Resumen: Reiterando abundante jurisprudencia anterior que se inició con STS (Pleno) 24-04-2019 (Rec. 1001/2017), se resuelve la cuestión de si debe reconocerse a la demandante la condición de trabajadora indefinida no fija en aplicación de lo dispuesto en el art. 70 EBEP una vez transcurrido el plazo de 3 años previsto en ese precepto sin que se hubiere activado el procedimiento para la cobertura de la plaza que viene ocupando en calidad de interina por vacante desde el año 2011, en el sentido de que no procede. Reitera la Sala que el mero transcurso de un periodo de tiempo superior a tres años convierta de forma automática, y ello con independencia que se trate de un supuesto de cobertura mediante personal de nuevo ingreso o de cobertura por consolidación de empleo, pues tal distinción es irrelevante, pudiendo derivar en indefinido no fijo cuando se aprecie fraude o abuso en la contratación. Añade la Sala que además las plazas no se convocaron por haberse congelado la oferta de empleo público.
Resumen: Se cuestiona si a la trabajadora que ve extinguido su contrato de interinidad por vacante, porque la plaza es adjudicada en procedimiento reglamentario, le corresponde percibir una indemnización de veinte días de salario por año de servicio. La actora ha prestado servicios para la Consejería desde el 8 de noviembre de 2007 tras la suscripción de un contrato de interinidad para cobertura de vacante fijo discontinuo vinculada a oferta de empleo público a tiempo parcial y hasta la conclusión de los procesos selectivos, vinculada a la oferta de empleo público correspondiente a 2003. El 19 de septiembre de 2016 la Comunidad de Madrid comunicó la extinción como consecuencia de proceso de consolidación de empleo. La actora suscribió nuevo contrato a 30 de septiembre de 2016. La sala reitera su doctrina que entiende que el plazo de tres años del art. 70 del EBEP, no puede entenderse en general como una garantía inamovible y tampoco puede operar de modo automático, y respecto del alcance que posea la superación del plazo de tres años, resulta claro que el precepto en cuestión impone obligaciones a las administraciones públicas, pero la superación del plazo no tiene por qué alterar la naturaleza de los vínculos laborales. Son las circunstancias específicas de cada supuesto las que han de provocar una u otra conclusión. En el asunto examinado, la aplicación de la anterior doctrina supone que no cabe considerar a la actora indefinida no fija.
Resumen: El FOGASA puede ejercer el derecho de opción previsto en el art. 110.1 a) LRJS, en sustitución de la empresa siempre y cuando: a) el titular del derecho sea la empresa y no el trabajador, b) la empresa no haya comparecido a juicio; c) la empresa se encuentre en alguna situación de las previstas en el art. 23.2 LRJS y, además, sea difícil o imposible la readmisión; y d) que el FOGASA haya comparecido en el momento procesal adecuado para llevar a cabo esa opción. No obstante lo cual, la doctrina de la Sala ha precisado que el derecho de opción del trabajador ex art. 110.1.b) LRJS es preferente y prioritario, por ser personal frente al del FOGASA del art. 110.1 a) LRJS. De modo que, en caso de ejercerse ambas opciones, prevalece el derecho del trabajador.
Resumen: Se cuestiona si al despedir al trabajador demandante se siguieron los criterios de selección que se acordaron en el despido colectivo. En el supuesto de la sentencia recurrida y la de contraste concurren similares hechos probados en determinados extremos e Igualmente, en ambos casos existe un despido previo del trabajador que fue impugnado y que concluyo con la declaración de nulidad. Del mismo modo, en ambos supuestos los trabajadores fueron despedidos nuevamente en julio de 2012, al ser seleccionados tras la aplicación de los criterios establecidos en un Manual de competencias, Mapa de conocimientos y Estudio de cargas de trabajo. Del mismo modo, los trabajadores de una y otra sentencia estaban encuadrados en el grupo de especialista a fin de ser valorados. Pero no todos los criterios a los que se acudió para obtener la selección de los afectados, según los hechos probados, fueron debidamente atendidos en el caso de la sentencia recurrida, lo que no sucede en el caso de la sentencia de contraste. Es cierto que respecto de unos determinados criterios, el relativo al área de la competencia la sentencia recurrida y la de contraste valoran de forma diferente el alcance de la ausencia de baremación de cuatro indicadores, pero ello no tendría relevancia en este momento en el que, existiendo una determinada aplicación en otro de los criterios, que no concurre en la de contraste, hace que su pronunciamiento final pueda separarse del que consta en la referencial.
Resumen: La cuestión que se suscita en la sentencia anotada es la de determinar si ha de calificarse de despido la finalización del contrato laboral que unía al actor la universidad pública, que ha venido desarrollándose al amparo de un contrato temporal como profesor asociado que se formalizó el 1/4/2012 y ha sido prorrogado en cada anualidad hasta el 5/9/2017. Todo ello, en función de que se aprecie fraude en la contratación o no. La sentencia de suplicación, con estimación del recurso de la universidad, desestima la demanda. La sala IV aprecia que no concurre la necesaria contradicción entre sentencias. Tras recordar la doctrina dictada a propósito de la contratación temporal de profesores asociados, señala que la casuística que se presenta en cada particular supuesto puede determinar que no concurra la contradicción, como es el caso. Así, son distintas las situaciones contractuales y los periodos de servicios prestados bajo contrato administrativo y laboral. Y tampoco son equivalentes las funciones realizadas por los respectivos actores.
Resumen: Despido colectivo. La AN, previa desestimación de las excepciones de falta de acción y de caducidad, desestima la demanda de impugnación de despido colectivo con acuerdo.En el caso de autos ninguna mala fe negocial ha tenido lugar vinculada al desconocimiento del sindicato actuante del grupo laboral de las empresas o teoría del "debut". Ha quedado acreditado que, Securitas Seguridad España S.A., adquirió la compañía española de tecnología de seguridad Techco Seguridad S.L. y que en la actualidad, las empresas SECURITAS y TECHCO configuran un grupo laboral por integrar al personal procedente de TechCo en la estructura productiva y organizativa de Securitas, según el modelo organizativo de ésta, lo que ha dado lugar a que el personal de ambas compañías funcione como si de una única organización se tratara, constituyéndose como un grupo laboral a todos los efectos.No hubo mala fe negocial porque no huno ocultación de la situación de grupo ya que, ya desde marzo existía total voluntad por parte de la empresa en su comunicación con los distintos representantes sindicales de mostrar la situación de funcionamiento unitario de ambas empresas en su condición de grupo laboral ,el hecho de que no se conformaran dos mesas, no puede conllevar, que esa posición unilateral de uno de los sindicatos, pueda imponerse a los demás ni vicie de ilegalidad el proceso de negociación.
Resumen: El recurso tiene por objeto determinar la validez de un contrato para obra o servicio determinado cuya temporalidad viene anudada a la de una encomienda de servicios ("contrata") que discurre entre la empleadora y una empresa cliente. La actora había suscrito contrato por obra o servicio determinado con anterioridad al RDL 10/2010, y Ley 35/2010, que se extinguieron por finalización de la obra con posterioridad a la vigencia del ET/2015, contrato que duró más de 16 años. Se presentó demanda por despido por entender que se superó el plazo de 3 años del art. 15.1 ET. La sentencia confirma la de suplicación que declaró la improcedencia del despido, por entender que conforme a la DT 1ª ET/2015, se deroga la Ley 30/2010, pero se establece la previsión de mantener vigente el régimen legal aplicable a los contratos celebrados antes de su entrada en vigor, lo que supone mantener el régimen transitorio de la Ley 35/2010, es decir, que sigan rigiéndose por la normativa que estuviera vigente en el momento en que se celebraron, de forma que los contratos concertados con anterioridad a la Ley 35/2010, no tienen limitado el plazo máximo de duración de 3 años. La novación sucesiva de la contrata acarrea que su objeto pierda la "autonomía y sustantividad" necesaria requerida para mantener contrato de obra o servicio. Falta de justificación del contrato temporal cuando la actividad esencial de la empresa se halla definida por la atención a los vínculos mercantiles que permiten su desarrollo.
Resumen: La empresa demandada se alza en casación para unificación de doctrina frente a la sentencia confirmatoria de la dictada en instancia, que había declarado improcedente el despido del trabajador demandante. La extinción del contrato de trabajo del actor se produjo tras adoptar la empresa la decisión de proceder a un despido colectivo. Para la sentencia recurrida la empresa no aplicó correctamente los criterios de selección porque solo se han valorado tres de los siete conceptos. Respecto de la sentencia de contraste se trata de un mismo método de determinación de los criterios de selección, pero la sentencia recurrida expresamente señala que se aparta de otros pronunciamientos de la misma Sala con base en particulares circunstancias fácticas que, respecto de la cuestión de los criterios, se producen en el caso que resuelve. Así, tratándose de litigantes en circunstancias sustancialmente iguales, y formulándose pretensiones idénticas en base a los mismos fundamentos, concurren hechos que presentan distintas características. Ha de recordarse, al respecto, que la comparación de los hechos se lleva a cabo en relación con los que se han valorado por la sentencia de suplicación (STS/4ª de 3 febrero 2014 -rcud. 1012/2013- y 23 diciembre 2014 –rcud. 600/2014-, entre otras), lo que debió de haber provocado la inadmisión del recurso en el trámite del art. 225 LRJS y debe ahora comportar la desestimación del mismo.
Resumen: La cuestión suscitada gira en torno a los arts 110.1.a) y 23.2 y 3 LRJS, y art. 33 del ET, debatiéndose cuáles son las consecuencias económicas del despido improcedente, en concreto, en relación con el abono o no de salarios de tramitación, cuando el FOGASA ejercita anticipadamente la opción que hubiera debido corresponder a la empresa. La Sala IV reitera doctrina y revocando el parcialmente el fallo combatido, declara la limitación de la responsabilidad del Fondo en las consecuencias legales inherentes al despido improcedente dejando sin efecto la condena al pago de salarios de tramitación. Se funda esta decisión en el hecho de que el art. 23.2 de la LRJS autoriza al Fondo a instar en el proceso "lo que convenga en Derecho", siempre que concurran simultáneamente las siguientes circunstancias, como ha sido el caso: 1) que la empresa no haya comparecido en el acto del juicio; 2) que estemos en presencia de alguno de los supuestos previstos en el artículo 23.2 LRJS, esto es, que se trate de empresas incursas en procedimientos concursales, declaradas insolventes o desaparecidas, siempre que conste que la empresa ha cerrado sus actividades, siendo, en consecuencia, imposible o de difícil realización la readmisión; 3) que se trate de un supuesto en el que el titular de la opción fuere el empresario, 4) que el FOGASA haya comparecido en el procedimiento en el momento de efectuar la opción.
Resumen: Para la extinción del contrato de trabajo por incapacidad permanente total (art. 49.1 e) ET) que no va a ser objeto de revisión por mejoría antes de dos años (art. 48.2 ET), no se requiere comunicación escrita del empresario al trabajador, por lo que la ausencia de dicha comunicación constituye despido improcedente. La razón es que la IPT es causa de suspensión del contrato por dos años cuando se prevé en la resolución plazo de revisión, en caso contrario procede la extinción, debiendo, conforme al art. 200 LGSS preverse en la resolución el plazo a partir del cual se puede instar la revisión por agravación o mejoría, siendo las resoluciones de reconocimiento de la IPT inmediatamente ejecutivas conforme al art. 6.4 RD 1300/1995, sin que la legislación vigente prevea ningún requisito formal de comunicación de la extinción del contrato por IPT. Como en el supuesto en la resolución del INSS no consta la posible revisión por mejoría, se está ante un supuesto extintivo del art. 49.1 e) ET y no del suspensivo del art. 48.2 ET, sin que conste obligación convencional o contractual de recolocación y sin que esté legislativamente prevista la denuncia o preaviso, procede la extinción del contrato sin declaración de despido improcedente.
