Resumen: La controversia litigiosa suscitada en la sentencia anotada radica en determinar si tiene derecho a vacaciones una trabajadora despedida en relación con el periodo de tiempo transcurrido desde la fecha del despido hasta la de su readmisión. La actora fue despedida con efectos del 6-9-2017. El despido se declaró nulo. Fue readmitida el día 9-5-2018. La empresa le abonó los salarios de tramitación. La trabajadora reclama 20 días de vacaciones devengados desde la fecha del despido hasta la de la readmisión, pretensión estimada por la sentencia recurrida en casación para la unificación de doctrina. La Sala Cuarta comparte tal parecer en aplicación del criterio sentado en anteriores resoluciones y a la luz de la doctrina del TJUE, razona que la extinción del contrato fue por causa ajena a la voluntad de la actora y que la sustanciación del proceso de despido hasta la readmisión ha de ser considerado como tiempo de trabajo, lo que determina que también tiene derecho al periodo de disfrute de vacaciones no disfrutadas como consecuencia del cese ilícitamente decidido por la empresa. Se desestima el recurso formulado por la mercantil demandada.
Resumen: La Sala Cuarta resuelve, de acuerdo con precedentes pronunciamientos suscitados por recursos de la misma empresa frente a las sentencias que declaran la existencia de sucesión entre las empresas contratistas, la nulidad del despido y la existencia de un fraude de ley, que, a pesar de concurrir la contradicción con la sentencia de contraste, el recurso debe ser desestimado por los defectos en los que incurre. Así, recoge los fundamentos de las SSTS, Sala de lo Social, 13-7-2020 (rec. 3552/2017) y 10-9-2020 (rec. 1684/2018) y entiende que concurre ausencia de fundamentación jurídica e incumplimiento de lo mandado por el art. 224.1.b y 2 LRJS, porque la censura jurídica se construye únicamente reproduciendo el voto particular de una sentencia y otra sentencia de la propia sala, y, además, no expresa separadamente, con la necesaria precisión y claridad, la pertinencia de cada uno de los motivos de casación, en relación con los puntos de contradicción y por el orden señalado en el artículo 207 LRJS.
Resumen: Confirma la Sala Cuarta la sentencia recurrida que reconoció el derecho de la trabajadora a la indemnización de 20 días de salario por año de servicio por su cese tras la cobertura reglamentaria de la vacante que ocupaba, cuya duración excedía de los tres años (22-11-2010/15-3-2015). La trabajadora, como consecuencia de la duración del contrato, era indefinida no fija, de acuerdo con la doctrina del Pleno de la Sala de 28 de junio de 2021, rec.3263/2019 en relación con las SSTJUE de 21 de noviembre de 2018, C-619/17(Diego Porras II) y de 3 de junio de 2021, C-725/19, que interpretan el Anexo a la Directiva 1999/70/ CE y que esta sentencia acoge y reitera, pues la Administración durante el período de duración del contrato no procedió a ofertar la plaza para personal de nuevo ingreso sino solo en concursos de traslado entre el personal fijo. Por lo demás, reitera igualmente la adecuación del procedimiento ordinario para reclamar la indemnización, al no cuestionarse el importe de la misma ni los parámetros para fijarlo, sino únicamente si esta procede o no, sin que sea exigible el que la parte tenga que seguir la modalidad procesal de despido.
Resumen: RCUD. DESPIDO IMPROCEDENTE. Indemnización. Periodos computables para obtener el promedio de los salarios irregulares en la fijación del salario regulador en un supuesto en el que ha existido una suspensión del contrato. Los salarios irregulares (horas extraordinarias) deben promediarse sin integrar como periodo de actividad aquel en el que la relación laboral ha estado suspendida. En el supuesto estudiado, la indemnización por despido improcedente debe calcularse, en relación con los conceptos salariales irregulares, tomando como promedio de horas extraordinarias realizadas todo el año anterior al despido cuando dentro de él ha existió situación de suspensión del contrato por ERTE Covid, pero sin integrar ese periodo de suspensión (solo 229 días de actividad). Congruencia; mantener la cuantía de la indemnización calculada en instancia a pesar de ser algo superior porque la actora pide su confirmación.
Resumen: La cuestión suscitada se centra en determinar el periodo de 180 días que se ha de tomar para determinar la base reguladora de la prestación por desempleo cuando al finalizar el contrato existía una reducción de jornada declarada judicialmente como modificación sustancial de condiciones de trabajo ajustada a derecho. La Sala IV tras una profusa labor argumental sostiene que la reducción definitiva de una jornada no tiene anclaje en el concepto de desempleo, total o parcial. Tras analizar la normativa de aplicación en relación con los criterios doctrinales relacionados con el régimen de protección de la Seguridad Social sostiene que la respuesta debe partir, de la dada en aquellos casos en los que el trabajador que ha sufrido una modificación de sus condiciones de trabajo, reduciendo su jornada, si se opta por extinguir el contrato sin impugnar judicialmente la medida la base reguladora de la prestación por desempleo se obtiene de las bases de cotización que han integrado la actividad a tiempo completo. Esta misma solución es la que corresponde al caso por lo que estima la demanda declarando el derecho de la parte actora a una base reguladora de la prestación por desempleo por importe de 87,82 euros/día, correspondiente a una jornada completa, que no consta que fuera controvertida. La base reguladora se debe configurar tomando las bases de cotización de los 180 últimos días en que se estuvo cotizando a tiempo completo.
Resumen: La trabajadora fue despedida el 15/02/12 en el marco de un ERE anterior a la reforma de 2012. La instancia estimó su demanda de despido frente al Ayuntamiento, calificándolo como nulo al disfrutar de reducción de jornada por cuidado de familiar. El TSJ apreció la excepción de inadecuación de procedimiento, al deber aplicarse el art. 151 LRJS para al identificarse nominativamente al despedido y no el art. 124. La Sala IV entiende que el procedimiento debe tramitarse como impugnación de actos administrativos en todos los aspectos resueltos en la resolución administrativa conforme al art. 151.9c) LJRS siendo posible la anulación total o parcial del acto administrativo y sin resultar procedente resolver sobre los requisitos formales. Respecto de la incongruencia omisiva no estima que exista contradicción con la referencial porque en ella hubo omisión total de respuesta y en la recurrida sí se dio respuesta sobre los requisitos formales. Sobre las consecuencias de la inadecuación de procedimiento formulada como petición subsidiaria, acoge el principio pro actione, salva la continuidad del procedimiento por el cauce adecuado y retrotrae las actuaciones a la presentación de la demanda por el proceso de impugnación de actos administrativos.
Resumen: AYUNTAMIENTO COLLADO VILLALBA. Despido. Impugnación individual de despido colectivo. Autorización administrativa de ERE anterior a la entrada en vigor del RD-Ley 3/2012. Inadecuación de procedimiento: Debió tramitarse por la vía de impugnación de actos administrativos (art. 151 LRJS). Nulidad de actuaciones y retroacción de las mismas al momento de admisión de la demanda. Acoge de oficio la inadecuación de procedimiento de despido, y desestima la demanda rectora de autos. Se suscitan tres cuestiones en torno a la impugnación individual de un despido colectivo y a la inadecuación de procedimiento declarada por la sentencia impugnada: la primer referida al incumplimiento de los requisitos formales de la carta de despido; la segunda en relación con las consecuencias de la declaración de esa inadecuación de procedimiento y la tercera por incongruencia omisiva. Por lo tanto, versa sobre el incumplimiento de los requisitos formales de la comunicación extintiva, sobre la incongruencia omisiva y sobre la falta de determinación de las consecuencias de la declaración de inadecuación de procedimiento. Se estima parcialmente el RCUD y se ordena la devolución de los autos al Juzgado y reponer las actuaciones al momento de presentación de la demanda, para que se de a la misma la tramitación procesal correspondiente a través del proceso de impugnación de actos administrativos
Resumen: La demandante viene prestando servicios para TPG si bien con anterioridad había prestado servicios en las mismas instalaciones en virtud de sendos contratos temporales concertados con una ETT. Terminada la contrata, la actora fue despedida e impugnó el despido, y la sentencia de suplicación consideró que no era la principal la responsable del despido de la actora sino TPG que era la única responsable del despido y que la sentencia declara procedente al concurrir la causa productiva alegada derivada de la extinción de la contrata. Se cuestiona si la indemnización puesta a disposición, calculada conforme a la antigüedad reconocida en nómina, constituyó o no un error excusable, puesto que no se tuvieron en cuenta los períodos trabajados previamente a una ETT, que fue sucedida por la empresa que extinguió el contrato de la demandante por causas objetivas. La Sala Cuarta desestima el recurso, por considerar que no se ha demostrado que la empleadora haya querido ignorar los derechos de la recurrente, ya que calculó la indemnización con arreglo a la nómina percibida por esta, quien consintió pacíficamente dicha situación durante doce años. Consiguientemente, la empresa actuó a la hora de despedir, aplicando los datos que, de forma pacífica, había venido manejando.
Resumen: El trabajador, conductor desde 2016 fue despedido el 25/01/17. La empleadora realiza para otra empresa transporte de mercancías mediante contrato de arrendamiento para el transporte de mercancías de sus clientes de determinadas zonas. El JS estimó en parte la demanda considerando la contrata como de propia actividad, declarando la improcedencia del despido y el abono de salarios impagados. El TSJ desestimó los recursos del actor y de la comitente que recurre en cud. La Sala IV analiza si la colaboración entre las empresas concierne a la propia actividad, y teniendo en cuenta el tipo de actividad de la auxiliar en beneficio de la principal, resuelve que el hecho de existir un contrato de transporte amparado en la Ley de ordenación de transporte terrestre no descarta el supuesto del art. 42 ET. La principal realiza actividad de intermediación con autorización administrativa, recepciona y distribuye mercancías y es operadora de transporte (art. 119 LOTT), lo que implica o realizarla por sí misma o acudir a empresas, por lo que considera que realiza labores inherentes al transporte, la actividad pertenece al círculo productivo de la comitente y debe aplicarse la responsabilidad solidaria del art. 42.2 ET respecto de las deudas de la contratista con los trabajadores adscritos a la contrata durante su realización. Desestima el recurso y confirma la recurrida.
Resumen: En el ámbito de un procedimiento por despido se discute cuál debe ser el convenio aplicable a la extinta relación laboral, si el Convenio Colectivo de Logística, Paquetería y Actividades anexas al transporte de la CAM (BOCM 24-3-18) --tesis del actor--, o el Convenio de Empresas de Mensajería (BOE 12-12-06), --tesis de las empresas demandadas--, habiendo optado la Sala de suplicación por el convenio interesado por la parte demandante, y en consecuencia calcular la indemnización de su despido con arreglo al mismo. Ante el TS las demandadas se alzaron en casación unificadora planteando un inicial motivo en relación con la inaplicación del citado convenio al faltar la autorización administrativa para actuar como empresa del ramo. Pero, la sentencia anotada no entra en el fondo del asunto al no concurrir la necesaria contradicción. Así, la recurrida aplica el Convenio de Logística, porque da como probado que no ha acreditado su dedicación a la mensajería y, sobre todo, que se desarrolla una actividad claramente subsumible en tal convenio colectivo. La sentencia de contraste no parte de esas premisas, sino tan solo de que se lleva a cabo una actividad sin estar en posesión de las licencias específicas para reparto de mercancías o mensajería. Tampoco la contradicción se declara existente en lo atañe al segundo motivo de contradicción, en el que incurre además la falta de contenido casacional al pretender las recurrentes revisar los hechos probados.
