• Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Valencia
  • Ponente: MIGUEL ANGEL OLARTE MADERO
  • Nº Recurso: 234/2018
  • Fecha: 15/01/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se impugna la Resolución del Conseller de Sanidad Universal y Salud Publica de la Generalitat Valenciana, que imponioa al recurrente la sancion de 90.000 € de multa por realizar tareas de distribucion de medicamentos a una Farmacia en otra comunidad autónoma de forma clandestina, vulnerando el artículo 67, 1 del real Decreto legislativo 1/2015 de 24 de julio, sobre la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, así como una infracción muy grave según el artículo 111 apartado 23 C, por Dispensar medicamentos en establecimientos distintos a los autorizados. La actora trata de escudarse en que las Leyes 29/2006 de Garantías y Uso Racional de Medicamentos y 6/1998, de Ordenación Farmacéutica de la Comunitat Valenciana, impiden a la Generalidad Valenciana sancionar al actor por cuanto que, a quien identifican los agentes transportando en su coche es al hijo de actor, que no es farmacéutico propietario y/o responsable de oficinas de farmacia, ni personal dependiente de su establecimiento sanitario, lo que no puede ser mantenida pues consta del acta levantada por la Guardia Civil, que se transportaban los medicamentos por quien era dependiente del actor, ya que el exceso de medicamentos los trasladaba el hijo del farmacéutico de Torrevieja a una oficina de Farmacia sita en Zaragoza. La Sala deja claro que lo transcendente era que siendo hijo del farmacéutico, obraba por su cuenta, ya que disponía de los productos de la farmacia infractora.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Valencia
  • Ponente: MIGUEL ANGEL NARVAEZ BERMEJO
  • Nº Recurso: 678/2016
  • Fecha: 27/12/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sentencia estima parcialmente el recurso interpuesto por titulares de oficina de farmacia que reclaman de la Administración el abono de intereses de demora por retraso en el pago de las facturas derivadas de suministro de medicamentos subvencionados que realizan tales farmacias. La sentencia aprecia que la naturaleza de la relación que une a la Administración Sanitaria y los Farmacéuticos es una relación jurídico pública con origen en Concierto entre la Consellería de Sanidad y los Colegios de Farmacéuticos por el que se fijan las condiciones de la prestación de farmacéutica a través de las oficinas de farmacia. El tipo de interés no puede ser el recogido en la Ley 3/2004 de lucha contra la morosidad sino el interés legal de acuerdo con el sistema de precios fijado en el Convenio de 2004 mientras esté vigente, por tanto, no existe período de carencia en el cobro de intereses (las facturas de un mes natural se presentan a la Administración hasta el día 15 del mes siguiente y se deben cobrar el último día del ese mes, si es festivo el siguiente día).
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: WENCESLAO FRANCISCO OLEA GODOY
  • Nº Recurso: 803/2019
  • Fecha: 19/12/2019
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: Auto de admisión en el que la cuestión sobre la que se entiende existe interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en determinar: si la Administración sanitaria que realiza correcta y adecuadamente un acto sanitario debe responder de las lesiones causadas a un paciente como consecuencia de la utilización de un producto sanitario defectuoso, cuya toxicidad se descubre y alerta con posterioridad a su utilización previamente autorizada por la Administración competente (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios) o si por el contrario, la responsabilidad deber recaer en el productor o, en su caso, en la Administración con competencias para autorizar y vigilar los medicamentos y productos sanitarios. Y las normas jurídicas que, en principio, serán objeto de interpretación, sin perjuicio de que la sentencia haya de extenderse a otras si así lo exigiere el debate finalmente trabado en el recurso, los artículos 32 y 34 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, 135 a 138 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, 9, 10 y 11 Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, 7 del Real Decreto 1275/2011, de 16 de septiembre, por el que se crea la Agencia Española de Medicamentos y productos sanitarios.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Valencia
  • Ponente: MIGUEL ANGEL NARVAEZ BERMEJO
  • Nº Recurso: 559/2016
  • Fecha: 12/12/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sentencia confirma sanción por la realización de actividades farmacéuticas en centros no autorizados. La sentencia estima suficientemente desvirtuado el principio de presunción de inocencia mediante los informes y actas de los agentes de la autoridad que gozan de un principio de veracidad y fuerza probatoria al responder a una realidad apreciada directamente por los agentes, todo ello salvo prueba en contrario. Respecto a la tipicidad, la sentencia precisa que es factible la utilización de los conceptos jurídicos indeterminados en la medida en que su concreción sea razonablemente factible en virtud de criterios lógicos, técnicos o de experiencia y que permitan prever con suficiente seguridad, la naturaleza y las características esenciales de las conductas constitutivas de la infracción tipificada, dado que los conceptos legales no siempre pueden alcanzar, por impedirlo la propia naturaleza de las cosas, una claridad y precisión absolutas.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: FRANCISCO JOSE NAVARRO SANCHIS
  • Nº Recurso: 3873/2019
  • Fecha: 28/11/2019
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: Sujeción o no al impuesto sobre actos jurídicos documentados (documentos notariales, cuota proporcional) de una escritura pública por la que se transmite una oficina de farmacia.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Murcia
  • Ponente: MARIA ESPERANZA SANCHEZ DE LA VEGA
  • Nº Recurso: 270/2019
  • Fecha: 27/11/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Impuesta una sanción a l titular de una oficina de farmacia por ausencia de farmacéutico, el sancionado invoca que no concurre culpabilidad por cuanto el tipo aplicado requeriría dolo y éste no concurrió. La sentencia aprecia que la sanción impuesta se ajusta a la tipicidad ya que no se sanciona únicamente la actuación dolosa. Se considera que la sanción es, además, proporcionada y adecuada, ya que se pretende proteger la garantía para la salud pública de que siempre exista un farmacéutico titular, un sustituto o un adjunto.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Valencia
  • Ponente: ROSARIO VIDAL MAS
  • Nº Recurso: 355/2016
  • Fecha: 21/11/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El acuerdo por el que la administración pago tardío de los medicamentos dispensados a los usuarios de la sanidad pública a abonar las facturas debidas, no implica, si no se dice así, que no deba abonar intereses de demora por el retraso en el pago. La relación que une a las farmacias con el sistema valenciano de salud es jurídico pública, la obligación de dispensar medicamentos a los afiliados de la Seguridad Social que presenten las recetas en las condiciones reglamentarias es una obligación ex lege, el tipo de interés no puede ser el recogido en la Ley 3/2004 de lucha contra la morosidad sino el interés legal. Se ratifica la legalidad del sistema de convenio. No incluyéndose periodo de carencia para el devengo de intereses, deben abonarse el último día del mes en que se presentan, al tipo legal. En cuanto al pago llevado a cabo mediante el mecanismo de proveedores, se produce la extinción de la deuda contraída por el principal, los intereses, costas judiciales y cualesquiera otros gastos accesorios, por lo que debe constar de forma expresa, o por actos inequívocos del acreedor.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Valencia
  • Ponente: MARIA LOURDES PEREZ PADILLA
  • Nº Recurso: 333/2017
  • Fecha: 13/11/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sentencia rechaza la caducidad del procedimiento sancionador pues aún admitiendo que el plazo se inicia desde la fecha del acuerdo de iniciación y no desde su notificación, en el caso se habría dictado acuerdo de prórroga antes del vencimiento del plazo. No obstante, estima el recurso por falta de motivación suficiente en el pliego de cargos, lo que causa indefensión al imputado. Desde la perspectiva constitucional resulta imprescindible que en el pliego de cargos se reflejen de forma suficientemente precisa los hechos objeto de la imputación. El imputado tiene derecho a ser informado y conocer la acusación como instrumento para poder ejercer de forma efectiva el derecho de defensa y aunque no se exige detallar de forma exhaustiva los hechos objeto de acusación, es necesario que la acusación contenga los hechos relevantes y esenciales para efectuar una calificación jurídica, evitándose imputaciones genéricas. Solo con la propuesta de resolución se le hizo entrega, a modo de una primera delimitación, de cuatro anexos que contenían la relación de productos que, finalmente dieron lugar a la resolución sancionadora.
  • Tipo Órgano: Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANA ISABEL GOMEZ GARCIA
  • Nº Recurso: 1068/2018
  • Fecha: 11/11/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El recurso se dirige contra la Orden por la que se procede a la actualización en 2017 del sistema de precios de referencia de medicamentos en el Sistema Nacional de Salud, en relación con la actualización de un determinado conjunto de medicamentos comercializados en España por la recurrente. Se razona que, de conformidad con el artículo 98.2 del TRLGURMPS y el artículo 3.1 del Real Decreto 177/2014 para que el MSCBS pueda constituir un conjunto cualquiera es imprescindible que todas y cada una de las presentaciones de los medicamentos que se pretenden incorporar a dicho conjunto compartan el mismo principio activo. Tras recordar una serie de precedentes jurisprudenciales y normativos aplicables se indica que es indiferente que desde 2006 en la formación de conjuntos se haya acudido a la clasificación ATC y que las órdenes en que así se hizo no se hubieran impugnado: que esto sea así no es obstáculo para impugnar la ahora atacada, pues cada orden agota sus efectos en sí. Se estima la demanda en cuanto a la pretensión de mera anulación por entender que ha quedado probado que en el apartado 2 de la ficha técnica de las presentaciones de un medicamento litigioso, en lo referido a composición cualitativa y cuantitativa consta cual es el principio activo de las presentaciones afectadas.
  • Tipo Órgano: Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: BEGOÑA FERNANDEZ DOZAGARAT
  • Nº Recurso: 37/2019
  • Fecha: 11/11/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se impugna un acuerdo del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno que estima en parte una reclamación contra una resolución de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. En el origen se encuentra una solicitud de información sobre la autorización de comercialización de un determinado producto. La información fue denegada al considerar la Administración que es información confidencial garantizada la confidencialidad en los expedientes de autorización de productos farmacéuticos. La sentencia de instancia confirma la decisión del consejo de transparencia de estimar en parte la solicitud de información y la parte apelante, el Abogado del estado que defiende los intereses de la AEMPS, considera que la información que se solicita afecta a los intereses comerciales de terceros. La Sala entiende que es relevante el dato de lo que autoriza el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno: facilitar la información sobre la fecha en la que se solicitó la autorización del producto litigioso y no se van a facilitar datos o documentos como los que suelen acompañar estas solicitudes, no apreciándose que se estén perjudicando con el acceso a ese dato derechos de terceros a los que hubiera que haber dado audiencia. Y si bien la Ley 19/2013 da preferencia a normativa específica, en este caso la normativa específica no entra en colisión con la Ley 19/2012 y en particular con aquella información que la AEMPS debe de otorgar al reclamante de esa información.

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