• Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Zaragoza
  • Ponente: JESUS MARIA ARIAS JUANA
  • Nº Recurso: 100/2015
  • Fecha: 25/10/2017
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Sin cuestionar la parte recurrente que la nueva solicitud de ampliación de horarios para 2015 no se ajusta a las franjas aprobadas por la Orden de 16 de octubre de 2013, lo que ha servido de causa, como reconoce, para la denegación de tal solicitud en las resoluciones recurridas, sostiene en su demanda la no conformidad a Derecho de las mismas con base en la nulidad de aquella Orden, al considerar que fue adoptada irregularmente por no tener competencia para ello. Centrando toda su fundamentación jurídica en argumentar la nulidad de pleno derecho de tal Orden. Dicha Orden, sin embargo, no es una disposición general, sino un acto administrativo adquirió la condición de firme por consentido, por lo que no resulta admisible su impugnación indirecta al amparo del artículo 26 de la Ley Jurisdiccional, que es, en definitiva, lo que viene a pretender el recurrente aun sin hace referencia expresa a tal precepto, ni a tal modo de impugnación. Competencia que, por el contrario, fue expresamente reconocida en la Orden de 7 de abril de 2014, cuya conformidad a derecho pretende ahora cuestionar, pese a la firmeza de la misma, aludiendo a la consideración de disposición de carácter general el establecimiento de las franjas horarias, que no tiene carácter normativo. Como recuerda el Tribunal Supremo, entre otras, en su sentencia de 18-02-2015. Y en el caso es claro que el establecimiento de franjas no es sino un acto ordenado, en aplicación del artículo 48.2 del Decreto 197/2009.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Logroño
  • Ponente: ALEJANDRO VALENTIN SASTRE
  • Nº Recurso: 10/2017
  • Fecha: 23/10/2017
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se impugna el acta por la que la Inspección dependiente de la Consejería de Salud y Servicios Sociales, Dirección General de Asistencia, Prestaciones y Farmacia del Gobierno de La Rioja procede a la clausura oficial temporal de la oficina de farmacia por el tiempo de la inhabilitación penal del titular para el ejercicio de la profesión farmacéutica declarada en sentencia firme. La Sala declara la inadmisibilidad del recurso contencioso-administrativo porque el recurrente no ha interpuesto impugnación de la resolución de la Directora General de Prestaciones y Farmacia que resuelve autorizar la clausura obligatoria temporal y el acta impugnada no es sino un acto administrativo que ejecuta o cumple lo acordado por una previa resolución administrativa; es decir, no se trata de un acto administrativo decisorio sino de carácter meramente ejecutivo, que no contiene una declaración de voluntad resolutiva generadora de derechos y obligaciones ni produce efectos jurídicos en la esfera jurídica de los particulares, efectos que viene producidos por la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal en la que se impone la inhabilitación para el ejercicio de la profesión, que no ha sido recurrida.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Palma de Mallorca
  • Ponente: PABLO DELFONT MAZA
  • Nº Recurso: 73/2016
  • Fecha: 17/10/2017
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El objeto del recurso es la resolución de la Consejera de Salud, por la que se autorizó el traslado definitivo y voluntario de una oficina de farmacia en el término municipal de Capdepera. La Administración se ha fundado para autorizar el traslado, en que el Colegio Oficial de Farmacéuticos consideró el núcleo separado delimitado en el plano elaborado por el Arquitecto técnico, que figuraba incluido en el plano presentado con la solicitud inicial presentada en 1996 y que fue admitido por sentencia del TS. Por la Administración se invoca que la Disposición Transitoria 2ª de la Ley CAIB 7/1998 que permite autorizar el traslado -dentro del núcleo en el que se autorizó su apertura- de cualquier oficina de farmacia cuya instalación se autorizó antes de la entrada en vigor de la Ley y conforme a lo entonces dispuesto en el artículo 3.1.b del Decreto 909/1978. Por tanto, se concluye que esos traslados se sujetan únicamente a las distancias mínimas a que se refiere el artículo 19 de la Ley CAIB 7/1998, ahora en la redacción dada por la Ley CAIB 1/2015, de 15 de febrero.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Palma de Mallorca
  • Ponente: PABLO DELFONT MAZA
  • Nº Recurso: 196/2016
  • Fecha: 17/10/2017
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Constituye el objeto del recurso la Resolución de la Consejera de Salud, por la que se confirma la resolución del Director General de Planificación, Evaluación y Farmacia, que convocaba un concurso de méritos para la adjudicación de 34 oficinas de farmacia. En ese recurso de alzada la Sra. interesaba que se valorara a los cotitulares de una oficina de farmacia de igual forma que a los titulares, al margen del porcentaje de cotitularidad. La controversia se centra en la valoración del mérito previsto en el punto A.1 del Anexo III de la convocatoria, es decir, el ejercicio como farmacéutico titular, regente, sustituto o adjunto de una farmacia abierta al público (0,28 puntos/mes, con un máximo de 60 puntos). La recurrente quiere que el concepto "titular" se extienda en este caso al de cotitular so pena de agravio comparativo. La Sala declina esta posibilidad, porque el artículo 5 i) del Decreto CAIB 30/2015 dispone que en los casos de solicitud conjunta los méritos se valoren en proporción al porcentaje de cotitularidad que ostente cada uno de los solicitantes, lo que es razonable que sea así porque lo natural es que las cargas que asume el titular único de una oficina de farmacia sean superiores a las que se comparten entre varios cotitulares. No hay agravio comparativo a la igualdad, al no estar en la misma situación.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA DEL PILAR TESO GAMELLA
  • Nº Recurso: 2490/2016
  • Fecha: 03/10/2017
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se confirma una sentencia del TSJ de Asturias que consideró que la recurrente no ha acreditado la desigualdad que alega respecto de las bases tercera y sexta de la convocatoria de un procedimiento de apertura de oficinas de farmacia. Descarta el TS que concurran los vicios de incongruencia y de falta de motivación denunciados, existiendo además un desfase, o falta de correspondencia, entre el discurso argumental esgrimido y el cauce procesal por el que se alega el motivo y se denuncian las infracciones aducidas. En cuanto a los restantes motivos de casación, esgrimidos al amparo del art. 88.1.d) LJCA, no se ha transgredido la doctrina constitucional sobre la igualdad dentro de la legalidad en relación con la publicación de las listas. Además, dicho alegato se sustenta sobre un razonamiento contradictorio con el que mantiene en el resto del recurso, relativo a la igualdad en la aplicación de la ley, aduciendo una discriminación proscrita por el ordenamiento jurídico. Por lo demás, la recurrente considera infringido el art. 3.1 del Código Civil, que es un criterio hermenéutico, y las sentencias que aporta no se relacionan con el caso examinado por la sentencia. Por otro lado, la insistencia sobre el pago de la tasa, en estos motivos, que debía de ser por farmacia y no por zona, evidencia que son razones de mera legalidad, sobre la interpretación y aplicación de las bases de la convocatoria, lo que constituye el núcleo de la discrepancia de la parte recurrente.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Murcia
  • Ponente: MARIA CONSUELO URIS LLORET
  • Nº Recurso: 474/2015
  • Fecha: 24/07/2017
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Disconformidad a derecho de la sanción impuesta a la actora, al no haber quedado acreditada la comisión de la infracción que se le imputa. Respecto de los defectos de forma invocados como motivos de anulación de la resolución recurrida, es decir, la existencia de causa de recusación en la instructora del expediente, en el presente caso no consta ni se acredita que en la esfera personal de la instructora recusada pudiera tener influencia alguna el resultado del procedimiento, ni se puede admitir esa "contaminación" que se invoca pues sólo es predicable respecto de aquéllos que por tener que decidir sobre un procedimiento sancionador no pueden participar en su instrucción, lo que no se produce en el caso que nos ocupa, por lo que este motivo del recurso no puede tener acogida.Lo mismo cabe decir respecto de la ampliación del expediente, pues está plenamente justificada ya que la correspondiente resolución no sólo argumenta que hay que hacer las notificaciones en el despacho del letrado de la interesada, sino que el destinatario no se había notificado de los diferentes actos en la primera notificación. Por último, y respecto de la práctica de pruebas, se han podido reproducir en esta sede jurisdiccional todas las testificales propuestas por la actora. La única prueba de cargo de los hechos sancionados es la declaración de una persona, no ratificada a presencia judicial y que además resulta imprecisa puesto que no aportó fechas ni medicamentos, ni facilitó ningún otro dato.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JOSE LUIS REQUERO IBAÑEZ
  • Nº Recurso: 4355/2015
  • Fecha: 18/07/2017
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La impugnación de la Orden de referencia se refiere a la formación del conjunto de referencia H84 que incluye una serie de presentaciones de medicamentos por considerarse que todas ellas emplean el factor VIII de la coagulación como principio activo. Tras analizar la sentencia los enfoques normativo y fáctico de la identidad del principio activo, así como la naturaleza del acto de autorización de comercialización de medicamentos y el concepto de sistema de clasificación ATC, la Sala concluye estimando la demanda por cuanto la Administración debería haber asumido la carga de razonar y de probar que el principio activo de las presentaciones de REFACTO no es el mortoctocog alfa sino el factor VIII de la coagulación y tal prueba no se ha planteado. De esta forma no hay prueba de que el mortoctocog alfa -como el octocog alfa y el factor VIII humano- sean distintas formas de obtener un mismo principio activo, aquí el factor VIII de la coagulación, siendo así que la Administración debe probar que no hay discordancia de principios activos según lo deducible de sus propios actos, internos y referidos a cada medicamento, respecto de tal clasificación ATC.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JOSE LUIS REQUERO IBAÑEZ
  • Nº Recurso: 4704/2016
  • Fecha: 18/07/2017
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se estima en parte el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la SSI/2160/2015, de 14 de octubre, por la que se procede a la actualización del sistema de precios de referencia de medicamentos en el Sistema Nacional de Salud. El TS considera que la Administración tiene la carga de acreditar motivadamente que hay coincidencia en cada conjunto de referencia formado con base en el sistema ATC con los principios activos autorizados para los medicamentos incluidos en él. La parte demandante ha aportado un informe pericial según el cual el principio activo fosfomicina trometamol de sus presentaciones de Monurol hace que esas presentaciones tengan unas propiedades diferentes en cuanto a seguridad y eficacia respecto de aquellas autorizadas con fosfomicina cálcica; hecho este que no ha sido contradicho por la Administración. El TS estima en parte el recurso y declara la nulidad de la orden impugnada en cuanto a la inclusión en el anexo I de los medicamentos a base de fosfomicina trometamol (Monurol 3 G y Monurol 2 G) en los conjuntos C213 y C444, respectivamente, agrupándolos con medicamentos a base de fosfomicina cálcica.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JOSE LUIS REQUERO IBAÑEZ
  • Nº Recurso: 5043/2016
  • Fecha: 18/07/2017
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La impugnación de la Orden de referencia se refiere a la formación del conjunto de referencia H84 que incluye una serie de presentaciones de medicamentos por considerarse que todas ellas emplean el factor VIII de la coagulación como principio activo. Tras analizar la sentencia los enfoques normativo y fáctico de la identidad del principio activo, así como la naturaleza del acto de autorización de comercialización de medicamentos y el concepto de sistema de clasificación ATC, la Sala concluye estimando la demanda por cuanto la Administración debería haber asumido la carga de razonar y de probar que el principio activo de las presentaciones del medicamento en cuestión es el factor VIII de la coagulación y tal prueba no se ha planteado. De esta forma no hay prueba de que el mortoctocog alfa -como el octocog alfa y el factor VIII humano- sean distintas formas de obtener un mismo principio activo, aquí el factor VIII de la coagulación, siendo así que la Administración debe probar que no hay discordancia de principios activos según lo deducible de sus propios actos, internos y referidos a cada medicamento, respecto de tal clasificación ATC.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANTONIO JESUS FONSECA-HERRERO RAIMUNDO
  • Nº Recurso: 4576/2016
  • Fecha: 18/07/2017
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se impugna la Orden SSI/1225/2014 de actualización del sistema de precios de referencia de medicamentos en el Sistema Nacional de Salud, discutiéndose la financiación de los medicamentos por el sistema nacional de salud, creando esos conjuntos homogéneos que cumplan las exigencias legal y reglamentariamente impuestas, y en el presente caso existe fundamento científico y técnico para establecer como una vía de administración idéntica la "vía parenteral" que comparten todas las presentación del conjunto C-304, al configurar bajo dicha identidad un conjunto de referencia de las características del que combate la recurrente, sin que la singularidad de la presentación en pluma precargada para su autoaplicación altere la identidad de la vía de administración. Por otra parte, la Orden que se impugna es la primera que se dicta con la nueva regulación, por lo que atendida la finalidad perseguida en el marco legislativo y reglamentario en que se imbrica la Orden impugnada, no cabe apreciar en la misma que se incurra en vulneración del principio de confianza legítima.

Parece que no tiene configurado el plugin para ver el pdf embebido... puede descargar la resolución aquí.