Resumen: Se anula una sentencia del TSJ de Andalucía y se declara que en los litigios sobre cumplimiento de contratos del sector público, el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) que debe soportar la entidad contratante forma parte del precio, y, a los efectos procesales de la cuantía del litigio, integra el valor económico total de la reclamación. El importe resultante incrementar en la cuantía de la cuota por el IVA que grava la operación, cuya suma deriva de aplicar el tipo impositivo que estuviere vigente sobre el precio de la prestación o servicio cuyo pago se reclama no constituye, en modo alguno, un recargo en el sentido del art. 42 de la LJCA, ya que la prestación que asume el órgano de contratación es la de abonar el precio del contrato, en el que se incluye el IVA. En el litigio no se dilucida cuestión alguna relativa al citado impuesto, que exigiera estar al importe de su base imponible, de su cuota o cualquier otro elemento del tributo, sino al pago de la prestación del contrato administrativo, y en el concepto de precio del contrato debe incluirse el importe del IVA.
Resumen: Se fija como doctrina jurisprudencial el reconocimiento del derecho de las Confesiones religiosas a la conservación de los datos personales de las personas que han abandonado una Confesión, ante una solicitud inicial de supresión total de esos datos por parte de los mismos, siempre que los datos en cuestión sean necesarios para los fines religiosos perseguidos por la Confesión, y en los términos que resultan, tras la modificación normativa sufrida por la materia objeto de este recurso, del artículo 9.2.d) del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016. El proclamado derecho de conservación se limita a los datos que superen el juicio de proporcionalidad que exige el cumplimiento de los tres requisitos o condiciones de idoneidad, necesidad y proporcionalidad. Precisamente, por entender que no se supera ese juicio de proporcionalidad, se establece la innecesaridad de conservar el dato relativo a la fecha de nacimiento en todos los casos, limitándolo solo a aquellos en los que el nombre propio y los dos apellidos no sean suficientes para identificar plenamente al ex miembro en cuestión, siendo también innecesarios los datos, por un lado, del sexo del individuo, aun en los casos en los que el nombre propio no identifique el sexo del antiguo miembro de la confesión, y del nombre de la congregación a la que pertenecía el miembro.
Resumen: Reiterando lo expresado en supuestos análogos ya admitidos, la cuestión que se considera presenta interés casacional consiste en determinar: i) cuáles son los mecanismos que permiten dar por cumplido el requisito estipulado en el artículo 32.4 de la Ley 40/15, a efectos de instar válidamente la acción de responsabilidad patrimonial prevista en dicho precepto, y si la falta de impugnación del acto administrativo de aplicación de la norma declarada inconstitucional que, en consecuencia devino firme, constituye un impedimento procedimental para la aplicación del citado precepto, o si, por el contrario, se entiende cumplido el requisito por el ejercicio de una acción de revisión de oficio en la que se alegó expresamente la inconstitucionalidad de la norma, y ii) en relación con el requisito del plazo máximo de cinco años señalado en el art. 34.1, párrafo segundo, de la Ley 40/15, determinar en qué momento se entiende que debe haberse producido el daño para que éste pueda ser considerado indemnizable: si en la fecha de notificación de las liquidaciones tributarias giradas en aplicación del precepto posteriormente declarado inconstitucional, o en la fecha de notificación de la sentencia firme desestimatoria del recurso contencioso-administrativo que el artículo 32.4 Ley 40/15 (34) exige haber interpuesto contra dichas liquidaciones.
Resumen: Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Rendimientos del trabajo. Determinación de a quién corresponde probar la realidad de los gastos de desplazamiento que justifican la no sujeción al tributo de las dietas de locomoción, manutención y estancia. No es al empleado al que corresponde probar la realidad de los desplazamientos y gastos de manutención y estancia a los efectos de su no sujeción al IRPF, sino que la Administración -para su acreditación- deberá dirigirse al empleador en cuanto obligado a acreditar que las cantidades abonadas por aquellos conceptos responden a desplazamientos realizados en determinado día y lugar, por motivo o por razón del desarrollo de la actividad laboral.La condición de trabajador/administrador del perceptor de la dieta no determina per se que sea este el que deba acreditar la realidad de los desplazamientos o de los gastos de manutención y estancia aunque, en atención a las circunstancias del caso, tal extremo pueda tener incidencia en la concreta acreditación del presupuesto de hecho determinante de la no sujeción de las sumas percibidas como dietas. El planteamiento de la parte recurrente ha sido acogido en las sentencias de la Sección Segunda de esta Sala Tercera del Tribunal Supremo dictadas el 18 de mayo (RCA 4002/2018:ES:TS:2020:954) y el 15 de octubre de 2020 (RCA/5926/2018: ES:TS:2020:3275).
Resumen: Determinar si, cuando haya constancia de que se ha practicado una anotación contable de forma errónea, puede acudirse a la reformulación de las cuentas anuales ya aprobadas y cuyo plazo de impugnación ha transcurrido, a fin de corregir el resultado contable y calcular la base imponible en el Impuesto sobre Sociedades para solicitar por parte del contribuyente la rectificación de su autoliquidación y la devolución de ingresos indebidos.
Resumen: Impuesto sobre sociedades. Determinar si, con el fin de aplicar el régimen de incentivos fiscales para las entidades de reducida dimensión, a efectos de calcular el importe neto de la cifra de negocios de un grupo de sociedades, se ha de computar o no el importe neto de la cifra de negocios de las actividades económicas de la persona física, con condición de empresario o profesional, que ostente el control del grupo. Asunto directamente relacionado con RCA/4013/2020.
Resumen: Impuesto sobre sociedades. Determinar si, con el fin de aplicar el régimen de incentivos fiscales para las entidades de reducida dimensión, a efectos de calcular el importe neto de la cifra de negocios de un grupo de sociedades, se ha de computar o no el importe neto de la cifra de negocios de las actividades económicas de la persona física, con condición de empresario o profesional, que ostente el control del grupo. Asunto directamente relacionado con RCA/4798/2020.
Resumen: El objeto de este recurso de casación consiste en verificar si la interpretación que efectúa la Sala de este orden jurisdiccional del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria es conforme o no a derecho en la interpretación que sostiene, negando que la actividad de calentamiento o la cocción final, mediante horneado, en los puntos de venta de los productos de panadería, precocidos y congelados, sea fabricación de pan a los efectos de su encuadramiento en el epígrafes 644.2 de las Tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas (lAE) o, en su caso, constituye una actividad de comercio al por menor de productos del ramo de la alimentación, encuadrable en otros epígrafes. Pues bien, la Sala alcanza la conclusión de que la actividad de calentamiento o la cocción final mediante horneado de pan precocido y congelado, en los puntos de venta en establecimientos que ya tributan, dada su actividad, en los epígrafes 647.3 o 647.4 -comercio al por menor de productos alimenticios, en función de la superficie del local- no es fabricación de pan a los efectos de su encuadramiento en el epígrafe 644.2 de las Tarifas del IAE, dado que forma parte de la más amplia actividad de comercio al por menor de productos del ramo de la alimentación, encuadrable en otros epígrafes, en la que efectivamente está incluida la sociedad. Por tanto, se desestima el recurso de casación, dado el acierto de la sentencia impugnada.
Resumen: Precisar si, a tenor del apartado 3 del artículo 70 del Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el Real Decreto 828/1995, de 29 de mayo, interpretado con relación al artículo 31.2 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, las operaciones de segregación de fincas integran el hecho imponible del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados.
Resumen: La cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste en:Determinar si, la pérdida patrimonial originada como consecuencia de la ejecución de una sentencia que condena a la devolución de un bien inmueble con la consiguiente indemnización por incumplimiento contractual debe integrarse en la base imponible general o especial en el impuesto sobre la renta de las personas físicas.
