Resumen: Estimación de recurso contencioso-administrativo sobre deducción en Impuesto de Donaciones.
Se interpone un recurso contencioso-administrativo por la parte actora contra la resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Extremadura que desestimó una reclamación económica relacionada con el Impuesto de Donaciones. La parte actora argumenta que tiene derecho a una deducción por la donación de una vivienda que constituirá su primera residencia habitual, alegando que las propiedades que posee en Isla Cristina no han sido su vivienda habitual. La Administración, en defensa de la resolución impugnada, sostiene que la deducción no es aplicable ya que la recurrente es cotitular de otras viviendas, independientemente de su uso. El tribunal, tras analizar la normativa aplicable, concluye que la deducción debe ser reconocida, dado que la donación efectuada cumple con los requisitos establecidos y que las propiedades heredadas no constituyen la vivienda habitual de la recurrente. Por lo tanto, se estima el recurso, se anula la resolución impugnada y se reconoce el derecho a la deducción solicitada, con condena en costas a la parte demandada. El fallo concluye con la estimación del recurso contencioso-administrativo interpuesto y la anulación de la resolución del TEAREx. Contra esta sentencia cabe recurso de casación ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo.
Resumen: Los indicios en juicio inferencial lógico, serio, razonable, a la conclusión alcanzada por la Inspección: la relación de conocimiento o amistad entre el actor y el administrador de las sociedades destinatarias de las facturas de fato, es esposa del administrador e indicando que para la prestación de los servicios a las sociedades administradas por su marido, comparte medios con este; sin embargo la realidad es que al actor no se le conocen medios materiales ni la capacitación necesaria para facturar la cifra millonaria investigada; el régimen de tributación al que se halla indebidamente acogido el actor en sede de IRPF y de IVA, permite a aquél declarar cualquier ingreso sin mayores repercusiones fiscales, y sin obligación de ingresar IVA repercutido alguno; las sociedades destinatarias de las facturas cuentan con otros "colaboradores" en quienes se han detectado irregularidades coincidentes con las apreciadas en el actor, con impago de la mayor parte de las operaciones facturadas, y falta de cualquier prueba adicional a la prestación de los teóricos servicios a la simple factura, que no es medio privilegiado ni suficiente de prueba cuando es razonablemente cuestionada.
Resumen: La sentencia pone de manifiesto que se impugnó la Orden de liquidación del impuesto por considerarlo inconstitucional. Como que habiéndose planteado cuestión de inconstitucionalidad contra el impuesto, que fue resuelta mediante STC que lo declaró constitucional, debe decaer por dicha fundamentación la demanda.
Resumen: En los supuestos de usufructo hereditario, la fecha de la muerte del causante no perjudica la deuda tributaria que se generará años después, con motivo de la extinción del susodicho usufructo. Y no sin añadir que el dies a quo del cómputo de la prescripción en este ulterior estadio, habrá que situarlo en el momento en el que se consolida la plena propiedad del heredero; a saber: la fecha de extinción del usufructo.
Resumen: Declara la sentencia que el incidente de ejecución no puede irse más allá de lo resuelto por la sentencia de instancia, de ahí que el único beneficio concedido era el relativo al ejercicio 2020, habiéndose desestimado el recurso en cuanto al ejercicio de 2021, sin que se hubiera recurrido por la actora una hipotética denegación del beneficio para los ejercicios de 2022 y 2023.
Resumen: El objeto del recurso, a los efectos del interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia, se concreta en dos cuestiones que, en síntesis, son: (1) si a efectos de verificar la infracción de la libertad de capitales, cabe equiparar de forma subjetiva y directa a las aseguradoras no residentes que desarrollan, entre otras, la actividad de previsión social con los fondos de pensiones residentes; y (2) si dichas aseguradoras, cuando obtienen rentas de capital mobiliario, sin establecimiento permanente, por inversiones financieras en España, pueden aplicar la deducción de las provisiones técnicas al amparo del artículo 24.6 TRLIRNR. El Tribunal Supremo responde negativamente a la primera cuestión y, respecto de la segunda, se remite a la doctrina fijada en la STS de 17 de noviembre de 2025 (rec. 5786/2023) en virtud de la cual las aseguradoras sí pueden considerar, a los efectos de la deducibilidad de gastos prevista en el artículo 24.6 TRLIRNR, que los relativos a las provisiones técnicas (comparables con las previstas en el artículo 38 ROSSP y exclusivas de la actividad aseguradora) son fiscalmente deducibles para evitar una discriminación contraria a la libre circulación de capitales del artículo 63.1 TFUE, en tanto en cuanto ha de entenderse que dichos gastos están relacionados directamente con los rendimientos obtenidos en España y tienen un vínculo económico directo e indisociable con la actividad realizada en España. En aplicación de la jurisprudencia fijada, la sentencia declara haber lugar al recurso de casación interpuesto por la Administración General del Estado, casando y anulando la sentencia de la Audiencia Nacional y a continuación, actuando como tribunal de instancia, estima parcialmente el recurso contencioso-administrativo, rechazando que resulte de aplicación a los dividendos el tipo del 0% (por no ser comparable con los fondos de pensiones), pero admitiendo la deducibilidad de los gastos relativos a las provisiones técnicas.
Resumen: Declara la sentencia que la interpretación seguida por la Administración y posteriormente por el TEARC, consistente en anudar la comprobación de la existencia de grupo al momento de constitución de la entidad, carece de cobertura legal, contradice la finalidad del artículo 29.1 LIS, se aparta del criterio mantenido con anterioridad por el propio TEAR de Cataluña y resulta incompatible tanto con la referida resolución del TEAC como con la doctrina administrativa derivada de la consulta V2203-23. Por todo ello, procede concluir que la entidad Banner sí reúne la condición de entidad de nueva creación en los términos del artículo 29.1 de la LIS, debiendo reconocerse su derecho a aplicar el tipo reducido del 15 % en los ejercicios 2019 y 2020, y, en consecuencia, debe anularse el acuerdo impugnado por resultar disconforme a Derecho.
Resumen: IVA; falta de acreditación de la fecha de entrada de un inmueble como bien de inversión. El tribunal, con la Administración, valoró como prueba insuficiente las facturas de consumo de agua al referirse a periodos anteriores a la adquisición de este. Unido a que en la base de datos de la AEAT constaba que el inmueble fue arrendado a un tercero.
Resumen: Se interpone recurso de casación frente a sentencia estimatoria de la Audiencia Nacional. La Sala reitera como doctrina que, las entidades aseguradoras residentes en otro Estado miembro de la Unión Europea que solo realicen en España inversiones de carácter financiero, por las que obtienen rendimientos de capital mobiliario sin establecimiento permanente, pueden considerar, a los efectos de la deducibilidad de gastos prevista en el artículo 24.6 TRLIRNR, que los relativos a las provisiones técnicas (comparables con las previstas en el artículo 38 ROSSP y exclusivas de la actividad aseguradora) son fiscalmente deducibles para evitar una discriminación contraria a la libre circulación de capitales del artículo 63.1 TFUE, en tanto en cuanto ha de entenderse que dichos gastos están relacionados directamente con los rendimientos obtenidos en España y tienen un vínculo económico directo e indisociable con la actividad realizada en España.
Resumen: El objeto del recurso de casación, en lo referente al interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia, consiste en determinar, en supuestos en los que han sido anuladas dos liquidaciones dictadas por la Administración respecto de un mismo concepto tributario, aunque por defectos diferentes, si es posible dictar una tercera liquidación tributaria en relación con el citado tributo en tanto no incurra la Administración en idéntico yerro. La sentencia, tras rechazar que la primera anulación de la liquidación procediera de un proceso de revisión de oficio a iniciativa de la Administración, da cuenta de que una cuestión esencialmente idéntica ha sido resuelta en las previas SSTS de 29 de septiembre de 2025 (rec. cas. 4123/2023) y de 17 de noviembre de 2025 (rec. 4015/2023) en las que se fijó como doctrina que "bajo ningún concepto y en ninguna circunstancia es lícito que la Administración pueda dictar un tercero y, menos aún, otros subsiguientes actos administrativos, aunque el segundo acto adoleciera de cualquier vicio, formal o material, con infracción del ordenamiento jurídico. Los principios generales de buena administración y el de buena fe, entre otros, se oponen a tal posibilidad, de manera absoluta. No es admisible conceder a la Administración una oportunidad indefinida de repetir actos administrativos de gravamen hasta que, al fin, acierte, en perjuicio de los ciudadanos". En aplicación de dicha doctrina, plenamente proyectable al caso, se declara haber lugar al recurso de casación, casando y anulando la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia y, en su lugar, se estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la obligada tributaria y se anulan los actos liquidatorios y de revisión impugnados.
