• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANTONIO JESUS FONSECA HERRERO RAIMUNDO
  • Nº Recurso: 2372/2016
  • Fecha: 20/02/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: No ha lugar al recurso de casación deducido contra sentencia que confirmó la inadmisión a trámite del recurso extraordinario de revisión que se había deducido contra la autorización de la apertura de cuatro oficinas de farmacia. La sentencia recurrida no vulnera el principio de josa juzgada, al contrario rechaza esa causa de inadmisibilidad opuesta por la Administración y aplica la doctrina del TS sobre la incompatibilidad entre un recurso administrativo extraordinario de revisión y otro contencioso administrativo cuando se da una identidad de la cuestión de fondo planteada. Esa identidad existe y por ello es improcedente el recurso contencioso administrativo por esa razón de incompatibilidad. Tampoco vulnera el artículo 118 de la Ley 30/1992. La Sala de instancia considera que la decisión administrativa de inadmisión del recurso de revisión fue acertada pues no concurría la causa del artículo 118 que fue alegada, y para ello da una razón acertada pues no es posible considerar que una norma reglamentaria, debidamente publicada y anterior a los hechos, no puede ser alegada como documento nuevo a los efectos de una revisión administrativa.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JOSE LUIS REQUERO IBAÑEZ
  • Nº Recurso: 2702/2016
  • Fecha: 19/02/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El TS desestima el recurso de casación interpuesto por una mercantil dedicada al comercio al por mayor de productos de perfumería e higiene así como de medicamentos de uso humano, mercantil formada por tres socios titulares de oficinas de farmacia. El régimen legal aplicable exige la incompatibilidad entre una oficina de farmacia y los intereses directos en cooperativas o sociedades mercantiles, si bien contempló un régimen transitorio. No se aprecia incongruencia omisiva en la sentencia recurrida. La normativa aplicable no incurre en una retroactividad absoluta o de primer grado porque los recurrentes desarrollaban una actividad sujeta a autorización cuyo desarrollo queda sujeto a lo largo de su vida a la normativa vigente en cada momento, sin afectar por ello a un derecho adquirido o consumado e integrado en el patrimonio del afectado. Para plantear una cuestión de inconstitucionalidad se requiere un especial esfuerzo argumentativo y no remitirse a meros alegatos basados en su discrepancia con la nueva norma. No se vulnera el artículo 14 CE por cuanto no se han planteado unos términos de comparación válidos, ya que se trata de una situación fáctica y jurídica distinta la de los demandantes, al tener que atenderse a la realidad jurídica y comercial de la distribución de medicamentos con fuerte implantación del cooperativismo al que después se añadió la de sociedades mercantiles que operan como almacenes mayoristas, sin que dicha normativa y cambios sean irrazonables.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Sevilla
  • Ponente: GUILLERMO SANCHIS FERNANDEZ-MENSAQUE
  • Nº Recurso: 212/2017
  • Fecha: 08/02/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La actora recurre contra acuerdo conjunto de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales y del SAS que desestima reclamación de responsabilidad patrimonial, por atención deficiente estando embarazada en hospital público, que desemboca en una histerectomía total. La demandante entiende que aunque en el consentimiento informado, se informase a la paciente la posibilidad de hemorragias y perforación de útero, no se exonera con ello de responsabilidad y que existe mala práctica médica por retraso en el diagnóstico, por administración prolongada de medicamento y en la práctica del legrado, entendiendo que debe aplicarse la doctrina del daño desproporcionado, dado el trágico e inexplicado desenlace como resultado de una intervención menor. Se descarta la prescripción. El reproche se dirige al Hospital dependiente del SAS al que fue derivada la recurrente. No se considera que hubo mala praxis en la realización de ecografía de alta resolución. Pero el medicamento administrado para la interrupción del embarazo no estaba autorizado por la Agencia española del Medicamento, y solo puede utilizarse, en las dosis que se aplicaron, en casos autorizados (art. 24 Ley 29/2006) o en casos excepcionales por ello se considera que hubo mala praxis en su administración pero no en la práctica del legrado y se aplica la doctrina de la perdida de la oportunidad y se establece una indemnización por daño moral. Responsabilidad de la aseguradora (art. 76 de la Ley de Contrato de Seguro).
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JOSE LUIS REQUERO IBAÑEZ
  • Nº Recurso: 2795/2016
  • Fecha: 06/02/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: No ha lugar al recurso de casación deducido contra sentencia que confirmó la aprobación de la planta farmacéutica de las Islas Baleares. No es necesario que la planta farmacéutica se hubiese regulado mediante una norma reglamentaria, no es inconstitucional la competencia del Conseller para establecer la demarcación territorial de la planificación farmacéutica. No cabe invocar como jurisprudencia infringida una sentencia del Tribunal Superior de Justicia. No se invoca que la ley autonómica se extralimite de la Constitución y para la normativa estatal básica la planificación farmacéutica queda vinculada a la planificación sanitaria y todo dentro de la ordenación de la asistencia farmacéutica. La ley Balear al apoderar a la Administración para crear esas unidades territoriales menores, no crea una nueva profesión en el ámbito farmacéutico, no merma el haz de competencias profesionales de los farmacéuticos ni atribuye competencias propias de los farmacéuticos a otros profesionales.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JOSE MARIA SEGURA GRAU
  • Nº Recurso: 172/2018
  • Fecha: 04/02/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El objeto del recurso es determinar si la transmisión de una oficina de farmacia realizada en escritura pública se encuentra sujeta al Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, dado que la operación está sujeta a IVA. Debe tenerse en cuenta que en la Comunidad de Madrid y a diferencia de lo que ocurre en otras Comunidades, dicho acto no tiene por qué ser inscrito en Registro alguno. Esta es, en síntesis la diferencia existente entre las regulaciones autonómicas, por cuanto que, en principio, dicha transmisión solo deberá ser objeto de registro sanitario. La Sala considera por ello que, si bien estamos ante una escritura que tiene por objeto cosa evaluable económicamente, dicha operación no es inscribible en el registro de Bienes Muebles, al menos de manera preceptiva, constitutiva o con efectos frente a terceros. De ahí que la operación no estaría sujeta al ITPAJD.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Sevilla
  • Ponente: MARIA LUISA ALEJANDRE DURAN
  • Nº Recurso: 369/2017
  • Fecha: 30/01/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Recurso contra resolución de la DG de Salud Pública y Ordenación del Territorio de la Consejería de Salud por la que se estima en parte recurso de alzada contra resolución que impone una multa de 70.000 € por la comisión de dos infracciones administrativas: una muy grave tipificada en el art. 76.2 en relación con los arts. 73.b), c) y e) y 75.1. u) de la Ley 22/07, de Farmacia de Andalucía, por no conservar los originales o copia sellada de las recetas de dispensaciones de medicamentos, cuyo destino es desconocido; y otra grave tipificada en el artículo 101.2.b) 32ª de la Ley 29/06 por no haber aportado ningún documento que justifiquen la trazabilidad o el destino de los medicamentos detectados por la inspección con el correspondiente beneficio económico tenido, revocando esta segunda infracción y confirmando la primera de 60.000 euros. Mantiene el recurrente: discriminación administrativa injustificada en el incremento en los márgenes del cálculo de la sanción, falta de conexión entre el beneficio y la conducta sancionada, error de cálculo de los beneficios imputados y falta de culpabilidad y buena fe. La Sala ha resuelto recursos análogos: por la infracción muy grave se sanciona la dispensación de medicamentos sin receta. No se vulneran los principios de presunción de inocencia y culpabilidad.Ha quedado acreditada la dispensación de los medicamentos. Pero se estima vulneración del principio de tipicidad que no puede ser considerada como muy grave.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Albacete
  • Ponente: RICARDO ESTEVEZ GOYTRE
  • Nº Recurso: 276/2017
  • Fecha: 17/01/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La infracción sancionada lo fue por dispensar medicamentos sin receta cuando resulte obligatorio, como es el caso. Lo que se discute es, dado que consta dispensados medicamentos sin justificación mediante la preceptiva receta médica, es si la farmacéutica titular de la farmacia inspeccionada debe responder por los medicamentos dispensados sin receta por la farmacéutica adjunta confesa que efectivamente los dispensó. La sala de la normativa aplicable concluye que efectivamente los farmacéuticos adjuntos son competentes para la dispensación de medicamentos; pero dicha función, ha de llevarse a cabo por "un farmacéutico" o "bajo su dirección", de lo que se infiere que si no las lleva a cabo directamente el farmacéutico titular han de ejercitarse por el farmacéutico adjunto pero bajo la supervisión del titular, por lo que, en definitiva, la responsabilidad del cumplimiento de las obligaciones legales por parte del adjunto recae sobre el titular.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: FERNANDO ROMAN GARCIA
  • Nº Recurso: 501/2016
  • Fecha: 15/01/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El precepto estatal invocado en sede casacional por la recurrente (art. 2.2 de la Ley 16/1997), no fue alegado por las partes en sus escritos de demanda y contestación, ni fue mencionado en la sentencia ahora impugnada, cuya ratio decidendi no está basada en dicho precepto, sino en los artículos 29, 31 y 32 de la Ley andaluza 22/2007, de Farmacia. Del propio tenor del escrito de formalización del recurso de casación se infiere con toda evidencia que la invocación que en él se efectúa del derecho estatal es puramente instrumental, a fin de sortear la posible causa de inadmisión del recurso. Lo que realmente está cuestionando la parte recurrente es la interpretación y aplicación del derecho autonómico efectuadas por la Sala de instancia sin que la alegación de principios constitucionales o de preceptos estatales supletorios no hacen recurribles en casación a aquellos supuestos de aplicación normativa local o autonómica en los que la infracción constitucional alegada es meramente accesoria o los preceptos estatales supletorios no han sido aplicados o no han sido relevantes para el fallo.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JOSE MANUEL BANDRES SANCHEZ-CRUZAT
  • Nº Recurso: 137/2016
  • Fecha: 14/01/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El motivo de oposición al recurso de casación planteado por la parte recurrida, relativo a la falta de legitimación de los Colegios de Farmacéuticos de Zaragoza, Huesca y Teruel para interponer este recurso de casación, debe ser estimado. Con carácter general, el recurso de casación, según dispone el art 89.3 de la LJCA, " podrá interponerse por quienes hayan sido parte en el procedimiento a que se contraiga la sentencia o resolución recurrida". En consecuencia, la Sala aprecia que, en la interpretación del citado precepto, según reiterada doctrina del TC y jurisprudencia de la Sala Tercera del TS, la casación puede interponerse además de por quienes hayan sido parte, por quienes debieran haber sido parte, pero no lo fueron al no haber sido oportunamente emplazados. En el caso examinado por la Sala se constata que el Colegio recurrente fue emplazado, y la actitud procesal de la recurrente fue no personarse en el recurso contencioso administrativo, por lo que no puede ser asimilado a la condición de parte procesal, a que se refiere el art. 89.3 de la LJCA. La Sala recuerda los requisitos para que pueda apreciarse lesión del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva, exigiéndose que el interesado haya sufrido como consecuencia de la omisión de emplazamiento una situación de indefensión real y efectiva, lo que no sucede en el caso, por lo que procede la desestimación del recurso de casación por falta de legitimación activa de la parte recurrente.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANTONIO JESUS FONSECA HERRERO RAIMUNDO
  • Nº Recurso: 3196/2016
  • Fecha: 13/12/2018
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: No ha lugar al recurso de casación para la unificación de la doctrina interpuesto contra sentencia que confirmó la sanción a oficina de farmacia por infracción de la ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. Dada la existencia de identidades necesarias entre la sentencia recurrida y las citadas de contraste, para el TS no es errónea la solución adoptada por la sentencia impugnada y no cabe apreciar vulneración del principio de tipicidad por sancionarse la conducta realizada por la recurrente como infracción grave porque la titular de la oficina de farmacia llevó a cabo una conducta clara de distribución de medicamentos sin tener autorización administrativa para ello. El tipo infractor era taxativo y certero en su dicción, y de él no se derivaba duda interpretativa alguna, pudiendo afirmarse que (i) la actividad de distribución de medicamentos solo podía ponerse en práctica por la persona que contase, al respecto, con una precisa autorización administrativa; (ii) que esta autorización administrativa no podía ser lograda por los titulares de una oficina de farmacia al situarse esa actividad (distribución de medicamentos) más allá y fuera del marco que el Derecho asigna a su actividad; y, (iii) la farmacéutica sancionada no contaba con autorización de distribución. Además también es una infracción la venta de medicamentos por un oficina de farmacias a otra. No se imponen costas por ser clara la diferente solución dada por otras Salas.

Parece que no tiene configurado el plugin para ver el pdf embebido... puede descargar la resolución aquí.