Resumen: Secreto de las comunicaciones telefónicas. Autos de intervención correctamente motivados y respondían a una necesidad de averiguar la posible existencia de un ilícito penal de gravedad y la posible participación de los acusados. Dispositivo técnico de seguimiento y localización en vehículo de motor. Concurso de normas entre delito contra la salud pública de sustancias que causan grave daño a la salud y el mismo delito respecto de sustancias que no causan grave daño a la salud. Grupo criminal: requisitos. Indicios del delito contra la salud pública: gran cantidad de sustancias en los domicilios, semejanzas en modo de almacenamiento, otras aprehensiones. Dilaciones indebidas. Penalidad.
Resumen: La vulneración de las normas de reparto o de las normas sobre conexidad sólo conllevan una lesión del derecho fundamental a un juez natural predeterminado por la ley y a un proceso justo con todas las garantías cuando la lesión de estas normas esté dirigida a la búsqueda intencionada de un Juez o Tribunal distinto al llamado previamente por la Ley a conocer del concreto asunto de que se trate, es decir cuando sea intencionado. No se vulnera el derecho de defensa con la denegación de pruebas, cuando no se justifica la relevancia, utilidad y necesidad. No se produce indefensión cuando en el objeto del veredicto se priorizan las proposiciones que recogen los hechos principales de la acusación y se evitan formulaciones contradictorias y tampoco cuando las omisiones denunciadas son irrelevantes e innecesarias para la calificación penal de los hechos o circunstancias modificativas.
Resumen: Colocación de una bombona de gas butano con un mecanismo para provocar su explosión en un edificio público. Se aprecia la concurrencia de eximente incompleta por alteración o anomalía psíquica por episodio psicótico que afecta las bases psicobiológicas que definen la imputabilidad, pero no es suficiente para apreciar eximente completa, que requiere alteración de la que se derive la incomprensión de la ilicitud el hecho o de actuar conforme a esa comprensión. Una afectación grave como la que padeció el acusado no anula las facultades intelectivas o volitivas, supone una capacidad disminuida sustancialmente pero no excluida. Atenuante simple de dilaciones indebidas por duración excesiva de la causa (tres años y medio) desde su incoación hasta la conclusión del sumario.
Resumen: El acusado, que había sido condenado anteriormente por delito de quebrantamiento de condena, teniendo conocimiento de la existencia y vigencia de la prohibición de aproximación y comunicación con su madre, fue detenido por una agresión producida a la misma. El apelante alega error en la valoración probatoria e infracción de ley por no apreciación de la eximente de drogadicción y la no apreciación de error de prohibición. La credibilidad de quien declara en juicio corresponde al juzgador a quo y no puede ser sustituída por la del juzgador ad quem que no ha presenciado la misma, salvo casos excepcionales en los que se aportan datos no tenidos en cuenta adecuadamente y que revelan una valoración manifiestamente errónea. Corresponde a la defensa la prueba de los elementos integrantes de eximente completa o incompleta o de la atenuante, no acreditándose en el caso anulación total y absoluta de facultades volitivas y cognoscitivas (eximente completa) ni merma significativa, parcial y notable de tales facultades (incompleta). No se aprecia el error de prohibición alegado y que queda excluido si el agente tiene normal conciencia de obrar contra derecho o al menos sospecha de ello y si la ilicitud de su actuar es notoriamente evidente, como es en el incumplimiento de las resoluciones judiciales. El acusado conocía la ilicitud, pues ya había sido condenado por delito de quebrantamiento de condena, tambien con respecto a su madre, y por ello intentaba escabullirse al ser descubierto.
Resumen: El condenado formula recurso de casación contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que confirmó la condena por un delito de asesinato en grado de tentativa con las agravantes de parentesco y de género y la circunstancia atenuante de embriaguez. Error de hecho. Doctrina de la Sala. Presunción de inocencia. Animus necandi y dolo eventual. Existe dolo eventual cuando el sujeto activo pudo conocer el riesgo implícito a su acción y, conociéndolo, no quiso o rechazó desistir de ella. Alevosía. Doctrina de la Sala. La alevosía de naturaleza sorpresiva concurre cuando el sujeto activo aprovecha conscientemente una material desatención de la víctima y aborda su ataque de manera inopinada, buscando con ello no desencadenar ninguna reacción de evitación o de defensa proveniente de su objetivo y que pueda terminar dificultando el ataque, tanto comprometiendo el éxito de la acometida. Desistimiento voluntario. En la tentativa inacabada el iter criminis está todavía abierto y el sujeto activo aún no ha realizado todos los actos ejecutivos que configuran el delito, por lo que el desistimiento se materializa en un momento en el que, normalmente, no es imprescindible que se despliegue de un acto en contrario que impida el resultado. Agravante de género. Requisitos para su apreciación. Cuando la actuación responde a una discriminación de género se está proyectando sobre aspectos culturales relacionados con los comportamientos construidos socialmente.
Resumen: Se impugna la sentencia de instancia por falta de motivación del auto judicial que autorizaba la entrada y registro en el domicilio de las acusadas, sosteniéndose que el mismo se fundaba en meras conjeturas y suposiciones sobre la venta al menudeo en dicho lugar. Se rechaza el motivo señalando que el grado de justificación que debe exigirse a los oficios policiales y a la autorización judicial es distinto del que cabe reclamar de la resolución final condenatoria, al tiempo que se recuerda la admisibilidad de la motivación por remisión al oficio policial que hacía expresa referencia a concretas vigilancias policiales sobre el domicilio de los apelantes, de las que se evidenciaba la gran afluencia de compradores de sustancias estupefacientes que tenía lugar a los que los acusados suministraban sustancias. Se rechaza también la queja de los recurrentes sobre vulneración de los derechos a la presunción de inocencia y a la tutela judicial efectiva, señalándose por el tribunal de alzada la diferencia entre ambos derechos y el distinto ámbito en que operan y las disímiles consecuencias de su potencial vulneración. Se desestima, finalmente, la queja por falta de apreciación de la atenuante de grave adicción a sustancias estupefacientes, que se invoca sobre la base de la condición de consumidor habitual del recurrente. Se desestima el motivo recordando que el simple hábito de consumo de drogas o la condición de drogadicto en una u otra escala, de uno u otro orden, resulta insuficiente para pretender la aplicación de circunstancias atenuantes.
Resumen: Abuso sexual. Derecho de defensa. Asistencia inadecuada de Letrado de oficio. Intervención de Letrado de oficio del turno general y no del turno especial (10 años de ejercicio). Aplicación de la doctrina Strickland. Esta cuestión ha sido analizada recientemente por esta Sala en la STS 383/2021, de 5 de mayo, en la que se recuerda que la carencia manifiesta de eficacia de la defensa ha sido contemplada siempre desde un análisis caso por caso, con la inestabilidad que ello supone. Por esa razón se acude a la experiencia jurisprudencial de otros países, como los Estados Unidos, en los que este problema jurídico ha tenido un mayor desarrollo, citando como posible parámetro de valoración la llamada doctrina Strikcland, que deriva inicialmente de la sentencia Strickland v. Washington, 466 US. 688 (1984). La doctrina puede sintetizarse en el siguiente principio: la competencia del abogado se define por una asistencia profesional razonable a la luz de las normas y estándares profesionales vigentes.
Resumen: La Sala condena como autor de un delito intentado de homicidio a la pena de cinco años de prisión. En el caso presente está acreditado el dolo homicida. Efectivamente, el elemento subjetivo del delito de homicidio -o asesinato- no sólo es el "animus necandi" o intención específica de causar la muerte de una persona, sino el "dolo homicida", el cual tiene dos modalidades: el dolo directo o de primer grado constituido por el deseo y la voluntad del agente de matar, a cuyo concreto objetivo se proyecta la acción agresiva, y el dolo eventual que surge cuando el sujeto activo se representa como probable la eventualidad de que la acción produzca la muerte del sujeto pasivo, aunque este resultado no sea el deseado, a pesar de lo cual persiste en dicha acción que obra como causa del resultado producido, todo lo cual concurre en este caso a la vista del instrumento utilizado para la agresión, la región del cuerpo a la que fueron dirigidas las puñaladas y las circunstancias concurrentes.
No se aprecia, en cambio, la eximente, ni como incompleta, de intoxicación por consumo de sustancias estupefacientes por falta de prueba. En cuanto a la penalidad, y tratándose de un supuesto de tentativa acabada, a la vista de las circunstancias concurrentes, se rebaja la pena en un grado.
Resumen: El Tribunal no viene obligado a dar una respuesta explícita a todas y cada una de las alegaciones o argumentaciones, bastando con la respuesta a la pretensión realizada, en la medida en que implique también una desestimación de las argumentaciones efectuadas en sentido contrario a su decisión. El órgano judicial, aun cuando le sea solicitada una aclaración o complemento ex. art. 267 LOPJ, "está obligado a no salirse del contexto interpretativo de lo anteriormente manifestado o razonado". Por ello, la vía de aclaración no puede utilizarse "como remedio de la falta de fundamentación jurídica, ni tampoco para corregir errores judiciales de calificación jurídica o para subvertir las conclusiones probatorias previamente mantenidas, resultando igualmente inadecuada para anular y sustituir una resolución judicial por otra de signo contrario. Cuando las muestras se obtienen con el consentimiento del investigado y en presencia de letrado, si está detenido, no es necesaria la autorización judicial. En relación a los trastornos de personalidad, la jurisprudencia de esta Sala precisa que no basta la existencia de un diagnóstico para concluir que en la conducta del sujeto concurre una afectación psíquica. El sistema mixto del CP está basado en esos casos en la doble exigencia de una causa biopatológica y un efecto psicológico: anulación o grave afectación de la capacidad de comprender la ilicitud del hecho o de determinar el comportamiento con arreglo a esa comprensión.
Resumen: La Sala revoca la sentencia que condenó por un delito leve de trato degradante de contenido de abuso sexual y condena por un delito de abuso sexual, apreciando la atenuante analógica de embriaguez. Los tocamientos sorpresivos, momentáneos o fugaces no excluyen el abuso sexual, sino que, por el contrario, han de ser considerados como delictivos, precisamente en el tipo penal de abusos sexuales, hoy derogado y sustituido por agresiones sexuales,
