Resumen: Se cuestiona si procede el abono de la indemnización prevista para el despido por causas objetivas cuando finaliza un contrato de interinidad por vacante de plaza adscrita a oferta pública de empleo, ocupada por quien ha superado las pruebas convocadas al efecto. La Junta de Andalucía, interpone recurso de casación unificadora por considerar que la ausencia de indemnización no colisiona con el principio de igualdad y no discriminación. Estamos ante cuestión abordada por el TS en múltiples ocasiones, siendo la doctrina resultado de la evolución interpretativa plasmada en un pequeño grupo de sentencias. En nuestro ordenamiento jurídico, la finalización válida de los contratos temporales conlleva la indemnización que, en cada caso, esté prevista normativamente si así lo ha dispuesto el legislador; en el caso de la interinidad, esa indemnización es inexistente. En modo alguno puede anudarse a la válida extinción de este tipo de contratos la indemnización prevista por la Ley para supuestos radicalmente distintos como son las causas objetivas contempladas en el artículo 52 ET. La doctrina del TJUE que aplica la sentencia recurrida, ha sido reformulada por el mismo TJUE de manera que el TS debe resolver conforme a ella. En este caso no se cuestiona ni la regularidad del contrato de interinidad, ni la legitimidad del cese, ni siquiera la eventual aplicación del artículo 70 EBEP, que tanto la sentencia de instancia cuanto la recurrida descarta y coinciden en ello con la de contraste.
Resumen: El Tribunal Superior de Justicia desestima el recurso planteado por la trabajadora despedida contra la sentencia que declara procedente el despido objetivo de la misma, basado en causa productiva, al suprimirse íntegro el servicio de radiología de tal hospital, siendo despedidas seis personas y restando solo una persona, celadora, que siendo técnico radióloga, la empresa la mantiene por su polivancia, en tal servicio, que pasa a ser puramente residual, para hacer radiologías solo un día a la semana. La Sala desecha que se pueda considerar nulo el despido por discriminación por razón de edad, pues la recurrente incurre en petición de principio cuando afirma que todos los despedidos tienen mas de 60 años, lo que no consta en la sentencia recurrida, aparte de que se despide a todo el personal adscrito a ese servicio, salvo aquella persona indicada. También ratifica la existencia de causa productiva suficiente y que justifica razonablemente la decisión empresarial cuestionada. Por último, desecha la denuncia de falta de cumplimiento del requisito de previo traslado de la decisión de despedir a la sección sindical o al delegado sindical correspondiente y ello porque si bien es cierto que se comunicó de forma simultánea al despido, tal requisito no se aplica a los casos en que no haya delegado sindical en los términos previstos en la Ley Orgánica de la Libertad Sindical y no consta que haya tal tipo de delegado sindical, ya que la empresa no cuenta con 250 trabajadores, sino 86.
Resumen: Recurre la trabajadora sancionada la (declarada) procedencia de su despido (motivado por el hecho de haber obstaculizado la curación de la dolencia que determinó la situación de IT con la práctica de ciertas actividades que se consideran incompatibles. Desde la condicionante dimensión que ofrece el inalterado relato fáctico (cuya revisión la Sala rechaza atendiendo tanto al carácter extraordinario del recurso en que se propone como a la facultad legalmente conferida al Juzgador en la valoración probatoria) recuerda el Tribunal como la realización de trabajos estando en situación de baja por enfermedad o accidente puede ser procedentemente sancionada si la misma resulta incompatible con la misma o pone de manifiesto la aptitud del trabajador para desarrollar su actividad por cuenta ajena. Y si bien es cierto (avanza éste en su razonamiento) que la conducta del agente habrá de ser valorada atendiendo a las circunstancias del caso concreto) no lo es menos que en el litigioso siendo así que el trabajador desarrolló una actividad retribuida durante su período de baja comprometiendo la pronta y correcta recuperación de la dorsalgia que le aquejaba la conclusión que se ofrece debe coincidir con la adoptada por el Juzgador de instancia a favor de la procedencia del despido impugnado.
Resumen: Recurren el actor y la codemandada la sentencia que las condena por despido improcedente, centrando la Sala su respuesta desde la aplicación o no del hecho subrogatorio y el principio de solidaridad. Tras aludir a la norma reguladora de aquél (tanto interna como comunitaria; así como a su jurisprudencial hermenéutica (según la cual el hecho de que la nueva adjudicataria aporte los medios materiales necesarios para la prestación no impide apreciar su existencia cuando la nueva empresa ha contratado a una parte importante de los trabajadores que prestaban servicios para la anterior) advierte el Tribunal que el Juzgador declara su existencia pese a la no transmisión de UPA (en términos relevantes de explotación y sin que la codemandada mantenga el sistema de trabajo de aquélla). Partiendo de la inexistencia de subrogación (legal) y en respuesta a si puede ésta sustentarse en la Ordenanza Siderometalúrgica a que alude el Convenio de la segunda empresa advierte la Sala que la misma sólo se refiere solo a las empresas de montaje y auxiliares en el sector y no a cualquier empresa auxiliar como lo sería aquélla a la que se pretende imputar la norma. Considerando que el trabajador formaba parte de la plantilla de la cedente, se analizan los efectos que sobre la subsistencia del vínculo pueda tener la extinción de la contrata o la reducción de la misma se concluye (en respuesta al recurso del trabajador) que sólo aquélla debe responder de la indemnización por despido.
Resumen: Se cuestiona si es conforme a derecho el contrato temporal por obra o servicio determinado que ha venido rigiendo entre las partes, o ha incurrido por el contrario en fraude de ley transformando la relación laboral en indefinida y su extinción en despido improcedente. El contrato, era para prestar servicios en la contrata que la empresa principal, ELCOGÁS, ha venido adjudicando en primer lugar a Babckok Montajes, S.A, y seguidamente, a Masa Puertollano, S.A, se fue prorrogando anualmente al hilo de la renovación del mismo pedido por parte de la empresa principal, y fue formalizado con anterioridad al RDL 10/2010, que modificó el art. 15.1º letra a) ET. El TS en esta relevante resolución, repasa didácticamente la doctrina elaborada a propósito de la contratación por obra o servicio determinado, recalando en las SSTS 19-7-2018 que constituyen la antesala de esta nueva línea jurisprudencial que ahora se modifica. En el caso, el contrato por obra o servicio se celebró el 1-3-2000, con justificación de la contrata adjudicada a la empleadora, cuyo objeto eran las labores de mantenimiento de la empresa principal, y declara que en el ámbito de las empresas dedicadas a la descentralización productiva no es lícita la utilización sistemática de la contratación temporal por obra o servicio determinados al amparo de las correspondientes contratas mercantiles o administrativas de obras o servicios, por falta de autonomía y sustantividad propias. Se confirma la improcedencia del despido.
Resumen: La actora recurre en suplicación la sentencia del Juzgado de lo Social que absuelve a la empresa, al entender ajustado a derecho el despido objetivo del que fue objeto. La Sala de lo Social desestima el recurso, al no constar probado que la empresa contratase en tiempo inmediatamente posterior a la extinción, a otros trabajadores con la misma categoría profesional que la despedida. En todo caso, la contratación para realizar otras labores, se enmarca en una reestructuración del Departamento de Comunicación y no se ha acreditado que la actora tuviera especialización bastante para continuar realizando alguna de las funciones desempeñadas por quienes han sido contratados, habiendo sido despedida por motivos ajenos a una razonable práctica o decisión empresarial de reorganización del Departamento, con lo que se supera el juicio de razonabilidad de la medida extintiva.
Resumen: Declarada en la instancia la improcedencia del despido objetivo del actor, recurre la empresa condenada General Motors (GM) en suplicación. La Sala de lo Social tras descartar la revisión fáctica interesada, estima el recurso, siguiendo el criterio sentado en anteriores sentencias de la propia Sala, y declara procedente el despido dando por probada la causa organizativa o de producción, ya que la pérdida de uno de los clientes supone un descenso del volumen de actividad. La empresa Tradisa para la que prestaba servicios la despedida, contratista de GM, realizaba tareas logísticas de colocación de folios protectores o enfilmado así como la movilización y almacenaje de vehículos. El Convenio de aplicación no establece la sucesión empresarial por cambio de contrata, y tampoco concurren los presupuestos del art. 44 ET, por lo que no es posible considerar a GM sucesora de la contrata de Tradisa.
Resumen: La Sala desestima el recurso y confirma la sentencia de instancia, que declaró el despido improcedente, pues el demandante como socio cooperativista de la Sociedad Cooperativa ha venido prestando servicios para la empresa como operario en la línea de producción, y por acta por la Inspección de Trabajo, fue dado de alta de oficio como trabajador por cuenta ajena, sin que haya incurrido en falta alguna que pudiera justificar su despido.
Resumen: Actuando como Tribunal de instancia, la Sala declara que el cese por fin de contrato de trabajo temporal que acordó la empresa de 14 de sus trabajadores constituye despido nulo, puesto que la contratación temporal de soporte -contrato de obra o servicio determinado- no permitía esa extinción, ya que el objeto o la obra contratada (torneos de pocker, contratando croupiers al efecto) no se había terminado, siendo la real causa de terminación, la pandemia COVID, lo que provocó que la empresa actuase un ERTE por fuerza mayor de los trabajadores fijos y diese por terminados los contratos de los temporales. Esos catorce contratos deben ser computados a los efectos de determinar si el despido objetivo se ha de encauzar por la vía del despido colectivo o individual y por ello, debiendo haberse seguido los cauces del despido objetivo si se pretendía terminar aquellos contratos antes del fin de la obra o servicio contratados, s concluye que debió haberse seguido el trámite legalmente previsto para el despido colectivo y no habiéndose seguido el mismo, se ha de calificar tales despidos como nulos, lo que conlleva la obligación de readmisión y abono de salarios de tramitación. Empero, la estimación de la demanda de despido colectivo es parcial, ya que la Sala no aprecia vulneración de derechos fundamentales alguna y por ello, no condena al abono de indemnización por ello que se pedía para cada uno de esos catorce despedidos. No existe discriminación prohibida entre temporales y fijos.
Resumen: Recurre la empresa demandada, DIA, SA, en casación para la unificación de doctrina frente a la sentencia de suplicación que, confirmando la de instancia, declaró la nulidad del despido del actor por discriminación. La empresa recibió comunicación del abogado del trabajador indicando que este se encontraba privado de libertad por causa penal, y la empresa suspendió el contrato hasta que recayera resolución judicial firme que pusiera fin al procedimiento penal, y dio de baja al trabajador en la seguridad social. Finalmente procedió a su despido comunicado por burofax a su domicilio cuando el trabajador estaba en prisión, sin que en la carta de despido constara la causa justificativa del mismo. Tras cumplir la condena, el actor solicitó su reincorporación a la empresa que le fue denegada. La sentencia del Tribunal Supremo ahora comentada desestima el recurso por falta de contradicción en los tres motivos planteados: incongruencia, caducidad de la acción e improcedencia del despido, al no concurrir los requisitos el art. 219 LRJS.
