Resumen: Si el agente o el representante del que es titular de una marca en uno de los países de la Unión solicita, sin autorización de éste titular, el registro de esta marca a su propio nombre, en uno o varios de estos países, el titular tendrá derecho a oponerse al registro solicitado o a reclamar la anulación o, si la ley del país lo permite, la transferencia a su favor del citado registro, a menos que este agente o representante justifique sus actuaciones. Regla no aplicable al caso, ya que se ha declarado probado que hubo consentimiento. Improcedencia de la nulidad absoluta por mala fe del solicitante. La mala fe, causa de imprescriptibilidad de la acción de nulidad del registro infractor de una prohibición relativa durante la vigencia de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, fue elevada a causa autónoma de nulidad absoluta por Ley 17/2001, pero esta última no es aplicable al litigio ya que el registro de las marcas a que se refiere la controversia fue concedido bajo la vigencia de la Ley 32/1988.
Resumen: La Sala estima parcialmente el recurso de casación revocando la nulidad de un registro de marca que había sido decretado al amparo de una normativa no vigente cuando éste se había practicado, y que introdujo una causa de nulidad (solicitud con mala fe) no contemplada en la normativa marcaria anterior. Una directiva comunitaria sí la contemplaba, pero con carácter facultativo para el Estado miembro. Estima también parcialmente uno de los recursos extraordinarios por infracción procesal por incongruencia omisiva de la sentencia al no resolverse la reivindicación de la marca por infracción del art. 7 CC. Como tribunal de instancia, el TS desestima la acción reivindicatoria por esta causa, no incluyendo los supuestos del art. 7 CC en los incumplimientos de obligaciones legales del art. 2.2 Ley 17/2001. Rechaza la argumentación del tribunal sobre la no posibilidad de defraudar el derecho del titular mediante signo que no sea idéntico admitiendo la reivindicación en supuestos de alteraciones no significativas, pero desestima la acción reivindicatoria como tribunal de instancia por estimación de la excepción de prescripción de cinco años, analizando la excepción de preclusión del art. 400 LEC. Desestima la acción, subsidiaria a la nulidad desestimada, de caducidad por signo engañoso por el uso, estableciendo que es necesario que el defecto no exista al momento del registro y que el engaño sea grave. Competencia desleal: no es ilícito el uso de marca registrada conforme al Registro.
Resumen: Registro de marca. Uso por tercero en el mismo sector económico: riesgo de confusión y comportamiento desleal. Recurso extraordinario por infracción procesal. Valoración arbitraria de prueba: no concurre. Constituye función soberana y exclusiva de los Tribunales de las instancias, no revisable por medio de este recurso extraordinario, salvo cuando, por ser manifiestamente arbitraria o ilógica, no supere el test de racionabilidad constitucionalmente exigible para entender respetado el derecho a la tutela judicial efectiva. La marca usada por la recurrente, sigue vigente y produce los efectos que la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, atribuye a los registros constitutivos no anulados o caducados. Incongruencia de la sentencia: concurre. Radio Pública Canarias, SA había usado la marca número 2 800 152 con una forma distinta de aquella con la que había sido registrada. Este dato, fundamental para la decisión del litigio entablado, no había sido introducido oportunamente en el proceso ni siquiera fijado en la sentencia de la primera instancia: el Tribunal de apelación incurrió en vicio de incongruencia en la medida en que estimó la demanda al considerar probado un hecho que enervaba la excepción sustantiva opuesta por la demandada. El uso por el titular de su marca registrada no puede ser calificado como ilícito mientras no se declare la nulidad de su registro por ser contrario a alguna de las prohibiciones, absolutas o relativas, previstas en la legislación.
Resumen: El Tribunal Supremo descarta, en primer lugar, que se haya producido una incongruencia omisiva ni incongruencia interna ya que del contenido de los razonamientos expuestos se desprende que se descarta que se produzca riesgo de confusión o riesgo de asociación entre las marcas confrontadas. Ahora bien, la Sala de instancia ha incurrido en error en el juicio de comparación entre las marcas confrontadas "todobebé" (mixta) y "todobebé" (denominativa con gráfico) al apreciarse la existencia de identidad denominativa y semejanza aplicativa, debido a la conexión de los productos y servicios reivindicados por la marca novel con los servicios designados por la marca prioritaria, que origina confusión sobre la procedencia empresarial.
Resumen: La Sala desestima el recurso rechazando los motivos casacionales. Sobre las indicadas objeciones de la recurrente, debemos manifestar que, aunque no es equivalente intervenir en el acto de proposición de la prueba y en la petición de aclaraciones, en este caso mediante el trámite de aclaraciones que articuló la Sala, la codemanda dispuso de la oportunidad de plantear al perito cuantas cuestiones estimó procedentes, lo que así hizo con holgura, y por tanto, dispuso de la oportunidad de extender la pericia a aquellos extremos o aspectos que consideraba conducentes al éxito de su pretensión. Es más, la Sala incluso facilitó una eventual ampliación formal de la prueba haciéndola depender exclusivamente del anticipo de los honorarios que pudiera devengar el perito por ello, facultad que no utilizó la actual impugnante. Así pues, la eventual restricción de los derechos procesales de la codemandada respecto de la práctica de la prueba no generó ningún efecto negativo en orden a la defensa de sus pretensiones Tampoco existe la incongruencia y falta de motivación denunciadas. Ante la presencia de pareceres técnicos contradictorios, la Sala acometió su juicio comparativo concediendo mayor eficacia probatoria a uno de ellos («por ser más minucioso, completo y exhaustivo» y la contradicción que reflejaba el opuesto), y esta conclusión es inherente a la actividad de valoración de la prueba que excede del recurso de casación y del motivo objeto de examen.
Resumen: La Sala desestima el recurso extraordinario por infracción procesal. Considera que la sentencia impugnada esta suficientemente motivada y la valoración probatoria no incurre en arbitrariedad. Asimismo desestima el recurso de casación. Considera que a la vista de la prueba practicada, no merece la calificación de efectivo el uso por la recurrente del controvertido signo unido a la palabra, utilizados al pie de sus documentos bancarios, pero sin cumplir, realmente una función de identificación del origen empresarial de los servicios para los que la marca había sido registrada. Asimismo considera inexistente las supuestos nulidad alegados por mala fe y riesgo de confusión. Por último el Tribunal alude a las distintas funciones que cumplen la legislación sobre marcas y la legislación sobre competencia desleal.
Resumen: En el recurso de casación se alegan dos cuestiones: 1) la caducidad de la marca española, por falta de uso respecto a aquellos productos para los que fue concedida a excepción de aquellos para los que había sido efectivamente usada, y 2) que la declaración en la sentencia de segunda instancia del riesgo de confusión implica introducir en el enjuiciamiento de la caducidad por desuso un elemento extraño que correspondía valorar previamente la oficina registradora. La declaración de caducidad por desuso alcanza, sin excepción, a todos los productos o servicios que no hubieran sido efectivamente usados por la titular o por un tercero con su consentimiento. La incorporación del riego de confusión como criterio para resolver implica un enjuiciamiento que no ha sido pedido. Los efectos del uso parcial de la marca. Determinación de los productos a los que se extiende la caducidad por el no uso parcial. Importancia de la claridad y precisión en la identificación de los productos o servicios para los que se registra, y protege, la marca. Clasificación de Niza: no se impone ninguna obligación ni prohibición de que los Estados miembros la utilicen a efectos del registro de las marcas nacionales. Estimación de la demanda: caducidad parcial de la marca dada la acreditación del desuso parcial.
Resumen: La Sala estima el recurso de casación interpuesto por el titular de la marca Casa Alberto (negocio de restauración en Madrid) contra quienes usan dicha denominación en locales de hostelería de otras provincias. La distinción entre juicios de hecho, regidos por las normas de valoración de prueba, y juicios de valor que, a partir de lo que se haya probado, permiten afirmar la identidad del supuesto fáctico litigioso con el enunciado como premisa en la norma aplicable, alcanza también a la afirmación o negación del riesgo de confusión. La apreciación del juicio de confusión es un juicio de valor que puede ser revisado en casación, en la medida en que no se haya acomodado a las directrices marcadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la interpretación de la normativa aplicable, y por la jurisprudencia de la Sala. Bajo una apreciación global del nombre comercial de la demandante, "Casa Alberto" concentra su fuerza distintiva, y por ello este signo presenta gran semejanza con los signos empleados por la demandada. Todos los negocios son de restauración, por lo que es susceptible de causar confusión al consumidor. La interpretación realizada por la sentencia recurrida, en la medida en que vacía de contenido el ius prohíbendi, infringe la ley.
Resumen: Demanda por infracción de marcas y competencia desleal del grupo Pascual contra García Carrión por la distintividad del término "Funciona" en bebidas de leche con frutas. Estimación parcial por actos de competencia desleal contrarios a la buena fe y desestimación de las acciones marcarias. La Audiencia Provincial desestimó íntegramente la demanda considerando que el término "Funciona" no es marca notoria, no gozaba de distintividad por ser denominación sugestiva y que no existía riesgo de confusión y revocó la decisión estimatoria del acto de competencia desleal por incongruencia extra petita de la sentencia de primera instancia. La Sala estima el recurso extraordinario por infracción procesal aplicando la doctrina constitucional sobre la incongruencia extra petita, que es inexistente cuando se acoge lo implícitamente comprendido en las pretensiones de la demanda: la demanda denunciaba el comportamiento consistente en el aprovechamiento de la inversión publicitaria. Este comportamiento es encuadrable en el artículo 5 LCD por ser contrario a las exigencias de la buena fe la parasitación de las inversiones hechas por un tercero en el lanzamiento o consolidación de un producto justo después de la campaña publicitaria. Al signo sugestivo se le presupone distintividad y solo si pasa a ser descriptivo incurriría en la prohibición de registro de marca del art. 5.1 c) LM, pudiendo adquirir distintividad sobrevenida por su uso (TJUE). Inexistencia de infracción marcaria.
Resumen: Marca y nombre comercial. Acción reivindicatoria. Competencia desleal. Recurso de casación. No ha sido aplicada la nulidad de la marca por mala fe sino la acción reivindicatoria: constituye un modo especial de adquirir la titularidad del signo, previamente registrado por otro, cuando este registro fue solicitado con fraude de los derechos de un tercero o con violación de una obligación legal o contractual y tienen cabida casos de registro de mala fe de una marca o nombre comercial para aprovecharse de la reputación ajena. El registro de un nombre comercial muy semejante, casi idéntico por la demandada, que entonces comenzaba a ejercer su profesión en el mismo foro, supone para ella un aprovechamiento desleal del prestigio y de la posición alcanzada por el demandante. Supuesto de la cuestión. Recurso extraordinario por infracción procesal se pretende una revisión del enjuiciamiento llevado a cabo, como si se tratara de una tercera instancia. Se cuestiona la valoración de los hechos que la sentencia de instancia lleva a cabo para concluir que ha existido un registro de mala fe y en fraude de los derechos del demandante: se hizo de mala fe y para apropiarse del signo con el que venía identificándose el demandante y aprovecharse así de su implantación en aquel foro. El simple error de transcripción en que incurrió el juez de primera instancia, además de constar corregido por la Audiencia, no constituye motivo de nulidad de actuaciones.
