Resumen: Exigencia a la sociedad que fue dominante de un grupo de entidades ya extinguido del pago de la deuda tributaria de una sociedad dominada declarada en concurso. Procedencia cuando esa sociedad dominada concursada se encontraba ya excluida del citado grupo por la situación de concurso. Innecesaria tramitación de un procedimiento que la declare responsable.
Resumen: Anulación por sentencia judicial firme de una liquidación obtenida tras un procedimiento de comprobación de valores. Orden de retroacción de actuaciones para que se reinicie la tramitación de la tasación pericial contradictoria. Tramitación conforme a lo dispuesto por el órgano judicial en cumplimiento de la sentencia. En ausencia de disposición al efecto, aplicación de los artículos 135 de la LGT y 161 y ss del Real Decreto 1065/2007. Plazo de seis meses para la terminación del procedimiento. Suspensión del procedimiento principal por la promoción de la tasación pericial contradictoria. El transcurso del plazo de seis meses sin la finalización de la tasación comporta el levantamiento de la suspensión.
Resumen: Sostiene la Sala que el litigio suscitado es sustancialmente igual a otros ya resueltos por esta misma Sala y Sección. Así, en los recursos de casación 7153/2018, 58/2020, 111/2020 y 201/2020, entre otros, se dictaron sentencias en las que afirmaba que el negocio jurídico de fusión entre la "Caja de Ahorros de San Fernando de Sevilla y Jerez" con la entidad "Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Huelva y Sevilla", dando origen a la entidad "Monte de Piedad y Caja de Ahorros San Fernando de Huelva, Jerez y Sevilla", no fue uno de saneamiento y reestructuración, con la consecuencia de no ser aplicable a la transmisión operada en virtud del mismo el régimen jurídico arancelario establecido en la Disposición adicional segunda de la Ley 8/2012 y sí el previsto con carácter general en el Reglamento Hipotecario, en particular en su art. 611, y en las normas del Real Decreto 1427/1989, de 17 de noviembre, que aprueba los Aranceles de los Registradores de la Propiedad. Régimen, este segundo, al que se sujetó, precisamente, la minuta girada por la Registradora de la Propiedad recurrente. Por ello, en aquellas sentencias, al igual que en este, se estimaron recursos de casación que eran sustancialmente iguales al presente.
Resumen: Anulación de la resolución por la que se imputa a las empresas sancionadas la conducta infractora de concurrencia en forma de unión temporal de empresas (UTE) a determinados lotes del concurso convocado por el Servicio Catalán de la Salud para la contratación de servicios de prestación de rehabilitación física y de logopedia en la modalidad ambulatoria y domiciliaria, causando con ello el reparto del mercado en el ámbito de la licitación. Interpretación de los artículos 1.3 de la Ley de Defensa de la competencia y 101.3 TFUE para determinar en que condiciones resulta aplicable la excepción contenida en los mismos, que exime de la prohibición del art.101.1 TFUE, en relación con los acuerdos de cooperación horizontal, y concretamente, con la creación de UTEs para participar en licitaciones de concursos públicos. Necesidad del cumplimiento de los cuatro requisitos del art.81 CE y carga de la prueba sobre quién invoca la exención. Distinción entre infracciones por objeto e infracciones por efecto. Innecesaridad de considerar los efectos para apreciar si un acuerdo está prohibido cuando su objeto es impedir, restringir o falsear el juego de la competencia. Examen del acuerdo a la luz de las alegaciones de hecho y de las pruebas aportadas en el marco de la petición de la exención. Inexistencia de efectos jurídicos vinculantes para los órganos jurisdiccionales y las autoridades nacionales de las Directrices y de las Comunicaciones de la Comisión en materia de Derecho Europeo.
Resumen: Consolidación de la jurisprudencia relativa a que la distinción entre los conceptos de infracciones por objeto e infracciones por efecto en el ámbito del Derecho de la Competencia se fundamenta en el hecho de que determinadas formas de colusión entre empresas pueden considerarse perjudiciales para el buen funcionamiento del juego normal de la competencia, siendo clave para determinar la existencia de una infracción por objeto que el acuerdo en cuestión tenga por objeto o efecto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia dentro del mercado común, procediendo la revisión para determinar la misma tanto del propio objeto del acuerdo como, en caso de no ser este suficientemente revelador de la nocividad, los efectos del mismo. Innecesariedad, determinada la existencia de una infracción por objeto, de establecer los efectos negativos de la conducta infractora en el mercado. Efectos de las Directrices y Comunicaciones de la Comisión en materia de Derecho Europeo de la Competencia: inexistencia de efectos jurídicos vínculantes para los órganos jurisdiccionales y las autoridades nacionales, si bien resultan instrumentos útiles de interpretación. Requisitos para que opere la excepción prevista en el artículo 101.3 TFUE que exime de la prohibición establecida en el artículo 101.1 del mismo texto legal, carga de la prueba sobre quien invoca la excepción.
Resumen: Este recurso de casación es sustancialmente idéntico a otros varios que, con las mismas partes recurrentes, han sido resueltos en sentido favorable a la estimación de los recursos de la entidad que gestiona en lo pertinente el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), por lo que la Sala se remite a lo ya razonado en las indicadas sentencias, en las que se dijo que carece de eficacia de cosa juzgada material respecto de liquidaciones del IBI posteriores la decisión anterior, adoptada por el tribunal competente para enjuiciar la gestión tributaria, por la que se anula una liquidación de dicho impuesto por defectos formales de la ponencia de valores. Tal decisión no impide que el órgano judicial competente para enjuiciar esa misma ponencia determine en el recurso dirigido frente a la misma -con plena cognición- si ésta es o no conforme a Derecho, incluida, lógicamente, la concurrencia o no de aquellos defectos formales. Por tanto, se estima el recurso de casación y se desestima el recurso contencioso-administrativo deducido en la instancia contra las liquidaciones del IBI, ejercicio 2017, giradas por el Ayuntamiento de El Campello, pues este municipio no estaba obligado -como sostiene el juez a quo- a considerar nula la ponencia de valores en los términos declarados -para otros contribuyentes- por la Sala de Valencia, habida cuenta que el órgano judicial competente para enjuiciar aquella ponencia la ha declarado -por sentencia firme- ajustada a Derecho.
Resumen: Fecha de referencia para determinar el régimen jurídico aplicable a la potestad de comprobación de la Administración sobre ejercicios prescritos: consideración de la fecha en que tuvieron lugar los actos, operaciones y circunstancias que se comprueban para determinar la legislación aplicable. Determinación de la fecha de prescripción e incidencia de que algunos de los negocios comprobados estén documentados en contratos privados.
Resumen: Las cuestiones casacionales objetivas que plantea el auto de admisión del presente recurso ya han sido resueltas por la sentencia de 11 de marzo de 2021 (RCA/5972/2019). La doctrina sentada en esta sentencia considera, con valor y alcance general, que la fecha de referencia para determinar el régimen jurídico aplicable a la potestad de comprobación de la Administración sobre ejercicios prescritos no es la de las actuaciones de comprobación o inspección, sino la fecha en que tuvieron lugar los actos, operaciones y circunstancias que se comprueban. De este modo, al resultar aplicable la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, la Administración no puede comprobar los actos, operaciones y circunstancias que tuvieron lugar en ejercicios tributarios prescritos, anteriores a la entrada en vigor de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, con la finalidad de extender sus efectos a ejercicios no prescritos.
Resumen: La cantidad que se devuelve en virtud de la rectificación de una autoliquidación - corolario de unas actuaciones inspectoras que finalización con la suscripción de un acto con acuerdo en el que se reconoce una deducción no aplicada por el contribuyente-, devenga intereses de demora desde el fin del plazo de presentación de la autoliquidación. Existencia de una devolución de un ingreso indebido
Resumen: Determinar si los consorcios tienen o no la consideración de entidad de derecho público de análogo carácter a los Organismos autónomos a efectos del reconocimiento de la exención en el Impuesto sobre Sociedades prevista en el artículo 9.1.b) del Texto Refundido del Impuesto sobre Sociedades.
