Resumen: El recurrente reprocha que el procedimiento se inicie con el trámite de audiencia de la propuesta de liquidación, omitiendo información que el acuerdo de inicio del procedimiento debe contener. No obstante, la LGT no exige en todos los casos la notificación del acuerdo de inicio como acto previo a la de la propuesta. Ahora bien, para que tal proceder no infrinja la obligación establecida en el párrafo primero del art. 137.2 LGT, la Administración no puede haber realizado actuaciones de comprobación previas a dicho momento pues se estaría empleando torticeramente dicha posibilidad, esto es, con la finalidad de burlar el plazo de duración del procedimiento y con una efectiva merma de los derechos del contribuyente.Sucede, en el supuesto ahora enjuiciado, que el procedimiento formalmente se inicia con el acuerdo notificado al demandante el 28.08.2020 en el que se le comunica la propuesta de liquidación y se le concede el plazo de 10 días hábiles para formular alegaciones. Sin embargo, las actuaciones de comprobación se iniciaron mucho antes pues en la propia propuesta de liquidación se plasma como fecha de emisión del informe pericial anterior. Procede así, la anulación de la liquidación.
Resumen: La estimación parcial de la reclamación económico-administrativa presentada por el actor lo ha sido en cuanto el TEAR apreció una falta de motivación de la liquidación practicada, disponiendo la remisión del expediente a la oficina gestora al objeto de que se dicte una nueva liquidación debidamente motivada. El recurrente invoca que no cabe acordar la retroacción de actuaciones. Pero la falta de motivación, expresamente invocada por el actor en su reclamación económico-administrativa, no constituye un motivo de nulidad de pleno derecho, sino de anulabilidad, ni un defecto de carácter sustantivo, sino formal. La no incorporación al procedimiento de comprobación tributaria, de los expedientes de los que se extraía datos para determinar el cumplimiento de los requisitos necesarios a efectos de aplicar un beneficio fiscal, se ha traducido en una falta de motivación, expresamente invocada por el actor en su reclamación económico-administrativa, que como tal, no constituye un defecto de carácter sustantivo, sino formal, pues representa un vicio en el procedimiento y en la exteriorización documental de la voluntad administrativa.
Resumen: La sentencia declara que la base de la amortización (tratándose de inmuebles) coincide con el mayor de los siguientes valores: el coste de adquisición satisfecho o el valor catastral, sin incluir en el cómputo el valor del suelo, y la propia estructura y coherencia de la norma conduce a entender que el coste de adquisición satisfecho, comprende necesariamente el valor del propio inmueble. En el caso, el obligado tributario no ha mostrado el coste de adquisición satisfecho por éste y, en consecuencia, el importe total deducible como amortización. Por tanto, la Administración no tiene los datos para determinar sobre cuál de los dos valores (coste de adquisición satisfecho o valor catastral), procede aplicar la amortización.
Resumen: Declara la sentencia que el servicio prestado por la persona física a la sociedad es el mismo que ésta presta a sus clientes. No es necesario acudir a comparables externos pues el mejor comparable existente posible es precisamente uno interno: el valor percibido por la entidad de terceros independientes por los mismos servicios que el socio y administrador presta a la sociedad. En atención a ello, se justifica confirmar el método valorativo empleado por la Inspección (método del precio libre comparable) pues el precio pagado por los terceros a la sociedad es un comparable muy cercano para determinar el valor del servicio prestado por el socio (recurrente) a la entidad. En cuanto a la sanción, no existe ninguna explicación racional para valorar los servicios prestados por el socio a la sociedad en un importe inferior al valor de los servicios prestados por la sociedad a sus clientes independientes.
Resumen: Cuando los destinatarios del servicio de alojamiento son personas físicas, la actividad consistente en el arrendamiento por períodos de tiempo de viviendas o parte de las mismas, sin prestar ningún servicio propio de la industria hotelera y limitándose a poner a disposición del arrendatario la vivienda, se considera actividad exenta del Impuesto. En efecto, si no se prestan servicios propios de la industria hotelera y, además, la vivienda se arrienda a arrendatarios que sean personas físicas, y que la destinen para su uso exclusivo como vivienda, tales servicios de arrendamiento de vivienda se considerarán exentos del Impuesto sobre el Valor Añadido. Correlativamente, no cabe la deducción de las cuotas de IVA soportadas. Por ,lo tanto, la controversia se centraba si se había o no probado que en el arrendamiento turístico de vivienda se prestaba alguno de los servicios complementarios propios de la industria hotelera.Pues bien, la sentencia desestima el recurso porque la entidad contribuyente no había llegado a acreditar en el juicio que en la actividad arrendamiento de la vivienda el arrendador se obligase a la prestación de alguno de los servicios complementarios propios de la industria hotelera, de tal modo que la actividad se entendía que se eecontraba sujeta pero exenta en el Impuesto sobre el Valor Añadido, con la correlativa imposibilidad de compensar el Impuesto sobre el Valor Añadido soportado.
Resumen: La cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste en precisar si la emisión de la doctrina sentada en las Sentencias de esta Sala de 30 de mayo de 2023, rec. casación 1602/2022 y 2323/2022, que considera aplicable el régimen de paralización de industrias del apartado 4 de la regla 14 del Real Decreto Legislativo 1175/1990 a los supuestos de paralización de actividad y el cierre de establecimientos ordenada por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma, permite dejar sin efecto una liquidación firme del Impuesto sobre Actividades Económicas y la devolución de lo ingresado en concepto de cuota de este tributo por la parte proporcional al tiempo en que se cesó en la actividad en el año 2020, fuera de los procedimientos contemplados en el artículo 221.3 de la Ley General Tributaria.
Resumen: La cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste en discernir si los interesados pueden solicitar directamente a la Administración catastral la subsanación de discrepancias en la descripción catastral de un inmueble aun cuando el artículo 18.1 TRLCI contemple que el procedimiento se iniciará de oficio o, por el contrario, si dicha pretensión debe canalizarse a través del Ayuntamiento donde radique la finca para que efectúe una comunicación de las previstas en el artículo 14 TRLCI. En el caso de que sea factible la solicitud directa, aclarar, cuando la Administración catastral entienda improcedente el inicio del procedimiento, si debe motivar su decisión así como la forma y la naturaleza del acto en el que ha de manifestar este rechazo y, en particular, si constituye un acto administrativo susceptible de recurso en vía administrativa o judicial.
Resumen: Reducción en la base imponible por pensiones compensatorias determinadas en convenio a favor del cónyuge. Fecha de surgimiento de los efectos fiscales. Fecha de suscripción del convenio. Remisión al fundamento jurídico cuarto de la sentencia 1369/2024, de 22 de julio, pronunciada en el recurso de casación 8648/2022.
Resumen: Pérdida patrimonial. Obligación del contribuyente de justificar la imputación realizada en la autoliquidación como consecuencia de una declaración de baja de títulos financieros en el caso de existir discrepancia con la información en poder de la administración.
Resumen: La utilización por la Administración tributaria del medio de comprobación de valores previsto en el apartado g) del art. 57.1 de la LGT (28) ("Valor asignado para la tasación de las fincas hipotecadas en cumplimiento de lo previsto en la legislación hipotecaria"), en la redacción dada por la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, no requiere ninguna carga adicional para aquélla respecto a los demás medios de comprobación de valores, por lo que no viene obligada a justificar previamente que el valor asignado para la tasación de las fincas hipotecadas coincide con el valor ajustado a la base imponible del impuesto, ni la existencia de algún elemento de defraudación que deba corregirse". Dicha doctrina fue reiterada en la STS de 17 de septiembre de 2012, recurso de casación para la unificación de doctrina núm. 177/2010 (15) ... Pues bien, en el caso que se enjuicia no puede considerarse que el valor asignado para la tasación de la finca hipotecada, sea un medio que, por sus propias características, carezca de adecuación, pues figura en la escritura de préstamo hipotecario, otorgada por la recurrente en la misma fecha y ante el mismo notario que la escritura de compraventa, acreditándose la tasación por un certificado expedido por la empresa JJ Valoraciones SA, del que resulta que ha sido suscrito por un arquitecto "en cumplimiento de lo previsto en la legislación hipotecaria", habiendo visitado la finca el 26/11/2015. Así pues, como método indiciario de valoración es adecuado.
