Resumen: Impuesto sobre Bienes Inmueble (IBI).- Exención prevista para fundaciones en el artículo 15.1 de la Ley 49/2002.- Ejercicio en el que debe apreciarse tal exención: en el de constitución de la fundación o bien en el siguiente, toda vez que a fecha de devengo del IBI no se encontraba aún constituida tal fundación.
Resumen: La Sala estima el recurso y el contencioso- administrativo. Atendiendo al cómputo del término inicial del plazo y la fecha de publicación de la sentencia que declaró la inconstitucionalidad de la norma foral, ha de entenderse que la reclamación recurrente cumple también el requisito temporal establecido en el referido art. 34.1, párrafo segundo, por lo que procede estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra el acuerdo del Consejo de Gobierno Foral de la Diputación Foral de Guipúzcoa de 3 de octubre de 2017 [de 5 de septiembre de 2017 en este recurso 1750/2019] que desestimó reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado Legislador por la anulación del art. 30.2 de la Norma Foral 10/2006, de 29 de diciembre por sentencia del Tribunal Constitucional 203/2016 de 1 de diciembre, que se anula por ser contrario al ordenamiento jurídico, y declarar el derecho del recurrente a la indemnización, en tal concepto de responsabilidad patrimonial del Estado legislador.
Resumen: La cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en determinar cuál debe ser el nuevo valor catastral a fijar por la Administración cuando se acredita que el fijado es superior al valor de mercado: si ha de aplicarse el coeficiente corrector del 0,5 al valor de mercado acreditado, o si el valor catastral debe coincidir con el valor de mercado, sin reducción alguna. Se identifican como normas que serán objeto de interpretación los artículos 23 y 24 del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario (Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo), y el Anexo I del Real Decreto 1020/1993, de 25 de junio, por el que se aprueban las Normas Técnicas de Valoración y el Cuadro Macro de Valores del Suelo y de las Construcciones para determinar el Valor Catastral de los Bienes Inmuebles de naturaleza urbana, en relación con la Orden de 14 de octubre de 1998, sobre aprobación del módulo de valor M y del coeficiente RM y sobre modificación de Ponencias de valores. Se aprecia la concurrencia de la presunción de interés casacional objetivo prevista en el art. 88.3.a) LJCA, así como del supuesto del art.88.2,c) LJCA.
Resumen: La Sala desestima el recurso. La similitud que se pretende por la Diputación recurrente entre el artículo 32.4 de la LSP ---requiriendo haber obtenido, previamente, una "sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño"-- no resulta de aplicación a los supuestos de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas, derivada de la anulación de una norma reglamentaria (prevista en el artículo 67), debiendo insistirse en que lo determinante de la responsabilidad patrimonial prevista en el artículo 67.1, párrafo segundo, es la anulación de un acto o disposición de carácter general; y nada más. Por ello, si el recurrente ha formulado una acción de nulidad frente a la Administración tributaria y todavía pende ---en relación con la desestimación de la misma--- un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, no puede iniciarse el cómputo correspondiente a la exigencia de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas hasta la conclusión y resolución del citado recurso de casación, pues la finalidad de este es comprobar la legalidad de la doctrina establecida por la sentencia de instancia ---en los términos expresados--- y en la que, a través de la acción de nulidad (revisión de oficio), se comprobaba, a su vez, la legalidad de la liquidación en su día practicada; liquidación que se fundaba en una norma foral sobre cuya legalidad podían existir dudas, como luego se confirmaría.
Resumen: La Sala da respuesta a la cuestión de interés casacional suscitada en el auto de admisión, reproduciendo la STS de 14/5/20 (RC 8079/18), que sintetiza la doctrina fijada en varias sentencias, desde las iniciales SSTS de 4/6/18 (RC 1721/17) y 18/6/18 (RC 1786/17), relativas a la interpretación y alcance de la DA 2ª del RDL 18/12, reproducida en la Ley 8/12. Así, insiste, entre otras cuestiones, en que "la aplicación de la moderación los aranceles notariales y registrales prevista en la disposición adicional segunda se limita y anuda a los supuestos de traspasos de activos financieros o inmobiliarios como consecuencia de operaciones de saneamiento y reestructuración de entidades financieras, en el marco de la referida Ley, sin que se prevea la extensión a otros supuestos de reestructuración ajenos a la consecución de los objetivos previstos legalmente". Concluye, por tanto, que las transmisiones de activos que han de devengar los honorarios arancelarios registrales liquidados a que se refieren las resoluciones aquí revisadas, no pueden entenderse integradas en un proceso de saneamiento y reestructuración de entidades financieras, a las que se refiere la DA 2ª de la Ley de 2012, por lo que la liquidación de los derechos arancelarios debe realizarse conforme a la regla general establecida en el Reglamento Hipotecario.
Resumen: Procedimiento sancionador. Determinar si para iniciar un procedimiento sancionador se ha de esperar a practicar la liquidación que origina la infracción tributaria a que da lugar la incoación de dicho procedimiento o, por el contrario, resulta posible su iniciación con anterioridad a que se notifique la liquidación. Asunto semejante a RCA 1993/2019, admitido por auto de 9 de julio de 2019, RCA 2004/2019 admitido por autos de 16 de julio de 2019.
Resumen: La sala declara que los artículos 20.Uno.19º de la LIVA, con relación al artículo 3 del Real Decreto-Ley 16/1977, de 25 de febrero, por el que se regulan los aspectos penales, administrativos y fiscales de los juegos de suerte, envite o azar y apuestas, y a los artículos 14 y 17.4 (actual artículo 17.5 de la LGT) deben interpretarse, en el contexto descrito en este recurso, de la siguiente manera: con independencia de la calificación del contrato entre un empresario titular de un establecimiento hostelero y un empresario titular de máquinas recreativas tipo "B", el titular de máquinas recreativas tipo "B" realiza, por un lado, la actividad económica de juego, sujeta a IVA pero exenta por aplicación del artículo 20.Uno.19º de la LIVA y el titular del establecimiento hostelero realiza, por otro lado, una prestación de servicios sujeta a IVA (art. 4 y 11 LIVA), que junto a otras obligaciones anejas, consiste principalmente en la puesta a disposición de un espacio para la instalación de las máquinas a cambio de una contraprestación con independencia de que la retribución que perciba pueda variar en función de la recaudación que se obtenga de la máquina, prestación que no puede considerarse exenta al amparo del artículo 20.Uno.19º de la LIVA.
Resumen: Las pérdidas patrimoniales derivadas del aumento de la deuda pendiente de un préstamo hipotecario formalizado en yenes, provocado por la fluctuación del tipo de cambio yen / euro, deberían integrarse en la base imponible general del IRPF, pero no en la renta del ahorro, pues no derivan de "transmisión" de ningún elemento patrimonial, sino de la mera fluctuación del tipo de cambio y en euro. Con cada amortización o reembolso del capital del préstamo, se producen pérdidas patrimoniales derivadas del aumento de la deuda pendiente de un préstamo hipotecario formalizado en yenes, provocado por la fluctuación del tipo de cambio yen/euro. Al no derivar de transmisión de elemento patrimonial alguno, dichas pérdidas deben integrarse en la base imponible general.
Resumen: Ha lugar al recurso de casación interpuesto por el Abogado del Estado contra sentencia que anuló la resolución del Delegado del Gobierno en las Sociedades Concesionarias de Autopistas de Peaje, por la que se emite la censura previa de cuentas de Iberpistas correspondiente al ejercicio 2014. Según lo pactado se reconocía un derecho a la compensación derivado de la exigencia de mantener el equilibrio financiero de la concesión, pero si la compensación prevista no coincidiese con la que correspondería, es cuando entran en juego sus previsiones referidas a las variaciones de flujo de caja, cuyo resultado ya fuese positivo o negativo, quedaba expresamente diferido al momento en que finalizase el plazo concesional. Por vía contable no puede convertirse el saldo anual en un derecho incondicional al cobro de una cantidad concreta, determinada, luego garantizada, pues cuál sea esa cantidad compensatoria queda diferida al momento de finalizar el plazo concesional, pues hasta que no finalice el plazo pactado, no se sabrá cuál será el resultado de la capitalización.
Resumen: Impuesto sobre Sociedades. Determinar, interpretando el artículo 119.3 LGT, si es posible aplicar el mecanismo de compensación de bases imponibles negativas cuando la autoliquidación se presenta extemporáneamente. Plantea idénticas cuestiones que el auto de 13 de noviembre de 2020 (RCA/4300/2020; ECLI:ES:TS:2020:10623A) y que el RCA/4006/2020.
