Resumen: Alevosía por desvalimiento: Como se establece en la sentencia, existe una situación de desvalimiento para la víctima, pues el recurrente consuma su acción cuando esta se encontraba en el suelo afectada por el golpe recibido al abrir la puerta, debiendo tenerse en cuenta además que estamos ante una persona de avanzada edad. Lo que hace la víctima para, como consecuencia del natural instinto de conservación, tratar de autoprotegerse, que en el presente caso estaría constituido por levantar los brazos para intentar evitar los golpes, no impide la aplicación de la alevosía porque tal acción defensiva no supone ningún obstáculo para que la acción del agresor se lleve a cabo sin riesgo para él. Eximente incompleta: es compatible con la alevosía, pero no cabe apreciar una atenuante de drogadicción. Lo que se ha reconocido es la alteración psíquica por consumo crónico de drogas, pero no la alteración psíquica por un lado, y, por otro, la drogadicción aislada de la primera. Esta última es la que provoca la primera. La eximente incompleta del artículo 21.1 CP, en relación con el artículo 20.1 CP, absorbe, en concurso de normas, la atenuante de drogadicción que ha contribuido a lograr la alteración psíquica producto del consumo antiguo y crónico. Imposición de la medida de libertad vigilada. Análisis acerca de la imposición de esta medida por la vía del art. 140 bis en casos de asesinato concurriendo eximente incompleta. Fijación de libertad vigilada en cinco años art. 105.2.a CP.
Resumen: La Sala tiene establecido que el trastorno mental transitorio, que afecta de modo notorio a la imputabilidad, supone una perturbación de intensidad psíquica idéntica a la enajenación, si bien diferenciada por su temporal incidencia. Viene estimándose que dicho trastorno, con fuerza para fundamentar la eximente, supone, generalmente sobre una base constitucional morbosa o patológica, sin perjuicio de que en persona sin tara alguna sea posible la aparición de indicada perturbación fugaz, una reacción vivencial anormal, tan enérgica y avasalladora para la mente del sujeto, que le priva de toda capacidad de raciocinio, eliminando y anulando su potencia decisoria y sus libres determinaciones volitivas, siempre ante el choque psíquico originado por un agente exterior, cualquiera que sea su naturaleza. Una reiterada jurisprudencia ha declarado que, desaparecido el criterio ya superado de la base patológica como requisito del trastorno mental transitorio, ante la realidad de alteraciones de la mente de origen meramente psíquico, que por su intensidad merecían la exención de responsabilidad, se viene entendiendo que tal trastorno puede tener también origen exógeno, atribuyendo su aparición a un choque psíquico producido por un agente exterior cualquiera que sea su naturaleza. La medida de libertad vigilada deberá cumplirse con posterioridad a la pena privativa de libertad, sin perjuicio de las medidas de control que puedan adoptarse en caso de permisos penitenciarios, tercer grado.
Resumen: La ausencia de recurso de apelación en la jurisdicción militar no implica, por sí sola, vulneración de derechos fundamentales, siempre que, cuando se invoque en el recurso de casación la infracción de la presunción de inocencia y la tutela judicial efectiva se revise íntegramente la sentencia condenatoria, también en cuanto a la culpabilidad y participación en los hechos del recurrente. La negativa del presidente del tribunal a que se preguntara a los dos mandos ofendidos si perdonaban al acusado no supuso vulneración del derecho de defensa, pues la pregunta carecía de las notas de relevancia, necesidad y causalidad en relación con el sentido del fallo, ya que en el delito de insulto a superior la acción es pública, resultando indiferente a los efectos de su persecución el perdón del ofendido. El tribunal de instancia valoró racionalmente las pruebas médicas practicadas al concluir que el trastorno adaptativo sufrido por el recurrente mermó sus capacidades volitivas e intelectuales, sin que llegara a anularlas. Las injurias dirigidas por el recurrente a sus superiores -payaso, cabrón, inútil, puto chivato- y las amenazas de lesionar a uno de ellos o, incluso, de causarle la muerte, tienen la gravedad suficiente para integrar los dos delitos apreciados y rebasar el ámbito disciplinario. La total ausencia de mención a las circunstancias que contempla el art. 19.1 CPM, en relación con el 68 CP, en la imposición de la pena, determina la estimación parcial del recurso.
Resumen: Nueva concepción del recurso de casación tras la reforma Ley 41/2015. La misión es verificar si la respuesta que ha dado el Tribunal de apelación ha sido racional y ha respetado la doctrina del TC y TS sobre el alcance de revisión, motivación y validez de las pruebas. Atenuante de confesión tardía. El acusado reconoció los hechos en el juicio oral, cuando su autoría ya estaba acreditada por el resto de las pruebas. Defectos en la formalización del recurso e infracción art. 874 LECrim. Tenencia de moneda falsa para su expedición. Art. 386 CP. Alcance del tipo. La connivencia con el falsificador no es un elemento del tipo, sino criterio de individualización penológica. Tutela judicial y motivación de las sentencias. Principio in dubio pro reo. Atenuante de drogadicción. Requisitos para su apreciación.
Resumen: El delito de blanqueo de capitales no consiste en el simple hecho de adquirir, poseer o utilizar los beneficios provenientes de una actividad delictiva sino, como precisa el tipo, en realizar estos u otros actos para ocultar o encubrir su origen ilícito. Las fases del delito de blanqueo de capitales son las siguientes: a) De colocación, cuando el dinero entra por primera vez en el sistema financiero vía, por regla general, en metálico a través de persona interpuesta que no es su verdadero titular; b) De encubrimiento o ensombrecimiento, cuando se efectúan acciones para la total ocultación de la fuente o propiedad de los bienes, maquillándose su origen, y c) De integración, cuando el dinero o los bienes, tras múltiples operaciones y transferencias, retorna al circuito financiero legítimo, convenientemente confundido o mezclado con otras actividades lícitas del sistema como puede ser la compra de bienes. Pero no tienen por qué agotarse las tres fases, ya que el aprovechamiento de los capitales blanqueados por su titular, formaría parte del agotamiento del delito. Las transferencias dinerarias a través de terceros son constitutivas de un delito de blanqueo de capitales.
Resumen: La motivación de la sentencia del Tribunal del Jurado viene precedida del acta de votación, que constituye su punto de partida, pero debe ser desarrollada por el Magistrado-Presidente al redactar la sentencia. La acusada tuvo que plantearse que el apuñalamiento con ese cuchillo en varias ocasiones y en la zona del tórax podía provocar un resultado lesivo de extrema gravedad, incluyendo la muerte, resultado que, aunque fuera no querido, aceptó previamente a ejecutar su acción, por lo que no cabe duda que, cuanto menos, actuó con dolo eventual. Concurrió el animus necandi en el comportamiento de la recurrente, que conlleva la imposibilidad de que los hechos sean calificados como un delito de lesiones en concurso con un homicidio culposo. No basta la existencia de un diagnóstico para concluir que en la conducta del sujeto concurre una afectación psíquica. El sistema mixto del Código Penal está basado en la doble exigencia de una causa biopatológica y un efecto psicológico, la anulación o grave afectación de la capacidad de comprender la ilicitud del hecho o de determinar el comportamiento con arreglo a esa comprensión, siendo imprescindible el efecto psicológico en los casos de anomalías o alteraciones psíquicas. De esta manera, no basta con identificar como elemento biológico o biopatológico, un padecimiento mental englobable bajo la amplia rúbrica de anomalías o alteraciones psíquicas, sino que, por grave que sea, es necesario relacionarlo con el hecho concreto cometido.
Resumen: Continuidad delictiva: La imposibilidad de concretar temporalmente los diferentes acometimientos sexuales que padece una menor a lo largo de un periodo dilatado de tiempo, durante el que el agresor aprovecha una relación cercana con él, no merman la fuerza incriminatoria de su testimonio. Prevalimiento: el autor se aprovechó de una relación de superioridad, no sólo comisiva, sino esencialmente de la superioridad moral derivada del rol de primo mayor que el acusado representaba, con las ventajas de todo tipo inherentes al mismo. No se trata de extender por esta vía el parentesco que el legislador ha fijado como determinante de la modalidad agravada, pues prescindiendo del mismo, lo relevante es esa superioridad que coloca al acusado en el polo superior de una situación asimétrica con el niño. Alteración psíquica: correcta apreciación de la Sala en lugar de una alteración de la percepción. Se admite su concurrencia como eximente incompleta y no como atenuante simple. Reparación: cantidad que no se ofreció a la víctima. Dilaciones: no se planteó en la instancia. No es un obstáculo insalvable, sin embargo, no es un proceder acorde con las reglas de la buena fe. Las vulneraciones de derechos han de ser denunciadas tan pronto como se conozcan; y al no haberlo hecho, el recurrente ha privado al Tribunal sentenciador de la oportunidad de proporcionar una respuesta razonada a lo planteado, y a las acusaciones la de combatir en la instancia sus alegaciones.
Resumen: Enajenación mental: exención de la responsabilidad criminal de anomalía o alteración psíquica del art. 20.1 del CP. Precisa la sentencia que todos los elementos concurrentes en la actuación del acusado, sin lugar a duda, exteriorizan intenciones dirigidas a ocasionar la muerte de la persona agredida. Cuestión distinta es que el acusado, como consecuencia del brote maniaco-depresivo de un trastorno bipolar que padecía, tuviera anulada su capacidad de comprender la ilicitud de los hechos o de actuar conforme a dicha comprensión, lo que afectaba a su imputabilidad como presupuesto objetivo necesario para soportar el reproche de la culpabilidad. Compatible con dolo homicida y alevosía.
Resumen: Falta de motivación respecto al reconocimiento de las tres circunstancias solicitadas. Exigencia de motivación en las resoluciones judiciales. Presunción de inocencia: implica, cuando se alega en casación, una triple comprobación. Especialidad cuando ha mediado previamente un recurso de apelación: en tal caso, lo fundamental es comprobar la racionalidad de la valoración de la prueba. Dolo de matar: correcta y suficiente inferencia a partir del lugar del cuerpo al que se disparó y el arma utilizada. Agravante de género: afirmaciones en los hechos probados descriptivos de desprecios y de actos de control del acusado hacia la víctima. Existencia de la base fáctica precisa para la apreciación de la agravante. Atenuante de arrebato: doctrina de la Sala al respecto. Dado que el acusado sabía desde tiempo atrás que la víctima tenía una relación extramatrimonial, ésta no pudo funcionar como desencadenante. Tampoco la percepción traumática de la ruptura conyugal es bastante. Los presupuestos de la atenuación han de ser lícitos y acordes con las normas de la convivencia. Atenuante de embriaguez: pese a la tasa alta de alcoholemia, los testigos manifestaron que tras los hechos el acusado estaba tranquilo. Incidencia de la embriaguez en la imputabilidad: grados. Reparación del daño: fundamento de la atenuante. Las reparaciones ofrecidas no implican un actus contrarius ni tienen efecto solutorio. Arrepentimiento: solamente tiene valor atenuatorio cuando implica una aportación relevante.
Resumen: La revaloración probatoria es una función que es ajena al tribunal de casación, cuando conoce de la impugnación por vulneración del derecho a la presunción de inocencia. Asimismo, afirma que, en el caso concreto, en las instancias precedentes los órganos jurisdiccionales han procedido a la función que les compete de forma racional y lógica, extremos que se constata a partir de la lectura de la fundamentación de la sentencia.
