Resumen: La sentencia analizada resuelve recurso de apelación interpuesto contra la dictada en primera instancia, que desestimó la demanda presentada por prescripción de la acción ejercitada para reclamar indemnización por daños sufridos en la estructura de una nave y en un mecanismo de sujeción de puerta propiedad de la demandante al colisionar contra ellos el camión con semirremolque asegurado por las codemandadas, en virtud del seguro de responsabilidad civil contratado para camión y semirremolque por cada una de las codemandadas. El tribunal de apelación estimó el recurso de apelación, revocó la sentencia recurrida y estimó la demandada con condena de ambas codemandadas al pago de la suma reclamada. En primer lugar, el tribunal considera el accidente como hecho de la circulación, aunque se produjera cuando el camión se encontrara en una zona destinada a la realización de tareas industriales. En segundo lugar, considera interrumpida la prescripción por reclamaciones extrajudiciales. En tercer lugar, rechaza la aplicación de cláusula limitativa de los derechos del asegurado, como cláusula sorpresiva de exclusión de cobertura. Por último, considera que del hecho de la circulación han de responder tanto la aseguradora del camión como la aseguradora del semirremolque, con responsabilidad solidaria.
Resumen: Es posible acumular en una misma demanda la acción de resolución del contrato de préstamo por incumplimiento y las de reclamación del capital, y de los intereses remuneratorios y moratorios vencidos y no satisfechos. Es posible el ejercicio de la acción de resolución contractual de un préstamo hipotecario por la vía del declarativo ordinario, sin acudir al procedimiento privilegiado de ejecución para esta clase de garantía. Procede la resolución del contrato de préstamo por incumplimiento del prestatario cuando éste incumple de manera grave sus obligaciones. Tal gravedad es de apreciar en el presente caso en el que el prestatario incumplió el pago de 730 cuotas, resultando que la deuda vencida se eleva a la cantidad de 49.590,78 €, lo que representa un 20,66% del capital concedido mediante el crédito pactado en su día. La prescripción de la deuda por intereses del préstamo, una vez realizada la liquidación por el banco y reclamado el importe total de lo debido se rige por el plazo de prescripción general de la ley catalana. Procede reducir de la reclamación formulada por el banco las cantidades que se corresponden con el exceso por la aplicación de la cláusula suelo y de gastos que se consideran abusivas.
Resumen: Declara la sentencia al resolver un recursos de casación autonómico, contra una sentencia de la propia sala que resolvió un recurso de apelación contra la previa decisión de un Juzgado, que la Hacienda Pública no se integra solo recursos tributarios, sino los de contenido económico, tan es así que se incluyen tanto ingresos de naturaleza pública como de naturaleza privada. Las cuotas de urbanización no son ingresos tributarios, pero sí de derecho público, y que a efectos de cobro, los Ayuntamientos cuentan con las mismas prerrogativas que la Hacienda Pública. En lo que se refiere a la reclamación de cuotas de urbanización la propia legislación foral establece el plazo prescripción de 4 años, lo que hace innecesario acudir a otros ordenamientos para "suplir" regulación alguna. En cuanto a la segunda cuestión casacional, concluye la sentencia que la interposición de los recursos contencioso administrativos tienen alcance interruptivo, tal como se desprende de la legislación general tributaria como de la Ley Foral.
Resumen: Se cuestiona la nulidad de una cláusula suelo inserta en un contrato de préstamo que ha sido objeto de pacto novatorio. La sala rechaza la pretensión de nulidad por cuanto que el momento en que produjo la novación en el que la cláusula novada ya le había sido de aplicación al consumidor, atendida asimismo la propia existencia del pacto novatorio y el negocio de transacción del que es consecuencia, debe concluirse que un consumidor medio estaba perfectamente al corriente acerca de las consecuencias económicas asociadas al pacto, así como de la evolución pasada del índice, al menos en los aspectos sustanciales. Declara en primera instancia la nulidad de la cláusula que impone el pago de la totalidad de los gastos al prestatario, se plantea la prescripción de la acción de reclamación de cantidad en la que se pretende el reintegro de los pagados indebidamente. La sala hace una extensa exposición de la jurisprudencia al respecto, y entiende que la acción de reclamación de cantidad se halla prescrita porque ha transcurrido el tiempo legal desde la fecha en que los pagos han sido realizados.
Resumen: La acción para reclamar la nulidad de la cláusula que impone la totalidad de los gastos al prestatario es nula por abusiva. El ejercicio de esta acción no se halla sometida a plazo alguno porque es imprescriptible. Por el contrario la acción para pedir el reintegro de lo indebidamente pagado por aplicación de esta cláusula se halla sometido al plazo general de prescripción de 10 años sometido a la legislación catalana, a contar desde el día en que fue realizado cada uno de los pagos. No se imponen costas por las dudas jurídica que manifiesta la sala.
Resumen: Se rechaza la impugnación como abusiva de la cláusula que establece el índice de referencia IRPH en un préstamo a interés variable, así como la previsión de otros índices sustitutivos para el caso de que el señalado desapareciera. La prescripción de la acción de reclamación de los gastos pagados en exceso por razón de la cláusula de gastos no puede comenzar hasta la fecha de la nulidad.
Resumen: A efectos de prescripción de la acción no debemos confundir las meras sospechas con la constatación cierta e inequívoca de la comisión de unos hechos susceptibles de ser sancionados. La interpretación jurisprudencial del art. 53 ET ha establecido que donde la norma habla de escrito de preaviso en relación a la Comunicación del despido a los representantes de los trabajadores, ha de entenderse que se refiere a "carta de despido".
Resumen: Revoca parcialmente la condena impuesta al acusado por el Juez Penal como autor de un delito de amanazas y otro de vejación injusta de carécter leve cometido sobre quien era su pareja sentimental, para disponer la absolución del acusado por el delito de injurias leves y la prescrión del delito de amenazas leves. Acusado que al tiempo de romper su relación con su pareja sentimental se dirige a ella a través whatsapp con mensajes escritos y de voz en que la insulta y amenazas gravemente al punto de concebir la víctima un temor fundado por si pudiera realizar las conductas con que era amenazada. Relación sentimental de pareja análoga a la de matrimonio. Continuidad de la relación, identificada con la habitualidad y de la estabilidad, que se corresponde con el concepto de permanencia en el tiempo de la relación. En el caso no se tiene por acreditada una relación de esas características. pues el acusado niega tener planes comunes con la mujer, no tenían bienes en común ni participaban en actos o eventos de sus familias respectivas. Así, las amenazas se califican como leves y a tenor del art. 171.7 del Cóigo Penal, mientras que las injurias leves se califican de atípicas al desaparecer el marco en que se decían cometidas de la violencia de genero. A su vez, dada la naturaleza del ilícito de amenazas leves, se acoge la prescripción de la infracción, por transcurso de los plazos de inactividad previstos para la prescripción de los delitos leves.
Resumen: Recurre la empresa su condena por despido improcedente por entender inexistente la subrogación que la sustenta bajo un primer motivo de nulidad (de actuaciones) fundamentado en la incongruencia omisiva (y deficit de motivación) en que incurre el pronunciamiento de instancia que la Sala rechaza porque ésta lo es por remisión a una anterior resolución del Tribunal sí da respuesta a la cuestionada obligación de subrogación. Desde la condicionante dimensión que ofrece su inalterado relato confirma la Sala el hecho subrogatorio producido al amparo del convenio del sector y de la Ordenanza Siderometalúrgica; reiterando, así, el criterio ya sustentado en anteriores pronunciamientos sobre similar cuestión pues es precisamente la fuerza vinculante de los convenios colectivos la que habilita la eficacia de la Ordenanza. En respuesta al recurso del trabajador (dirigido a que se declare la nulidad de la extinción impugnada por incumplirse los requisitos del despido colectivo) se advierte sobre la intima conexión existente entre un inalterado presupuesto fáctico y la censura dirigida a combatir la conclusión obtenida en base a los mismos al no existir datos que permitan entender que la no aceptación de la subrogación en los contratos de 19 trabajadores constituye un despido colectivo tácito; siendo así, además, que este número no supera el de 20 para el centro de trabajo (esto es, en los términos a que alude la Directiva Comunitaria).
Resumen: Se discute sobre la prescripción de la acción de reclamación de cantidad acumulada a la de nulidad de la cláusula de gastos que pretende la recuperación de lo indebidamente pagado. La sala hace una extensa exposición de la jurisprudencia, y concluye que mientras la acción de nulidad es imprescriptible, la de reclamación de cantidad se halla sujeta al plazo general de prescripción de la legislación civil catalana, a contar desde que fueron realizados los pagos.
