Resumen: DESPIDO COLECTIVO: legitimación activa para ejercitar la acción de despido colectivo. Aplicación del Art. 124.1º LRJS. Solo están legitimados el Comité de Empresa cuando la mayoría de sus miembros así lo ha acordado, la representación unitaria o la representación sindical de un sindicato con suficiente implantación en el ámbito de la empresa, o en su defecto la comisión "ad hoc", pero no la tienen los actores que son miembros del Comité de Empresa, pero actúan de su propio nombre y derecho.
Resumen: La actora, indefinida no fija declarada por sentencia, fue cesada por cobertura de la plaza, presentando demanda de despido que se desestimó por sentencia de instancia y suplicación por considerar el cese ajustado a derecho. Posteriormente fue contratada mediante distintos contratos temporales y presenta reclamación de cantidad solicitando indemnización de 20 días por año de servicios como consecuencia del cese anterior y nuevo reconocimiento de la relación como indefinida no fija. Por sentencia de instancia se estimó la excepción de cosa juzgada, sentencia confirmada en suplicación. La Sala 4ª confirma dicha sentencia por entender: 1) Respecto de la excepción de cosa juzgada, que en el proceso de despido se dilucida todo el despido en sentido amplio, sin que para que una sentencia de despido produzca efecto de cosa juzgada tenga que existir una exacta reproducción del pleito, por lo que debe apreciarse el efecto negativo de la cosa juzgada porque la cuestión indemnizatoria estaba juzgada.
Resumen: La cuestión a resolver es la de determinar si hay que aplicar los efectos de cosa juzgada en un supuesto en el que la trabajadora reclamó por despido contra su cese y consiguiente extinción del contrato, habiendo recaído sentencia firme que declaró la extinción ajustada a derecho; y, con posterioridad, presentó demanda en reclamación de una indemnización de 20 días por año de servicio derivada de esa misma extinción de la relación laboral. La Sala IV reitera doctrina y señala que produce efecto negativo de cosa juzgada la sentencia firme recaída en proceso anterior por despido que declaró el cese conforme a derecho, respecto de la posterior reclamación de indemnización por la extinción basada en distintos fundamentos jurídicos. Para ello, diferencia entre el efecto positivo y negativo de la cosa juzgada y en las dispares exigencias en relación a las identidades objetivas y subjetivas que han de darse en cada caso. Y, a la luz de la doctrina jurisprudencial, concluye que en el actual proceso nos encontramos ante una repetición de la solicitud indemnizatoria derivada de la misma extinción contractual que ya se planteó en el proceso anterior y que concurre identidad de sujetos y un mismo objeto, razón por la cual procede apreciar el efecto negativo de la cosa juzgada.
Resumen: FOGASA. Demanda interesando el reintegro de prestaciones indebidas, cuando dichas prestaciones han sido percibidas en virtud de lo resuelto en sentencia firme que condenó al citado organismo a su pago, por mor de los efectos del silencio positivo, al no haber resuelto el FOGASA la petición de prestaciones formulada, transcurridos más de tres meses desde la petición. La resolución expresa posterior a la producción del acto solo podrá dictarse de ser confirmatoria del silencio positivo. Lo que pretende el FOGASA no es realmente revisar en perjuicio del beneficiario un acto administrativo declarativo de derechos al amparo del art 146 LRJS, sino dejar sin efecto una sentencia firme. Lo contrario supondría vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva y seguridad jurídica, en su manifestación del derecho a la ejecución de las resoluciones firmes. Reitera doctrina de SSTS, Sala de lo Social, -Pleno-27/02/2019, (rec. 3597/2017); 16/03/202, (rec. 3937/2017); 16/09/2020 (rec. 4428/2017); 13/10/2020 (rec. 2038/2018) 27/01/2021 (rec. 4144/2019) y 05/05/2021 (rec. 145/2020), entre otras.
Resumen: La cuestión a resolver es la de determinar si hay que aplicar los efectos de cosa juzgada en un supuesto en el que la trabajadora reclamó por despido contra su cese y consiguiente extinción del contrato, habiendo recaído sentencia firme que declaró la extinción ajustada a derecho; y, con posterioridad, presentó demanda en reclamación de una indemnización de 20 días por año de servicio derivada de esa misma extinción de la relación laboral. La Sala IV reitera doctrina y señala que produce efecto negativo de cosa juzgada la sentencia firme recaída en proceso anterior por despido que declaró el cese conforme a derecho, respecto de la posterior reclamación de indemnización por la extinción basada en distintos fundamentos jurídicos. Para ello, diferencia entre el efecto positivo y negativo de la cosa juzgada y en las dispares exigencias en relación a las identidades objetivas y subjetivas que han de darse en cada caso. Y, a la luz de la doctrina jurisprudencial, concluye que en el actual proceso nos encontramos ante una repetición de la solicitud indemnizatoria derivada de la misma extinción contractual que ya se planteó en el proceso anterior y que concurre identidad de sujetos y un mismo objeto, razón por la cual procede apreciar el efecto negativo de la cosa juzgada. , lo que, de conformidad con el informe del Minis
Resumen: La actora suscribió un contrato de interinidad por vacante el 18 de febrero de 2015 que se extinguió el día 19 de marzo de 2018 y no se ha justificado la inactividad de la Administración durante dicho período sin convocar la cobertura de la plaza. Se cuestiona si la finalización del contrato conlleva el derecho de la interina a percibir una indemnización de 20 días de salario por año trabajado. En el presente se cuestiona únicamente si procede abonar la indemnización por lo que el procedimiento ordinario es adecuado. La sentencia del TS de 28 de junio de 2021 ha rectificado la doctrina jurisprudencial sobre los contratos de interinidad por vacante, de conformidad con la sentencia del TJUE de 3 de junio de 2021 C-726/19. Así, aún cuando el contrato haya cumplido los requisitos previstos en el artículo 4.1 y 2.b RD 2720/1998, una duración excesivamente larga del contrato de interinidad debida, exclusivamente, a la falta de actividad administrativa dirigida a la cobertura definitiva de la plaza debe ser tenida en cuenta como elemento decisivo en orden a la decisión judicial sobre la duración del contrato porque ocupadas las plazas por interinos la falta de convocatoria no contribuye a la sostenibilidad presupuestaria o a la contención del gasto público. En consecuencia la relación había devenido indefinida no fija y la extinción de su contrato conlleva el reconocimiento a su favor de una indemnización de 20 días de salario por año de servicio con un máximo de doce mensualidades
Resumen: JUBILACIÓN ANTICIPADA:el cierre de la empresa y la impugnación del trabajador por despido tácito de dicha situación habiendo obtenido una sentencia que declara el despido improcedente con derecho a percibir la correspondiente indemnización, debe equipararse como si fuere un cese del trabajo no imputable a la libre voluntad del trabajador, en tanto que el incumplimiento de la empresa de los trámites a los que estaba obligada a acudir de conformidad con el art. 51 (despido colectivo) o 52 (individual) del TRLET, no puede impedir al trabajador recurrente que pueda acceder a jubilarse de forma anticipada.
Resumen: DESPIDO DISCIPLINARIO: La cuestión que se debate es la de establecer cuál es el día inicial del cómputo del plazo de prescripción de las faltas (artículo 60.2 ET) y, eventualmente, qué incidencia pudiera tener en el plazo de prescripción de las faltas (art. 60.2 ET) un posible reconocimiento parcial o total de los hechos por parte del trabajador despedido. La tesis de la sentencia de suplicación, considera que el reconocimiento de los hechos por parte del trabajador durante la investigación constituye el momento en el que la empresa tiene un adecuado conocimiento de los hechos. El TS no comparte dicha tesis, y señala que mientras no finalice la investigación el cómputo del plazo de prescripción no se ve afectado en tanto en este caso, el reconocimiento se refirió a unos determinados hechos que no coinciden plenamente con los finalmente imputados y, también porque el reconocimiento no alcanzó a la calificación de los mismos ni implicó conformidad alguna con una posible decisión sancionadora o extintiva por parte de la empresa. Conclusión: no están prescritas las faltas que se le imputan en la carta de despido. Se estima el recurso y se devuelven los autos a la Sala de suplicación.
Resumen: El JS declaró el despido procedente al admitir la prueba de videovigilancia aportada por la empresa para justificar el despido disciplinario del trabajador (conductor de bus urbano público) y comprobar los incumplimientos con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.. Pero la Sala del TSJ estima el recurso de suplicación del trabajador y lo declara nulo. El TS declara la admisión de la prueba de videovigilancia aportada por la empresa para justificar el despido disciplinario, casa, anula y devuelve actuaciones al TSJ para que con libertad de criterio entre a resolver los restantes motivos del recurso de suplicación. Los trabajadores habían sido informados de la existencia de las cámaras de grabación, bien señalizadas. Aplica la Doctrina TEDH y TC (conocimiento, no necesario consentimiento, idoneidad, adecuación, justificación, necesidad y proporcionalidad). Reitera doctrina STS de 21 de julio de 2021, recurso 4877/2018.
Resumen: La cuestión que resuelve la sentencia comentada consiste en determinar si existe en la estructura salarial de la empresa una doble escala salarial ilícita establecida como consecuencia de su fecha de ingreso en la empresa y proyectada sobre el complemento personal de antigüedad que ocasionaría diferencias salariales con repercusión, entre otros extremos, en la indemnización por despido. La sentencia confirma su existencia y desestima el recurso de la empresa, porque no se trata de un complemento con una cuantía estable y consolidada, sino que el complemento que solo percibe un grupo de trabajadores, se va revalorizando anualmente e incluso incrementando en caso de ascensos de nivel, y con repercusión no únicamente en la cuantía salarial, sino también a efectos de prestaciones y mejoras de la acción protectora de la seguridad social pactadas en los convenios colectivos, sin que por parte de la empleadora se aporten ni siquiera indicios para intentar una justificación objetiva y razonable de la diferencia de trato de unos u otros trabajadores en atención a la fecha de ingreso en la empresa.
