del IAJD porque el impuesto se debe autoliquidar por el sujeto pasivo, que es el prestatario, y la comprobación de la autoliquidación corresponde a la Agencia tributaria y si el sujeto considerara que por la declaración de nulidad de una clausula se le debe devolver una parte de la cuota, debe reclamarla por el procedimiento previsto en la LGT; en cuanto a la acción de reembolso, considera que la imprescriptibilidad de la acción de nulidad de la clausula abusiva no conlleva la imprescriptibilidad de la de restitución de efectos, que razones de seguridad jurídica aconsejan la extinción de esta acción de remoción por el transcurso del tiempo, que el TS ha reconocido que esa acción presenta perfiles propios y no es automática y que el computo del plazo debe iniciarse con el ultimo pago.
Resumen: El actor demanda a la gestoría, al colegio oficial de Gestores Administrativos y a Zúrich, porque encargó a la gestoría liquidar el impuesto de sucesiones por el fallecimiento de una hermana y el condominio con otra hermana, para lo que hizo la preceptiva provisión de fondos. También hacer una reclamación sobre gastos de hipoteca. Considera responsable al Colegio porque permitía que el Gestor, dado de baja del Colegio, seguía ejerciendo. La sentencia condena a la Gestoría y absuelve al Colegio y a su aseguradora pues no consta que el colegio conociera los hechos.
Resumen: Determinar el dies a quo del plazo de prescripción de la acción administrativa para regularizar la situación tributaria del contribuyente por falta de reinversión de la ganancia patrimonial puesta de manifiesto en la transmisión de su vivienda habitual, si desde el día siguiente a aquel en que finaliza el plazo para presentar la autoliquidación correspondiente al ejercicio en que se aplicó la exención o el día siguiente a aquel en que finaliza el plazo para presentar la autoliquidación correspondiente al periodo impositivo en que se produjo dicho incumplimiento.
Resumen: Se analiza la prescripción de las acciones de responsabilidad al haberse desestimado la demanda en Primera Instancia admitiendo esta excepción, alegando uno de los administradores que la actora conocía su cese antes de que fuera inscrito y además han trasncurrido cuatro años desde la factura reclamada, por lo que considera que la acción es extemporánea. El Tribunal analiza la regulación aplicable, señalando que antes e la LSC el plazo era de cuatro años desde el cese y tratándose de tercero de buena fe, el cómputo se iniciaba cuando accediera al registro, salvo que se acreditara que pese a ello, había continuado en sus funciones. La nueva Ley, establece un plazo de cuatro años pero se computa desde el día en que pudo ejercitarse la acción, si bien este régimen no resulta aplicable a este caso. Se añade que no existe prueba del conocimiento por el acreedor del cese del administrador antes de su publicación, por lo que no está prescrita y tampoco se admite la prescripción respecto del otro administrador. En cuanto al fondo, la sociedad estaba en situación de péridas cualificadas, como causa de disolución, cuando se contrajo la deuda reclamada y no habiéndose adoptado las medidas exigidas por el administrador que tenia en ese momen su cargo vigente, debe responder, y no el otro, por ser la deuda anterior a que asumiese el cargo. En cuanto a la acción individual, no consta el incumplimiento de un deber específico que pudiera relacionarse causalmente con el impago del crédito
Resumen: Impuesto sobre el Valor Añadido.- Alcance, a efectos de la interrupción de la prescripción, de la presentación del modelo 390, declaración-resumen anual del IVA.- El planteamiento de la parte recurrente ha sido acogido en la sentencia de la Sección Segunda de esta Sala Tercera del Tribunal Supremo de 18 de mayo de 2020 (RCA/5962/2017; ECLI:ES:TS:2020:987).
