Resumen: El acuerdo para completar el expediente puede derivar en una de las siguientes dos alternativas y excluyentes: i) la modificación de la propuesta de liquidación; y ii) el mantenimiento de la propuesta contenida en el acta de disconformidad. En ningún caso se prevé que ese trámite de que se complete el expediente pueda devenir en la emisión de una liquidación tributaria y el inicio de un nuevo procedimiento de comprobación para la posterior emisión de una segunda liquidación tributaria. Es decir, que no es posible que bajo la expresión de completar el expediente se puedan suceder diferentes procedimientos de comprobación e investigación de una misma obligación y que además, se suceda la emisión de diferentes liquidaciones por una misma obligación tributaria. No es posible que se finalice el procedimiento de inspección con el acuerdo de liquidación y que se tramite un nuevo procedimiento inspector respecto de una parte de la misma obligación tributaria.
Resumen: La Sala desestima el recurso interpuesto frente a resolución del Consejo de Ministros desestimatoria de la solicitud de indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado legislador derivada de la declaración de inconstitucionalidad de determinados preceptos del TRLHL que regulan el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. La Sala parte de que la declaración de inconstitucionalidad de una norma no es una presunción de antijuricidad absoluta de los daños derivados de sus actos de aplicación, ya que puede ser desvirtuada en supuestos en los que no se acredite que la sujeción a tributación de una realidad patrimonial vulnere el principio de capacidad económica. La vulneración del principio de capacidad económica es la ratio decidendi tanto de la inconstitucionalidad declarada en la STC 59/2017, como de la declarada en la STC 182/2021, circunstancia que resulta relevante a la hora de determinar la existencia de la antijuricidad derivada de la declaración de inconstitucionalidad y de un daño efectivo y cuantificable económicamente, presupuestos imprescindibles para que la responsabilidad patrimonial pueda ser apreciada. Por lo tanto, no se puede afirmar que de la nulidad de los preceptos contrarios a la Constitución, declarada por el TC, emerja imperativamente un daño antijurídico que pueda ser cuantificado por equivalencia a la cantidad satisfecha, sino que será necesario en todo caso probar la minusvalía. En el caso suscitado no se probó.
Resumen: La Administración Tributaria inició actuaciones inspectoras para comprobar la realidad de la actividad desarrollada por el obligado tributario, y ello dado el dilatado plazo transcurrido entre el inicio de las obras de construcción de determinada vivienda y el mantenimiento de la misma en el activo de la sociedad, queriendo con de ese modo la Adminitración constatar si realmente el obligado tributario había realizado actividad empresarial o por el contrario el destino de dicha vivienda no había sido el de promoción. Se consideró así improcedente la devolución de las cuotas soportadas de IVA al no haberse acreditado que realmente se desarrollara una actividad empresarial de promoción inmobiliaria. Así las cosas, la sentencia acepta que la Administración justificaó que la compraventa del inmueble realizada en febrero de 2017 no fue una primera entrega, sino una segunda entrega y por lo tanto exenta del Impuesto del caso, de ahí que la conclusión de la resolución de la reclamación económico-administrativa de confirmar la liquidación provisional girada haya sido considerada por la sentencia acertada, aunque por distinto motivo. Esa liquidación denegó la posibilidad de poder deducir las cuotas soportadas o satisfechas por las adquisiciones o importaciones de bienes o servicios no afectados directa y exclusivamente a la actividad empresarial o profesional con arreglo a lo dispuesto en la norma.
Resumen: La sentencia se remite y reitera la doctrina fijada en la STS de 18 de marzo de 2025 (rec. 3803/2023) que, a su vez, se remite a las SSTS de 5 de abril de 2023 (rec. 7260/2021), 11 de abril de 2023 (rec. 7127/2021 y 8220/2021) y de 25 de abril de 2023 (rec. 8494/2021). En muy breve síntesis: La legislación española infringe la libertad de circulación de capitales al dar un trato fiscal más favorable a las IIC residentes (tributación al 1%) que a los OICVM no residentes y no armonizados (tributación al tipo general del IRNR) cuando se encuentran en situaciones objetivamente comparables. El análisis de comparabilidad debe realizarse conforme a la Directiva UCITS si se alega ser un fondo equivalente, o conforme a los elementos esenciales intrínsecos del régimen español para IIC (especialmente FIL o Hedge Funds) si se alega ser comparable a estos, parámetros que incluyen: la captación de capital del público, el carácter abierto, autorización y supervisión en país de origen, gestión por entidad autorizada, diversificación de riesgos y objeto de inversiones. La carga de la prueba de comparabilidad recae en el fondo no residente, pero la Administración española debe utilizar activamente los mecanismos de intercambio de información si duda de la prueba aportada, considerándose en este caso que la cláusula de intercambio de información del Acuerdo con Andorra (2010) se considera suficiente para obtener información a estos efectos.
Resumen: Se reitera la doctrina jurisprudencial establecida en la STS 243/2023, de 27 de febrero (rec. casación 2065/2021) y STS 1.487/2023, de 20 de noviembre (rec. cas. 208/2022), atinente a que exigir un tributo -en las circunstancias del caso, el Impuesto sobre los Depósitos de Clientes en las Entidades de Crédito de Canarias- en el mismo ejercicio en que entre en vigor su ley reguladora, cuyo periodo impositivo es el año natural y que se devenga el último día del año natural, cuando dicha entrada en vigor se produjo con anterioridad a la fecha de devengo, no vulnera el principio de irretroactividad.
Resumen: Ganancia patrimonial puesta de manifiesto como consecuencia de la retasación de bienes expropiados. Imputación temporal, cuando haya resultado litigioso el justiprecio fijado en la retasación, al ejercicio en el que la resolución que reconoce el incremento devenga firme, si contiene la determinación final e inmodificable del justiprecio. Aplicación de los coeficientes reductores o de abatimiento previstos en la disposición transitoria novena de la Ley del IRPF. Remisión a la STS, Sala de lo Contencioso, Sección: 2ª, 07/11/2024 (rec. 2440/2023).
Resumen: El Tribunal Superior de Justicia de Madrid desestimó el recurso contencioso-administrativo frente a resoluciones de liquidación provisional dictadas por la Unidad de Gestión de Grandes Empresas de Madrid como consecuencia de las solicitudes de devolución por el concepto del Impuesto sobre la Renta de No Residentes [«IRNR»] sin establecimiento permanente. Frente a la mencionada sentencia se presentó recurso de casación que ha sido estimado. La Sala concluye que la legislación del Reino de España infringe la libertad de circulación de capitales al establecer un tratamiento diferenciado no justificado entre FIL residentes y FIL no residentes en situaciones comparables, ya que reserva a los FIL residentes un tratamiento fiscal significativamente más favorable, con tributación al tipo de gravamen del 1 %, en tanto los FIL no residentes tributan al tipo impositivo del 19%, o al que pueda establecer el CDI que en este caso es del 15%, cuando en ambos casos, FIL residentes y no residentes, al percibir rentas consistentes en dividendos de sociedades residentes, incurren en una manifestación de capacidad económica idéntica, que gravan tanto el Impuesto de Sociedades como el Impuesto sobre la Renta de los No residentes.
Resumen: La sentencia declara que el expediente no caducó ya que se intentó notificar su resolución en el domicilio del obligado tributario con anterioridad a que transcurriera el plazo de duración máxima del procedimiento, lo que es suficiente para entender cumplida la obligación de notificar dentro del plazo máximo de duración de los procedimientos. Asimismo razona que se produjo suficiente prueba de cargo suficiente de la incorrecta liquidación por improcedente deducción de cuotas de IVA soportado; como tampoco de la motivación de la culpabilidad en la comisión de las infracciones, pues el obligado no podía ignorar la improcedencia de la deducción de unas cuotas que el mismo no había consignado en sus Libros por entenderlas no deducibles, cuya omisión tampoco podía ignorar, y respecto de las cuales ni ha intentado justificar su relación con la actividad, por lo que su indebida deducción fue consciente y voluntaria, como se expone y argumenta en la resolución sancionadora, con la finalidad de rebajar en perjuicio de la Hacienda Pública las cuotas por IVA adeudadas, compensándose a sabiendas cuotas que no había soportado ni pagado, para su enriquecimiento injusto.
Resumen: La Sala desestima el recurso interpuesto frente a resolución del Consejo de Ministros, desestimatoria de las solicitudes de indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado legislador derivadas de la declaración de inconstitucionalidad de determinados preceptos del TRLHL que regulan el Impuesto sobre el IIVTNU. La Sala parte de que la declaración de inconstitucionalidad de una norma no es una presunción de antijuricidad absoluta de los daños derivados de sus actos de aplicación, ya que puede ser desvirtuada en supuestos en los que no se acredite que la sujeción a tributación de una realidad patrimonial vulnere el principio de capacidad económica. La vulneración del principio de capacidad económica es la ratio decidendi tanto de la inconstitucionalidad declarada en la STC 59/2017, como de la declarada en la STC 182/2021, circunstancia que resulta relevante a la hora de determinar la existencia de la antijuricidad derivada de la declaración de inconstitucionalidad y de un daño efectivo y cuantificable económicamente, presupuestos imprescindibles para que la responsabilidad patrimonial pueda ser apreciada. Por lo tanto, no se puede afirmar que de la nulidad declarada por el TC, emerja imperativamente un daño antijurídico que pueda ser cuantificado por equivalencia a la cantidad satisfecha, sino que será necesario en todo caso probar la minusvalía; resultando en este caso insuficiente la acreditación de dicho daño.
Resumen: La Sala desestima el recurso interpuesto frente a resolución del Consejo de Ministros desestimatoria de la solicitud de indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado legislador derivada de la declaración de inconstitucionalidad de determinados preceptos del TRLHL que regulan el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. La Sala parte de que la declaración de inconstitucionalidad de una norma no es una presunción de antijuricidad absoluta de los daños derivados de sus actos de aplicación, ya que puede ser desvirtuada en supuestos en los que no se acredite que la sujeción a tributación de una realidad patrimonial vulnere el principio de capacidad económica. La vulneración del principio de capacidad económica es la ratio decidendi tanto de la inconstitucionalidad declarada en la STC 59/2017, como de la declarada en la STC 182/2021, circunstancia que resulta relevante a la hora de determinar la existencia de la antijuricidad derivada de la declaración de inconstitucionalidad y de un daño efectivo y cuantificable económicamente, presupuestos imprescindibles para que la responsabilidad patrimonial pueda ser apreciada. Por lo tanto, no se puede afirmar que de la nulidad de los preceptos contrarios a la Constitución, declarada por el TC, emerja imperativamente un daño antijurídico que pueda ser cuantificado por equivalencia a la cantidad satisfecha, sino que será necesario en todo caso probar la minusvalía. En el caso suscitado no se probó.
