Resumen: Impuesto sobre Sociedades.- Base imponible.- Gastos deducibles.- Los intereses de demora e intereses suspensivos son gastos deducibles en el Impuesto sobre Sociedades. Suscita la misma cuestión con interés casacional que la que ha sido admitido por autos de 16 de enero de 2019 (RCA 3071/2019; ECLI:ES:TS:2020:231A), 14 de febrero de 2020 (RCA/5094/2019; ECLI:ES:TS:2020:1452A) y 28 de mayo de 2020 (RCA/463/2020; ECLI:ES:TS:2020:3350 y RCA/558/2020; ECLI:ES:TS:2020:3333A).Además, el planteamiento de la parte recurrente ha sido acogido en la sentencia de la Sección Segunda de esta Sala Tercera del Tribunal Supremo de 8 de febrero de 2021 (RCA/3071/2019).
Resumen: Impuesto sobre Sociedades. - Base imponible. - Gastos deducibles. - Los intereses de demora e intereses suspensivos son gastos deducibles en el Impuesto sobre Sociedades.Suscita la misma cuestión con interés casacional que la que ha sido admitido por autos de 16 de enero de 2019 (RCA 3071/2019; ECLI:ES:TS: 2020:231A), 14 de febrero de 2020 (RCA/5094/2019; ECLI:ES:TS:2020:1452A) y 28 de mayo de 2020 (RCA/463/2020; ECLI:ES:TS:2020:3350 y RCA/558/2020; ECLI:ES:TS:2020:3333A).Además, el planteamiento de la parte recurrente ha sido acogido en la sentencia de la Sección Segunda de esta Sala Tercera del Tribunal Supremo de 8 de febrero de 2021 (RCA/3071/2019).
Resumen: Impuesto sobre Sucesiones. Base imponible. Ajuar doméstico. Determinar si, al cuantificar la base imponible del Impuesto sobre Sucesiones, en la base de cálculo del ajuar doméstico deben incluirse los bienes que se transmiten mediante legado.
Resumen: La Sala da respuesta a la cuestión de interés casacional recordando que la misma ha sido ya objeto de examen en varias sentencias de este Tribunal: con independencia de pronunciamientos anteriores -como los contenidos en la STS 911/2018, de 4 de junio (RC 1721/2017), y las que le siguieron-, más recientemente la doctrina de la Sala ha sido reiterada, entre otras, en las SSTS 404/20, de 14 de mayo (RC 8079/18), 417/20, de 14 de mayo (RC 2297/19), 544/20, de 25 de mayo (RC 2400/18) y 873/20, de 24 de junio (RC 1436/19); e, igualmente en las SSTS 25/21, de 19 de enero (RC 5757/17), 34/21, de 21 de enero (RC 6691/17), 35/21, también de 21 de enero (RC 7153/18) ó 91/21, de 28 de enero (RC 3770/18), entre otras muchas. Teniendo en cuenta tales precedentes, concluye nuevamente que: las transmisiones de activos que han de devengar los honorarios arancelarios registrales liquidados a que se refieren las resoluciones aquí revisadas, no pueden entenderse integradas en un proceso de saneamiento y reestructuración de entidades financieras, a las que se refiere la DA 2ª de la Ley de 2012, por lo que la liquidación de los derechos arancelarios debe realizarse conforme a la regla general establecida en el Reglamento Hipotecario.
Resumen: A efectos del impuesto sobre sociedades, en supuestos de rendimientos por arrendamiento de inmuebles, conforme al art. 17.3 TRLIS (vigente artículo 19.3 LIS), se precisa para su aplicación -como presupuesto de hecho para que el perceptor pueda deducir de la cuota la cantidad que debió ser retenida- la existencia de un flujo monetario, esto es el pago del alquiler por el arrendatario.
Resumen: A efectos del impuesto sobre sociedades, en supuestos de rendimientos por arrendamiento de inmuebles, conforme al art. 17.3 TRLIS (vigente artículo 19.3 LIS), se precisa para su aplicación -como presupuesto de hecho- la existencia de un flujo monetario, esto es el pago del alquiler por el arrendatario.
Resumen: La Sala desestima el recurso. La interpretación que, en respuesta a la cuestión planteada en el auto de admisión, ha de fijarse en relación con el art. 67.1, párrafo segundo, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, es que el plazo de prescripción establecido en dicho precepto para las reclamaciones de responsabilidad patrimonial derivadas de la anulación por sentencia firme de una disposición de carácter general, de un año desde la notificación de la sentencia definitiva, no ha de considerarse interrumpido, o no iniciado, por la pendencia de un recurso de amparo interpuesto por el reclamante contra la sentencia desestimatoria de una previa solicitud de revisión de oficio de un acto de aplicación de la disposición anulada. Con arreglo a la interpretación que defendemos el recurso de casación ha de ser desestimado y confirmada la sentencia recurrida, porque la acción de responsabilidad estaba prescrita cuando fue ejercida por el recurrente. En efecto, la publicación de la sentencia que declaró la nulidad del art. 26.2 de la Norma Foral 8/1998 tuvo lugar en el Boletín Oficial de Gipuzkoa de 3 de febrero de 2015, de modo que el cómputo del plazo de un año para reclamar la responsabilidad patrimonial se iniciaba al día siguiente y expiraba el 3 de febrero de 2016.
Resumen: La Sala da respuesta a la cuestión de interés casacional recordando que la interpretación y alcance de la DA 2ª de la Ley de 2012 se ha establecido en varias SSTS, desde las iniciales de 4/6/18 (rec. 1721/17) y 18/6/18 (rec. 1786/17), que se sintetizan en la de 14/5/20 (rec. 8079/18). Dicha DA 2ª responde a la moderación de los aranceles notariales y registrales que son de aplicación en los supuestos de traspasos de activos financieros o inmobiliarios como consecuencia de operaciones de saneamiento y reestructuración de entidades financieras, que se regulan en dicha Ley, de forma que esa DA no contiene una modificación de carácter general y permanente del RD 1427/89, que aprueba el Arancel de los registradores, sino únicamente la moderación en la aplicación del arancel establecido cuando responda a operaciones de saneamiento y reestructuración de entidades financieras, efectuadas al amparo de la Ley 8/12, no resultando procedente extender la aplicación de la referida norma a cualquier operación de reestructuración de entidades financieras. Concluye que las transmisiones de activos que han de devengar los honorarios arancelarios registrales liquidados a que se refieren las resoluciones aquí revisadas, no pueden entenderse integradas en un proceso de saneamiento y reestructuración de entidades financieras, a las que se refiere la DA 2ª de la Ley de 2012, por lo que la liquidación de los derechos arancelarios debe realizarse conforme a la regla general establecida en el RH.
Resumen: Dilucidar si en los casos de abono de rendimientos en especie del artículo 25.1.d) LIPRPF entre partes vinculadas, se debe aplicar la normativa del impuesto de sociedades a partir del artículo 41 LIRPF con la consiguiente tramitación del procedimiento de valoración de las operaciones vinculadas y aplicación de los métodos de valoración regulados en la normativa del impuesto de sociedades, o, por el contrario, puede acudirse al artículo 43 LIRPF para valorarlos por su valor normal en el mercado, y, en caso afirmativo, en qué supuestos. Plantea idénticas cuestiones que el RCA/4769/2020 interpuesto por el marido de la recurrente.
Resumen: Intereses de demora. Mecanismos de reembolso de las cantidades satisfechas indebidamente, regulados en los artículos 31 y 32 Ley General Tributaria. Devolución de ingresos indebidos y devolución derivada de la normativa del tributo. La cantidad cuya devolución se acuerda como consecuencia de una regularización con origen en unas actuaciones inspectoras en las que se reconoce una deducción no aplicada por el contribuyente, devenga intereses de demora desde la fecha del ingreso, dado que nos encontramos con una devolución de un ingreso indebido. Solicitud de que se devenguen nuevos intereses de demora sobre los intereses de demora una vez reconocidos y hasta la fecha de su pago. No resulta procedente toda vez que el reconocimiento que hace líquida, vencida y exigible la deuda y de la que arranca el deber de cumplimiento por la Administración tributaria, susceptible de fiscalización en vía de ejecución judicial, es esta sentencia, por lo que no hay, en tales condiciones, ni deuda vencida, líquida y exigible con anterioridad, ni mora de la Administración.
