Resumen: La cuestión suscitada se centra en determinar si el tiempo de prestación de servicios del demandante, para la Comunidad de Madrid, bajo diferentes modalidades de contrato temporal, que se han sucedido con interrupciones no superiores a noventa días, debe tomarse desde el primer contrato para calcular la indemnización por despido improcedente. La Sala IV, reitera doctrina, declarando que procede tomar en consideración el tiempo de servicios desde el primer contrato temporal. Para ello parte de la conocida doctrina de la unidad esencial del vínculo y su distinto tratamiento a efectos del complemento de antigüedad y de la indemnización extintiva. Además, la regulación convencional de aplicación señala que debe computarse todo el tiempo de servicios cuando, ya sean validos o fraudulentas las contrataciones temporales habidas, entre ellas no ha existido una interrupción superior a los 90 días que, para el complemento de antigüedad, contempla el citado convenio colectivo, toda vez que la relación laboral es la misma, pues en estos casos esa diversidad de contratos no provoca la existencia de relaciones laborales diferentes. Por todo ello, la valida extinción de los contratos que precedieron al de 29/9/2004, no impide tomar en consideración los periodos trabajados con anterioridad que son clara continuidad de la relación laboral que ha venido manteniendo la actora con la Comunidad demandada, siempre bajo la misma actividad.
Resumen: Comunicado despido objetivo, cierra la empresa, el trabajador ejercita la opción por la extinción del contrato de trabajo. Se declara la improcedencia, salarios de tramitación y responsabilidad subsidiaria del FOGASA. El TJS confirmó improcedencia del despido y la declaración de extintiva de la relación laboral, indicando que entre las actuaciones del Fondo no está ejercitar actuaciones excepcionales atribuidas expresamente a las partes. El FOGASA recurre en cud. la Sala recuerda que como indicó en su STS de 26 de octubre de 2021 (rcud 51/19) el trabajador sólo ostenta la facultad de solicitar ante el juzgado que tenga por realizada la opción de indemnización en un supuesto muy concreto, ante la imposible readmisión, y en este caso permite al trabajador esa facultad sin hacerla depender del empresario -opción inexistente porque sólo es posible la indemnización-. Argumenta que ante una empresa que ya no tiene actividad en la fecha de la sentencia de instancia el derecho de opción le pertenece a la empresa y el FOGASA comparece y ejercita la opción del art. 110.1 a) LRJS, sin embargo, conforme a lo regulado en la letra b) del precepto debe ceder la opción ante la realizada por el trabajador, por ser esta última opción preferente y prioritaria al ser personal frente a la del FOGASA que es sustitutiva de la de la empresa. Reitera doctrina. En la STS de 5 de marzo de 2019 sí reconoció la opción del FOGASA ante empresas concursadas porque el titular de la opción era del empresario
Resumen: La trabajadora es despedida por causa económica y organizativa por la supresión del recurso cameral de Cámara de Comercio de Tenerife y razones de eficiencia y la cámara es titular del 97% de las acciones de una empresa que explota edificios en la isla. El JS declaró la existencia de grupo y calificó de improcedente el despido. El TSJ desestimó los dos recursos. En casación se plantea un primer motivo sobre la insuficiencia de información de la carta y sus defectos. Para la Sala el despido económico se realiza en un grupo de empresas laboral, el empresario es el grupo y no se puede seccionar la causa en las empresas que lo componen aprovechando la situación económica negativa de una para proceder a extinguir contratos aunque sean empleados de esta, la causa debe concurrir en el conjunto. El contenido de la carta debe referirse a la posición económica del grupo en su totalidad y si se omite información económica de una de las empresas no puede considerarse que su contenido es suficiente y no se cumplen las exigencias formales respecto de la causa en la comunicación extintiva, art. 53.1 a) ET. El segundo motivo referido a la causa productiva se desestima por falta de contradicción (referida a la situación de la unidad productiva), y en todo caso para el Tribunal Supremo la insuficiencia de la carta lo es con todas sus consecuencias para el despido producido porque la comunicación extintiva es única. El contenido de carta es insuficiente y por lo tanto no válida.
Resumen: El profesor asociado prestó servicios durante 19 años para la UBU primero con vínculo administrativo y posteriormente con contratos laborales al amparo de la LOU, se le comunica el fin del contrato y su cese, durante ese tiempo las asignaturas que impartía se rotaban -cual correturnos- correspondiéndole las que no querían los profesores titulares, independientemente de su contenido. El JS declaró la improcedencia del despido apoyándose en la STS de 28 de enero de 2019 (rcud. 1193/2017), razonando que el profesor impartió clases como sustituto del catedrático, que no es función ni finalidad el PRAS, infringiendo la Universidad la doctrina del TJUE de 13 de marzo de 2014, buscando con un contrato temporal la cobertura de necesidades docentes permanentes. El TSJ desestimó el recurso de la Universidad aún entendiendo que las materias impartidas se vinculaban a la profesión de arquitecto del actor. La sentencia de contraste se refiere a un PRAS de la UPV con actividad profesional externa constatada, el TSJ declaró válida la extinción al entender que pueden cubrir necesidades permanentes, no hay fraude por el dato exclusivo de la sucesión de contratos. La Sala Cuarta aprecia disparidad relevante entre las asignaturas impartidas por un profesor correturnos mientras que en la referencial la docencia asignada fue concordante con su profesión e inalterada, tampoco se le requiere acreditación externa. La sala ya ha apreciado esta falta de contradicción en resoluciones anteriores.
Resumen: Despido objetivo por ausencias justificadas. Dos motivos: Carácter a estos efectos de la infección de Helicobacter Pylori, causante de los períodos de IT e incongruencia extra petita, por introducción de nuevos hechos probados. Respecto del segundo motivo, acreditado que, la empresa recurrente no citó de contraste ninguna sentencia, ni en su escrito de preparación ni en el de formalización del recurso de casación unificadora, es patente que infringió lo dispuesto en el art. 221.2.b LRJS, por lo que el recurso no debió ser admitido. En cuanto al carácter del tratamiento recibido para curar las lesiones agudas en mucosa gástrica, producidas por infección de Helicobacter Pylori, la Sala, considera que no concurren los requisitos de contradicción, porque en la sentencia recurrida se consideró que la agudeza de la infección, provocada por el helicobacter pylori, así como su tratamiento con antibióticos demostraba su la naturaleza grave de su enfermedad, y en la de contraste se constató que la demandante solo tuvo dos bajas de un día de duración cada una con base a su gastroenteritis, acreditando, de este modo, que el tratamiento recibido no traía causa en una enfermedad grave, toda vez que sus bajas médicas por gastroenteritis tuvieron una duración irrelevante.
Resumen: SUCESIÓN DE EMPRESA:reversión de la concesión del servicio de limpieza por parte de un determinado ayuntamiento, sin recibir ningún elemento patrimonial ni hacerse cargo de los trabajadores. Despido improcedente de uno de los trabajadores de la empresa que prestaba el servicio. Se condena únicamente a la empleadora y se señala, en esencia, que la reversión del servicio de limpieza por parte de esa administración, no puede calificarse, en esta situaicón, de sucesión empresarial en aplicación del art. 44 ET, ni al ayuntamiento le es de aplicación el convenio colectivo de aplicación en materia de subrogación por cuanto las asociaciones empresariales carecen de la necesaria representativa para extender los efectos de una negociación colectiva a la administración públicas.
Resumen: La cuestión suscitada consiste en decidir si las empresas estarían siempre obligadas a la recolocación de los trabajadores que hubiesen sido objeto de despido objetivo por extinción del servicio o contrata, aunque dicha recolocación fuese para una actividad diferente. La Sala IV reitera doctrina en relación con la razonabilidad de la medida extintiva del art. 52 c) ET en relación con la pérdida de la contrata, en supuestos en que la empleadora mantiene la actividad a través de otras adjudicaciones. Al efecto, la reducción de actividad de servicios a la finalización de la contrata inicial genera dificultades que impiden el buen funcionamiento de la empresa; como tal hay que considerar el exceso de personal resultante de tal reducción. A estas dificultades se puede hacer frente mediante amortizaciones de los puestos de trabajo sobrantes, de forma que se restablezca la correspondencia entre la carga de trabajo y la plantilla que la atiende. Por ello, la pérdida de la contrata puede constituir causa productiva y justificar la extinción de los contratos de trabajo adscritos a la misma si la medida es razonable y proporcionada cuando se produce un desajuste entre los medios de que dispone la empresa y sus necesidades. Por otra parte, nuestra actual legislación no impone al empleador la obligación de agotar todas las posibilidades de recolocación o acomodo del trabajador.
Resumen: En el supuesto que examina la sentencia anotada, las trabajadoras están vinculadas con el Instituto Cántabro de Servicios Sociales mediante contratos de interinidad por vacante de duración superior a 3 años y que se extinguen por cobertura de la vacante. La sentencia de suplicación califica la relación de indefinida por superar el plazo de 3 años del art. 70 EBEP y condenó a la demandada al abono de una indemnización de 20 días por año de servicios prestados. La cuestión debatida en casación unificadora consiste en determinar si resulta de aplicación el plazo de tres años establecido en el art. 70 EBEP, lo que conduciría a calificar la relación de indefinida no fija. El TS, rectificando la doctrina anterior a la luz de la STJE de 3/6/21 (Asunto C-726/19), desestima el recurso de la Administración demandada. La Sala IV, con remisión a sentencias previas, concluye, abandonando el criterio anterior, que las normas presupuestarias que paralizaron la contratación en la Administración no justifican la inactividad administrativa, dado que la consolidación de empleo temporal no supone un incremento del gasto al no crearse plazas nuevas. Y la vinculación de las partes mediante contrato de interinidad por vacante durante un plazo superior a 3 años debe conducir a calificar la relación de indefinida no fija, con derecho de las actoras a la indemnización de 20 días.
Resumen: SUCESIÓN DE EMPRESAS:empresas de servicios. Despido. Aplicación del art. 44 del TRLET. Sucesión de plantillas. Habrá sucesión, si tanto cualitativa como cuantitativamente el servicio que se transmite descansa sustancialmente en la mano de obra, o por el contrario, no lo habrá, si resulta imprescindible para su prestación unos determinados equipamiento o bienes materiales. En este supuesto, se concluye que el factor esencial es la mano de obra y no la infraestructura. Por tanto, hay sucesión de plantillas al haberse hecho cargo la empresa sucesora del 75% de la plantilla de la saliente. Calificación que no queda desvirtuada por el hecho de que el trabajador desistiera en el juicio de la empresa sucesora para la que presta servicios sin solución de continuidad en virtud de la suscripción de un nuevo contrato.
Resumen: Se cuestiona si el FOGASA es responsable del pago de la indemnización por despido objetivo, cuando una de las tres empresas solidariamente responsables de su abono ha sido declarada insolvente, mientras que las dos restantes han sido declaradas en concurso de acreedores y el crédito del demandante no se ha incluido en el listado de acreedores del concurso. La demandante fue despedida por causas objetivas. La demandante interpuso demanda por despido contra tres empresas alcanzándose avenencia en conciliación con una de las empresas toda vez que las demás codemandadas no acudieron, que fue aprobada mediante Decreto. La actora promovió ejecución de la conciliación judicial mencionada, despachándose ejecución frente a la empresa respecto de la que se alcanzó la avenencia. Recurre el FOGASA en casación para la unificación de doctrina y La Sala Cuarta considera que no concurren aquí los requisitos de contradicción, exigidos por el art. 219.1 LRJS al existir una diferencia sustancial entre ambos litigios, ya que, en la sentencia de contraste se condenó solidariamente a las tres mercantiles en el procedimiento de despido, lo que no sucedió en el caso que nos ocupa, donde el único título ejecutivo existente es una conciliación judicial, que implicó únicamente a una de las empresas, sin que dicha situación se haya modificado en el procedimiento de reclamación de cantidad.
