Resumen: La SAN desestimó la demanda de impugnación de actos administrativos formulada por Toyota y confirmó la resolución administrativa impugnada de 14/4/20, en la que se constata la existencia de la causa de fuerza mayor alegada, pero limitando los efectos de dicha declaración a la vigencia del permiso retribuido regulado en el RD 10/20, en concreto a los días 6 al 9 de abril de 2020, que fue confirmada por la Orden del Secretario de Estado de Empleo de 10/6/20. La Sala IV descarta la alegación de defectuosa articulación del recurso. También se rechaza la denuncia de insuficiencia de hechos probados de la sentencia recurrida, la revisión fáctica instada y la alegación de incongruencia del acto administrativo. En cuanto al fondo de la cuestión, se remite a anteriores sentencias, que establecen que para los supuestos de fuerza mayor ligados al COVID19, el art.22 RDL 8/2020 ha mantenido la necesidad de que la autoridad laboral constate la exigencia de fuerza mayor a pesar de que la misma norma indica que las pérdidas de actividad derivadas del COVID19 se considerarán fuerza mayor a efectos de la suspensión de contratos. En el caso de autos, la resolución administrativa excluyó la existencia de fuerza mayor en la mayoría del periodo solicitado por la empresa por no acreditarse la imposibilidad de continuar la actividad empresarial. No existe conexión entre la pandemia y la pérdida de actividad, como ha considerado la resolución impugnada. Se confirma la SAN.
Resumen: La Sala Cuarta desestima el recurso del sindicato, frente a la SAN que declaró procedente el despido colectivo, que invoca la imposibilidad de recurrir a un ERE mientras se encuentra vigente en la empresa un ERTE por las mismas causas y la concurrencia de mala fe de la empresa en la negociación del mismo. La Sala indica que ni en la demanda ni en el acto del juicio se alegó la incompatibilidad entre ambos expedientes, por lo que esta cuestión ha quedado imprejuzgada en la instancia y por tanto, la sentencia carece de hechos probados que puedan ofrecer luz para una adecuada comparativa a tal efecto, aunque subraya que el ERTE se sustentaba en causas productivas y organizativas, mientras el despido colectivo en causas económicas y que el periodo de consultas finalizó con acuerdo, sin cuestionar la necesidad y justificación del despido colectivo por la existencia de un anterior ERTE. En cuanto a la falta de buena fe durante las negociaciones, la recurrente no ofrece argumentos concretos que permitan identificar las decisiones y actuaciones de la empresa o de los restantes negociadores de las que pudiere derivarse esa consecuencia. Considera que la SAN analizó pormenorizadamente la información y documentación facilitada por la empresa a lo largo de las negociaciones, y no observó indicio alguno de la posible existencia de coacciones y amenazas, por lo que no hay tampoco indicio alguno de mala fe que invalide el proceso de negociación y el acuerdo alcanzado a su finalización.
Resumen: La sentencia anotada aborda el recurso de casación deducido contra el auto dictada por la Sala de origen que, en la ejecución del despido colectivo declarado nulo por sentencia firme, declaró la extinción de los contratos de trabajo de los ejecutantes, fijando indemnizaciones por despido y los correspondientes salarios de tramitación desde la fecha de la referida sentencia. En el caso, la empresa estando en suspenso los contratos de trabajo en virtud de ERTE por la existencia de fuerza mayor (Covid), previos los trámites oportunos, procedió al despido colectivo de todos sus trabajadores, decisión que, impugnada judicialmente, concluyó con sentencia que declaró la nulidad del despido, firme la misma y al no haber sido readmitidos los trabajadores, se interesó la ejecución que concluyó con el auto que declara extinguidas las relaciones laborales con fijación de indemnizaciones y salarios de tramitación. El TS confirma dicha resolución, porque lo resuelto en el auto no puede quedar enervado por la existencia de un ERTE posterior que se efectuó sin haberse producido la readmisión ordenada en la sentencia. En definitiva, con la tramitación de un nuevo ERTE, la empresa pretendía aludir el abono de los salarios de tramitación, a lo que estaba legalmente obligada por la sentencia que declaró la nulidad del despido colectivo.
Resumen: DESPIDO: relación laboral especial de personas empleadas del hogar. Hay despido tácito y no dimisión de la persona trabajadora, cuando se ha producido la baja en la seguridad social sin comunicación ni formalidad alguna. Despido improcedente.
Resumen: La demanda de revisión que se funda en la condena por falso testimonio de una de las testigos, solicita la suspensión del procedimiento por estar pendiente sentencia por falso testimonio de otra de las testigos. La sala desestima la suspensión solicitada porque, de acuerdo con el art. 40 LEC, la tramitación del citado proceso penal es anterior a la interposición de la demanda de revisión, la parte no acredita que se estén investigando como hechos con apariencia delictiva algunos de los que fundamentan sus pretensiones y la decisión del tribunal penal no va a tener influencia decisiva en la resolución del asunto, porque el testimonio en cuestión no fue decisivo para el sentido del fallo. Como tampoco lo fue el testimonio de la testigo condenada por el proceso que fundamenta la presente demanda y esta falta de trascendencia para la configuración del fallo es la que funda su desestimación en la sentencia comentada. En efecto, la sentencia que se pretende revisar argumenta que fueron un elenco de medios probatorios los que impidieron apreciar la vulneración del derecho fundamental alegado. La testigo en cuestión ni fue la única ni el único o principal elemento probatorio que el órgano judicial tuvo en cuenta para llegar a las conclusiones fácticas que alcanzó, que incluyó conversaciones por whatsapp y CD de conversaciones con el presunto acosador aportados por la actora, por ello, no resultó decisiva para la conformación del fallo.
Resumen: La cuestión planteada radica en determinar la responsabilidad del Fogasa en el pago de la indemnización por despido. La empresa esté en concurso de acreedores y el crédito del trabajador no ha sido incluido en la lista de acreedores por la administración concursal. El Fogasa denegó su abono, pero la sentencia de suplicación confirma la de instancia estimatoria de la reclamación de cantidad planteada frente al Fogasa. El TS revoca la decisión de suplicación, razonando, con remisión a sentencia anterior, que la responsabilidad del Fogasa no nace automáticamente, sino que en todos los casos debe instruir el oportuno expediente de comprobación, incluso en los supuestos de concurso de acreedores puede realizar las oportunas comprobaciones y debe ser llamado; y que es lógico que el trabajador notifique su crédito, oportunamente, al FOGASA y a la administración concursal, así como que accione contra la decisión de esta si le perjudica, lo que no hizo pidiendo a los administradores que rectificaran la certificación con la aportación de documentos que evidenciaban su error o promoviendo incidente concursal, acciones que puede ejercitar mientras no prescriban. La solución dada ha sido corroborada por el legislador en la nueva redacción del art. 33-3 del ET, precepto que, a partir de la Ley 38/11, establece la necesidad de que "los créditos de los trabajadores aparezcan incluidos en la lista de acreedores". Se desestima, en consecuencia, la pretensión rectora de las actuaciones
Resumen: Se cuestiona si la extinción de la relación indefinida no fija discontinua de la actora es constitutiva de un despido nulo por vulneración de la garantía de indemnidad. La sentencia de instancia desestimó la demanda de despido, declarando procedente la extinción contractual, lo que fue confirmado por la sala de suplicación. Entre las sentencias comparadas no existe la identidad necesaria. En la sentencia recurrida se ha descartado, por ser una cuestión que no se ha planteado por la parte, lo relativo a la excedencia voluntaria. Por tanto, cualquier referencia que pretenda introducirse en este recurso, vinculada a esa figura, debe ser ignorada porque no ha sido objeto de la sentencia recurrida; y tampoco podría apreciarse la contradicción con la de contraste porque en ésta el indicio de la vulneración se identifica con la respuesta dada por la trabajadora a la comunicación de opción por incompatibilidad, en la que se interesaba el pase a excedencia voluntaria y que, denegada, está pendiente de recurso en vía contencioso-administrativa, siendo seguida de una extinción del contrato en cuestión. En el caso de la sentencia recurrida la garantía de indemnidad que se invocó inicialmente pero no se reiteró en suplicación, lo es respecto de una reclamación judicial de 2014 cuando la extinción del contrato se produce por no haber optado la parte actora conforme a las reglas de incompatibilidad con su puesto como funcionaria interina. Esto basta para mantener el rechazo del recurso.
Resumen: Se plantea si la jurisdicción social es competente para conocer de la ejecución de créditos del Fogasa y de los trabajadores una vez aprobado el convenio concursal. La cuestión controvertida está resuelta por la doctrina de la Sala Especial de Conflictos de Competencia del TS que ha declarado reiteradamente la competencia de la jurisdicción social y que ha sido seguida por la Sala IV. De conformidad con el art 133 LC de 2003, una vez aprobado el convenio concursal, momento en el que se produce el cese de los efectos del concurso entre ellos los referidos a la jurisdicción exclusiva y excluyente del juez del concurso. Por tanto, desde el momento de la firmeza de la sentencia aprobatoria del convenio y hasta la declaración de cumplimiento de dicho convenio, o, en su defecto, hasta la apertura de la fase de liquidación, el juez del concurso deja de tener la competencia para el conocimiento de las acciones y procedimientos con trascendencia para el patrimonio del deudor a que se refiere los artículos 8 y 50 LC, lo que, además, se encuentra en armonía con el hecho de que durante ese espacio temporal el concursado recupere su actividad profesional o empresarial a través precisamente del convenio. La competencia, en consecuencia, es de la jurisdicción social.
Resumen: Se recurre en casación para la unificación de doctrina la sentencia que, con parcial estimación de la demanda de despido objetivo, declaró la improcedencia del despido por incumplimiento de requisitos formales, al entender que se produjo un error inexcusable en el cálculo de la indemnización puesta a disposición e insuficiencia de la carta de despido, declarando asimismo la existencia de grupo laboral de empresas, y extendió la responsabilidad respecto del administrador de las sociedades. Pero, el TS desestima el mismo por falta de denuncia y fundamentación de la infracción legal ex art. 224 1.b) de la LRJS, puesto que el recurso no menciona siquiera norma alguna del ordenamiento que pudiera haber resultado infringida por la resolución impugnada, limitándose a argumentar sobre la existencia de contradicción. No se ha denunciado infracción ni normativa ni de doctrina jurisprudencial. No se cita ninguna sentencia de esta Sala que pudiera respaldar una hipotética vulneración de la jurisprudencia. Pero es que, además, tampoco hay fundamentación sobre una posible infracción normativa, salvo la genérica referencia a la contradicción con la sentencia de contraste. El escrito de interposición del recurso se limita a discrepar del razonamiento de la sentencia recurrida y a manifestar que la doctrina correcta es la contenida en la sentencia seleccionada de contraste, lo que determina su inadmisión.
Resumen: El JS estimó parcialmente la demanda, declaró improcedente el despido del actor por la comunidad de vecinos. Fue confirmada en suplicación. En casación recurre el actor y solicita la nulidad y el tiempo del cálculo para la indemnización en caso de mantenerse improcedencia. Prestó servicios como conserje para una comunidad de propietarios y un hotel que ocupaban el edifico desde 1974, en 2013 fue despedido mediante ERE por el hotel continuando la relación con la comunidad. A partir de septiembre de 2013 la comunidad lo contrata, se producen reclamaciones por el actor por modificación sustancial, hubo conflictividad laboral denunciando maltrato del demandante, se le suspendió de empleo y sueldo, denunció ante ITSS sin imputar incumplimiento. Se desestima existencia de subrogación en JS y suplicación, tampoco contemplan vulneración de DDFF por represalia. El TS aprecia falta de contradicción de los dos motivos, recuerda que no cabe revisar hechos probados, respecto a la garantía de indemnidad porque las quejas del actor son posteriores a las manifestaciones de compañeros sobre su actitud autoritaria y a la investigación de la empresa, mientras en la de contraste hubo conexión temporal entre las denuncias y el despido (1 mes). En relación a la antigüedad para el cálculo de la indemnización no hay subrogación sino novación empleador -por fin del contrato del hotel con la comunidad y hubo indemnización-, la comunidad no prosigue la actividad hotelera, tampoco hay contradicción.
