Resumen: Impuesto municipal sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana: determinación del valor del terreno en el momento de la transmisión cuando no estaba individualizado el mismo en la escritura correspondiente. Necesidad de fijarlo cuando no son comparables las magnitudes de compra y venta (la adquisición se refería solo al terreno y la transmisión se proyectaba sobre el total del bien inmueble, esto es, suelo más construcción), para determinar si existía o no incremento gravable (y, por tanto, el hecho imponible del impuesto que nos ocupa). El método consistente en la proporción que represente en la fecha de la transmisión el valor catastral del terreno respecto del valor catastral total del bien inmueble puede ser apto para obtener el valor del terreno cuando no se conozca el valor atribuido al suelo, pero no puede otorgarse a dicho método el carácter de exclusivo o único ni, desde luego, imponerse a cualesquiera otros medios de prueba admitidos en derecho, que podrán ser legítimamente utilizados por el interesado para determinar el valor del suelo y que serán libremente valorados por el órgano judicial conforme a las reglas de la sana crítica.
Resumen: La sentencia analiza la legalidad de los acuerdos de liquidación y sanción por el conpceto IVA adoptados por la Inspección tributaria y relacionados con una cadena de fraude al Impuesto sobre el Valor Añadido. La mecánica del fraude, ya tratada a partir de 2001 por la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT), consistí en la venta de packs que contenían una tarjeta SIM de prepago con saldo y un teléfono móvil subvencionado, de tal manera que el teléfono era entregado de forma gratuita o a un precio muy bajo pues el precio del pack era prácticamente igual al importe de la tarjeta prepago. Estas ofertas iban dirigidas a consumidores finales y se comercializaban fundamentalmente a través de grandes almacenes o establecimientos especializados. Sin embargo, y esto se detectó por las propias operadoras, la realidad fue que no sólo los consumidores finales adquirieron los mencionados packs, sino que estos fueron adquiridos también por empresas intermediarias que realizaban la disociación o rotura del mismo con consecuencias tributarias en cuanto al IVA. Con carácter previo al análisis de la cuestión de fondo, aborda la sentencia la posible prescripción del derecho a liquidar por parte de la Administración tributaria al habese excedido el palzo máximo de duración de actuaciones inspectoras, prescripción que finalmente declara con el efecto de estimar el recurso y anular los auerdos impugnados.
Resumen: Comparabilidad entre los fondos de pensiones residentes en Canadá, sin establecimiento permanente en España, y los fondos de pensiones residentes en España. El diferente tratamiento tributario de los dividendos percibidos de sociedades residentes en España puede suponer una restricción a la libre circulación de capitales contraria al Derecho de la Unión Europea. Se declara el derecho a la devolución de las retenciones soportadas sobre los dividendos percibidos de entidades residentes en España en el primer trimestre de 2008, al haberse aportado documentación relativa al funcionamiento y estructura de los planes y fondos de pensiones de Canadá y a las normas reguladoras del fondo, cumpliendo así con las exigencias del artículo 14 TRLIRNR, tras la reforma operada por la Ley 2/2010, de 1 de marzo, para permitir la exención de dividendos a entidades residentes en Estados miembros de la UE y, más adelante, del EEE.
Resumen: Le es posible al contribuyente solicitar una segunda vez -y obtener respuesta de fondo por parte de la Administración, que es obligada-, la rectificación de la autoliquidación formulada y la devolución de ingresos indebidos derivados de tal acto, en tanto no se consume el plazo de prescripción del derecho establecido en el artículo 66.c) de la LGT.
Resumen: Impuesto sobre Bienes Inmueble (IBI).- Exención prevista para fundaciones en el artículo 15.1 de la Ley 49/2002.- Ejercicio en el que debe apreciarse tal exención: en el de constitución de la fundación o bien en el siguiente, toda vez que a fecha de devengo del IBI no se encontraba aún constituida tal fundación.
Resumen: La cuestión suscitada es la relativa a la acreditación de los servicios prestados por la entidad recurrente, según las facturas, cuya deducción pretende. Por tanto, se reduce a una cuestión probatoria. En la sentencia se analizan las circunstancias de la actividad desplegada por la actora, así como la que emitió las facturas discutidas, y declara que, los gastos de aprovisionamiento podrán, en su caso, tener carácter deducible en el caso de que se obtenga la factura del proveedor real y se cumplan los demás requisitos de deducibilidad, pero lo que no podemos en ningún caso conceder, como se pretende, es que dichos gastos obedecen a productos suministrados por la otra entidad y en la cuantía facturada. De hecho, la recurrente continúa sin acreditar a quien adquirió dichos bienes y la cantidad que, en su caso, abonó por ellos, correspondiéndole la carga de la prueba al tratarse de un gasto que debe justificar. Por ello, confirma la liquidación en la que no se deducen los gastos pretendidos. En relación con la sanción, también, la confirma, pues la entidad recurrente se limita a negar los hechos, que, por el contrario, están acreditados en el expediente administrativo, sin aportar otros argumentos tendentes a negar la concurrencia de culpabilidad.
Resumen: Para la Sala, carece de eficacia de cosa juzgada material respecto de liquidaciones del Impuesto sobre Bienes Inmuebles posteriores (como la que constituye el acto enjuiciado en este proceso) la decisión anterior, adoptada por el tribunal competente para enjuiciar la gestión tributaria, por la que se anula una liquidación de dicho impuesto por defectos formales de la Ponencia Valores. Tal decisión no impide que el órgano judicial competente para enjuiciar esa misma Ponencia de Valores determine en el recurso dirigido frente a la misma con plena cognición- si ésta es o no conforme a Derecho, incluida, lógicamente, la concurrencia o no de aquellos defectos formales. No es posible anular la liquidación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles por defectos de la Ponencia de Valores constatados en procesos referidos a otros contribuyentes- cuando, como sucede en el caso analizado, la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha declarado ajustada a derecho dicha ponencia en sentencia firme.
Resumen: La Sala estima el recurso y el contencioso- administrativo. Atendiendo al cómputo del término inicial del plazo y la fecha de publicación de la sentencia que declaró la inconstitucionalidad de la norma foral, ha de entenderse que la reclamación recurrente cumple también el requisito temporal establecido en el referido art. 34.1, párrafo segundo, por lo que procede estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra el acuerdo del Consejo de Gobierno Foral de la Diputación Foral de Guipúzcoa de 3 de octubre de 2017 [de 5 de septiembre de 2017 en este recurso 1750/2019] que desestimó reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado Legislador por la anulación del art. 30.2 de la Norma Foral 10/2006, de 29 de diciembre por sentencia del Tribunal Constitucional 203/2016 de 1 de diciembre, que se anula por ser contrario al ordenamiento jurídico, y declarar el derecho del recurrente a la indemnización, en tal concepto de responsabilidad patrimonial del Estado legislador.
Resumen: La Sala analiza la legalidad de la resolución del Ministerio de Educación por la cual se acordaba el reintegro de la beca por estudios en su día concedida a la actora. Dicho reintegro se justificaba en el hecho de que la alumna se había dado de baja en el curso académico para el cual se concedió la ayuda antes de su finalización. La sentencia analiza las normas de la convocatoria, a la que recuerda se encuentra vinculada tanto la Administración concedente como los solicitantes, y advierte que, en efecto, dicha convocatoria preveía como motivo de reintegro el que no se hubiera destinado la beca a la finalidad para la que le fue concedida, supuesto al que asimilaba de manera explícita el "Haber causado baja de hecho en el centro, antes de final del curso 2016-2017". Constatada la realidad de esa circunstancia con la prueba obrante en el expediente, desestima el recurso y confirma el acuerdo de reintegro. Además, se pronuncia sobre la forma de notificación del acuerdo de inicio del expediente de reintegro, que entiende también ajustada a las normas de convocatoria.
Resumen: La Sala estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por una entidad mercantil contra el acuerdo del Consejo de Ministros que desestimó su solicitud de indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado-legislador, con sustento en la STC nº 59/2017, de 11 de mayo, en relación con el Impuesto sobe el Incremento de Valor de los Terrenos de naturaleza urbana. Precisa que la cuestión objeto de debate se ciñe a decidir si la recurrente ha acreditado, en el modo o con la fuerza o suficiencia que a ella corresponde, la inexistencia de incremento de valor de aquellos terrenos entre la fecha de adquisición y la de enajenación, por lo que recuerda la jurisprudencia de la Sala sobre la distribución de la carga de la prueba en esta materia, trayendo a colación la STS 9/12/20, RC 6386/17. Tras exponer y valorar los argumentos de la demanda y la contestación, concluye que la reclamante y ahora recurrente aportó y aporta medios de prueba indiciariamente más que suficientes para no tener por cierto el incremento del valor del suelo objeto del litigio entre las fechas de compra y posterior venta, y para trasladar a la Administración, por tanto, la carga de desvirtuar lo que de ellos se desprende, lo que considera que no ha efectuado .
