• Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Cáceres
  • Ponente: ELENA CONCEPCION MENDEZ CANSECO
  • Nº Recurso: 146/2020
  • Fecha: 18/12/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se desestima el recurso de apelación interpuesto frente a la sentencia de la instancia desestimatoria del recurso formulado y de la reclamación de responsabilidad patrimonial por los daños y perjuicios sufridos ante la deficiente asistencia sanitaria recibida durante el parto de su hijo lo que generó un sufrimiento fetal ocasionando las secuelas que ahora se reclaman. Se sustenta la apelación en el error en la valoración de la prueba al estimar la prescripción de la acción promovida fijando que las secuelas quedan establecidas en una fecha determinada sin tomar, en consideración,las posteriores prestaciones médicas y la sentencia de incapacidad dictada así como los tratamientos rehabilitadores. Se centra la Sala en la determinación de la posible extemporaneidad de la reclamación formulada al haberse dictado, en este sentido,la resolución administrativa impugnada no entrando a enjuiciar el fondo del asunto y solicitando,por ello la actora,la retroacción de las actuaciones con el fin de obtener un pronunciamiento sobre la reclamación planteada. Se invoca por el Tribunal la doctrina del TS sobre el dies a quo concretándose,el mismo, según la fecha de curación o estabilización de los daños sufridos y no, desde el momento en el que se dicte la sentencia declarando la incapacidad.Y acordándose únicamente la retroacción de actuaciones en aquellos supuestos en los que no se haya emitido el informe preceptivo del consejo jurídico consultivo.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Albacete
  • Ponente: JESUS MARTINEZ-ESCRIBANO GOMEZ
  • Nº Recurso: 42/2019
  • Fecha: 18/12/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El art. 104.1 y 4 LGT establece un plazo de 6 meses para notificar la resolución del procedimiento de gestión tributaria, yen los procedimientos iniciados de oficio, como es el caso, se contarán desde la fecha de notificación del acuerdo de inicio con la consecuencia de que en caso de cumplirse dicho plazo se producirá la caducidad del procedimiento. El cómputo del plazo de caducidad del procedimiento de comprobación de valores se inicia desde que la oficina liquidadora solicita la emisión de una valoración del inmueble, pues desde que el órgano de gestión tributaria solicita informes de valoración está comprobando, y por consiguiente, ha iniciado el procedimiento de comprobación de valores, cuyo objeto es precisamente valorar; no siendo válido por ello el diferimiento a efectos del cómputo del plazo de caducidad a la fecha en que se da audiencia y dicta la propuesta de liquidación. No estamos ante un procedimiento iniciado a instancia de parte a los efectos del art.104.3 LGT ya que la presentación de la autoliquidación no es una solicitud o petición en sentido estricto, en tanto que no es susceptible de desencadenar actos favorables para el interesado.
  • Tipo Órgano: Audiencia Provincial
  • Municipio: Oviedo
  • Ponente: MIGUEL JUAN COVIAN REGALES
  • Nº Recurso: 690/2020
  • Fecha: 18/12/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sentencia analizada resuelve recurso de apelación interpuesto contra la dictada en primera instancia, que estimó la demanda presentada para solicitar indemnización por daños derivados de la conducta desleal concurrente llevada a cabo por la demandada y otras fabricantes de camiones para la fijación de precios brutos y que habrían sido objeto de sanción por Decisión de la Comisión Europea de 19 de julio de 2016. El tribunal de apelación estimó en parte el recurso de apelación y revocó la sentencia para reducir la indemnización al 8 % del precio de adquisición de cada uno de los camiones objeto de litigio. Cita el tribunal numerosas resoluciones dictadas sobre la cuestión controvertida. A) Sobre la legitimación activa: están afectados por la conducta quienes pagan de más en la adquisición de la propiedad o del derecho de explotación de los bienes cartelizados, siendo indiferente que el pago del camión adquirido sea satisfecho al contado, a plazos, o a través de arrendamiento financiero. B) Sobre la prescripción: el inicio del cómputo del plazo no tiene lugar, al menos, hasta el momento de la publicación de la versión no confidencial de la Decisión, el 6 de abril de 2017. C) Sobre el daño: el precio final se ve incrementado por las conductas anticompetitivas; si no hubiera sido por el cartel, los precios de los camiones en destino hubieran sido inferiores. D) Sobre la cuantía de la indemnización: se fija prudencialmente en un 8% (dificultad probatoria del daño concreto).
  • Tipo Órgano: Audiencia Provincial
  • Municipio: Murcia
  • Ponente: CARLOS MORENO MILLAN
  • Nº Recurso: 1782/2019
  • Fecha: 17/12/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se estima en parte el recurso de la entidad bancaria demandada, sin costas de la alzada, y se revoca la sentencia apelada solo en el pronunciamiento relativo a la estimación de la acción de reintegración de gastos de una de las escrituras públicas de autos, acordando la prescripción de dicha acción resarcitoria y confirmando el resto de pronunciamientos. Rechaza la Sala el motivo referido a la validez y eficacia de la cláusula de comisión de apertura, por estimar correcta la decisión judicial de instancia de declarar su nulidad por abusiva, ya que se ajusta al criterio interpretativo del TJUE y no se concretan y acreditan los servicios efectivamente prestados ni los gastos en los que ha incurrido la prestamista que den cobertura a la suma reclamada. Asimismo rechaza la pretensión de la apelante sobre los gastos de tasación, en aplicación del propio criterio de la Sala, que reseña. Acoge el motivo atinente a la prescripción de la acción de restitución de los gastos derivados de la primera de las escrituras públicas de autos, suscrita en el 13 marzo 2002. Entiende aplicable el plazo del art. 1.964 en la redacción anterior a su modificación por Ley 42/2015, de 5 de octubre (es decir, 15 años); y el día inicial del cómputo de dicho plazo es el momento en que se realizan los pagos objeto de reclamación.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: DIEGO CORDOBA CASTROVERDE
  • Nº Recurso: 4442/2019
  • Fecha: 17/12/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala Tercera fija como jurisprudencia, en respuesta a la cuestión de interés casacional objetivo identificada en el auto de admisión, que el plazo de prescripción aplicable en los casos de infracciones continuadas, cuando durante cuya comisión se produjo una sucesión de normas que contenían distintos plazos de prescripción, es el existente en el momento en que se consumó la infracción, esto es, cuando finalizó la conducta infractora. En este sentido declara que la aplicación del plazo de prescripción previsto en la norma vigente en el momento en que se consuma la infracción no implica una aplicación retroactiva de dicha norma, pues ni es posible escindir o descomponer el tracto de la infracción continuada en etapas o períodos, cada uno los cuales se rigen por una norma distinta o por un plazo de prescripción diferente (caso de que este se haya modificado durante el periodo en el que se cometió la infracción continuada) ni es posible aplicar el plazo de prescripción de una norma que ha quedado derogada a infracciones futuras. Ello más que la aplicación retroactiva de una norma desfavorable implica la ultractividad normativa a conductas desarrolladas varios años después a que dicha norma haya quedado derogada.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Zaragoza
  • Ponente: JAVIER SEOANE PRADO
  • Nº Recurso: 13/2020
  • Fecha: 17/12/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Lo que se le imputa es que durante los años 2010 al 2014, por parte de la farmacia ubicada en Vera del Moncayo, Zaragoza, de la que es titular la recurrente, se produjeron unas diferencias importantes entre adquisiciones a almacenes y facturación al SALUD de medicamentos de los que existen antecedentes han sido objeto de tráfico ilegal. La Sala considera que no están prescritos los hechos, pues si bien durante el periodo de tiempo del expediente caducado, no se suspendió el plazo, si estuvo suspendido durante el periodo en que se incoó el procedimiento penal. El tipo infractor es de "la distribución inversa" y los hechos han sido acreditados en el expediente.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: FRANCISCO JOSE NAVARRO SANCHIS
  • Nº Recurso: 1373/2019
  • Fecha: 17/12/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Impuesto sobre el Valor Añadido. Determinación de la base imponible en relación con entregas de bienes no declaradas en cuyo precio no se hacía alusión al impuesto. Interpretación de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 7 de noviembre de 2013 (asuntos C-249/12 y C-250/12, Tulicã y Plavosin). Debe considerarse incluido el IVA, a tenor de dicha sentencia, cuando concurran estas: (i) que las partes establezcan el precio sin ninguna mención al IVA; (ii) que el vendedor sea sujeto pasivo del impuesto devengado por la operación gravada; y (iii) que dicho vendedor carezca de la posibilidad de recuperar del adquirente el IVA reclamado por la Administración Tributaria. Imposibilidad de la regularización íntegra, dependiente de la de terceros, por impedirlo el artículo 89. Tres. 2º de la Ley 37/1992, del IVA, en la redacción vigente al tiempo del devengo.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Social
  • Municipio: Valencia
  • Ponente: MARIA MERCEDES BORONAT TORMO
  • Nº Recurso: 1162/2020
  • Fecha: 17/12/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El Juzgado ha desestimado la pretensión del SEPE de reintegro de prestaciones por directa aplicación de la sentencia dictada por el TEDH de fecha 26.04 2018 -caso Cakarevic contra Croacia-. La Sala estima el recurso de la entidad gestora y entiende que no es aplicable esta doctrina al caso enjuiciado, en primer término porque el plazo de revisión en el derecho nacional es de un año y no de tres, y porque en aquel caso se trataba de una prestación muy modesta que tenía por finalidad subvenir a las necesidades básicas de subsistencia de la afectada, lo que aquí no ocurre, porque se trata de una prestación de desempleo, instada cuando se estaba percibiendo una prestación de incapacidad permanente, y no se acredita la situación de necesidad a que aludía la sentencia del TEDH.
  • Tipo Órgano: Audiencia Nacional. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: FRANCISCO JAVIER VIEIRA MORANTE
  • Nº Recurso: 915/2020
  • Fecha: 17/12/2020
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: Aplicación del procedimiento de la OEDE: aplicación de la Ley 3/2003 a las órdenes europeas de detención y entrega que se emitan con posterioridad a su entrada en vigor, aun cuando se refieren a hechos anteriores a la misma. Las leyes que regulan la extradición y la euroorden ni son leyes penales ni leyes sancionadoras, por lo que no resulta de aplicación la prohibición constitucional de retroactividad. Quebrantamiento de condena impuesta en Portugal por hechos susceptibles de haber sido enjuiciados en España. De haberse realizado el enjuiciamiento de esos hechos en España, la pena impuesta estaría prescrita, contando el plazo de prescripción desde la fecha del quebrantamiento de la condena. Se deniega la entrega.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Zaragoza
  • Ponente: JUAN JOSE CARBONERO REDONDO
  • Nº Recurso: 127/2018
  • Fecha: 16/12/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Deberá entenderse por lo tanto prescrito el derecho a liquidar pagos parciales devengados desde el inicio de la vida del préstamo hasta el 25 de mayo de 2011, quedando interrumpida la prescripción desde esa fecha en cuanto a la diferencia, cuantía por la que debe tenerse por actualizado el acto administrativo impugnado, calculada en idéntico modo y conforme a iguales parámetros que han permitido el cálculo de las cuantías que figuran en la resolución impugnada, conforme a lo pactado entre las partes en el Convenio originario. El crédito reclamable, por principal e intereses remuneratorios deberá quedar liquidado en dichas sumas, procediendo en consecuencia la estimación parcial del recurso interpuesto.". En idéntico sentido habremos de concluir aquí, considerando conforme a lo pretendido subsidiariamente por la Administración recurrente, que deberá declararse prescrita la obligación de ésta por las cuotas vencidas antes del 20 de abril de 2012, de suerte que la obligación de pago debe quedar fijada en la cantidad resultante de restar el importe de las cuotas referidas a la suma reclamada, procedimiento a un recálculo de las cuantías reclamadas en tal sentido. Así pues, el recurso debe ser estimado.

Parece que no tiene configurado el plugin para ver el pdf embebido... puede descargar la resolución aquí.