• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: EDUARDO ESPIN TEMPLADO
  • Nº Recurso: 2969/2016
  • Fecha: 02/07/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: En primer lugar, la sentencia rechaza aquellos motivos que achacan a la sentencia de instancia infracciones u omisiones no referidas a la resolución recurrida, esto es, la instalación de la oficina de farmacia en el concreto local designado. Respecto a las alegaciones en torno al recurso pendiente referido a resolución administrativa previa, no pueden acogerse, ya que, sin perjuicio de que ha sido inadmitido el recurso de casación, en cualquier caso, la pendencia no impedía proseguir con el procedimiento. Se rechaza también el motivo referido a la legitimación activa consistente en que ostenta legitimación respecto de todas las resoluciones anteriores en tanto no recaiga sentencia definitiva, pues sobre la resolución impugnada en este proceso respecto a la concreta designación de un local, la recurrente carece de legitimación. Tampoco la sentencia aquí impugnada prejuzga los recursos sobre las resoluciones anteriores, (todavía pendientes de sentencia firme), a lo sumo, la hubieran dejado, en su caso, vacía de contenido. Además, no existe vulneración del art 51.1.b) LJCA, ya que el meritado artículo se refiere a otro momento procesal. En cambio, el art 69.b) no prevé dicho trámite y no ha existido indefensión. Finalmente, una vez declarada la nulidad, la Administración no dio por válidas las actuaciones anteriores, sino que volvió a valorar la documentación presentada en el procedimiento anterior, según la solicitud formulada por la adjudicataria, sin comportar convalidación
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA ISABEL PERELLO DOMENECH
  • Nº Recurso: 3045/2016
  • Fecha: 28/06/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Tras requerimiento a la recurrente para que opte por mantener su participación en la mercantil dedicada al almacenamiento y distribución de medicamentos o la titularidad de sus oficinas de farmacia, y desestimado el recurso por el TSJCat , se plantea en el recurso de casación la compatibilidad de dichas actividades con arreglo al marco normativo vigente en relación con la "garantía de independencia". Descarta la Sala la causa de inadmisibilidad alegada por la Administración, así como las alegadas incongruencia omisiva y falta de motivación, pues Sala de instancia ha expuesto de forma suficiente (que permite conocer las razones de la desestimación) por qué considera que no se vulneran tales preceptos constitucionales. Añade la Sala Tercera del TS que no se aprecia carácter retroactivo en la norma ni quiebra del principio de seguridad jurídica, recordando que se trata de actividades reguladas cuyo desarrollo queda sujeto a lo largo de su vida a la normativa en cada momento vigente, sin que pueda apreciarse la existencia de situaciones agotadas o de derechos adquiridos o consumados. Finalmente, se excluye la pretendida vulneración del principio de igualdad, no habiéndose aportado un término de comparación idóneo para deducir un trato desigual, y se recuerda que tales incompatibilidades (para evitar conflictos de intereses) también se prevén en las Directivas comunitarias, pudiéndose justificar la restricción de libertades fundamentales en razones imperiosas de interés general.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: CELSA PICO LORENZO
  • Nº Recurso: 2940/2017
  • Fecha: 24/06/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: No ha lugar al recurso de casación interpuesto contra sentencia que, esencialmente, entendió que el concierto entre la Consejeria de Sanidad de la Comunidad Valenciana y los Colegios Oficiales de Farmacéuticos de sus tres provincias, por el que se fijan las condiciones económicas para la ejecución de la prestación farmacéutica a través de las oficinas de farmacia, no contempla el abono de intereses. Este recurso de casación es similar al suscitado por el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Alicante ya resuelto por el TS, cuyos fundamentos desestimatorios ahora se reproducen por seguridad jurídica y unidad de doctrina, para concluir y resolver la cuestión de interés casacional objetivo planteada en el auto de admisión: que no es aplicable para el cálculo de los intereses de demora, sobre los que se ha discutido en este proceso, la Ley 3/2004, tal como estableció la sentencia de instancia y se habrá de estar al interés legal del dinero, conforme al tipo fijado en las correspondientes leyes de Presupuestos Generales del Estado.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: PABLO MARIA LUCAS MURILLO DE LA CUEVA
  • Nº Recurso: 2997/2017
  • Fecha: 24/06/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se plantea el abono de los intereses de demora por el retraso en el pago de la facturación farmacéutica a las oficinas de farmacia, rigiendo un concierto de 2004 con los colegios oficiales de farmacéuticos, de modo que la Administración sanitaria calcula los intereses conforme al rédito legal en lugar de conforme a la Ley de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. El TSJ dicta sentencia parcialmente estimatoria y condena a la Administración al pago de los intereses de demora conforme al interés legal del dinero establecido en los PGEº de cada año. El TS desestima la casación, confirmando el fondo relativo a que las relaciones que mantienen los farmacéuticos con la Administración sanitaria no son las propias de un contrato administrativo y que no dan lugar a operaciones comerciales. El concierto sanitario suscrito no crea la obligación de dispensación de los medicamentos, sino que aquella dimana de la ley aplicable, y tampoco crea una relación bilateral de la que nazcan las obligaciones recíprocas para la Administración sanitaria y para los colegios farmacéuticos, no se entregan bienes ni contraprestaciones por parte de empresas a la Administración, razones por las cuales no puede hablarse de una operación comercial entre dichas partes. Por ello, los intereses de demora por el retraso en las facturaciones se han de regir por el tipo legal del dinero fijado en las correspondientes leyes de PGEº de cada año y no por el previsto en la Ley de morosidad.
  • Tipo Órgano: Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ERNESTO MANGAS GONZALEZ
  • Nº Recurso: 125/2017
  • Fecha: 05/06/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se impugna una Orden SSI/1305/2016, por considerar que determinados medicamentos no cumplen los requisitos establecidos por la normativa de aplicación para ser agrupados bajo un mismo conjunto, por tener dos principios activos diferentes y vulnerar la ley y la jurisprudencia del Tribunal Supremo al respecto. Se estima el recurso respecto de uno de los medicamentos, porque es preciso definir el principio activo para la determinación de los conjuntos, y justificarlo según lo previsto en la ley 29/2006, no bastando la aplicación mimética y la mera referencia,de la clasificación ATC. Y se desestima la pretensión relativa a que se declare procedente la inclusión en otro conjunto, y la condena al pago de una indemnización de daños y perjuicios. Respecto de otro medicamento, se recuerda que los conjuntos de referencia se forman a partir de presentaciones de medicamentos que tengan el mismo principio activo e idéntica vía de administración siendo la finalidad de los conjuntos de referencia agrupar medicamentos para financiar la prestación farmacéutica, cohonestándola con su sostenibilidad económica. Esa finalidad no se identifica con una aminoración o limitación de los precios, sino la de fijar un precio de referencia que es el límite hasta el que se financia con cargo a los fondos públicos
  • Tipo Órgano: Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: FERNANDO LUIS RUIZ PIÑEIRO
  • Nº Recurso: 461/2017
  • Fecha: 05/06/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se plantea primero una cuestión fáctica, si las distintas presentaciones de un determinado medicamento tienen distinto principio activo respecto de las que conforman el conjunto que se ha formado con otras presentaciones con uno de sus principios. La parte actora ha aportado el dictamen pericial. Se plantea igualmente una cuestión jurídica, si para la formación de los conjuntos se emplee la clasificación ATC, o si debe estarse al principio activo recogido en la autorización de comercialización, y, complementariamente, en qué medida el reconocimiento en la autorización de comercialización de un determinado principio activo implica un acto propio que vincula a la Administración, que no podría desconocer que lo que ha reconocido como principio activo específico en la autorización de comercialización no puede ser incluido en un principio activo distinto y general, a efectos de formar conjuntos de referencia. Se estima en parte el recurso al concluir que con base en el informe técnico aportado por la recurrente, hay diferencias muy relevantes entre los principios activos tomados en consideración, concluyendo la sentencia que la Administración no ha demostrado la no disparidad de principio activo que constituye dato decisivo en la previsión de la Orden impugnada, que es anulada en este extremo.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: EDUARDO CALVO ROJAS
  • Nº Recurso: 3295/2016
  • Fecha: 03/06/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Desestimación del recurso de casación. La recurrente no ha justificado la relevancia de la prueba testifical denegada para la resolución del litigio ni, en definitiva, en qué medida el resultado de la prueba, de haberse admitido y practicado, podría haber modificado el resultado de la decisión. La sentencia no incurre en falta de motivación, pues la sentencia recurrida exponen los criterios aplicados por la Sala de instancia para la valoración de los méritos de ambos recurrentes en diferentes apartados del baremo. Aunque en el motivo de casación se dicen infringidos los principio de seguridad jurídica y de igualdad y no discriminación, la invocación de tales principios y preceptos constitucionales resulta buena medida instrumental y artificiosa pues lo que en realidad se quiere denunciar es que la Sala de instancia no ha aplicado correctamente determinados criterios de puntuación establecidos en el Decreto autonómico 17/2001, de 16 de febrero, de la Consejería de Sanidad y Consumo de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y su interpretación y aplicación por la Sala de instancia no puede ser revisada en el presente recurso de casación
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: EDUARDO CALVO ROJAS
  • Nº Recurso: 2553/2016
  • Fecha: 03/06/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Desestimación del recurso de casación. La sentencia no ha incurrido en falta de motivación. La sentencia no incurre en la desigualdad de trato que se denuncia, pues en ningún momento se pronuncia sobre la puntuación correspondiente al recurrente en casación D. Primitivo, que fue examinada por la Sala de instancia en un proceso distinto. La fundamentación de la sentencia recurrida permite constatar que, en contra de lo que afirma la recurrente D.ª Vicenta, la Sala de instancia ha examinado los datos y elementos de prueba disponibles en relación con la valoración de los méritos sobre los que se suscitaba controversia. Lo que la recurrente pretende en realidad es, sencillamente, que se revise en casación la valoración de la prueba llevada a cabo por la Sala de instancia; pero tal revisión del material probatorio no tiene cabida en casación salvo en supuestos excepcionales, como son aquellos en que se justifique que el tribunal de instancia ha vulnerado alguno de los escasos preceptos de nuestro ordenamiento que atribuyen valor tasado a determinados medios de prueba, o en que la valoración realizada sea arbitraria o ilógica, lo que no sucede en el presente caso.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: EDUARDO ESPIN TEMPLADO
  • Nº Recurso: 1886/2016
  • Fecha: 29/04/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La cuestión en liza se ciñe a si el área básica de salud en cuestión alberga 25.000 habitantes necesarios a efectos de la apertura de una nueva oficina de farmacia. Se rechaza que la sentencia incurra en incongruencia omisiva, ya que la sentencia examina el criterio aplicado para el cómputo de habitantes, y aunque no hace referencia a la normativa y jurisprudencia comunitarias, la alegación ha de entenderse implícitamente desestimada, puesto que es claro que resultaba ocioso el examen de si la interpretación de las restricciones contempladas en la normativa española efectuada en el presente litigio era compatible con la legislación y jurisprudencia comunitaria. Tampoco se acoge el segundo motivo, toda vez que no cabe una revisión de la valoración de la prueba, siendo así que lo que hace la parte recurrente es discutir el criterio de cálculo poblacional admitido por la Sala, sin que ello revele que se ha incurrido en error patente, ni arbitrariedad. Tampoco se acoge el tercer motivo, concerniente a la vulneración del régimen legal de la planificación farmacéutica, pues, realmente, es una reiteración bajo una distinta presentación, de su discrepancia fáctica sobre la validez del método de computo de la población.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Palma de Mallorca
  • Ponente: FERNANDO SOCIAS FUSTER
  • Nº Recurso: 298/2018
  • Fecha: 10/04/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se impugna resolución del Director General de Planificación, Evaluación y Farmacia, por la que se autorizó la instalación de una nueva oficina de farmacia en el local situado en calle Francisco Manuel de los Herreros, núm. 11, del municipio de Palma, zona farmacéutica de Palma. Las aquí demandantes, interpusieron recurso de alzada contra la Resolución, por considerar que el local autorizado no respetaba las distancias mínimas (250 metros) con respecto a la oficina de farmacia colindante. Una vez que el art. 9.2º del Decreto regulador ratifica el criterio legal de que la medición se deberá efectuar por el camino vial más corto, luego precisa que ello lo es "siguiéndose una línea ideal de medición" con sujeción a los criterios que luego especifica en el art. 10. Por ello, el núcleo de la cuestión litigiosa radica en la interpretación de este precepto. La controversia gira entorno a la materialización del camino más corto desde el punto de vista peatonal en los parque plazas y espacios abiertos. Existe por el medio una plaza cuya manera de cruzarla cambiaría el curso de las mediciones. La Sentencia sigue el criterio pericial del camino vial más corto desde el punto de vista de los peatones, por el eje de la acera o de los pasos destinados a peatones que tiene encaje en el apartado c) del art. 10 del Decreto.

Parece que no tiene configurado el plugin para ver el pdf embebido... puede descargar la resolución aquí.