Resumen: Determinar si cabe la aplicación del método de comprobación del valor consistente en la aplicación de un coeficiente multiplicador sobre el valor catastral asignado a aquél, a efectos del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, en los términos que ha establecido la jurisprudencia de esta Sala en sus dos sentencias de 23 de mayo de 2018 (RRCA 1880/2017; y 4202/2017), cuando se trata de la comprobación de un bien rústico.
Resumen: Estima el recurso interpuesto contra el Acuerdo que inadmitió (por extemporánea) la solicitud de indemnización por responsabilidad patrimonial al Estado Legislador (por aplicación de norma contraria al Derecho de la UE), formulada por el recurrente, con sustento en la STJUE de 3/9/14 (asunto C-127/2012). Inicialmente, ratifica el criterio establecido en diversas SSTS, como la de 10/11/20, RC 443/2019, según el cual el dies a quo para el ejercicio de la acción es el de la fecha de la publicación de la STUE de 3/9/14, y no el de la publicación de la STS 242/18, de 19 de febrero, pues, en esencia, esta última ni amplió ni formuló declaración alguna respecto de la doctrina contenida en la citada STJUE -y así se concluyó p.ej. en la STS 1546/20, de 19 de noviembre, RC 6314/18-. Sin embargo, posteriormente, estima el recurso, iura novit curia, con base en otras circunstancias, respecto de las que las partes se pronunciaron, sin afectación, por tanto, del principio de contradicción, y sin indefensión alguna. Así, la sala -teniendo en cuenta la STS de 16/7/19, RC 810/19- no acepta el distinto trato dado a la solicitud (en plazo) del recurrente de rectificación de la autoliquidación con devolución de ingresos indebidos por el ISD, pues se accedió respecto de la cuota y sus intereses, mas no respecto de los recargos asimismo abonados, a los que se refería la reclamación de responsabilidad patrimonial, considerando que esa solicitud posibilitó que esta reclamación no fuera extemporánea.
Resumen: El Impuesto sobre Actividades que Inciden en el Medio Ambiente de la Comunidad Valenciana, creado por el artículo 154 de la Ley autonómica 10/2012, de 21 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y de Organización de la Generalidad Valenciana, respeta los límites que establecen los apartados 2 y 3 del artículo 6 LOFCA; no afecta a las competencias atribuidas al Estado en la Constitución; no infringe los principios constitucionales que rigen la imposición; y no vulnera el artículo 3 de la Directiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009 , sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad.
Resumen: Conforme a lo dispuesto en el artículo 11.1.a) de la Directiva 90/434/CEE, del Consejo , de 23 de julio, relativa al régimen fiscal común aplicable a las fusiones, escisiones, escisiones parciales, aportaciones de activos y canjes de valores realizados entre sociedades de los distintos Estados miembros, y en el artículo 96 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, cuando se haya comunicado a la Administración tributaria la opción por el régimen fiscal de diferimiento, la presentación de la autoliquidación por el Impuesto sobre Sociedades de la mercantil escindida no es una condición para su aplicación, pero su no presentación, posibilita la imposición de sanciones, conforme a los artículos 178, 179 y 184.2 de Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, particularmente la prevista en el artículo 191 de la misma Ley, cuando la Administración tributaria no aprecie motivos económicos válidos en la operación de reestructuración empresarial.
Resumen: A la pregunta formulada por la Sección de admisión, la Sala contesta que, a tenor del artículo 103.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se permite que la Administración practique la liquidación provisional del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras utilizando indistintamente cualquiera de los parámetros previstos en este precepto y, en particular, puede determinar la base imponible en función de los índices o módulos establecidos en la correspondiente ordenanza fiscal, aunque se haya presentado por parte del obligado tributario un presupuesto visado por el colegio oficial correspondiente.
Resumen: A la cuestión con interés casacional objetivo formulada en el auto de admisión, la Sala contesta afirmativamente en el sentido de que el gravamen, sin exención, en el Impuesto sobre la Renta de No Residentes, de los dividendos pagados por entidades residentes en España a una entidad pública no residente y sin establecimiento permanente en nuestro país, que gestiona una institución de inversión colectiva destinada a cubrir compromisos por pensiones futuras en ese otro país (como sería el caso de Norges Bank), es contrario a la libertad de circulación de capitales, toda vez que las mismas rentas estarían exentas de tributación de haber sido recibidas por las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social. Por tanto, se declara no haber lugar al recurso de casación interpuesto por el abogado del Estado.
Resumen: Estimación del recurso de casación contra sentencia que estima el recurso interpuesto por el Ayuntamiento de la Palma del Condado contra la resolución del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía en la que se acordaba la entrega al solicitante de determinada información relativa a los inmuebles exentos del IBI. De los artículos 95 y 95 bis y demás disposiciones que se invocan no cabe concluir que exista una regulación específica propia y exhaustiva del sistema de acceso a la información por parte de los ciudadanos en este ámbito, y su regulación no excluye ni prevé la posibilidad de que se pueda recabar información a la Administración Tributaria sobre determinados elementos con contenido tributario, siempre que no entre en colisión con el derecho a la intimidad de los particulares. La LGT no contiene un régimen completo y autónomo de acceso a la información, y sí un principio o regla general de reserva de los datos con relevancia tributaria como garantía del derecho fundamental a la intimidad de los ciudadanos (art 18 CE). Las específicas previsiones de la LGT sobre confidencialidad de los datos tributarios no desplazan ni hacen inaplicable el régimen de acceso de la Ley de Transparencia.La entrega de los datos sobre la titularidad de los inmuebles que gozan de la exención del IBI ha de ceñirse a aquellos bienes que no pertenecen a personas físicas o jurídicas, ex la Ley del Catastro; esto es a aquellos bienes cuya titularidd corresponde a entes públicos.
Resumen: Los artículos 107.1 y 107.2 a) del TRLHL, a tenor de la interpretación que hemos hecho del fallo y del fundamento jurídico 5 de la STC 59/2017, adolecen solo de una inconstitucionalidad y nulidad parcial. En este sentido, son constitucionales y resultan, pues, plenamente aplicables, en todos aquellos supuestos en los que el obligado tributario no ha logrado acreditar, por cualquiera de los medios que hemos expresado en el fundamento de derecho Quinto, que la transmisión de la propiedad de los terrenos por cualquier título (o la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre los referidos terrenos), no ha puesto de manifiesto un incremento de su valor o, lo que es igual, una capacidad económica susceptible de ser gravada con fundamento en el artículo 31.1 CE. El artículo 110.4 del TRLHL, sin embargo, es inconstitucional y nulo en todo caso (inconstitucionalidad total) porque, como señala la STC 59/2017, "no permite acreditar un resultado diferente al resultante de la aplicación de las reglas de valoración que contiene", o, dicho de otro modo, porque "imp[ide] a los sujetos pasivos que puedan acreditar la existencia de una situación inexpresiva de capacidad económica ( SSTC 26/2017, FJ 7 (14) , y 37/2017 (15) , FJ 5)". Esa nulidad total de dicho precepto, precisamente, es la que posibilita que los obligados tributarios puedan probar, desde la STC 59/2017 (16) , la inexistencia de un aumento del valor del terreno.
Resumen: a) Carece de eficacia de cosa juzgada material respecto de liquidaciones del IBI posteriores (como la que constituye el acto enjuiciado en este proceso) la decisión adoptada por el tribunal competente para enjuiciar la gestión tributaria, por la que se anula una liquidación de dicho impuesto por defectos formales de la Ponencia Valores. b) Tal decisión no impide que el órgano judicial competente para enjuiciar esa misma Ponencia de Valores determine en el recurso dirigido frente a la misma -con plena cognición- si ésta es o no conforme a Derecho, incluida, lógicamente, la concurrencia o no de aquellos defectos formales. c) No es posible anular la liquidación del IBI por defectos de la Ponencia de Valores -constatados en procesos referidos a otros contribuyentes- cuando, como sucede en el caso que analizamos, la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha declarado ajustada a derecho dicha Ponencia en sentencia firme.
Resumen: Efectos de la anulación de ponencias de valores. Posibilidad de interponer recurso directo contra liquidación de IBI y impugnar los valores catastrales mediante la invocación de defectos o vicios afectantes a la ponencia de valores.
