Resumen: Remisión a la sentencia del TS de 21 de mayo de 2025, recaída en el rec. cas. 8026/2023. De conformidad con lo dispuesto en la STC 182/2021, de 26 de octubre, las autoliquidaciones practicadas por el contribuyente por el concepto de impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana cuya rectificación se solicite después del 26 de octubre de 2021 (fecha en que se dictó la STC 182/2021) pero antes del 25 de noviembre de 2021 (fecha de su publicación en el BOE) tienen la consideración de situaciones consolidadas que no pueden considerarse susceptibles de ser revisadas con fundamento exclusivo en la citada sentencia a través de la presentación de la solicitud de rectificación de la autoliquidación.
Resumen: Las cuestiones que presentan interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consisten en:
Primero: determinar si resulta aplicable a los rendimientos del trabajo percibidos por los militares españoles que se hallen destinados como integrantes de la Fuerza Provisional de Naciones Unidas en el Líbano (UNIFIL) la exención prevista en el artículo 7, letra p) LIRPF , o, en su caso, la exención total prevista en la Sección 19 de la Convención sobre privilegios e inmunidades de los organismos especializados, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 21 de noviembre de 1947.
Segundo: aclarar si las retribuciones abonadas por el Ministerio de Defensa en un cuenta corriente de un banco establecido en España a un militar español integrante de la Fuerza Provisional de Naciones Unidas en el Líbano (UNIFIL) que operan bajo bandera de las Naciones Unidas, deben entenderse satisfechas por servicios prestados para las Naciones Unidas o, al contrario, se han prestado en un país que tenía la consideración de paraíso fiscal en los años 2017 y 2018, y si esta circunstancia, atendido el carácter obligado del destino encomendado y la finalidad de la exención fiscal, es relevante a efectos de la exclusión de ésta.
Resumen: La cuestión con interés casacional sometida a análisis en este recurso consiste en precisar si la aplicación del método del precio libre comparable para determinar el valor de mercado de operaciones vinculadas permite la introducción de elementos ajenos a la transacción analizada; y en particular, precisar si en relación con las operaciones de financiación efectuadas en un sistema de tesorería centralizada (cash pooling) por un grupo societario multinacional, dicho método exige: (i) que el tipo de interés de las cantidades aportadas y de las cantidades percibidas por las entidades participantes sea simétrico; y (ii) que la calificación crediticia aplicable a las operaciones de préstamo sea la del grupo societario y no la de la entidad prestataria. La sentencia, tras enfatizar que el cash pooling es un contrato mercantil atípico y mixto, señala que debe analizarse teniendo en consideración el Derecho europeo y sobre la concreta configuración del contrato. Tras ello, atendiendo a las concretas circunstancias del recurso, se fija la doctrina de que, en relación con las operaciones de financiación efectuadas en un sistema de tesorería centralizada (cash pooling) por un grupo societario multinacional, de la aplicación del método de libre competencia se desprende (i) que el tipo de interés de las cantidades aportadas y de las cantidades percibidas por las entidades participantes sea simétrico; y (ii) que la calificación crediticia aplicable a las operaciones de préstamo sea la del grupo societario y no la de la entidad prestataria. Con base en ello, se declara no haber lugar al recurso de casación.
Resumen: No se puede iniciar el plazo para determinar la deuda tributaria que corresponde abonar al nudo propietario cuando consolida la nuda propiedad, sino desde el momento en que se produce el hecho que genera la extinción del usufructo, como ha sido en este caso, el fallecimiento de la usufructuaria, madre de la actora. La tributación de la consolidación de dominio será igualmente operativa aunque recaiga sobre bienes que ya no existan en el momento de la consolidación, pero sobre los cuales sí se adquirió la nuda propiedad.
Resumen: La cuestión con interés casacional suscitada en este recurso se refiere al valor presuntivo, frente a las autoridades administrativas y judiciales nacionales, del certificado de residencia extendido por la autoridad fiscal de un país con el que España ha celebrado un Convenio para evitar la Doble Imposición (aquí, Reino Unido) para dar lugar a un conflicto de residencia al que haya de aplicarse las reglas de desempate del citado Convenio. La sentencia reitera la doctrina jurisprudencial fijada, al respecto, en la STS de 12 de junio de 2023 (rec. 915/2022) en la que, en síntesis, se indica que (i) los órganos administrativo y judiciales no son competentes para enjuiciar las circunstancias en las que se ha expedido el certificado de residencia fiscal por otro Estado ni pueden prescindir de su contenido; (ii) que debe presumirse la validez de dicho certificado por haberse suscrito el Convenio en el marco en el que se emite; y (iii) un Estado firmante no puede enjuiciar unilateralmente la existencia de un conflicto de residencia prescindiendo de la aplicación de las reglas de desempate incluidas en el Convenio de Doble Imposición. Partiendo de esta doctrina, la sentencia señala que, en este caso, a pesar de que la sentencia de instancia no se hace eco del certificado emitido por el Reino Unido, sí analiza plenamente la prueba disponible y, sobre la base de los criterios de desempate previstos en el Convenio, concluye que la residencia fiscal del recurrente se encuentra en España. Por tanto, se desestima el recurso de casación y se confirma la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
Resumen: Según consta en las actuaciones las notificaciones intentadas a la recurrente según consta en expediente, tuvieron lugar en SAN JAVIER. Contiene error tanto en la vivienda pues se trata de unifamiliar, como en el código postal. Así aparece también la dirección errónea en el acuerdo de terminación del procedimiento con liquidación provisional y en el documento de ingreso. La propuesta de liquidación contiene la dirección correcta, si bien el código postal equivocado. Estas circunstancias, permiten presumir que el documento de notificación o el documento de aviso en Buzón pudo ser erróneo, por lo que no es procedente declarar bien efectuadas dichas notificaciones. Por otro lado, las notificaciones efectuadas en la dirección de SAN JAVIER (MURCIA) a la recurrente, si bien era el domicilio fijado en la escritura de compraventa de la vivienda de 9 de mayo de 2014, es evidente que los actos tributarios practicados a partir de 2017, debían tener como consulta previa el Padrón Municipal o sus declaraciones tributarias de IRPF u otros tributos, con constancia en actuaciones, pues el alta en Padrón municipal en otra dirección se produjo desde 16/12/2016.
Resumen: De conformidad con lo acordado en la STC 182/2021, las liquidaciones provisionales o definitivas del impuesto sobre incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana que no hubieran sido impugnadas a la fecha de dicha sentencia, 26 de octubre de 2021, no podrán ser recurridas con fundamento en la declaración de inconstitucionalidad efectuada en aquella; ni tampoco podrá instarse, con ese fundamento, la rectificación - art. 120.3 LGT- de las autoliquidaciones de dicho impuesto sobre las que aún no se hubiera formulado tal solicitud en esa fecha.
Resumen: La sentencia reitera la jurisprudencia fijada, entre otras, en las SSTS de 10 de julio de 2023 (rec. 5181/2022) y de 12 de julio de 2023 (rec. 4701/2022) en virtud de la cual las autoliquidaciones practicadas por el contribuyente por el concepto de Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana cuya rectificación se solicite después del 26 de octubre de 2021 (fecha en que se dictó la STC 182/2021) pero antes del 25 de noviembre de 2021 (fecha de su publicación en el BOE) tienen la consideración de situaciones consolidadas que no pueden considerarse susceptibles de ser revisadas con fundamento exclusivo en la STC 182/2021 a través de la presentación de la solicitud de rectificación de la autoliquidación. Aplicando dicha doctrina al caso, se constata que la rectificación se produjo tras el dictado de la STC 182/2021 con fundamento exclusivo en la inconstitucionalidad declarada en dicha sentencia, por lo que se trataba de una situación consolidada y, consiguientemente, declara haber lugar el recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento de Valencia, casa y anula la sentencia del Juzgado y desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto, en su día, por el contribuyente.
Resumen: La retroacción de las actuaciones cuando se anula una liquidación tributaria por un vicio de carácter formal tiene que hacerse, no al momento en que se notificó la liquidación, sino al momento en que se produjo el vicio detectado, que coincide, no con el momento posterior a las alegaciones presentadas por las recurrentes, sino con la notificación del inicio del procedimiento de comprobación limitada, con propuesta de liquidación provisional y trámite de audiencia, al que se incorporaron los dictámenes de valoración anulados por el TEAR.
Resumen: La Sala desestima el recurso interpuesto frente al acuerdo del Consejo de Ministros desestimatorio de cien solicitudes de indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado legislador formuladas con sustento en la Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional, núm. 182/2021, de 26 de octubre. .La Sala parte de que la expulsión del ordenamiento jurídico de determinados preceptos del TRLHL por la STC 182/2021 no conduce necesariamente a calificar de antijurídico el abono de determinadas cantidades en concepto del IIVTNU o que esas cantidades, por equivalencia, constituyan un daño efectivo desde la perspectiva de la responsabilidad patrimonial. La Sala considera que no se ha vulnerado el principio de capacidad económica y que no existe el automatismo pretendido por la recurrente, al existir sentencia firme que produjo efecto de cosa juzgada material respecto a la inexistencia de un decremento patrimonial, por lo que no se puede afirmar que, de la nulidad de los preceptos contrarios a la Constitución, declarada en la STC 182/2021, emerja imperativamente un daño antijurídico que pueda ser cuantificado por equivalencia a la cantidad satisfecha.
