• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO
  • Nº Recurso: 3724/2018
  • Fecha: 23/02/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se plantea ante la Sala IV si la extinción del contrato de trabajo, de personal indefinido no fijo, puede considerarse un despido improcedente o nulo y si le corresponde percibir, en todo caso, una indemnización de 20 días de su salario por año de servicio. Respecto a la validez del cese, se declara la inexistencia de contradicción al ser diferentes los supuestos de hecho de las sentencias comparadas. Seguidamente señala que demanda por despido implica reclamación de las consecuencias patrimoniales inherentes al cese impugnado. En cuanto a la 2ª cuestión se reitera que la valida extinción de la relación laboral indefinida no fija, cese por cobertura reglamentaria de la plaza, genera una indemnización de 20 días de salario por año de servicio y ello en atención a la especial naturaleza de este tipo de relación laboral que trae causa de la irregular contratación temporal del trabajador en fraude de ley, y en analogía con la indemnización prevista para la extinción de los contratos de trabajo por causas objetivas.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL
  • Nº Recurso: 1009/2018
  • Fecha: 23/02/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El juzgado desestimó la demanda frente a la Xunta de Galicia y declaró extinguida correctamente la relación laboral y el derecho al percibo de indemnización de 20 días de salario por año de servicio. A la trabajadora le fue reconocida por sentencia en 2009 la condición de TINF con antigüedad anterior, en ejecución de sentencia se le asignó un puesto de funcionario en septiembre de 2010, se extingue el contrato de trabajo por la adjudicación de la plaza que ésta ocupaba, tras concurso, al funcionario que la obtuvo. El TSJ estimó parcialmente los dos recursos declaró el cese válido e incrementa el importe de la indemnización de 20 días de salario. En rcud. se cuestiona si el cese por cobertura de la plaza es un despido improcedente o nulo por ser TINF adscrita a plaza de funcionario. La nulidad se apoya en la represalia porque la trabajadora presentó reclamación contra la Xunta aún pendiente de resolverse. El TS estima en parte el recurso y declara que el cese es un despido improcedente y deben aplicarse las consecuencias del art. 56 ET porque declarada INF se le asigna plaza de funcionario readscribiéndole a un puesto de trabajo que es sacado a concurso, aplica su doctrina de ceses de INF en plaza funcionarial por amortizarse la misma y que considera se trata de despido por la indebida adscripción de la actora, no hay causa lícita de extinción del art. 49 b) ET, con cita STS 1053/2016 (rcud. 2059/2015). Por falta de aportación de sentencia contradictoria no resuelve la nulidad
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA
  • Nº Recurso: 3887/2019
  • Fecha: 23/02/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La cuestión que se plantea en la sentencia anotada se ciñe a resolver si puede calificarse de nulo por discriminatorio, por razón de discapacidad, el despido de un trabajador, realizado al amparo del artículo 52.d) ET, en el supuesto en que dicho trabajador tenga reconocida la condición de discapacitado, las ausencias obedezcan a IT derivada de su discapacidad y la empresa desconozca la situación de discapacidad del trabajador. La sentencia recurrida declaró la nulidad del despido derivado de la aplicación por el empresario del art. 52.d. del ET [hoy derogado por el RD-L 4/2020], que ocasiona una desventaja a los trabajadores con discapacidad respecto de otros trabajadores en los que no concurre esa condición. Pero, interpuesto recurso de casación unificadora, el TS no entra en el fondo del asunto al no concurrir la necesaria contradicción entre las sentencias enfrentadas dentro del recurso, entre otros extremos, porque en la recurrida el actor tiene reconocido un grado de discapacidad del 37%, dato inédito en la referencial. Tampoco existe identidad en las bajas de IT habidas en cada caso
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: IGNACIO GARCIA-PERROTE ESCARTIN
  • Nº Recurso: 3882/2018
  • Fecha: 23/02/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala Cuarta reitera con esta sentencia que la extinción de forma regular del contrato de interinidad, tras las sentencias del TJUE de 5 de junio de 2018 (C-677/16, Montero Mateos) y de 21 de noviembre de 2018 (C-619/17, de Diego Porras II), no lleva aparejada el abono de la indemnización de veinte días de salario por año de servicio prevista en el artículo 53.1 b) ET, ni la aplicación de la doctrina de la STJUE de 14 de septiembre de 2016 (C-596/14, de Diego Porras I), rectificada por las sentencias del TJUE antes citadas. Remite en este sentido, por todas y entre muchas, a las SSTS, Sala de lo Social, 13 de marzo de 2019 (Pleno, rec. 3970/2016); 8 de mayo de 2019 (rec. 3921/2017 y rec. 544/2018); 9 de mayo de 2019 (rec. 288/2018, rec.318/2018 y rec.1154/2018); 12 de junio de 2019 (rec. 314/2018); 12 de mayo de 2020 (rec. 207/2018); 2 de marzo de 2021 (rec. 3660/2018); y 3 de marzo de 2021 (rec. 2397/2018).
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: RICARDO BODAS MARTIN
  • Nº Recurso: 3259/2020
  • Fecha: 23/02/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se cuestiona si la sentencia recurrida ha incurrido en incongruencia omisiva y si basta, para validar la extinción por ineptitud sobrevenida, el informe emitido por un servicio de prevención ajeno. El INSS dictó resolución por la que denegaba la IP por no tener las lesiones grado suficiente de disminución de capacidad laboral. La empresa que tenía concertada la prevención de riesgos laborales, emitió un certificado de no apto para las tareas propias de encargado de obra. La Sala considera que no concurren, en lo que afecta al primer motivo, los requisitos de contradicción. En cuanto al segundo motivo, la sala de suplicación basa exclusivamente su decisión en el informe de la empresa que tenía concertada la prevención de riesgos laborales, en el cual ni se identifican las limitaciones funcionales del demandante, ni se precisa de qué modo le impiden el desempeño de las funciones listadas en el propio informe, salvo en lo que afecta a la capacidad de conducir, afirmándose que el demandante no puede conducir el 75% de su jornada, sin explicar las razones de dicha limitación. Así pues, constatado que la sentencia recurrida afirma que el demandante no ha perdido la capacidad de conducir y que la DGT no ha establecido ninguna restricción en el permiso de conducir del trabajador, se concluye que la empresa no ha cumplido las exigencias probatorias, requeridas por el art. 122.1 LRJS, en relación con el art. 217.3 ET, lo cual comporta que el despido deba declararse improcedente.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA DE LA ESPERANZA CORDOBA CASTROVERDE
  • Nº Recurso: 2333/2021
  • Fecha: 23/02/2022
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: Retenciones IRPF, Rendimientos del Trabajo, periodos marzo/2009 a diciembre/2011 y resolución sancionadora. Determinar si, a la luz de la doctrina sentada en la sentencia del Pleno de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 22 de abril de 2014 (casación para la unificación de doctrina 1197/2013; ES:TS:2014:3088), necesariamente se ha de entender, o no, que en los supuestos de extinción del contrato de alta dirección por desistimiento del empresario existe el derecho a una indemnización mínima obligatoria de 7 días de salario por año de trabajo, con el límite de seis mensualidades, y, por tanto, que esa cuantía de la indemnización está exenta de tributación en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, al amparo del artículo 7.e) de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE
  • Nº Recurso: 232/2021
  • Fecha: 22/02/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: DESPIDO COLECTIVO COVID: no cabe aducir como causa de despido aquélla que deriva de la pandemia y es esencialmente temporal, en cuyo caso el empresario debe proceder a las suspensiones o reducciones de jornada de carácter temporal. Sin embargo, aunque las causas económicas, técnicas, organizativas o de producción estén relacionadas con el COVID-19, si se acredita que son objetivamente definitivas y que han adquirido una sustantividad propia incompatible con la temporalidad propia de los ERTE, en tal caso la empresa sí que podrá acordar el despido colectivo (u objetivo). La Sala de casación, en este recurso rechaza la excepción de incongruencia alegada por uno de los sindicatos impugnantes; sobre el fondo, en cambio declara en contra de la sentencia recurrida que si bien el despido no es nulo, no es ajustado a derecho en cuanto que la empresa no acreditó que la causa económica y productiva alegada tuviera naturaleza estructural y, no conyuntural, como en realidad tiene, finalmente estima el recurso declarando la nulidad del despido por vulneración de la garantía de indemnidad.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES
  • Nº Recurso: 229/2021
  • Fecha: 18/02/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se recurre en casación la sentencia dictada en proceso de despido colectivo que se declaró ajustado a derecho. La demandada es una empresa que constituye un centro especial de empleo y se amparaba el despido colectivo en las graves pérdidas (causas económicas) y en el no mantenimiento de un contrato de servicios en un hospital (causas productivas). No se advierte que lo que se interesó por ELA el último día del periodo de consultas, hubiera sido imprescindible cuando la verdadera razón de su solicitud era insistir en el carácter coyuntural de la situación. Se denuncia la vulneración del art. 2 del RDL 9/2020, en relación con la prohibición de despedir por causas vinculadas a la pandemia Covid-19. Esta Sala ha analizado supuestos en los que se pretendía vincular un previo ERTe, activado, con un ERe posterior para centrar la desvinculación de uno y otro en el carácter coyuntural o estructural de las causas que justificaban cada uno de ellos. El despido colectivo tiene su origen en la crisis estructural del contrato de servicios que la demandada tenía suscrito para el hospital y que venía generando pérdidas desde 2018, antes del inicio de la pandemia por COVID-19. No estamos ante la situación que regula el art. 2 del Real Decreto-ley 9/2020. Se mantiene la sentencia recurrida en cuanto que la empresa mantuvo una posición durante el periodo de consultas no incursa en mala fe y las causas económicas que ha apreciado la sentencia de instancia no son objeto de los recursos.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: IGNACIO GARCIA-PERROTE ESCARTIN
  • Nº Recurso: 255/2021
  • Fecha: 17/02/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Si la autoridad laboral debió constatar la existencia de fuerza mayor en el ERTE instado por la empresa de construcción, recurrente en casación ordinaria, para 31 trabajadores, en el periodo coincidente con el permiso retribuido recuperable establecido por el Real Decreto-ley 10/2020, 29 marzo (posterior Ley 4/2021), del 30-3-2020 hasta fin del estado de alarma. Revisión de hechos irrelevante o predeterminante. Falta de prueba de la imposibilidad temporal de continuar con la actividad empresarial (paralización) que no se encuentra entre las afectadas por las medidas de alarma. Principio de congruencia; pidió administrativamente por estado de alarma (RD 463/20) y ahora judicialmente por permiso retribuido recuperable (RDL 10/20). Indicación de reconducción hacia causas técnicas, organizativas o de producción. Costas (1500€)
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: DIMITRY TEODORO BERBEROFF AYUDA
  • Nº Recurso: 7282/2020
  • Fecha: 17/02/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: 1) El artículo 10.2 LGT y, en lo demás, cualquier precepto de la mencionada ley, no puede servir, por sí solo, de canon de constitucionalidad de las normas de carácter fiscal y mismo rango que la ley, sin perjuicio de que su eventual infracción pueda, al tiempo, suponer una vulneración de la Constitución. 2) La locución "salvo que se disponga lo contrario" tiene por finalidad hacer explícito un principio general jurídico proclive a la irretroactividad de las normas, salvo previsión contraria en ellas acerca de su alcance retroactivo. 3) Al margen de la cuestión acerca de si el artículo 10.2 LGT permite una interpretación excluyente de la retroactividad tácita o implícita, se trata de una cuestión ajena a los hechos considerados, toda vez que la retroactividad que deriva de la disposición transitoria vigésimo segunda, en relación con la disposición final sexta, de la Ley 26/2014, reviste los caracteres de expresa, aun cuando aflore al texto de la norma con una técnica legislativa un tanto confusa, que podría crear -en el periodo examinado- alguna duda de comprensión, sin compromiso suficiente del principio de seguridad jurídica.

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