Resumen: Se debate en el recurso de casación unificadora si los sucesivos contratos temporales suscritos por la actora con el Ayuntamiento demandado son fraudulentos y, en consecuencia, si el despido impugnado debe ser calificado de improcedente. La sala IV desestima el recurso al considerar que no concurre el necesario requisito de la contradicción entre sentencias. En efecto, las sentencias comparadas aplican la misma doctrina jurisprudencial, pero son dispares los hechos probados. Así, en la sentencia recurrida consta que las funciones de la actora se enmarcaban en el objeto de los contratos, vinculados a la realización de programas con autonomía y sustantividad propia. Además, en la cadena contractual existían importantes soluciones de continuidad. Sin embargo, nada de ello consta en la de contraste, porque las funciones de los actores excedían de las del objeto del contrato y se vinculaban a la actividad permanente y habitual de la demandada.
Resumen: En el caso se pretende la nulidad por discriminación del cese de la trabajadora contratada para sustituir a otra cuyo despido fue declarado nulo por causas discriminatorias. En la sentencia referencial se aborda frontalmente el cese de la trabajadora sustituida. La Sala Cuarta considera que esta disparidad comporta que los debates y los argumentos debatidos en cada caso sean diversos. Por lo que el recurso se desestima por fala de contradicción.
Resumen: La Sala IV casa y anula la sentencia recurrida por incongruencia omisiva porque descartó pronunciarse sobre la vulneración de la garantía de indemnidad que es una de las pretensiones principales de la demanda, sobre la que se practicó prueba abundante, que fue recogida esencialmente en el relato fáctico de la sentencia de instancia. La vulneración de la garantía de la indemnidad se apoyó en el escrito rector en denuncias concretas, que se han recogido en el relato fáctico de la sentencia de instancia, que no ha sido modificado, siendo incierto, por tanto, que el núcleo básico de la controversia fuera únicamente el acoso moral y la discriminación, no tratándose, por tanto, de una cuestión nueva. Se rechazan por falta de contradicción los otros dos motivos del recurso.
Resumen: La Sala Cuarta estima el recurso del actor y casa y anula la sentencia recurrida con devolución de actuaciones para dictar nueva sentencia, por apreciar la incongruencia omisiva denunciada. En la impugnación del recurso de suplicación, el trabajador solicitó rectificaciones de hecho de la sentencia que estimó el recurso de suplicación formulado por la entidad bancaria y revocó el fallo de instancia pasando a determinar que el cese del actor impugnante del recurso no fue involuntario, sino producto del mutuo acuerdo entre las partes. Las alegadas rectificaciones de hecho se plantearon ante el órgano judicial en el momento procesal oportuno y legalmente previsto, conforme al art. 197.1 LRJS. En el escrito de impugnación defendía la confirmación de la sentencia del juzgado de lo social que había declarado la involuntariedad del cese y se oponía al recurso de suplicación de la empresa. La sentencia recurrida no razonó ni dio respuesta a esas rectificaciones de hecho, a las que ninguna mención hizo, sin que quepa deducir que hubiera una respuesta tácita o implícita que no puede deducirse del mero silencio o de la ausencia de respuesta alguna a las pretensiones del impugnante. Por tanto, la sentencia recurrida incurrió en una incongruencia omisiva o ex silentio lesiva del derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24 CE y con infracción de los preceptos denunciados por la recurrente y del artículo 218.1 LEC y del artículo 201.1 LRJS.
Resumen: PERSONAL LABORAL DE LA ADMINISTRACIÓN:extinción del contrato de interinidad por cobertura definitiva del puesto de trabajo que previamente fue declarado indefinido no fijo, válidada extinción de su contrato por cobertura de la plaza que ocupaba, únicamente le da derecho a percibir una indemnización de 20 días/años con un máximo de 12 mensualidades. FALTA DE CONTRADICCIÓN.
Resumen: La cuestión suscitada consiste en decidir si cabe la condena solidaria por despido improcedente de una sociedad mercantil pública, prestadora de un servicio de tal naturaleza, en aplicación de los efectos positivos de la cosa juzgada, puesto que dicha mercantil fue condenada solidariamente a las consecuencias de la nulidad de un despido precedente, efectuado formalmente por la concesionaria del servicio, al considerar el tribunal de suplicación, que se había producido una reversión del servicio por parte de la empresa pública, teniéndose presente que, producida regularmente la readmisión de la empresa concesionaria, procede a despedir por causas objetivas al trabajador el mismo día, declarándose la improcedencia del segundo despido. La Sala IV declara que la reversión empresarial, constatada por sentencia firme, comporta la responsabilidad solidaria de ambas mercantiles en aplicación de los efectos positivos de la cosa juzgada. Aunque CTI extinguió el contrato del demandante el 15-07-2015, cuando era la única empresa obligada a readmitirle, así como a abonarle los salarios de tramitación, decidida por sentencia firme para CTI, es claro que, una vez declarada por sentencia firme la reversión del contrato a GEDESMA, dicha mercantil quedó afectada por las consecuencias del despido, promovido por su deudor solidario, puesto que las acciones, ejercitadas contra cualquiera de los deudores solidarios, perjudicarán a todos éstos, de conformidad con lo previsto en el art. 1141 CC.
Resumen: El trabajador presta servicios para una contrata del servicio de videoteca corporación RTVE, fue despedido porque el cliente finaliza el contrato de servicio, sin preaviso y entrega de la indemnización. Su empresa cuenta con más de 300 trabajadores, al menos 17 prestaban servicios para la contrata. El JS declara el despido procedente, para el TSJ la carga de prueba de existencia de representación legal de los trabajadores para cumplir el requisito de entrega de copia de la extinción -art. 53.1 c) ET- corresponde al trabajador y no acreditando la existencia confirma la procedencia del despido. La Sala cuarta tras recordar que a la representación legal de los trabajadores debe entregársele la copia de la comunicación escrita del despido, y el contenido del art. 217 LEC. Razona que la carga de la prueba de hechos negativos debe determinarse caso por caso según la disponibilidad y facilidad probatoria, y que la alegación de hecho negativo no significa que la carga se traslade siempre a la contraparte. En el caso se fundamentó por el trabajador la improcedencia del despido en el hecho negativo porque la empresa no cumplió con el requisito formal de dar traslado a la representación legal de la copia de la comunicación extintiva, el empresario alegó otro hecho negativo: la inexistencia de representación legal. Resuelve que incumbe a trabajador acreditar existencia RLT y entonces el empresario probar que sí lo hizo. No ofrece dificultad acreditar RLT del propio demandante. Desestima
Resumen: Reclamación de cantidad en la empresa concursada Astilleros de Sevilla. Estimación del recurso de los trabajadores en tanto lo subvencionado es la indemnización pactada cuya finalidad es doble: garantizar su percepción a los trabajadores y aliviar los créditos contra la masa, circunstancias por las que no procede su disminución por entrar el Fondo, con condena solidaria de Junta y FOGASA. El rcud. del FOGASA solicita la aplicación de la figura del silencio administrativo y se desestima por falta de contradicción y de contenido casacional al adecuarse la sentencia recurrida a la doctrina de la Sala en SSTS de 16 de marzo de 2015 (R. 802/2014), de 20 de abril de 2017 (R. 701/2016 y 669/2016, de pleno). Reitera doctrina.
Resumen: IMPUGNACIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS: ERTE COVID-19. Concepto de fuerza mayor especial al amparo del art. 10.1 del Real Decreto 463/2020 y del art. 22.1 del Real Decreto-ley 8/2020: "Se trata de un concepto de creación legal y concreción administrativa, vinculado en exclusiva a la situación de excepcionalidad derivada de la crisis sanitaria". Actividad no comprendida en dicho precepto. Falta de contradicción.
Resumen: La cuestión suscitada en el recurso de casación para la unificación de doctrina se centra en determinar si a la extinción de la relación laboral que ha sido calificada como indefinida no fija procede reconocer la indemnización de 20 días por año de servicio. La Sala IV reitera que la valida extinción de la relación laboral indefinida no fija, cese por cobertura reglamentaria de la plaza, genera una indemnización de 20 días de salario por año de servicio y ello en atención a la especial naturaleza de este tipo de relación laboral que trae causa de la irregular contratación temporal del trabajador en fraude de ley, y en analogía con la indemnización prevista para la extinción de los contratos de trabajo por causas objetivas.
