Resumen: La Sala mantiene que la impugnación indirecta no permite realizar denuncias de vicios de fundamentación adecuada puesto que en el presente caso, no se está hablando de una ausencia de memoria económica de la Ordenanza en sí, sino que se denuncia una ausencia genérica de justificación. Señala la Sala que es lícito discutir en procesos como el actual la ausencia y hasta la insuficiencia de la memoria. Ahora bien, una cuestión es la ausencia total de estudio económico-financiero o su insuficiencia por falta de algún elemento sustancial, y otra distinta pretender, como hace la contribuyente, rebatir la legalidad de la tasa en base a unos criterios técnico-financieros diferentes a los empleados en las memorias que soportan las ordenanzas. Por lo que las discrepancias genéricamente planteadas en la demanda sobre la elaboración de la Ordenanza no se pueden examinar por la presente vía de la impugnación indirecta, máxime cuando la clasificación es una reproducción de otras normas previas no impugnadas.
Resumen: La Sala entiende aplicable al caso la doctrina del TS sentada sobre los intereses de demora abonados por la Agencia Tributaria al efectuar una devolución de ingresos indebidos que declara no están sujetos al IRPF. La Sala concluye que la doctrina reseñada es aplicable al supuesto de autos porque lo relevante no es quién abona los intereses de demora, si la Administración o una entidad bancaria, sino su naturaleza y finalidad que es exactamente la misma; esto es, tienen naturaleza indemnizatoria y pretenden compensar al contribuyente la indisponibilidad de cantidades debidas, en este caso, como complemento de la acción de restitución de las prestaciones de las partes (Banco y la aquí recurrente).En consecuencia, no es conforme a derecho la liquidación practicada por la Administración, pues imputa al contribuyente los intereses percibidos del Banco como ganancia patrimonial, en los términos expuestos, por lo que debe de ser anulada.
Resumen: El actor insta la nulidad de pleno derecho de la sanción impuesta por vulnerar el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva consagrado en el artículo 24.1 de la Constitución Española y por haberse prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido ex artículo 217.1.e) de la LGT. Asiste la razón a la parte actora cuando pone de manifiesto que, contra el acuerdo sancionador, interpuso un recurso de reposición que fue tramitado y resuelto por el TEARM de forma acumulada con la reclamación económico- administrativa formulada contra la desestimación del recurso de reposición interpuesto contra el acuerdo de liquidación.Ahora bien, se trata de una actuación conforme a derecho pues, la nueva redacción del artículo 230 de la LGT es de aplicación a las reclamaciones y recursos interpuestos desde su entrada en vigor, que tuvo lugar el 12 de octubre de 2015, esto es, con anterioridad a la interposición del recurso de reposición contra el acuerdo sancionador de autos. Por consiguiente, la acumulación del recurso de reposición con la reclamación económico-administrativa interpuesta contra el acuerdo de liquidación (confirmado en reposición) del que deriva el acuerdo sancionador es conforme a derecho, lo que conlleva la desestimación de las alegaciones del recurrente.
Resumen: El devengo del Impuesto sobre el Valor Añadido por los servicios prestados por los administradores concursales se produce al finalizar cada una de las fases del proceso concursal.
Resumen: A los efectos de valorar el fondo de comercio generado en una operación de fusión por absorción de entidades, el artículo 89.3 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades no permite, en la determinación de la cantidad objeto de deducción fiscal resultante de tal operación, tener en cuenta el porcentaje de participación que poseían otras entidades absorbidas por la obligada tributaria adquirente sobre la entidad de la que procedía el fondo de comercio adquirido, cuando las operaciones de absorción se hicieran en unidad de acto.
Resumen: Para acreditar la residencia habitual del adquirente, a los efectos de aplicar la exención por exportación de bienes en régimen de viajeros prevista en el artículo 147.7 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006 y 21.2º.A de la Ley 37/1992, del Impuesto sobre el Valor Añadido, no basta con la aportación del pasaporte, tal y como contempla el artículo 9.2º.B.b) del Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, que aprueba el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, cuando en el mismo no conste la residencia habitual o domicilio del receptor de las entregas de bienes, siendo preciso en este caso, adicionalmente, presentar otros medios de prueba que acrediten la residencia habitual del viajero. En todo caso, corresponde al vendedor o proveedor de las mercancías, sujeto pasivo del IVA, verificar si el documento presentado por el viajero para poder disfrutar de la exención contiene el dato de la residencia habitual o domicilio del viajero, pudiendo, en su caso, ser dicho documento, el pasaporte, el documento de identidad o cualquier otro medio de prueba admitido en derecho.
Resumen: Se reitera la doctrina jurisprudencial fijada en la STS de 12 de mayo de 2021 (rec. 6913/2019). La comercialización de la energía eléctrica, antes de la adición del Epígrafe 151.6 por la Ley de Presupuestos para el 2021, debía encuadrarse conforme a las reglas de la instrucción contenida en el anexo II del Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueban las tarifas y la instrucción del Impuesto sobre Actividades Económicas, en el epígrafe 151.5.
Resumen: a) En el ámbito del IIVTNU, la solicitud de devolución de ingresos indebidos derivados de liquidaciones firmes como consecuencia de la declaración de inconstitucionalidad contenida en la STC 59/2017, de 11 de mayo, debe efectuarse por los cauces establecidos en el Capítulo II del Título V LGT. b) La declaración de inconstitucionalidad de los artículos 107.1 y 107.2 a) TRLHL en la medida en que (pueden) someter a tributación situaciones inexpresivas de capacidad económica y del artículo 110.4 del mismo texto legal no determina que las liquidaciones firmes del IIVTNU giradas con anterioridad y que hayan ganado firmeza en vía administrativa incurran en los supuestos de nulidad de pleno derecho previstos en las letras a ), e) f) y g) del artículo 217.1 de la vigente Ley General Tributaria , pues aquellos actos tributarios. (i) no han lesionado derechos fundamentales susceptibles de amparo constitucional, toda vez que el artículo 31.1 de la Constitución (capacidad económica) -único que ha sido tenido en cuenta por el juez a quo para estimar el recurso y que ha provocado el debate procesal en esta casación- no es un derecho fundamental de esa naturaleza; (ii) no han prescindido por completo del procedimiento legalmente establecido; (iii) no han provocado que el solicitante adquiera facultades o derechos careciendo de los requisitos esenciales para esa adquisición y (iv)no cabe identificar una norma con rango de ley que así establezca dicha nulidad radical
Resumen: Derechos Fundamentales. Alcance de la responsabilidad conjunta y solidaria de los miembros de la unidad familiar en la tributación conjunta del IRPF, y si la declaración de responsabilidad conjunta y solidaria de los menores de edad sin rentas es o no contraria al artículo 14 CE.
Resumen: La controversia se circunscribe a los efectos de la condición de no residente de la contribuyente en relación con la devolución de las retenciones indebidamente soportadas en el ámbito del IRPF, pues la Administración desestima su petición y la remite a la presentación del Modelo 210 en el ámbito del Impuesto sobre la Renta de No Residentes. La Administración reconoce la condición de no residente de la interesada a quien, no obstante, remite a la presentación del Modelo 210 a los efectos de liquidar el Impuesto sobre la Renta de no Residentes y obtener así la devolución de las cantidades indebidamente soportadas a cuenta del IRPF. La Sala señala que carece de toda lógica que para obtener la devolución de las retenciones indebidamente soportadas a cuenta del IRPF, la AEAT remita a la contribuyente a la presentación del Modelo para la declaración de rentas de no residentes, máxime cuando consta que la devolución se ha hecho directamente efectiva en casos análogos de otros obligados tributarios lo que, sin duda, conculca el principio de igualdad. Y concluye la Sala que la Administración debió aplicar el principio de regularización íntegra y proceder a la devolución de las cantidades indebidamente soportadas sin remitir a la contribuyente a la presentación de otra declaración en un impuesto diferente, lo que le provoca indefensión.
