Resumen: Recurso de casación contra auto que desestima incidente de ejecución de sentencia que estima el recurso deducido por el ahora recurrente en casación y declara la disconformidad a derecho del punto A7 del Baremo de Méritos para la autorización de nuevas oficinas de farmacia, y declara la disconformidad a Derecho de las resoluciones que convocan el concurso de méritos para la adjudicación de sendas oficinas de farmacia en las zonas farmacéuticas en las islas de Mallorca e Ibiza. Los motivos de casación encajan en uno de los motivos contemplados en el artículo 87.1.c) LJCA. El recurrente ostenta legitimación, pues la estimación de la pretensión deducida en el recurso conllevaría una ventaja y un beneficio para sus intereses, sin que la colegiación oficial ni el ejercicio o no de la profesión de farmacéutico sea un presupuesto para la concurrencia de un interés legítimo. El recurso de casación es un recurso extraordinario en el que no se contempla la práctica de prueba. Se estima el recurso de casación, pues ni la derogación formal del apartado A.7 del Anexo II del Decreto 25/1999, ni la resolución que declara inaplicable el precepto reglamentario (subapartado A7) son suficientes para considerar correctamente ejecutada la sentencia, que conlleva la nulidad de las convocatorias de los concurso de méritos objeto de impugnación, sin quepa mantener la validez de los actuado al amparo de la convocatoria anulada al socaire del principio de conservación de los actos.
Resumen: Hay que distinguir en este caso la titularidad de la licencia administrativa y, por otra parte, del negocio económico que autoriza. Mientras que en el primer caso no hay duda de que el farmacéutico es el padre de la donataria, en lo que se refiere a la base económica del negocio de farmacia se trata de una empresa o establecimiento que se adquirió y estuvo funcionando constante el matrimonio por lo que puede considerarse que tal empresa, establecimiento o negocio mercantil es un bien ganancial cuya donación corresponde por mitad a ambos cónyuges. De esta forma, la transmisión del negocio familiar de los padres a su hija debe realizarse de acuerdo con las normas específicas, en este caso las que exigen el cumplimiento de determinadas condiciones para aplicar las reducción correspondientes en la base imponible del impuesto de donaciones.
Resumen: No puede acogerse el argumento de que la aplicación de una norma estatal -en cuanto a la subsunción de los hechos en el tipo infractor- determine la aplicación del plazo procedimental establecido en la misma (en realidad, la ausencia de plazo y por consiguiente la aplicación supletoria del plazo de la LPAC 39/2015), habida cuenta de que una cosa es el aspecto sustantivo que viene determinado por los aspectos materiales sobre los que se incide (reveladores del incumplimiento de la normativa estatal de legislación sobre productos farmacéuticos) y que motivaron el expediente y otra, bien distinta, son las cuestiones procedimentales o formales, en relación al expediente sancionador que se tramita, que vienen determinados por la normativa propia de la Comunidad actuante en lo que respecta a los procedimientos para cuya tramitación y resolución ostenta competencia; de lo contrario se produciría una atrofia insoportable en todos los casos en los que las Comunidades Autónomas vengan llamadas a aplicar derecho estatal, como es el caso.
Resumen: La sentencia declara que la locución "por sentencia judicial firme" ha de interpretarse, como ocurre en este caso singular, en el sentido de que comprende aquellos supuestos que comporten el cierre de una oficina de farmacia que sea inherente a lo dispuesto en una sentencia judicial firme se deduce definitivamente que la ahora recurrente no habría ostentado título para la apertura de la oficina de farmacia. Por ello, el artículo 23.2.d) de la Ley asturiana 1/2007, de 16 de marzo, de atención y ordenación farmacéutica, relativo a los cierres definitivos de una oficina de farmacia y en particular la locución "por sentencia judicial firme" ha de interpretarse en el sentido de que comprende aquellos supuestos que comporten el cierre de una oficina de farmacia tal como inherentemente se deduzca de lo dispuesto en una sentencia judicial firme.
Resumen: La Sala después de reconocer la legitimación a la asociación actora, indica que lo regulado por la Orden autonómica es sustancialmente idéntico a la norma estatal, por lo que no considera que sea contrario a derecho, en lo que hace referencia a los medicamentos que pueden ofrecerse en publicidad en las visitas médicas. En lo que hace a la planificación entiende que entra dentro de la competencia de autoorganización, pero entiende que no son los sindicatos o asociaciones quienes deben de indicar cuando deben producirse estas visitas. Indica la Sala que hay exceso cuando regula que el destinatario exclusivo de las muestras gratuitas, es el personal facultado para prescribir medicamentos y no los servicios de farmacia. En cuanto a la duración de la visita respecto a determinados comerciantes, anula la limitación a cinco minutos por laboratorio.
Resumen: Se desestima el recurso interpuesto y con ello la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada en solicitud de una indemnización por el perjuicio económico derivado de la paralización del procedimiento de apertura de tres oficinas de farmacia en la zona farmacéutica de Palma y una en la zona farmacéutica de Binissalem. Se sustenta la reclamación en los perjuicios sufridos como consecuencia del retraso del procedimiento judicial por el que finalmente, y en incidente de ejecución de la sentencia firme dictada se le adjudicó una oficina de farmacia. Con caracter previo se recogen en la sentencia los antecedentes fácticos en los que se reflejan las vicisitudes judiciales seguidas por el recurrente hasta conseguir la apertura de las oficinas de farmacia solicitadas. Se examina, con caracter previo,la prescripción de la acción para reclamar por los perjuicios sufridos ante el retraso administrativo,en la fase de concurso de méritos, para la concesión de oficina de farmacia y ello al ser,el perjuicio económico que se reclama derivado del retraso de la administración en autorizar la apertura de la oficina de farmacia.Se declara por la Sala la prescripción de la acción para reclamar, acogiendo la tesis de la administración atendiendo al procedimiento,conforme al cual, se desarrolla la apertura de las oficinas de farmacia y atendiendo a que la reclamación se centra, en la segunda fase,habiendo transcurrido,por ello, el plazo de un año para ejercitar la acción.
Resumen: Para conformar un conjunto de referencia se precisa el mismo principio activo, la misma vía de administración, una antigüedad de más de 10 años, y que exista un medicamento distinto del original y sus licencias, pero no se exige ni se infiere del marco jurídico de aplicación, que las presentaciones de medicamentos deban corresponder a diferentes laboratorios.
Resumen: Al igual que en otros pronunciamientos anteriores, como en la STS de 15.6.2021 (RC 8337/2019), cuya fundamentación jurídica se transcribe, declara la Sala que el procedimiento de selección de medicamentos no tiene naturaleza contractual y que no concurre la restricción a la libre competencia. En detalle, la convocatoria inicial no integra un procedimiento de licitación, en los términos que se configuran en la legislación de contratos del sector público, toda vez que únicamente estamos ante una convocatoria pública que estimula la competencia y permite abaratar costes de la facturación farmacéutica, siempre que el abastecimiento esté garantizado. Asimismo, todos los laboratorios interesados pueden participar libremente en dicha convocatoria pública, al igual que todas las empresas proveedoras de productos sanitarios, siempre que decidan libremente esa participación en la selección de los medicamentos o los productos sanitarios a dispensar por las oficinas de farmacia, todo ello en el marco de la prestación farmacéutica del sistema sanitario público de Andalucía, cuando se les presente una receta médica oficial u orden de dispensación, en las que el medicamento correspondiente se identifica exclusivamente por la denominación oficial de sus principios activos, o en las que el producto sanitario correspondiente se identifica por su denominación genérica.
Resumen: La selección por el Servicio Andaluz de Salud, a través de la correspondiente convocatoria pública, de los medicamentos a dispensar por las oficinas de farmacia no establece diferencias en las condiciones de acceso a los medicamentos financiados por el Sistema Nacional de Salud, catálogo y precios. El destinatario de la prestación farmacéutica va a recibir en todo caso el medicamento de precio más bajo, tal y como prevé la norma estatal, la única diferencia es que en Andalucía la selección del precio más bajo la hace el Servicio Andaluz de Salud y en el resto del Estado la hace el farmacéutico, sin que ello suponga perjuicio alguno para el destinatario. La sentencia reconoce una naturaleza no contractual del procedimiento de convocatoria pública, para la selección de medicamentos a dispensar cuando se prescriban o indiquen por principio activo. No hay vulneración de la libre competencia ni a la libertad de empresa
Resumen: Defiende el apelante que la conducta sancionada entra dentro de la ordenación farmacéutica lo que debe conducir a la aplicación de la Ley Autonómica 5/99 de Ordenación Farmacéutica en lugar de aplicar la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos, con la consecuencia añadida de que como aquella ley -que estaba vigente cuando se realizaron los hechos- resultó derogada por la Ley 3/2019 que no contempla una infracción similar a la contenida en el Art. 56.b 5) de la Ley 5/99 la consecuencia es la atipicidad de la conducta y la improcedencia de sanción alguna. Pese a la falta de incorporación a la nueva Ley de Ordenación Farmacéutica de Galicia de las tipificaciones contenidas en la derogada Ley 5/1999 que resultó aplicada, ello no implica, como interesadamente defiende la recurrente, que el comportamiento carezca de relevancia y haya de resultar impune, sino que en lo sucesivo han de sancionarse con arreglo al Real decreto legislativo 1/2015.
